La Organización Comunista Revolucionaria y el estallido terrorista que buscó derribar al gobierno de Piñera

El 18-O que la izquierda revolucionaria quiso convertir en una insurrección.

Afiche de ultraizquierda.

La Organización Comunista Revolucionaria no nació para administrar el sistema, sino para transformarlo mediante una concepción marxista-leninista que reivindica la lucha de clases, la organización revolucionaria y la conquista del poder. Desde una perspectiva de derecha, sus ideas permiten mirar el 18-O como algo mucho más grave que una protesta social: una ofensiva insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera.

El 18 de octubre de 2019 no fue simplemente una jornada de protesta. Tampoco fue únicamente una reacción espontánea frente al precio del transporte público. Lo que comenzó como evasiones en el Metro terminó convirtiéndose en una gigantesca crisis de orden público, con estaciones incendiadas, saqueos, barricadas, ataques a infraestructura crítica, destrucción de propiedad pública y privada y una violencia callejera que durante semanas mantuvo al país prácticamente paralizado.

Desde una perspectiva de derecha, aquello debe ser analizado sin eufemismos: Chile enfrentó una ofensiva insurreccional que buscó desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido de Sebastián Piñera y quebrar el orden institucional. Si se utiliza la expresión “intento de golpe de Estado” en este contexto, debe entenderse como una caracterización política de ese proceso de desestabilización y no como la afirmación de que exista una sentencia que haya establecido jurídicamente una conspiración golpista única y centralizada. Aunque sí, los hechos dejan muy en evidencia de que efectivamente la extrema izquierda intentó derrocar al Presidente Piñera por la vía de la fuerza bruta.

En ese escenario aparece una organización que resulta particularmente relevante: la Organización Comunista Revolucionaria (OCR).

Una organización que no cree en reformar el sistema

La OCR no es una organización de izquierda moderada. Tampoco representa simplemente una corriente crítica dentro de la democracia liberal.

Su identidad es explícitamente marxista-leninista y sus propios documentos reivindican la construcción de una organización revolucionaria destinada a preparar las condiciones para una transformación socialista de la sociedad.

Sus integrantes han señalado que su propósito es construir una organización política capaz de intervenir en las luchas de los trabajadores y avanzar hacia la conquista del poder. Sus referentes ideológicos incluyen a figuras centrales de la tradición comunista revolucionaria, entre ellas Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Mariátegui y Ernesto “Che” Guevara. (liberacion.cl)

Esto permite establecer una primera diferencia fundamental: la OCR no pretende simplemente cambiar un gobierno; pretende cambiar el sistema. Y cuando una organización declara que su horizonte es revolucionario, la pregunta inevitable es qué entiende por revolución y cuáles considera legítimos los mecanismos para alcanzarla.

La OCR ya existía cuando Chile explotó

Hay otro dato que suele perderse en la discusión. La OCR no nació después del 18 de octubre de 2019. El proceso que dio origen a la organización se desarrolló previamente y su presentación pública ocurrió en septiembre de ese año. (liberacion.cl)

Por lo tanto, no estamos hablando de una agrupación que apareció posteriormente para interpretar los acontecimientos. Era una organización revolucionaria que ya estaba construyendo su proyecto político cuando comenzó la crisis que terminaría sacudiendo completamente al país. Y su interpretación posterior del estallido resulta especialmente significativa.

Para ellos, el problema fue que la rebelión no llegó suficientemente lejos

Aquí se encuentra uno de los antecedentes políticos más importantes. En documentos difundidos por organizaciones vinculadas a este proceso, el estallido terrorista de 2019 fue analizado desde categorías como rebelión, insurrección popular, lucha de clases y conquista del poder.

La crítica que formulaban no era precisamente que las movilizaciones hubieran sido demasiado radicales. Desde su perspectiva, el problema era que el proceso no había conseguido desarrollar una dirección revolucionaria capaz de llevarlo más lejos.

En otras palabras, el fracaso del proceso no habría consistido en haber destruido demasiado, sino en no haber conseguido transformar la rebelión en una verdadera ofensiva revolucionaria capaz de conquistar el poder. (ocrchile.blogspot.com). 

Esta interpretación cambia completamente la lectura del 18-O. Porque si una organización revolucionaria de extrema izquierda observa aquellos acontecimientos y concluye que faltó una dirección política capaz de conducir la movilización hacia la conquista del poder, entonces la pregunta ya no es solamente quién protestaba contra qué.

La pregunta pasa a ser: ¿qué sectores estaban intentando transformar una crisis social en una crisis revolucionaria del Estado?

Un intento de golpe contra Piñera

Aquí es donde la discusión política debe ser mucho más frontal. Sebastián Piñera había sido elegido democráticamente en 2017 y ejercía la Presidencia de la República cuando estallaron las movilizaciones.

Durante octubre y noviembre de 2019, el Gobierno enfrentó una presión callejera extraordinaria, mientras grupos violentos atacaban infraestructura, levantaban barricadas, incendiaban bienes y protagonizaban enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Desde una perspectiva de derecha, esa combinación de violencia política, paralización del país, presión callejera y debilitamiento de la autoridad presidencial puede ser interpretada como una tentativa insurreccional de derribar políticamente al Gobierno, aunque no exista una acreditación judicial de que toda esa violencia haya formado parte de un único plan golpista centralizado. Y precisamente por eso resulta relevante estudiar a las organizaciones revolucionarias que participaron ideológicamente de ese ambiente.

La tesis no es que cada persona que salió a la calle formara parte de la OCR. Sería absurdo afirmarlo. La tesis es otra: existía en Chile (y existe todavía) una ultraizquierda revolucionaria que concebía la movilización callejera como un instrumento para construir poder político y que posteriormente interpretó el estallido como una oportunidad revolucionaria frustrada. Eso es un hecho político que no debería ser ocultado.

El estallido delictual

Durante semanas, Chile vivió una violencia que excedió con creces los límites de una manifestación pacífica. Estaciones del Metro fueron incendiadas y destruidas; hubo saqueos masivos; supermercados, farmacias, comercios y pequeñas empresas fueron atacados; buses fueron quemados; edificios públicos sufrieron daños; carreteras y avenidas fueron bloqueadas mediante barricadas.

Desde una perspectiva de derecha, llamar simplemente a aquello “estallido social” resulta insuficiente. Fue también un estallido delictual y una crisis de seguridad de dimensiones nacionales. Y hay una razón política para insistir en ello: cuando la violencia deja de ser un hecho aislado y comienza a utilizarse sistemáticamente para paralizar ciudades, intimidar a la población y desafiar la autoridad del Estado, adquiere una dimensión política.

Una democracia puede tolerar la protesta. Lo que no puede normalizar es que la violencia sea utilizada como mecanismo de presión para obligar al Gobierno a ceder frente a quienes pretenden imponer cambios fuera de los canales institucionales.

“La rebelión se justifica”

La consigna utilizada por sectores vinculados a la OCR permite entender mejor su lenguaje político. En septiembre de 2023, en San Miguel, aparecieron barricadas con neumáticos incendiados y propaganda que incluía la frase “La rebelión se justifica”, junto con el nombre de la Organización Comunista Revolucionaria. Carabineros despejó posteriormente la vía y no hubo detenidos por ese hecho. (biobiochile.cl)

Esto no permite afirmar que la OCR haya ejecutado materialmente esa barricada. Pero tampoco puede ignorarse el significado político de que esa consigna aparezca asociada públicamente a la organización.

Porque la expresión resume perfectamente una concepción política: la rebelión no es presentada como una tragedia que debe evitarse, sino como una herramienta que puede justificarse políticamente. Para quienes defendemos el Estado de Derecho, esa concepción debe ser enfrentada intelectualmente sin complejos.

De la calle al poder

El proyecto de la OCR tampoco se limita a la protesta. Sus documentos plantean la necesidad de construir estructuras revolucionarias en lugares de trabajo, centros de estudio y barrios. La organización pretende insertarse en sindicatos y movimientos sociales y convertir esas luchas en espacios de acumulación política. (comunistasrevolucionarios.org)

Es una estrategia clásica de la izquierda revolucionaria: organizar, movilizar, generar conciencia política y construir una estructura capaz de conducir las crisis hacia una transformación revolucionaria. Por eso sería un error medir su importancia exclusivamente por su tamaño electoral.

Una organización revolucionaria puede tener pocos militantes y, aun así, intentar influir en sindicatos, universidades, movimientos sociales y protestas callejeras. La influencia política no siempre se mide en votos.

La convergencia con el Partido Comunista Revolucionario

En febrero de 2020 se produjo otro episodio fundamental: militantes de la OCR confluyeron con sectores provenientes de la tradición del antiguo Partido Comunista Revolucionario (PCR) para impulsar una nueva organización partidaria revolucionaria.

El PCR histórico había nacido en 1966 y había desarrollado originalmente una línea maoísta. La nueva experiencia realizó una revisión crítica de esa trayectoria y reivindicó nuevamente el marxismo-leninismo y la construcción del socialismo. (ocrchile.blogspot.com)

El proceso demuestra que la OCR no debe ser entendida como una agrupación improvisada surgida al calor del 18-O. Existe detrás una tradición política revolucionaria, una elaboración ideológica y una estrategia de construcción partidaria.

Una amenaza ideológica que no debe ser subestimada

La democracia chilena tiene derecho a defenderse de quienes pretenden destruirla. Eso no significa perseguir ideas comunistas ni prohibir la existencia de organizaciones de izquierda. Significa algo mucho más sencillo: exigir que toda organización política respete las reglas democráticas y rechazar cualquier intento de utilizar la violencia como mecanismo para conquistar el poder.

