La advertencia de 2018 que anticipó la tormenta del estallido delictual

El estallido terrorista no cayó del cielo. Estaba todo planificado desde antes.

Eduardo Artés.

Durante años se intentó instalar en Chile la idea de que el llamado “estallido social” fue una explosión ciudadana completamente espontánea, pacífica en su origen y prácticamente imprevisible. Esa versión resulta cada vez más difícil de sostener. Lo ocurrido a partir de octubre de 2019 no fue solamente una protesta contra el precio del Metro. Fue acompañado por incendios, saqueos, vandalismo, destrucción de infraestructura, ataques a cuarteles policiales, barricadas y una violencia de tal magnitud que puso al Estado y al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera contra las cuerdas.

Desde una perspectiva de derecha que yo defiendo, resulta legítimo hablar de un estallido delictual que terminó funcionando como una gigantesca operación de desestabilización política. Y también resulta legítimo preguntarse si aquello constituyó una intentona golpista no convencional, es decir, un intento de forzar la caída o la capitulación de un Presidente democráticamente elegido mediante la presión de la calle, la violencia y la paralización del país. Lo particularmente inquietante es que existían señales anteriores.

Artés lo dijo antes

En marzo de 2018, cuando Sebastián Piñera llevaba apenas algunos días instalado nuevamente en La Moneda, Eduardo Artés ya anticipaba un escenario de grandes movilizaciones contra el nuevo gobierno. La frase no apareció después del 18 de octubre de 2019. Fue pronunciada mucho antes. Artés sostuvo que durante ese año comenzarían a verse “grandes manifestaciones sociales en contra del gobierno”, y agregó que estas generarían que “la estabilidad de este gobierno esté haciendo aguas de aquí a un par de años más”.

No estamos hablando de una vaga predicción meteorológica sobre futuras protestas. Artés identificaba específicamente al gobierno de Piñera como objetivo de las movilizaciones y vinculaba esas manifestaciones con el debilitamiento de su estabilidad política. En la misma entrevista habló de un movimiento social que se expresaba “con fuerza en la calle” y planteó la necesidad de reagrupar a la oposición para producir “un salto institucional”.

La pregunta resulta inevitable. ¿Era simplemente una lectura política? ¿O existía ya, en determinados sectores de la extrema izquierda, la expectativa de que la movilización callejera pudiera convertirse en una herramienta para arrinconar al nuevo gobierno?

No hay evidencia suficiente para afirmar que Artés estuviera describiendo en 2018 un plan secreto para ejecutar exactamente lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Pero tampoco existe razón para borrar estas declaraciones de la historia.

Y después vino el nefasto 18-O

Diecinueve meses después de aquellas declaraciones llegó el estallido terrorista. Lo que inicialmente comenzó con evasiones masivas del Metro terminó rápidamente convertido en una crisis de orden público de dimensiones nacionales. Estaciones incendiadas, supermercados saqueados, infraestructura destruida, iglesias quemadas, barricadas, ataques a policías y una sucesión de hechos violentos que obligaron al Gobierno a decretar estado de emergencia y desplegar militares.

La expresión “estallido social” terminó convirtiéndose en una especie de categoría política destinada a suavizar la naturaleza de buena parte de lo ocurrido. Pero una cosa es reconocer que existían demandas sociales legítimas y otra completamente distinta es negar que durante semanas Chile vivió una oleada de violencia delictual y destrucción organizada o coordinada en distintos puntos del territorio.

Incluso dentro de la propia izquierda existen voces que han reconocido posteriormente que la violencia terminó apropiándose de las movilizaciones. El senador socialista Juan Luis Castro, por ejemplo, sostuvo años después que “una causa justa fue cooptada por la violencia”.

Para una derecha que no quiera pedir disculpas por defender el Estado de Derecho, la conclusión debería ser evidente: ninguna demanda social convierte el incendio, el saqueo o el ataque contra la policía en un mecanismo legítimo de transformación política.

El objetivo dejó de ser una política pública

Hay otro elemento que no puede ignorarse. El estallido delictual no solamente cuestionó políticas específicas. Muy rápidamente apareció una demanda política mucho más profunda: la salida de Piñera.

La protesta comenzó a funcionar como una presión extraordinaria sobre un gobierno elegido democráticamente. Y aquí aparece la tesis de la intentona golpista.

Un golpe de Estado no necesariamente tiene que adoptar el formato clásico de tanques entrando a La Moneda. En una democracia moderna también puede plantearse una estrategia de desestabilización mediante la paralización del país, la violencia callejera, terrorismo urbano y la presión permanente hasta conseguir que un gobierno constitucionalmente elegido sea incapaz de ejercer su autoridad. 

Eso es precisamente lo que hace razonable hablar, como interpretación política, de una intentona golpista no convencional. No significa afirmar que cada persona que salió a protestar formara parte de un complot. Tampoco significa sostener que todas las organizaciones sociales o todos los partidos de izquierda participaron de una conspiración. Significa observar el resultado político de una movilización que, en su fase más violenta, consiguió poner al gobierno contra las cuerdas y obligarlo a adoptar decisiones bajo una presión callejera extraordinaria.

Artés volvió a reivindicar el levantamiento

La propia trayectoria posterior de Eduardo Artés permite entender mejor el problema. En una entrevista publicada por La Cuarta, Artés describió el 2019 como un “levantamiento” o “estallido” y reconoció que “no teníamos la capacidad de que alguien lo condujera”. La frase es extraordinariamente reveladora. Porque supone reconocer que aquello fue, desde su perspectiva, un proceso de levantamiento popular que careció de una conducción política suficientemente fuerte.

Pero Artés fue todavía más lejos. En la misma entrevista afirmó que después de 2019 “van a venir nuevos levantamientos”. Es decir, para él no se trató simplemente de una anomalía histórica ya superada. El levantamiento vandálico aparece como una posibilidad permanente derivada de las contradicciones sociales y políticas.

La interpretación queda todavía más clara cuando se observa su discurso político posterior. En otra entrevista, Artés ha defendido explícitamente la necesidad de impulsar transformaciones revolucionarias y ha sostenido que estas deben realizarse “desde adentro y desde afuera”.

Desde una perspectiva democrática liberal, esa concepción merece ser discutida seriamente. Porque si la institucionalidad es insuficiente y la calle aparece como el mecanismo para imponer transformaciones cuando las urnas no entregan el resultado esperado, entonces la democracia queda subordinada a la capacidad de movilización y presión.

No fue una simple protesta

El punto central no es afirmar que todos quienes participaron del 18-O fueran extremistas. Eso sería absurdo. El punto es otro. Una protesta ciudadana puede coexistir con una violencia política que termina desbordándola y utilizando su fuerza para objetivos distintos de las demandas originales. Eso fue lo que ocurrió en Chile.

Y el resultado fue extraordinario. Un gobierno elegido democráticamente quedó políticamente debilitado. El Congreso terminó negociando un nuevo itinerario constitucional bajo la presión de una crisis nacional. La agenda pública cambió completamente. Y durante meses el Estado pareció incapaz de recuperar plenamente el control del orden público.

Por eso la pregunta sobre la naturaleza política del 18-O no puede ser despachada simplemente diciendo que “fue una protesta social”.

Fue una protesta social, pero que sólo duró un día: el 25 de octubre del 2019, con esa manifestación que convocó a más de un millón de personas. Pero también acarreó una gigantesca crisis de orden público. Fue un episodio de violencia política. Fue un período de destrucción del patrimonio público y privado. Y, desde una determinada interpretación política, fue también un intento de forzar mediante la calle aquello que no podía obtenerse mediante las urnas. La ultraizquierda pretendió lograr por la fuerza bruta lo que no pudo conseguir por la vía democrática.