La OCR tiene derecho a defender el marxismo-leninismo. Pero quienes no compartimos esa ideología también tenemos derecho a señalar sus consecuencias históricas y a cuestionar abiertamente una concepción política que habla de revolución, lucha de clases, insurrección y conquista del poder.

Más aún cuando algunos de sus propios análisis posteriores presentan el 18-O como una oportunidad revolucionaria que no llegó suficientemente lejos.

La inquietante coincidencia del 18 de octubre

En política, muchas veces las coincidencias merecen ser observadas con atención. Resulta, cuanto menos, curioso que la llamada “Ley Maldita”, mediante la cual el gobierno de Gabriel González Videla proscribió al Partido Comunista, entrara en vigencia precisamente el 18 de octubre de 1948, y que 71 años después, el 18 de octubre de 2019, Chile volviera a vivir una jornada que marcaría uno de los episodios más violentos y convulsionados de su historia reciente. Por supuesto, establecer una relación causal entre ambas fechas sería aventurado y no existen pruebas que permitan afirmar que el estallido delictual de 2019 fue concebido como una suerte de “venganza histórica” por aquella proscripción. Pero la coincidencia resulta demasiado llamativa como para pasarla por alto, especialmente cuando se considera el papel que sectores de la extrema izquierda tuvieron en la interpretación política posterior del estallido. 

¿Fue simplemente una casualidad del calendario o, en la imaginación política de quienes reivindicaron aquellos acontecimientos, el 18 de octubre de 2019 terminó adquiriendo el significado simbólico de un ajuste de cuentas con una vieja derrota histórica de parte de la ultraizquierda chilena?

Chile no puede volver a equivocarse

El principal aprendizaje del 18 de octubre debería ser que una democracia no puede permanecer indefensa frente a la violencia política.

La legitimidad de las instituciones no depende de que todos estén de acuerdo con ellas. Depende de que los cambios políticos se produzcan mediante procedimientos democráticos y no mediante incendios, saqueos, barricadas o intimidación callejera.

Desde una perspectiva de derecha, el 18-O debe ser recordado también como una crisis insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera, y no únicamente como una romántica epopeya de “despertar ciudadano”.

No toda persona que protestó era revolucionaria. No toda persona que marchó participó en delitos. Y no toda expresión de descontento puede ser atribuida a organizaciones como la OCR. Pero sería igualmente irresponsable negar la existencia de sectores que sí aspiraban a transformar la crisis en una ruptura revolucionaria. 

La Organización Comunista Revolucionaria es una pieza de ese rompecabezas. Su importancia está precisamente en que no oculta su propósito: habla de marxismo-leninismo, lucha de clases, organización revolucionaria, rebelión y conquista del poder. Y frente a eso, la respuesta de una democracia debe ser inequívoca: las ideas pueden combatirse con ideas, pero el poder político no puede conquistarse mediante la violencia ni mediante la destrucción de las instituciones republicanas.

Porque cuando una organización considera que la rebelión es un instrumento legítimo y que el objetivo final es conquistar el poder, ya no estamos hablando simplemente de una protesta. Estamos hablando de revolución.

Se jactaban de la revolución.

Estallido delictual: la Organización Comunista Revolucionaria se jactaba de su "revolución imparable"

• El 18-O: la pregunta que Chile nunca quiso responder.
• La revolución era “imparable”, y la misma ultraizquierda hacía alarde de provocarlo.

El mal denominado "estallido social" (estallido delictual en estricto rigor) de octubre de 2019 no puede ser reducido a una simple protesta ciudadana contra el alza del Metro. Desde el primer momento existieron manifestaciones vandálicas con una violencia de una magnitud extraordinaria: incendios, destrucción de estaciones, saqueos, ataques a infraestructura pública y privada y una sucesión de hechos que terminaron alterando profundamente la vida nacional. Incluso fuentes que defienden el carácter social del movimiento reconocen que, junto a las movilizaciones multitudinarias, existieron saqueos y una creciente violencia.

Comunismo revolucionario.

La pregunta incómoda, sin embargo, sigue pendiente: ¿quién organizó y coordinó los sectores más violentos? Hasta hoy no existe una prueba concluyente que permita afirmar que los partidos de izquierda o el Partido Comunista diseñaron y ejecutaron todo el estallido. Pero tampoco resulta razonable cerrar la discusión diciendo que toda hipótesis de coordinación es una fantasía. Entre los elementos que merecen ser examinados a fondo están las consignas y afiches que comenzaron a circular prácticamente desde las primeras jornadas, entre ellos aquellos que proclamaban “La revolución es imparable” y que eran atribuidos a una organización denominada Organización Comunista Revolucionaria. De hecho, esta entidad se jactaba de la revolución. Habría que investigar a fondo quienes conformban en ese entonces la llamada Organización Comunista Revolucionaria.

Ese tipo de propaganda no demuestra por sí sola que un partido político tradicional haya organizado los disturbios. Pero sí constituye un antecedente político que merece ser investigado: ¿quién produjo esos materiales?, ¿quién los financió?, ¿cómo fueron distribuidos?, ¿qué redes existían detrás?, ¿qué contactos tuvieron esas organizaciones con dirigentes políticos o sociales? Una democracia seria debería haber querido conocer las respuestas. Porque claramente todos esos afiches impresos que circulaban por ese entonces eran impresos y financiados por alguien con mucha coordinación y dinero, eso es evidente.

Y aquí aparece una de las mayores falencias de la investigación posterior: nunca se llegó a esclarecer completamente la eventual existencia de coordinaciones políticas previas o paralelas a la violencia. Si se investigaron comunicaciones, organizaciones y financiamiento vinculados a otros actores, ¿por qué no llevar la misma lógica hasta las últimas consecuencias cuando se trataba de dirigentes y organizaciones de izquierda? La ausencia de una investigación exhaustiva no puede transformarse retrospectivamente en una prueba de inocencia, pero tampoco permite convertir una hipótesis en una verdad histórica.

Además, hay un elemento político imposible de ignorar: buena parte de la izquierda terminó transformando el 18-O en el punto de partida de una gigantesca transformación institucional. Eso no demuestra que hubiera organizado la violencia, pero sí permite formular una pregunta legítima: ¿quiénes fueron capaces de capitalizar políticamente aquello que ocurrió en las calles? La respuesta es evidente: sectores de ultraizquierda que encontraron en la crisis una oportunidad extraordinaria para impulsar un cambio constitucional y alterar profundamente el escenario político chileno.

Por eso, más que afirmar irresponsablemente que “la izquierda organizó el estallido” como si aquello estuviera judicialmente demostrado, la posición más seria es otra: Chile nunca investigó hasta el fondo esa posibilidad. Y mientras no se conozcan completamente las comunicaciones, financiamientos, redes de coordinación y vínculos entre organizaciones revolucionarias, dirigentes políticos y actores sociales de aquellos días, seguirá existiendo una enorme zona oscura alrededor del 18-O.

Porque una democracia no debería tener miedo de investigar sus propias heridas. Si la izquierda no tuvo ninguna responsabilidad en la organización de la violencia, una investigación completa debería ser precisamente su mejor oportunidad para demostrarlo.

¿Tuvo el 18 de octubre un significado político oculto?

Hay fechas que adquieren una carga política que trasciende el calendario, y el 18 de octubre es, sin duda, una de ellas. El dato histórico es objetivo: la llamada “Ley Maldita”, que proscribió al Partido Comunista durante el gobierno de Gabriel González Videla, comenzó a regir el 18 de octubre de 1948. Exactamente 71 años después, otro 18 de octubre, Chile entró en una crisis política y social que rápidamente derivó en violencia, destrucción y una profunda fractura nacional. 

¿Es solamente una coincidencia? Probablemente nunca tendremos elementos suficientes para responderlo de manera categórica, y sería irresponsable convertir una asociación cronológica en una prueba de conspiración. Sin embargo, desde una perspectiva política resulta legítimo preguntarse si aquella fecha pudo haber adquirido un valor simbólico para sectores de la extrema izquierda que durante décadas cultivaron una memoria de agravio respecto de la proscripción comunista. Quizás no hubo una “venganza histórica” organizada desde las sombras, pero tampoco resulta descabellado preguntarse si, para algunos, el 18 de octubre de 2019 pudo ser interpretado como una oportunidad para saldar simbólicamente una vieja cuenta con la historia.

Se jactaban del terrorismo.

La amenaza silenciosa: adoctrinamiento político en nuestros colegios

• 1970-1990: la historia de Chile bajo la lupa del adoctrinamiento.
• El adoctrinamiento escolar: la fábrica de los comunistas del mañana.

Adoctrinamiento político.

Hay una amenaza política que suele pasar inadvertida porque no aparece en las encuestas, no ocupa necesariamente las primeras páginas de los diarios y no se manifiesta en las calles. Se instala silenciosamente en un lugar mucho más importante: las aulas donde se forman las nuevas generaciones de chilenos.

Si en los colegios la historia reciente de Chile comienza a enseñarse desde una determinada interpretación ideológica, presentando a unos como víctimas absolutas, a otros como culpables absolutos y omitiendo deliberadamente hechos, antecedentes o perspectivas incómodas, ya no estamos simplemente ante una clase de Historia. Estamos frente a algo mucho más grave: la utilización de la educación como instrumento de formación política.

Y esto adquiere especial relevancia cuando hablamos del período comprendido entre 1970 y 1990, uno de los capítulos más traumáticos, complejos y decisivos de nuestra historia contemporánea. El gobierno de Salvador Allende, la profunda crisis económica y política que precedió al golpe de Estado de 1973, la intervención militar, las violaciones de los derechos humanos, la persecución política, la transformación económica, la oposición al régimen, el terrorismo, la crisis de los años ochenta y la transición democrática forman parte de una historia demasiado compleja como para ser reducida a una caricatura ideológica.

Enseñar historia no significa fabricar militantes

Una democracia sana necesita que sus estudiantes conozcan los hechos y aprendan a analizarlos. No necesita que salgan de las aulas pensando exactamente lo mismo que sus profesores.

El problema aparece cuando determinadas interpretaciones políticas son presentadas como verdades indiscutibles y otras son descalificadas de antemano. Cuando se seleccionan convenientemente determinados acontecimientos, se silencian otros y se utiliza un lenguaje cargado políticamente, el alumno deja de ser tratado como una persona capaz de elaborar su propio juicio.

La escuela debe enseñar a pensar, no decirle al estudiante qué debe pensar. Y esto debería ser un principio transversal, independientemente de quién gobierne. Si mañana un profesor de derecha utilizara una sala de clases para convertir a sus alumnos en militantes de su sector, también sería inaceptable. La educación pública y privada tiene una responsabilidad demasiado grande como para transformarse en una fábrica de adhesiones políticas.

1970-1990: una historia que no admite simplificaciones

La historia reciente chilena debe ser enseñada completa. Eso significa estudiar el deterioro institucional y la polarización política durante el gobierno de la Unidad Popular, las tensiones sociales y económicas de aquellos años, la crisis constitucional, el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 y posteriormente el régimen militar.

Pero también significa estudiar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar del general Augusto Pinochet, sus víctimas y las responsabilidades políticas de los implicados. Significa analizar asimismo el terrorismo político del del MIR y el FPMR, la violencia de grupos armados de extrema izquierda, la crisis económica y el desabastecimiento durante el gobierno de Salvador Allende, el contexto internacional de la Guerra Fría, las transformaciones económicas impulsadas durante los años 80s, la crisis económica de 1982, las protestas vandálicas, el plebiscito de 1988 y el retorno a la democracia. Todo debe estar sobre la mesa.

Porque si un estudiante solamente conoce una parte de la historia, no está siendo educado para comprenderla: está siendo preparado para aceptar una interpretación previamente construida.

El peligro de convertir al profesor en autoridad ideológica

Un profesor tiene una enorme influencia sobre sus alumnos. Esa influencia puede utilizarse para despertar curiosidad intelectual, enseñarles a contrastar fuentes y estimular el pensamiento crítico. Pero también puede utilizarse para imponer una determinada visión política. Ahí está el límite que no deberíamos permitir que se cruce.

El alumno tiene derecho a preguntar. Tiene derecho a discrepar. Tiene derecho incluso a llegar a una conclusión políticamente incómoda para su profesor. Y el profesor tiene la obligación de respetar esa autonomía intelectual.

Una sociedad libre no puede tener miedo de que un adolescente conozca distintas interpretaciones de su historia. Al contrario: una democracia segura de sí misma debe confiar en que sus ciudadanos pueden conocer los hechos, discutirlos y sacar sus propias conclusiones.

La formación de los comunistas del mañana

Desde una perspectiva de la derecha que yo defiendo, aquí existe un desafío político que no puede ser ignorado. La ultraizquierda entiende perfectamente que las grandes batallas culturales no siempre se ganan en el Congreso ni en las elecciones. También se disputan en las universidades, en los medios, en la cultura y, especialmente, en la educación. Por eso sería ingenuo pensar que la batalla por las ideas termina cuando termina una elección.

Pero hay que hacer una precisión fundamental: no todos los profesores de izquierda adoctrinan, ni todos los jóvenes que estudian una determinada interpretación histórica terminan siendo comunistas. Generalizar de esa manera sería injusto y, además, intelectualmente contraproducente.

El verdadero problema aparece cuando cualquier corriente política —y particularmente una corriente totalitaria como el comunismo— intenta utilizar el sistema educativo para formar adhesiones políticas desde edades tempranas. Ahí sí estamos frente a un asunto de extrema gravedad.

Porque un país puede cambiar un gobierno en cuatro años. Puede cambiar un Parlamento en una elección. Incluso puede modificar sus políticas económicas en pocos meses. Pero cambiar las ideas profundamente arraigadas de una generación puede tomar décadas.

La mayor amenaza es perder la batalla intelectual

Por eso, desde la derecha, la respuesta no puede consistir simplemente en denunciar el adoctrinamiento. Hay que disputar las ideas.

Hay que defender una enseñanza histórica rigurosa, basada en documentos, testimonios, investigaciones académicas y fuentes diversas. Hay que exigir que los estudiantes conozcan los crímenes de las dictaduras comunistas del siglo XX con la misma claridad con que conocen los crímenes cometidos por las dictaduras de otros signos ideológicos. Y, sobre todo, hay que defender una idea elemental: ningún profesor, partido político ni corriente ideológica tiene derecho a apropiarse de la conciencia de un niño.

La extrema izquierda puede intentar formar a los comunistas del mañana. La respuesta de una sociedad libre no debe ser formar anticomunistas desde las aulas. Debe ser formar ciudadanos libres. Ciudadanos que conozcan su historia completa. Que sepan distinguir hechos de opiniones. Que puedan escuchar argumentos contrarios sin sentirse amenazados. Que conozcan los horrores del totalitarismo, pero que también comprendan por qué una democracia liberal, con sus defectos y contradicciones, merece ser defendida.

Porque la verdadera amenaza para Chile no es que un joven termine pensando distinto a nosotros. La verdadera amenaza es que una generación entera deje de pensar por sí misma.

Persistencia del comunismo en Chile: el último dinosaurio de la Guerra Fría

Existen ideologías que pertenecen a los libros de historia. El comunismo debería ser una de ellas. Nació en el siglo XIX, sobrevivió a buena parte del siglo XX y, pese al derrumbe de los grandes regímenes que alguna vez lo encarnaron, todavía camina por la política chilena del siglo XXI. Un verdadero fósil ideológico que se resiste a desaparecer.

Chile contra el comunismo.

Hay algo profundamente paradójico en la persistencia del comunismo en Chile. Mientras buena parte del mundo observó durante las últimas décadas del siglo XX el derrumbe de los experimentos que pretendían construir sociedades mediante la planificación central, el partido único y la concentración del poder, en nuestro país esta doctrina continúa teniendo representación parlamentaria, influencia política, presencia institucional y capacidad para participar en gobiernos y coaliciones.

No se trata de prohibirlo. Tampoco de perseguir a quienes adhieren a sus ideas. En una democracia liberal, el comunista tiene exactamente el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a defender sus convicciones. Pero existe una diferencia elemental que algunos parecen olvidar: tener derecho a existir políticamente no significa tener derecho a quedar fuera del juicio de la historia. Y allí comienza el problema.

Una doctrina nacida en otro mundo

El comunismo nació como una respuesta utópica a las brutales condiciones sociales de la Revolución Industrial. Su diagnóstico sobre la explotación, la pobreza y las desigualdades de aquella época conectó con una aspiración humana perfectamente legítima: construir una sociedad más justa.

El problema apareció cuando aquella teoría abandonó los libros y comenzó a convertirse en sistema político. La historia del siglo XX dejó demasiados ejemplos de concentración del poder, persecución de opositores, restricción de libertades y economías incapaces de generar prosperidad sostenida. La Unión Soviética, los regímenes de Europa del Este, la China de Mao y la Camboya de los Jemeres Rojos fueron experiencias diferentes y no deben ser metidas irresponsablemente en un mismo saco. Pero tampoco resulta intelectualmente serio borrar las características autoritarias que marcaron a numerosos regímenes comunistas.

La caída del Muro de Berlín en 1989 fue mucho más que la caída de una frontera. Fue el símbolo de la derrota de una determinada concepción del mundo. El comunismo había prometido el futuro, y el futuro llegó sin él.

El lobo que aprendió a vestirse de oveja

La imagen del dinosaurio no es exagerada. El comunismo es una doctrina que nació en un mundo de fábricas humeantes, enormes masas proletarias, economías industriales en formación y sociedades radicalmente distintas de las actuales. Sin embargo, después de sobrevivir a dos guerras mundiales, al ascenso y caída de grandes potencias y al colapso de la Unión Soviética, todavía permanece instalado en el debate político. Es como si un animal prehistórico hubiera sobrevivido millones de años y apareciera caminando tranquilamente por las calles de Santiago.

Pero hay algo todavía más llamativo y siniestro: el dinosaurio no solamente sobrevivió; aprendió a adaptarse. Cuando el viejo discurso revolucionario perdió capacidad de seducción, parte de la izquierda comenzó a modificar su lenguaje y sus estrategias. El marxismo clásico colocaba en el centro la lucha de clases y las relaciones económicas. Nuevas corrientes comenzaron a poner el acento en la cultura, el lenguaje, la identidad, las relaciones de poder y las estructuras sociales.

El texto de base describe precisamente esta transformación mediante una metáfora poderosa: el “lobo” aprendió a vestirse de “oveja”.

• Ya no siempre se habla de revolución proletaria. Se habla de emancipación.
• Ya no siempre se habla de abolir el capitalismo. Se habla de transformar las estructuras.
• Ya no siempre se habla de lucha de clases. Se habla de privilegios, hegemonía, dominación y deconstrucción.

El lenguaje cambió. La pregunta, desde una perspectiva de derecha, es cuánto de la antigua concepción del poder permanece detrás de ese nuevo vocabulario.

El comunismo no necesita ser prohibido: necesita ser discutido

Aquí la derecha democrática debería tener una posición clara. No hay que prohibir el comunismo. Hay que derrotarlo intelectualmente.

Una democracia que necesita proscribir una ideología porque teme que los ciudadanos puedan creer en ella demuestra una confianza muy pequeña en sus propios principios.