Las palabras anteriores adquieren otro significado

Volvamos entonces a marzo de 2018. Artés había dicho que habría “grandes manifestaciones sociales en contra del gobierno” y que estas podían provocar que “la estabilidad de este gobierno esté haciendo aguas”. Después vino el 18-O.

Años más tarde, el propio Artés calificó lo ocurrido como un “levantamiento”, reconoció que no existió una conducción suficiente y anticipó que “van a venir nuevos levantamientos”.

¿Esto demuestra que Artés planificó el estallido? No. No existe evidencia suficiente para afirmar eso como un hecho probado.

¿Demuestra que en la extrema izquierda existía antes del 18-O un discurso que concebía la movilización callejera como instrumento para alterar la estabilidad del gobierno? Sí. Y esa diferencia es fundamental. Porque durante demasiado tiempo se quiso presentar a Chile como si el 18 de octubre hubiera amanecido repentinamente en llamas sin que nadie hubiera anticipado un escenario semejante. Las declaraciones de Artés demuestran, al menos, que algunos dirigentes políticos estaban pensando y hablando explícitamente de grandes movilizaciones contra Piñera mucho antes de que el país conociera la palabra “estallido”.

Por eso, desde la derecha, no hay ninguna razón para aceptar el lenguaje edulcorado que convirtió el “estallido delictual” en una especie de epopeya romántica. Hubo violencia. Hubo destrucción. Hubo delincuencia. Hubo presión política sobre las instituciones. Y hubo una enorme operación de desestabilización que terminó golpeando directamente a un Presidente elegido por los chilenos.

Llamarlo “intentona golpista” es una interpretación política fuerte, pero perfectamente legítima cuando se utiliza para describir el propósito y el efecto de una estrategia de desestabilización no convencional. Lo que resulta mucho menos defendible es negar que existió una ofensiva política y callejera de una magnitud extraordinaria contra el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El 18-O no cayó del cielo. Y las palabras pronunciadas antes de aquel octubre permiten, al menos, afirmar una cosa con absoluta claridad: la posibilidad de utilizar la calle para hacer tambalear al gobierno ya estaba presente en el discurso de la extrema izquierda antes de que comenzaran las primeras evasiones del Metro.

¿Una coincidencia demasiado conveniente?

Hay otro elemento que resulta, cuando menos, llamativo. El estallido delictual comenzó el 18 de octubre de 2019, exactamente 71 años después de que, el 18 de octubre de 1948, se publicara en el Diario Oficial el texto refundido de la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida históricamente como la “Ley Maldita”, legislación que proscribió al Partido Comunista de la actividad política durante una década. Por supuesto, una coincidencia de fechas no constituye por sí misma una prueba de planificación ni permite afirmar responsablemente que el 18-O haya sido escogido deliberadamente por esa razón. Pero en política las fechas también tienen carga simbólica, especialmente para organizaciones con una larga memoria histórica. 

Que un episodio de violencia política que terminó poniendo contra las cuerdas a un gobierno de centroderecha haya comenzado precisamente un 18 de octubre, la misma fecha en que décadas antes se había formalizado el texto de una ley cuyo objetivo fue proscribir al Partido Comunista, es una coincidencia demasiado sugestiva como para no mencionarla. 

¿Fue simplemente eso, una coincidencia? Es imposible demostrar lo contrario con los antecedentes disponibles. Pero tampoco existe ninguna razón para impedir que la pregunta sea formulada. Y cuando esa coincidencia se observa junto a las declaraciones previas de Eduardo Artés sobre grandes movilizaciones destinadas a hacer tambalear la estabilidad del gobierno de Piñera, adquiere, al menos, una dimensión política que merece ser investigada.

La Organización Comunista Revolucionaria y el estallido terrorista que buscó derribar al gobierno de Piñera

El 18-O que la izquierda revolucionaria quiso convertir en una insurrección.

Afiche de ultraizquierda.