El Partido Comunista tiene derecho a existir mientras respete las reglas democráticas. Pero los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a cuestionar sus ideas, revisar su historia y discutir sus propuestas.

La libertad que permite defender el comunismo es la misma libertad que permite combatirlo con argumentos. Y una democracia madura no le teme a ese debate. Al contrario: lo necesita.

El verdadero problema es el poder

La crítica al comunismo tampoco debería reducirse a una discusión sobre eficiencia económica. Existe una cuestión todavía más importante: el poder.

¿Qué ocurre cuando el Estado concentra una cantidad extraordinaria de atribuciones sobre la economía, la propiedad, el trabajo y la vida social?

La democracia liberal parte de una sospecha saludable: ningún gobernante, partido o grupo político debe disponer de un poder ilimitado.

Friedrich Hayek advirtió precisamente sobre los riesgos que aparecen cuando la autoridad política adquiere una capacidad cada vez mayor para determinar las condiciones económicas y sociales de los individuos. La libertad comienza a depender entonces de quienes administran el poder.

Por eso la propiedad privada no es únicamente un concepto económico. También constituye un espacio de autonomía frente al Estado. Lo mismo ocurre con la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión, la separación de poderes y la alternancia política. Una persona libre no solamente tiene derecho a votar. También tiene derecho a construir su propia vida sin necesitar permanentemente el permiso del Estado.

La igualdad no necesita destruir la libertad

Uno de los errores más grandes que podría cometer la derecha sería negar que la desigualdad y la pobreza son problemas reales. Lo son.

Nadie debería aceptar una sociedad donde el origen familiar determine completamente el futuro de una persona. Pero reconocer ese problema no obliga a aceptar la receta comunista. Chile puede combatir la pobreza sin eliminar la propiedad privada. Puede fortalecer la protección social sin convertir al Estado en dueño de todo. Puede ampliar las oportunidades sin destruir el emprendimiento. Puede buscar mayor igualdad sin sacrificar la libertad individual. La verdadera discusión no es igualdad o libertad. Es cómo conseguir mayor igualdad de oportunidades sin entregar un poder desmesurado al Estado. Porque una sociedad que sacrifica la libertad en nombre de una supuesta igualdad perfecta puede terminar descubriendo demasiado tarde que perdió ambas.

¿Y qué ocurre con quienes son de izquierda y dicen no ser comunistas? 

Aquí aparece uno de los debates más incómodos de la política chilena. Existen fuerzas de izquierda que marcan diferencias doctrinarias con el Partido Comunista y que aseguran no compartir su identidad política. Esa diferencia existe y sería absurdo negarla. El propio material de base distingue al Frente Amplio del PC en historia, identidad y tradición doctrinaria.

Pero la política no se construye solamente con etiquetas. También se construye con alianzas. Con pactos. Con votos. Con gobiernos. Con decisiones concretas. En otras palabras: "Dime como votas, y te diré quién eres".

Cuando una fuerza política que se define como distinta del comunismo termina formando coaliciones con él, gobernando junto a él o respaldando sistemáticamente determinadas iniciativas impulsadas por el Partido Comunista, resulta legítimo preguntar dónde están las fronteras reales entre ambos proyectos. Eso no significa afirmar que todo militante o votante que coincida con un comunista sea totalmente comunista. Sería una simplificación absurda. Pero tampoco resulta razonable exigir que la ciudadanía ignore las alianzas políticas. Si alguien no tiene problemas en votar sistemáticamente junto con los comunistas, es porque es cómplice de esta persistencia anómala del comunismo en Chile.

Los pactos también hablan. Los votos también hablan. Las decisiones también hablan. Acá lo que planteo es esta diferencia entre una coincidencia circunstancial y una asociación política permanente.

La batalla que el dinosaurio entendió

Aquí aparece quizá la mayor enseñanza que la derecha debería extraer de la transformación del marxismo.

La batalla política no se libra solamente en La Moneda. Tampoco exclusivamente en el Congreso. Se libra en las ideas. Antonio Gramsci entendió que el poder no consistía únicamente en controlar el Estado, sino también en disputar la cultura, las instituciones y aquello que una sociedad considera sentido común. El texto sobre el neomarxismo utiliza justamente esa idea para explicar la transformación de determinadas corrientes de izquierda.

La derecha cometió durante demasiado tiempo el error de creer que ganar una elección era suficiente. No lo es.

• Se puede ganar el gobierno y perder la batalla cultural.
• Se puede administrar bien el Estado y permitir que otros definan qué significa libertad.
• Se puede defender el crecimiento y permitir que otros monopolicen el discurso sobre justicia social.
• Se puede defender la propiedad privada y no explicar por qué ella también protege la autonomía individual.

Una derecha democrática tiene que aprender a defender sus ideas sin complejos, pero también sin caricaturas.

No se trata de perseguir al comunista

Esta distinción es fundamental. Una cosa es rechazar una ideología. Otra muy diferente es despreciar a las personas que creen en ella. La discusión democrática debe estar dirigida contra las ideas, las propuestas y los proyectos políticos. No contra la dignidad de quienes piensan distinto.

Por eso una derecha verdaderamente liberal no necesita censurar libros, perseguir adversarios ni transformar al comunista en un enemigo personal. Necesita algo mucho más difícil: demostrar que la libertad funciona mejor. Demostrar que la propiedad privada genera autonomía. Que el emprendimiento crea oportunidades. Que el crecimiento económico permite financiar políticas sociales. Que la seguridad es indispensable para que exista libertad. Que la igualdad ante la ley es superior a cualquier sistema que pretenda clasificar permanentemente a las personas según categorías de poder. Y que el Estado debe ser suficientemente fuerte para cumplir sus funciones, pero suficientemente limitado para no convertirse en dueño de la vida de los ciudadanos.

El verdadero fósil político

Dile NO al comunismo.

Quizá esa sea la gran paradoja del comunismo chileno. El siglo que le dio origen ya desapareció. El mundo que permitió su nacimiento ya no existe. La Unión Soviética desapareció. El Muro de Berlín cayó. Las economías planificadas demostraron enormes limitaciones. Las democracias liberales sobrevivieron. La tecnología transformó radicalmente la economía y las relaciones sociales. Y, sin embargo, el viejo dinosaurio sigue caminando, al menos en nuestro país.

Pero la democracia no necesita exterminarlo. Necesita iluminarlo. Ponerlo frente a la historia. Preguntarle qué aprendió de sus derrotas. Preguntarle qué piensa de la propiedad privada. Preguntarle cuáles son los límites que reconoce al poder estatal. Preguntarle qué entiende por libertad. Preguntarle qué relación debe existir entre democracia y socialismo. Y, sobre todo, preguntarle por qué una doctrina nacida hace casi dos siglos todavía debería ser presentada como una respuesta moderna a los problemas del siglo XXI. 

Al comunista no hay que perseguirlo ni censurarlo: hay que vencerlo en las ideas y humillarlo en las urnas. Porque una ideología no merece sobrevivir simplemente porque logró sobrevivir. Merece sobrevivir si todavía puede demostrar que sus ideas funcionan. Y ahí está el desafío.

El comunismo puede seguir existiendo. Puede competir. Puede convencer. Puede presentarse a elecciones. Pero también debe aceptar ser juzgado por sus ideas, por su historia y por sus resultados. La democracia no debe sacarlo de circulación por decreto. Debe hacer algo mucho más contundente: ponerlo frente al espejo de la historia y dejar que los ciudadanos decidan.

Quizá entonces descubramos que aquel enorme dinosaurio rojo que parecía destinado a dominar el futuro no era, finalmente, el futuro. Era solamente un fósil que todavía no se había dado cuenta de que estaba viviendo en el presente.

El último y nefasto fósil del siglo XX: por qué el comunismo todavía sobrevive en Chile

• Hay ideologías que evolucionaron con el paso del tiempo, corrigieron sus errores y aceptaron las lecciones de la historia. El comunismo chileno, en cambio, parece haber decidido convertirse en un fósil político: una reliquia del siglo XX que, contra todo pronóstico, continúa caminando por la política del siglo XXI.
• Ya paremos de normalizar el comunismo en Chile. Que en pleno siglo XXI todavía tengamos políticos comunistas, es una aberración a nivel mundial.

Chile contra el comunismo.

Hay algo profundamente anacrónico en la persistencia del comunismo en Chile. No porque sus militantes no tengan derecho a participar en política —lo tienen, y nadie debería discutir ese derecho dentro de una democracia—, sino porque resulta difícil comprender cómo una doctrina que quedó tan profundamente cuestionada por la experiencia histórica conserva todavía capacidad de convocatoria, influencia institucional y pretensiones de dirigir el destino de una sociedad moderna.

El comunismo es, en este sentido, una verdadera anomalía histórica. Es el gran fósil ideológico del siglo XX. Mientras otras corrientes políticas fueron modificando sus postulados frente a la evidencia, el Partido Comunista chileno ha mantenido una identidad doctrinaria que hunde sus raíces en una época marcada por la Guerra Fría, la Unión Soviética y la división del mundo en bloques.

La paradoja resulta evidente: el Muro de Berlín cayó en 1989; la Unión Soviética desapareció en 1991; los regímenes comunistas europeos se derrumbaron; millones de personas abandonaron aquellas sociedades; pero el comunismo político sobrevivió. Y no solamente sobrevivió: en Chile consiguió mantenerse como una fuerza electoral e institucional relevante. Esa persistencia merece ser explicada, pero también cuestionada.

El fracaso histórico que no puede ser borrado

El comunismo nació con una promesa poderosa: terminar con la explotación, eliminar las diferencias de clase y construir una sociedad basada en la igualdad. El problema no estuvo necesariamente en diagnosticar determinadas injusticias sociales. Muchas de ellas existían y algunas continúan existiendo. 

El problema fue la solución. Cuando aquella utopía tuvo que transformarse en sistemas concretos de gobierno, el resultado fue repetidamente muy distinto de la sociedad libre y próspera prometida. La Unión Soviética, los regímenes de Europa del Este, la China de Mao y Camboya bajo los Jemeres Rojos dejaron experiencias asociadas a concentración del poder, represión política, persecución de opositores y graves costos humanos. Cada experiencia tuvo sus particularidades y sería intelectualmente pobre reducirlas todas a una sola explicación. Pero tampoco es serio fingir que el patrón histórico no existe. 

Por eso el comunismo no puede exigir que la historia sea convenientemente olvidada cada vez que reaparece en una elección. Las ideas deben ser juzgadas también por sus consecuencias cuando dejan de ser consignas y se convierten en poder.

El verdadero problema: demasiado poder en pocas manos

La crítica fundamental al comunismo no consiste en sostener que todo Estado poderoso sea necesariamente totalitario. Chile necesita un Estado capaz de garantizar seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud y protección social.

La diferencia está en los límites. Una sociedad libre necesita espacios de autonomía frente al poder político. Necesita propiedad privada, libertad de emprendimiento, libertad de expresión, separación de poderes, alternancia política y capacidad de cada ciudadano para construir su propio proyecto de vida. Cuando el Estado comienza a concentrar simultáneamente el poder político y económico, la libertad queda expuesta a quienes controlan ese Estado.

La advertencia de Friedrich Hayek conserva aquí toda su fuerza: mientras mayor sea la capacidad del poder político para decidir sobre la vida económica y social, mayor es también el riesgo de que la libertad termine dependiendo de la voluntad de quienes gobiernan. Y esa es precisamente una de las razones por las cuales el comunismo continúa siendo una doctrina que debe ser examinada con especial atención.

El dinosaurio que todavía cree tener razón

Quizás la imagen más adecuada para describir al comunismo contemporáneo sea la de un dinosaurio político. No porque sus militantes sean literalmente hombres del pasado, sino porque su matriz ideológica pertenece a un mundo que ya no existe.

El siglo XXI está marcado por sociedades abiertas, revolución tecnológica, globalización, economías de servicios, emprendimiento, innovación, inteligencia artificial y ciudadanos con niveles de información impensables para los fundadores del comunismo. Sin embargo, el comunismo continúa interpretando buena parte de la realidad mediante categorías nacidas en el siglo XIX: clases, explotación, lucha social y antagonismo entre grupos. El problema de las doctrinas que explican demasiado mediante una sola clave es que terminan viendo la realidad que necesitan ver.

Karl Popper advirtió precisamente contra las ideologías que pretenden descubrir leyes inevitables de la historia y utilizar ese supuesto conocimiento para justificar transformaciones radicales de la sociedad. En una democracia liberal, nadie posee el monopolio del futuro. Ningún partido es dueño de la historia. Ese principio debería ser una vacuna contra cualquier proyecto político que pretenda presentarse como inevitable.

La igualdad no puede ser un caballo de Troya

Aquí está una de las grandes fortalezas retóricas del comunismo: hablar en nombre de la igualdad.

¿Quién podría estar en contra de reducir la pobreza, ampliar oportunidades o combatir la exclusión?

El problema aparece cuando esas aspiraciones legítimas son utilizadas para justificar restricciones a la libertad. Una sociedad puede combatir la pobreza sin abolir la propiedad privada. Puede tener políticas sociales robustas sin convertir al Estado en propietario de prácticamente todo. Puede proteger al trabajador sin destruir el emprendimiento. Puede aumentar la movilidad social sin transformar la economía en una gigantesca oficina estatal.

La libertad y la igualdad son valores importantes, pero no son idénticos. Isaiah Berlin recordó que las sociedades deben convivir con valores que muchas veces entran en tensión: libertad, igualdad, seguridad, justicia y orden. Gobernar responsablemente significa administrar esas tensiones, no prometer una sociedad perfecta en la que todas desaparezcan.

El comunismo ofrece una respuesta aparentemente sencilla a problemas extraordinariamente complejos. Y precisamente ahí radica parte de su atractivo.

Chile no debe confundir pluralismo con ingenuidad

Una democracia madura no necesita prohibir el comunismo. Tampoco necesita pedir disculpas por criticarlo. Ambas cosas pueden coexistir perfectamente.

El Partido Comunista debe tener derecho a presentar candidatos, participar en elecciones, organizarse y defender sus ideas. Pero los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a responder: consideramos esas ideas equivocadas, peligrosas o incompatibles con determinados principios de una sociedad libre. Eso no es persecución. Eso es democracia.

El verdadero pluralismo no exige fingir que todas las doctrinas son igualmente buenas. Exige que todas puedan ser sometidas al juicio ciudadano dentro de las reglas democráticas. Como señalo en estas frases, tolerar una idea no significa creer en ella; respetar el derecho de alguien a defender una doctrina no implica renunciar al derecho de combatirla intelectualmente.

La violencia tampoco puede ser romantizada

Chile cometió durante años otro error: confundir determinadas expresiones de violencia política con legítimas manifestaciones de descontento.

• Protestar es legítimo.
• Manifestarse es legítimo.
• Exigir cambios es legítimo.
• Criticar al gobierno es legítimo.

Pero incendiar, saquear, destruir infraestructura, amenazar personas o utilizar la coerción para conseguir objetivos políticos pertenece a otra categoría.

La democracia tiene una regla elemental: el adversario debe poder ser derrotado mediante argumentos y elecciones, no mediante violencia. Y esa regla debe aplicarse sin importar el color político del agresor. La violencia de izquierda no deja de ser violencia por invocar una causa social. La violencia de derecha tampoco deja de serlo por invocar la defensa del orden. El Estado de Derecho no puede tener dos varas.

El problema no es que el dinosaurio político exista

Aquí llegamos al punto central. El problema no es que el comunismo exista. El problema es que todavía pretenda convencernos. Esa diferencia es fundamental.

• No se trata de perseguir comunistas. Se trata de disputarles el terreno intelectual.
• No se trata de censurar sus discursos. Se trata de responderlos.
• No se trata de prohibir sus organizaciones. Se trata de derrotarlas democráticamente.
• No se trata de borrar su historia. Se trata de recordarla.
• No se trata de odiar al comunista. Se trata de advertir que su ideología es peligrosa.

Una derecha democrática debe demostrar que puede ofrecer seguridad sin autoritarismo, crecimiento sin indiferencia social, propiedad privada sin abusos, libertad económica con responsabilidad y políticas sociales sin destruir la autonomía individual. La mejor respuesta al comunismo no es una policía política. Es una sociedad libre que funciona.

La derecha no tiene por qué pedir perdón por defender la libertad

Durante demasiado tiempo algunos sectores de la derecha han confundido moderación con silencio. No hay ninguna razón para hacerlo.

Dile NO al comunismo.

Una derecha democrática puede defender la propiedad privada sin complejos. Puede defender el emprendimiento. Puede defender la libertad de expresión. Puede defender la seguridad. Puede defender el Estado de Derecho. Puede defender el crecimiento económico. Y puede hacerlo sin convertirse en una caricatura autoritaria.

La fortaleza de la democracia liberal está precisamente en que no necesita eliminar al adversario para sobrevivir. Puede permitirle hablar y, al mismo tiempo, responderle. Puede permitirle competir y, al mismo tiempo, intentar derrotarlo en las urnas. Puede reconocer sus derechos y, simultáneamente, cuestionar sus ideas. Eso es infinitamente más poderoso que la censura.

El comunismo chileno puede seguir existiendo. Puede seguir obteniendo votos. Puede seguir ocupando cargos públicos. Puede seguir participando en coaliciones. Pero nada de eso obliga a considerarlo moderno. Una doctrina no rejuvenece simplemente porque sus representantes utilicen redes sociales, hablen de nuevas tecnologías o participen en gobiernos democráticos.

La pregunta verdaderamente importante sigue siendo otra: ¿qué concepción del ser humano, de la libertad, de la propiedad y del poder existe detrás de esa doctrina? Ahí está el verdadero debate. Porque una ideología puede cambiar su lenguaje sin cambiar necesariamente su esencia. Y Chile no debería tener miedo de formular esa pregunta.

La mejor manera de extinguir un dinosaurio

Hay una ironía histórica en todo esto. El comunismo sobrevivió al siglo XX porque aprendió a vivir dentro de las democracias que durante décadas cuestionó. Pero esa misma democracia que le permite existir también le impone una condición inevitable: someterse al juicio ciudadano. Ese es el terreno donde debe librarse la batalla.

• Con argumentos sólidos.
• Con evidencia concreta.
• Con memoria histórica.
• Con resultados electorales.
• Con instituciones que funcionen.
• Con elecciones libres.

El comunismo no debe ser prohibido. Debe ser derrotado democráticamente. Y si realmente es un fósil político, si realmente pertenece a una época superada, entonces no debería ser necesario destruirlo. Bastará con que la sociedad deje de creer en él. Los dinosaurios desaparecieron porque cambiaron las condiciones del mundo. Las ideologías también pueden desaparecer cuando dejan de responder convincentemente a las necesidades de las sociedades que pretenden gobernar.

Por eso la tarea de una derecha democrática no consiste en perseguir al viejo dinosaurio comunista. Consiste en demostrar que, frente a él, existe algo mucho mejor: una sociedad libre, próspera, segura, pluralista y capaz de ofrecer igualdad de oportunidades sin sacrificar la libertad. Ese sería el verdadero triunfo.

• No la censura.
• No la proscripción.
• No la persecución.