La Organización Comunista Revolucionaria no nació para administrar el sistema, sino para transformarlo mediante una concepción marxista-leninista que reivindica la lucha de clases, la organización revolucionaria y la conquista del poder. Desde una perspectiva de derecha, sus ideas permiten mirar el 18-O como algo mucho más grave que una protesta social: una ofensiva insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera.

El 18 de octubre de 2019 no fue simplemente una jornada de protesta. Tampoco fue únicamente una reacción espontánea frente al precio del transporte público. Lo que comenzó como evasiones en el Metro terminó convirtiéndose en una gigantesca crisis de orden público, con estaciones incendiadas, saqueos, barricadas, ataques a infraestructura crítica, destrucción de propiedad pública y privada y una violencia callejera que durante semanas mantuvo al país prácticamente paralizado.

Desde una perspectiva de derecha, aquello debe ser analizado sin eufemismos: Chile enfrentó una ofensiva insurreccional que buscó desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido de Sebastián Piñera y quebrar el orden institucional. Si se utiliza la expresión “intento de golpe de Estado” en este contexto, debe entenderse como una caracterización política de ese proceso de desestabilización y no como la afirmación de que exista una sentencia que haya establecido jurídicamente una conspiración golpista única y centralizada. Aunque sí, los hechos dejan muy en evidencia de que efectivamente la extrema izquierda intentó derrocar al Presidente Piñera por la vía de la fuerza bruta.

En ese escenario aparece una organización que resulta particularmente relevante: la Organización Comunista Revolucionaria (OCR).

Una organización que no cree en reformar el sistema

La OCR no es una organización de izquierda moderada. Tampoco representa simplemente una corriente crítica dentro de la democracia liberal.

Su identidad es explícitamente marxista-leninista y sus propios documentos reivindican la construcción de una organización revolucionaria destinada a preparar las condiciones para una transformación socialista de la sociedad.

Sus integrantes han señalado que su propósito es construir una organización política capaz de intervenir en las luchas de los trabajadores y avanzar hacia la conquista del poder. Sus referentes ideológicos incluyen a figuras centrales de la tradición comunista revolucionaria, entre ellas Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Mariátegui y Ernesto “Che” Guevara. (liberacion.cl)

Esto permite establecer una primera diferencia fundamental: la OCR no pretende simplemente cambiar un gobierno; pretende cambiar el sistema. Y cuando una organización declara que su horizonte es revolucionario, la pregunta inevitable es qué entiende por revolución y cuáles considera legítimos los mecanismos para alcanzarla.

La OCR ya existía cuando Chile explotó

Hay otro dato que suele perderse en la discusión. La OCR no nació después del 18 de octubre de 2019. El proceso que dio origen a la organización se desarrolló previamente y su presentación pública ocurrió en septiembre de ese año. (liberacion.cl)

Por lo tanto, no estamos hablando de una agrupación que apareció posteriormente para interpretar los acontecimientos. Era una organización revolucionaria que ya estaba construyendo su proyecto político cuando comenzó la crisis que terminaría sacudiendo completamente al país. Y su interpretación posterior del estallido resulta especialmente significativa.

Para ellos, el problema fue que la rebelión no llegó suficientemente lejos

Aquí se encuentra uno de los antecedentes políticos más importantes. En documentos difundidos por organizaciones vinculadas a este proceso, el estallido terrorista de 2019 fue analizado desde categorías como rebelión, insurrección popular, lucha de clases y conquista del poder.

La crítica que formulaban no era precisamente que las movilizaciones hubieran sido demasiado radicales. Desde su perspectiva, el problema era que el proceso no había conseguido desarrollar una dirección revolucionaria capaz de llevarlo más lejos.

En otras palabras, el fracaso del proceso no habría consistido en haber destruido demasiado, sino en no haber conseguido transformar la rebelión en una verdadera ofensiva revolucionaria capaz de conquistar el poder. (ocrchile.blogspot.com). 

Esta interpretación cambia completamente la lectura del 18-O. Porque si una organización revolucionaria de extrema izquierda observa aquellos acontecimientos y concluye que faltó una dirección política capaz de conducir la movilización hacia la conquista del poder, entonces la pregunta ya no es solamente quién protestaba contra qué.

La pregunta pasa a ser: ¿qué sectores estaban intentando transformar una crisis social en una crisis revolucionaria del Estado?

Un intento de golpe contra Piñera

Aquí es donde la discusión política debe ser mucho más frontal. Sebastián Piñera había sido elegido democráticamente en 2017 y ejercía la Presidencia de la República cuando estallaron las movilizaciones.

Durante octubre y noviembre de 2019, el Gobierno enfrentó una presión callejera extraordinaria, mientras grupos violentos atacaban infraestructura, levantaban barricadas, incendiaban bienes y protagonizaban enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Desde una perspectiva de derecha, esa combinación de violencia política, paralización del país, presión callejera y debilitamiento de la autoridad presidencial puede ser interpretada como una tentativa insurreccional de derribar políticamente al Gobierno, aunque no exista una acreditación judicial de que toda esa violencia haya formado parte de un único plan golpista centralizado. Y precisamente por eso resulta relevante estudiar a las organizaciones revolucionarias que participaron ideológicamente de ese ambiente.

La tesis no es que cada persona que salió a la calle formara parte de la OCR. Sería absurdo afirmarlo. La tesis es otra: existía en Chile (y existe todavía) una ultraizquierda revolucionaria que concebía la movilización callejera como un instrumento para construir poder político y que posteriormente interpretó el estallido como una oportunidad revolucionaria frustrada. Eso es un hecho político que no debería ser ocultado.

El estallido delictual

Durante semanas, Chile vivió una violencia que excedió con creces los límites de una manifestación pacífica. Estaciones del Metro fueron incendiadas y destruidas; hubo saqueos masivos; supermercados, farmacias, comercios y pequeñas empresas fueron atacados; buses fueron quemados; edificios públicos sufrieron daños; carreteras y avenidas fueron bloqueadas mediante barricadas.

Desde una perspectiva de derecha, llamar simplemente a aquello “estallido social” resulta insuficiente. Fue también un estallido delictual y una crisis de seguridad de dimensiones nacionales. Y hay una razón política para insistir en ello: cuando la violencia deja de ser un hecho aislado y comienza a utilizarse sistemáticamente para paralizar ciudades, intimidar a la población y desafiar la autoridad del Estado, adquiere una dimensión política.

Una democracia puede tolerar la protesta. Lo que no puede normalizar es que la violencia sea utilizada como mecanismo de presión para obligar al Gobierno a ceder frente a quienes pretenden imponer cambios fuera de los canales institucionales.

“La rebelión se justifica”

La consigna utilizada por sectores vinculados a la OCR permite entender mejor su lenguaje político. En septiembre de 2023, en San Miguel, aparecieron barricadas con neumáticos incendiados y propaganda que incluía la frase “La rebelión se justifica”, junto con el nombre de la Organización Comunista Revolucionaria. Carabineros despejó posteriormente la vía y no hubo detenidos por ese hecho. (biobiochile.cl)

Esto no permite afirmar que la OCR haya ejecutado materialmente esa barricada. Pero tampoco puede ignorarse el significado político de que esa consigna aparezca asociada públicamente a la organización.

Porque la expresión resume perfectamente una concepción política: la rebelión no es presentada como una tragedia que debe evitarse, sino como una herramienta que puede justificarse políticamente. Para quienes defendemos el Estado de Derecho, esa concepción debe ser enfrentada intelectualmente sin complejos.

De la calle al poder

El proyecto de la OCR tampoco se limita a la protesta. Sus documentos plantean la necesidad de construir estructuras revolucionarias en lugares de trabajo, centros de estudio y barrios. La organización pretende insertarse en sindicatos y movimientos sociales y convertir esas luchas en espacios de acumulación política. (comunistasrevolucionarios.org)

Es una estrategia clásica de la izquierda revolucionaria: organizar, movilizar, generar conciencia política y construir una estructura capaz de conducir las crisis hacia una transformación revolucionaria. Por eso sería un error medir su importancia exclusivamente por su tamaño electoral.