La derrota intelectual, política y electoral de una ideología que la historia ya sometió a juicio.

El neomarxismo: el lobo que aprendió a vestirse de oveja

La ultraizquierda cambió el lenguaje, abandonó buena parte de la estética revolucionaria y aprendió a moverse dentro de las instituciones democráticas. Pero para sus críticos, detrás de conceptos como emancipación, hegemonía, transformación cultural e igualdad sustantiva persiste una antigua aspiración: modificar profundamente las estructuras sobre las que se sostiene la sociedad liberal. En Chile, el Frente Amplio representa uno de los ejemplos más claros de esta nueva izquierda.

Neomarxismo.

Durante buena parte del siglo XX, reconocer al marxismo no era demasiado difícil. Tenía símbolos inconfundibles, una retórica abiertamente revolucionaria y una doctrina que hablaba de lucha de clases, revolución proletaria, abolición de la propiedad privada de los medios de producción y superación del capitalismo. Era un lobo que mostraba los colmillos. Pero los tiempos cambiaron. La caída del Muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética, el fracaso de las economías centralmente planificadas y la consolidación de las democracias liberales hicieron que aquella vieja retórica perdiera buena parte de su capacidad de seducción. El marxismo no desapareció completamente, pero algunas de sus corrientes entendieron que, para sobrevivir políticamente, debían cambiar de estrategia. El lobo aprendió entonces a vestirse de oveja.

Conviene ser precisos. El neomarxismo no es una doctrina única, homogénea ni perfectamente delimitada. Bajo esa denominación caben corrientes intelectuales muy diferentes y sería un error sostener que todo feminismo, ecologismo, progresismo o defensa de los derechos sociales constituye automáticamente una expresión neomarxista. La crítica desde la derecha debe ser más rigurosa que eso. Lo que resulta relevante es que determinadas corrientes de la izquierda contemporánea conservaron una manera de interpretar la sociedad heredada, en parte, del marxismo: identificar estructuras de poder, analizar relaciones de dominación y considerar que determinadas instituciones sociales, culturales y económicas deben ser profundamente transformadas.

Cuando el lobo dejó de mostrar los colmillos

El marxismo clásico colocó las relaciones económicas y la lucha de clases en el centro de su interpretación de la historia. Sin embargo, la revolución proletaria que debía terminar con el capitalismo nunca llegó a producirse en las democracias occidentales de la manera que Marx y algunos de sus seguidores habían previsto.

Fue entonces cuando algunos intelectuales marxistas comenzaron a ampliar el campo de batalla. Antonio Gramsci resulta fundamental para comprender este proceso. Su concepto de hegemonía puso énfasis en la manera en que una determinada concepción del mundo puede transformarse en sentido común y reproducirse a través de la sociedad civil. El poder, por tanto, no se encontraba exclusivamente en el Estado ni podía conquistarse únicamente mediante una revolución política. También había que disputar las ideas, la cultura, la educación y las instituciones.

La Escuela de Frankfurt profundizó posteriormente esta mirada. Autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse desarrollaron una teoría crítica que amplió considerablemente el campo de análisis marxista, incorporando elementos de otras tradiciones intelectuales y concentrándose en fenómenos culturales, psicológicos y sociales.

La consecuencia política de este giro fue enorme: si el capitalismo no podía ser derrotado simplemente mediante una revolución económica, entonces podía ser necesario transformar previamente —o simultáneamente— la cultura que lo sostenía.

La escuela, la universidad, los medios de comunicación, el lenguaje, las organizaciones sociales y las instituciones comenzaron a adquirir una importancia mucho mayor. El viejo lobo había descubierto que no necesitaba entrar derribando la puerta.

La batalla por el lenguaje

Uno de los cambios más importantes fue precisamente el lenguaje. La vieja izquierda hablaba de burguesía y proletariado. Las nuevas corrientes comenzaron a hablar con mayor frecuencia de género, identidad, privilegio, discriminación, colonialismo, estructuras patriarcales, hegemonía, emancipación y deconstrucción.

Esto no significa que todos esos conceptos sean marxistas ni que toda persona que utilice alguno de ellos esté suscribiendo una doctrina neomarxista. El punto es otro: determinadas corrientes los integran dentro de una visión de la sociedad donde las relaciones humanas son interpretadas fundamentalmente a partir de relaciones de poder.

La pregunta marxista clásica —quién posee, quién trabaja, quién domina y quién es dominado— adquiere así nuevas dimensiones. Ya no se limita exclusivamente a la economía. Se extiende hacia la cultura, el lenguaje, la familia, las relaciones entre hombres y mujeres, las identidades y otras estructuras sociales. Desde la perspectiva de la derecha, ahí reside precisamente la sofisticación del nuevo discurso.

El viejo marxista podía decir "hay que destruir el capitalismo". El nuevo lenguaje puede argumentar "hay que transformar las estructuras de poder". La diferencia no es meramente semántica. Puede representar una estrategia política completamente distinta para alcanzar transformaciones igualmente profundas. El lobo ya no necesita enseñar los dientes. Puede presentarse hablando de derechos, inclusión, igualdad y emancipación.

El Frente Amplio: un caso chileno

En Chile, el Frente Amplio constituye un caso particularmente interesante para analizar esta transformación de la izquierda.

El Frente Amplio no es el Partido Comunista. No tiene la misma historia, no posee la misma estructura doctrinaria y no utiliza la misma identidad política. Mientras el PC mantiene explícitamente una tradición comunista, el FA se define como socialista y ha construido una identidad política mucho más vinculada al feminismo, el ecologismo, la democracia, los derechos sociales y la transformación institucional. Pero justamente ahí está la cuestión.

Que una izquierda abandone determinada estética revolucionaria no significa necesariamente que haya abandonado su voluntad de transformar profundamente la sociedad. El propio Frente Amplio ha reivindicado públicamente su carácter socialista y ha planteado la construcción de una sociedad igualitaria y emancipada de determinadas formas de explotación y opresión. Por eso, desde una perspectiva liberal y conservadora, resulta perfectamente legítimo analizar qué entiende el FA por igualdad, emancipación, propiedad, mercado, Estado y transformación social.

No basta con observar que sus dirigentes participan en elecciones, ocupan cargos públicos y se someten formalmente a las reglas de la democracia. Eso es importante, por supuesto, pero no responde por sí solo a la pregunta fundamental: ¿qué modelo de sociedad aspira a construir una fuerza política una vez que obtiene el poder?

Porque democracia y socialismo no son conceptos necesariamente incompatibles en todos sus sentidos. Lo que corresponde discutir es qué tipo de socialismo se propone, cuánto poder se pretende entregar al Estado y cuáles serán los límites de esa intervención.

¿El Frente Amplio y el Partido Comunista son lo mismo?

No, pero se parecen. Ambas fuerzas han compartido un espacio político, gobiernos, coaliciones y numerosas posiciones legislativas. La diferencia entre ellas existe, pero la existencia de diferencias no significa necesariamente que sus proyectos de sociedad sean completamente antagónicos.

El Partido Comunista conserva una identidad marxista-leninista mucho más explícita y una tradición histórica propia. El Frente Amplio representa una izquierda más generacional, cultural e institucional, que ha sabido incorporar nuevas banderas a su discurso.

Podría decirse, desde una perspectiva crítica, que el PC conserva buena parte de los viejos colmillos mientras el FA aprendió a ocultarlos mejor, pero con una finalidad únicamente electoral.

Esto no significa que exista una identidad absoluta entre ambas organizaciones, pero se parecen bastante. Significa que la derecha debe prestar atención a sus zonas de convergencia: la crítica al capitalismo y al neoliberalismo, la expansión del papel del Estado, la redistribución del poder económico y político y la búsqueda de profundas transformaciones sociales. La pregunta interesante, por tanto, no es solamente cuánto se diferencian en sus discursos. Es hasta dónde coinciden en el destino que imaginan para Chile.

La izquierda que dice no ser comunista, pero que vota con el comunismo

Existe además una contradicción que la derecha no debería dejar pasar: hay sectores de la izquierda que se apresuran a declarar que no son comunistas, que reivindican su autonomía y que incluso marcan diferencias doctrinarias con el Partido Comunista, pero que, cuando llega la hora de las decisiones políticas concretas, terminan votando disciplinadamente junto al PC en una enorme cantidad de materias y proyectos. Es perfectamente legítimo que una fuerza política tenga acuerdos parlamentarios con otra; lo cuestionable es pretender que esas alianzas no dicen absolutamente nada sobre sus prioridades. 

Las identidades políticas también se revelan en las votaciones, no solamente en los discursos. Si una izquierda dice no compartir el proyecto comunista, pero sistemáticamente termina respaldándolo cuando están en juego las grandes reformas, el modelo económico, el papel del Estado o determinadas batallas culturales, tiene que explicar dónde están realmente sus diferencias. Porque no basta con decir "no somos comunistas" mientras, llegado el momento decisivo, se vota como si lo fueran. La ciudadanía tiene derecho a mirar los hechos y no solamente las etiquetas: si el lobo y la oveja terminan entrando juntos a la misma casa, es razonable preguntarse si realmente eran tan distintos como aseguraban.

La derecha frente al neomarxismo

Para confrontar a estas nuevas ideologías de izquierda y ultraizquierda hay que preguntar qué concepto de libertad existe detrás de cada propuesta. Qué papel se asigna al Estado. Qué espacio queda para la propiedad privada. Qué importancia se concede al mercado. Qué límites tiene el poder político. Qué entiende una determinada izquierda por igualdad. Y, sobre todo, qué instituciones pretende modificar y con qué propósito.

Las ideologías no se definen solamente por las palabras que utilizan. Se definen también por el mundo que quieren construir. La verdadera batalla está en las ideas. Una de las grandes enseñanzas de lo mostrado por Gramsci fue precisamente que el poder no consiste únicamente en controlar el Estado. También implica disputar la cultura, las ideas y aquello que una sociedad considera sentido común. La derecha debería comprenderlo.

No basta con ganar elecciones si se pierde la batalla cultural. No basta con administrar correctamente el Estado si se permite que otras corrientes definan qué significa libertad, qué significa igualdad, qué significa justicia y qué instituciones son consideradas legítimas.

Una sociedad libre necesita defender conscientemente los principios que la sostienen: la dignidad de la persona, la libertad individual, la responsabilidad personal, la propiedad privada, el pluralismo, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y una sociedad civil fuerte e independiente del Estado.

Por eso, la discusión sobre el neomarxismo no debería reducirse a caricaturas ni a teorías conspirativas. Debe ser una discusión sobre ideas. El lobo con piel de oveja es una metáfora útil precisamente porque obliga a mirar más allá de las apariencias. No todo el que viste de oveja es un lobo, pero tampoco todo lobo necesita seguir mostrando los colmillos.

El desafío para la derecha chilena consiste en mirar debajo de la piel. Preguntar qué hay detrás de las palabras. Examinar qué modelo de sociedad se propone. Y defender, sin complejos pero también sin caricaturas, las ideas que considera fundamentales para preservar una sociedad libre.

Porque quizá la gran transformación del marxismo contemporáneo no fue aprender a esconder sus ideas, sino aprender que para cambiar una sociedad primero hay que cambiar la manera en que esa sociedad piensa sobre sí misma. Y en esa batalla, el verdadero campo de disputa no está solamente en La Moneda ni en el Congreso. Está en las ideas.

Comunismo en Chile: un dinosaurio ideológico que todavía subsiste en pleno siglo XXI

Nació en el siglo XIX prometiendo una sociedad sin clases y terminó dejando tras de sí una larga historia de concentración del poder, represión y fracaso económico. Sin embargo, en Chile el comunismo continúa teniendo presencia política e institucional y, más preocupante todavía, encuentra aliados dispuestos a actuar políticamente junto a él mientras intentan presentarse como algo distinto. La democracia no debe prohibirlo, pero tampoco tiene por qué tratarlo con ingenuidad.

Comunismo.

Hay ideas que pertenecen claramente a su tiempo. Surgieron para responder a problemas concretos de una época y, cuando la realidad demostró sus limitaciones, fueron reformuladas, abandonadas o relegadas a los libros de historia. El comunismo, en cambio, posee una extraordinaria capacidad de supervivencia política.

Nació en el siglo XIX, en plena revolución industrial, como una respuesta radical a la explotación y a las enormes desigualdades sociales de aquel período. Prometió emancipación, igualdad y una sociedad sin clases. Pero cuando esa promesa abandonó los libros y se convirtió en régimen político, la historia produjo resultados muy diferentes: concentración del poder, persecución de opositores, restricción de libertades y economías incapaces, en numerosos casos, de generar prosperidad sostenida.

Y, sin embargo, el comunismo continúa existiendo en Chile. El nefasto Partido Comunista participa de elecciones, ocupa cargos públicos, integra coaliciones y forma parte del debate institucional. Tiene, por supuesto, todo el derecho a hacerlo. Precisamente porque Chile es una democracia, nadie debería ser perseguido por sus ideas políticas.

Pero existe una diferencia fundamental entre tener derecho a defender una ideología y tener derecho a quedar exento de crítica. El comunismo chileno puede participar en democracia. Lo que no puede exigir es que la democracia suspenda su capacidad de juzgarlo. Y existe además una segunda cuestión que merece ser planteada sin eufemismos: ¿qué ocurre con quienes aseguran no ser comunistas, pero sistemáticamente votan junto al Partido Comunista, forman alianzas con él y terminan respaldando sus principales proyectos políticos? Ahí la discusión deja de ser puramente semántica.

El dinosaurio que sobrevivió al siglo XX

El siglo XX fue, en buena medida, el gran laboratorio histórico del comunismo. La Unión Soviética, los regímenes comunistas de Europa del Este, la China de Mao y Camboya bajo los Jemeres Rojos constituyen experiencias diferentes entre sí y no sería serio reducirlas a una sola explicación. Pero tampoco es intelectualmente honesto ignorar que numerosos experimentos comunistas terminaron asociados con autoritarismo, represión, persecución política y una extraordinaria concentración del poder.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la Unión Soviética fueron mucho más que acontecimientos geopolíticos. Representaron también el derrumbe de una de las grandes certezas ideológicas del siglo XX: la creencia de que la planificación central y el monopolio político de un partido podían constituir el destino inevitable de las sociedades modernas. El mundo cambió. La economía mundial cambió. La tecnología cambió. Las sociedades cambiaron. Pero el comunismo, en algunos lugares, decidió quedarse.

Es allí donde aparece la imagen del dinosaurio ideológico: una doctrina nacida en un mundo que ya no existe, que sobrevivió a buena parte de las condiciones históricas que le dieron origen y que, pese a sus fracasos, continúa presentándose como una alternativa válida para organizar la sociedad. El problema no es que exista. El problema es que todavía pretenda convencernos.

Cuando el Estado se convierte en demasiado poder

Una de las principales objeciones al comunismo no es simplemente económica. Es política. El verdadero problema aparece cuando una doctrina deposita en el Estado una capacidad extraordinaria para intervenir simultáneamente en la economía, la propiedad, el trabajo y la vida social.

Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado autoritario. Una democracia moderna necesita instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, protección social y cumplimiento de la ley. La cuestión fundamental es otra: ¿quién controla al Estado y cuáles son los límites de ese poder?

Friedrich Hayek advirtió precisamente sobre este problema: cuanto mayor sea la capacidad del poder político para determinar las condiciones económicas y sociales de los individuos, mayor será también el riesgo de que la libertad termine dependiendo de la voluntad de quienes controlan ese poder.

La democracia liberal funciona sobre un principio contrario: el Estado existe para servir a la persona, no para convertirla en dependiente de él. Por eso importan tanto la propiedad privada, la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión, la separación de poderes, la alternancia política y la autonomía de los ciudadanos.

Una persona verdaderamente libre no solamente tiene derecho a votar. También tiene derecho a construir un proyecto de vida que no dependa permanentemente de la autorización del gobernante.

Karl Popper contra los dueños del futuro

Hay otro problema todavía más profundo: la pretensión de algunas ideologías de haber descubierto las leyes inevitables de la historia. Karl Popper dedicó buena parte de su pensamiento a cuestionar precisamente esa concepción. Ningún partido puede saber con certeza cuál será el destino de la humanidad. Ningún grupo posee una fórmula científica que permita determinar quién representa el futuro y quién constituye un obstáculo para alcanzarlo.

La democracia liberal parte de una premisa mucho más humilde y, precisamente por eso, mucho más prudente: nadie posee la verdad política definitiva.

• Los gobiernos pueden equivocarse.
• Los partidos pueden equivocarse.
• Las mayorías pueden equivocarse.
• Los ciudadanos pueden cambiar de opinión.

Por eso el poder debe ser limitado, temporal y reversible. El problema comienza cuando una ideología considera que sus objetivos son tan superiores que cualquier sacrificio presente puede justificarse en nombre de un supuesto futuro mejor. Entonces el adversario deja de ser adversario. Se transforma en enemigo. Y cuando el adversario político es convertido en enemigo histórico, el pluralismo empieza a parecer un obstáculo.

La igualdad no necesita matar la libertad

Hay que reconocerle al comunismo algo que explica buena parte de su atractivo histórico: supo apropiarse de una aspiración profundamente humana. La igualdad. Nadie debería defender una sociedad en la cual el nacimiento determine para siempre el destino de una persona. La pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades son problemas reales que una sociedad civilizada debe enfrentar. Pero una cosa es combatir la pobreza y otra muy distinta es pretender eliminar las diferencias mediante la coerción estatal.

Isaiah Berlin recordó que las sociedades humanas conviven con valores que no siempre pueden maximizarse simultáneamente: libertad, igualdad, seguridad, justicia y orden. Gobernar consiste precisamente en administrar esas tensiones, no en prometer una sociedad perfecta en la que todas las contradicciones desaparezcan.

Chile puede combatir la pobreza sin abolir la propiedad privada. Puede fortalecer sus políticas sociales sin destruir el emprendimiento. Puede aumentar las oportunidades sin convertir al Estado en propietario de prácticamente todo. Puede buscar mayor igualdad sin convertir la libertad individual en la moneda de cambio. La igualdad es un objetivo legítimo. La libertad también. Una no necesita destruir a la otra.

El problema de las izquierdas que dicen no ser comunistas

Aquí es donde el debate chileno merece una dosis adicional de honestidad. Durante años, distintos sectores de izquierda han buscado marcar distancia discursiva respecto del comunismo. No se definen como comunistas, reivindican una identidad propia y sostienen que sus proyectos políticos son diferentes. Pero una ideología política no se define solamente por la etiqueta que sus partidarios utilizan para describirse. También se define por sus alianzas, sus decisiones y sus votos.

Si una fuerza política asegura no ser comunista, pero no tiene inconvenientes en formar coaliciones con el Partido Comunista; si vota sistemáticamente en bloque con sus parlamentarios; si respalda sus principales iniciativas; si comparte plataformas electorales y gobiernos con ellos; y si, ante las grandes controversias políticas, termina alineándose una y otra vez con el PC, entonces resulta perfectamente legítimo preguntar cuál es, en los hechos, la distancia ideológica que afirma existir.

No basta con decir "yo no soy comunista". La política se juzga también por lo que se hace. 

• Una cosa es tener diferencias puntuales con el Partido Comunista y otra muy distinta es convertirlo en un socio político permanente.
• Una cosa es coincidir ocasionalmente en una votación y otra es votar sistemáticamente en bloque.
• Una cosa es dialogar con un adversario y otra es construir junto a él un proyecto de poder.

Y aquí aparece una contradicción que la izquierda chilena no puede pretender que nadie señale: si el comunismo es tan distinto, tan peligroso o tan incompatible con sus propios principios como algunos aseguran, ¿por qué entonces resulta aceptable asociarse políticamente con él cuando están en juego elecciones, gobiernos o mayorías parlamentarias?

La pregunta es incómoda, pero legítima. Porque si el comunismo es solamente una izquierda más, entonces deberían explicar por qué necesitan negar constantemente que lo son. Y si realmente existe una diferencia sustancial, entonces deberían explicar por qué esa diferencia desaparece cuando llega la hora de votar.

La responsabilidad política también se mide por las alianzas

No se trata de afirmar que toda persona que vote junto a un comunista se convierte automáticamente en comunista. Eso sería intelectualmente absurdo. En un Parlamento democrático es completamente normal que partidos diferentes coincidan en determinadas materias.

El problema aparece cuando la coincidencia deja de ser circunstancial y se transforma en una asociación política permanente. 

• Cuando partidos que dicen defender un modelo distinto terminan formando parte del mismo bloque electoral.
• Cuando quienes se presentan como moderados gobiernan con comunistas.
• Cuando quienes aseguran defender la democracia liberal relativizan las diferencias fundamentales con una doctrina que históricamente ha tenido una relación problemática con ella.
• Cuando la conveniencia electoral termina pesando más que las supuestas fronteras ideológicas.

En política, las alianzas también comunican. Los votos también comunican. Los pactos también comunican. Y los ciudadanos tienen derecho a sacar sus propias conclusiones.

No corresponde atribuir automáticamente a cada aliado las responsabilidades históricas de todas las experiencias comunistas del mundo. Pero tampoco corresponde exigir que los ciudadanos ignoren las consecuencias políticas de determinadas alianzas.

Si alguien decide caminar junto al comunismo, debe aceptar que la sociedad examine hacia dónde conduce ese camino.

La violencia no tiene ideología justificatoria

Otro principio que Chile debe recuperar es todavía más elemental: la violencia política nunca se vuelve legítima simplemente porque quien la utiliza invoque una causa que considera justa.

• Manifestarse es legítimo.
• Protestar es legítimo.
• Criticar al gobierno es legítimo.
• Exigir reformas es legítimo.

Pero incendiar iglesias, saquear negocios, destruir infraestructura, amenazar personas o utilizar la violencia para imponer objetivos políticos pertenece a una categoría completamente diferente. El Estado de Derecho no puede funcionar con doble estándar.

• La violencia de derecha es violencia.
• La violencia de izquierda es violencia.
• La violencia cometida en nombre de una causa supuestamente justa sigue siendo violencia.

No toda protesta es violencia y no todo manifestante es delincuente. Pero tampoco toda violencia puede ser rebautizada como "descontento social". Una democracia permite derrotar al adversario mediante elecciones. Lo que no puede aceptar es que quien pierde el debate pretenda sustituir el voto por la coerción.

La falsa moderación también puede ser un problema

Chile tampoco necesita una política basada en la falsa idea de que moderación significa repartir automáticamente las culpas. No todos los conflictos tienen dos lados moralmente equivalentes. No todas las posiciones merecen exactamente la misma valoración. Y no todos los principios pueden ser negociados.

• Podemos discutir cuánto debe gastar el Estado.
• Podemos discutir los impuestos.
• Podemos discutir el tamaño de la administración pública.
• Podemos discutir las políticas sociales.
• Podemos discutir la regulación económica.

Pero hay cuestiones mucho más fundamentales: el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la propiedad privada, la alternancia democrática y el rechazo absoluto de la violencia política. Como señala el material de base, existen asuntos sobre los cuales se puede negociar y principios que existen precisamente para impedir que todo sea negociable. La democracia necesita diálogo. Pero también necesita convicciones.

Una derecha democrática no debe pedir perdón por defender la libertad

La respuesta al comunismo tampoco puede consistir en reemplazar un extremismo por otro. Una derecha democrática no necesita perseguir comunistas.

• No necesita censurar libros.
• No necesita prohibir opiniones.
• No necesita transformar al adversario político en enemigo.

Necesita algo mucho más difícil: demostrar que sus propias ideas funcionan.

• Defender la propiedad privada no significa ser indiferente frente a la pobreza.
• Defender el crecimiento económico no significa abandonar a quienes tienen menos.
• Defender la seguridad no significa despreciar los derechos humanos.
• Defender el emprendimiento no significa negar la necesidad de políticas sociales.

La fortaleza de una derecha democrática está justamente en demostrar que es posible combinar libertad económica con responsabilidad social, autoridad con Estado de Derecho y seguridad con respeto a la dignidad humana. La mejor respuesta al comunismo no es una derecha autoritaria. Es una democracia liberal que funciona.

Diez razones para desconfiar del comunismo

1. Porque concentra demasiado poder en el Estado. La autonomía individual se vuelve vulnerable cuando el poder político controla demasiadas dimensiones de la vida económica y social.
2. Porque su historia registra demasiadas experiencias autoritarias. La Unión Soviética, Europa del Este, la China de Mao y Camboya constituyen antecedentes históricos que no pueden ser ignorados.
3. Porque ha demostrado dificultades para conciliar igualdad y libertad. La igualdad material no puede utilizarse como argumento para eliminar derechos fundamentales.
4. Porque mantiene una relación problemática con la propiedad privada. La propiedad no es solamente un mecanismo económico; también constituye un espacio de autonomía frente al poder político.
5. Porque la planificación central enfrenta enormes dificultades. Coordinar millones de decisiones económicas desde una estructura estatal centralizada presenta problemas que el mercado resuelve mediante información dispersa y decisiones descentralizadas.
6. Porque las utopías políticas pueden terminar justificando abusos. Cuando una ideología cree conocer el destino de la historia, puede llegar a considerar sacrificios presentes como necesarios para alcanzar un supuesto futuro mejor.
7. Porque existe el peligro de transformar al adversario en enemigo histórico. Una democracia necesita adversarios políticos, no enemigos que deban ser eliminados.
8. Porque la violencia nunca puede ser una herramienta legítima de transformación política. Las diferencias deben resolverse mediante instituciones, debate y elecciones.
9. Porque la libertad exige límites al poder. Separación de poderes, alternancia, libertad de expresión, propiedad, emprendimiento y pluralismo son defensas esenciales de una sociedad libre.
10. Porque la historia debe importar. No se trata de responsabilizar personalmente a cada comunista chileno por los crímenes cometidos por otros regímenes. Se trata de aprender de la experiencia histórica antes de volver a confiar ciegamente en recetas que ya demostraron sus peligros.

Chile no necesita prohibir al comunismo

Y aquí está la paradoja que algunos parecen no comprender. Prohibir al comunismo sería una mala respuesta. Si una democracia necesita censurar una ideología para derrotarla, demuestra debilidad. Una sociedad libre debe confiar suficientemente en sus propios principios como para permitir que las ideas compitan y sean sometidas al juicio ciudadano.

El Partido Comunista tiene derecho a existir políticamente mientras respete las reglas democráticas. Pero los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a cuestionarlo. La libertad que permite defender el comunismo también permite combatirlo intelectualmente. No hay contradicción alguna. De hecho, esa es precisamente la esencia del pluralismo.

La verdadera derrota de una ideología

La historia demuestra que las democracias no están garantizadas para siempre. Pueden deteriorarse cuando se normaliza la violencia, cuando se relativizan las instituciones, cuando se pretende capturar el Estado, cuando el adversario se convierte en enemigo o cuando un movimiento político cree tener una misión histórica que lo coloca por encima de las reglas. Por eso la defensa de la democracia no puede reducirse a votar cada cuatro años.

• Necesita memoria histórica.
• Necesita ciudadanos informados.
• Necesita instituciones fuertes.
• Y necesita convicciones.

Hay una regla sencilla que debería ser intransable: quien pierde una elección pierde el gobierno, pero no pierde sus derechos; quien gana una elección gana el gobierno, pero no obtiene el derecho a hacer cualquier cosa. Esa regla vale para la izquierda y también para la derecha.

El comunismo puede seguir caminando por el escenario político chileno, pero no debería hacerlo envuelto en una suerte de inmunidad histórica. Sus ideas deben ser examinadas, sus propuestas discutidas y sus antecedentes recordados. Y quienes deciden asociarse políticamente con él tampoco deberían sorprenderse cuando los ciudadanos les pregunten por qué.

• No se trata de odiar al comunista. Se trata de cuestionar al comunismo.
• No se trata de perseguir personas. Se trata de confrontar ideas.
• No se trata de censurar. Se trata de argumentar.
• No se trata de prohibir. Se trata de convencer.

Porque al final, la mayor derrota que puede sufrir una ideología en una democracia no ocurre cuando el Estado la proscribe. Ocurre cuando los ciudadanos dejan de creer en ella. Y quizá esa sea la gran paradoja de este viejo dinosaurio ideológico: después de sobrevivir al derrumbe del mundo que lo vio nacer, todavía continúa caminando por el Chile del siglo XXI.

La respuesta de una sociedad libre no debe ser sacar al dinosaurio de circulación por decreto. Debe ser mucho más contundente: ponerlo frente a la historia, frente a la evidencia, frente a sus aliados y, finalmente, frente a los ciudadanos, y dejar que las urnas decidan