Una organización revolucionaria puede tener pocos militantes y, aun así, intentar influir en sindicatos, universidades, movimientos sociales y protestas callejeras. La influencia política no siempre se mide en votos.

La convergencia con el Partido Comunista Revolucionario

En febrero de 2020 se produjo otro episodio fundamental: militantes de la OCR confluyeron con sectores provenientes de la tradición del antiguo Partido Comunista Revolucionario (PCR) para impulsar una nueva organización partidaria revolucionaria.

El PCR histórico había nacido en 1966 y había desarrollado originalmente una línea maoísta. La nueva experiencia realizó una revisión crítica de esa trayectoria y reivindicó nuevamente el marxismo-leninismo y la construcción del socialismo. (ocrchile.blogspot.com)

El proceso demuestra que la OCR no debe ser entendida como una agrupación improvisada surgida al calor del 18-O. Existe detrás una tradición política revolucionaria, una elaboración ideológica y una estrategia de construcción partidaria.

Una amenaza ideológica que no debe ser subestimada

La democracia chilena tiene derecho a defenderse de quienes pretenden destruirla. Eso no significa perseguir ideas comunistas ni prohibir la existencia de organizaciones de izquierda. Significa algo mucho más sencillo: exigir que toda organización política respete las reglas democráticas y rechazar cualquier intento de utilizar la violencia como mecanismo para conquistar el poder.

La OCR tiene derecho a defender el marxismo-leninismo. Pero quienes no compartimos esa ideología también tenemos derecho a señalar sus consecuencias históricas y a cuestionar abiertamente una concepción política que habla de revolución, lucha de clases, insurrección y conquista del poder.

Más aún cuando algunos de sus propios análisis posteriores presentan el 18-O como una oportunidad revolucionaria que no llegó suficientemente lejos.

La inquietante coincidencia del 18 de octubre

En política, muchas veces las coincidencias merecen ser observadas con atención. Resulta, cuanto menos, curioso que la llamada “Ley Maldita”, mediante la cual el gobierno de Gabriel González Videla proscribió al Partido Comunista, entrara en vigencia precisamente el 18 de octubre de 1948, y que 71 años después, el 18 de octubre de 2019, Chile volviera a vivir una jornada que marcaría uno de los episodios más violentos y convulsionados de su historia reciente. Por supuesto, establecer una relación causal entre ambas fechas sería aventurado y no existen pruebas que permitan afirmar que el estallido delictual de 2019 fue concebido como una suerte de “venganza histórica” por aquella proscripción. Pero la coincidencia resulta demasiado llamativa como para pasarla por alto, especialmente cuando se considera el papel que sectores de la extrema izquierda tuvieron en la interpretación política posterior del estallido. 

¿Fue simplemente una casualidad del calendario o, en la imaginación política de quienes reivindicaron aquellos acontecimientos, el 18 de octubre de 2019 terminó adquiriendo el significado simbólico de un ajuste de cuentas con una vieja derrota histórica de parte de la ultraizquierda chilena?

Chile no puede volver a equivocarse

El principal aprendizaje del 18 de octubre debería ser que una democracia no puede permanecer indefensa frente a la violencia política.

La legitimidad de las instituciones no depende de que todos estén de acuerdo con ellas. Depende de que los cambios políticos se produzcan mediante procedimientos democráticos y no mediante incendios, saqueos, barricadas o intimidación callejera.

Desde una perspectiva de derecha, el 18-O debe ser recordado también como una crisis insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera, y no únicamente como una romántica epopeya de “despertar ciudadano”.

No toda persona que protestó era revolucionaria. No toda persona que marchó participó en delitos. Y no toda expresión de descontento puede ser atribuida a organizaciones como la OCR. Pero sería igualmente irresponsable negar la existencia de sectores que sí aspiraban a transformar la crisis en una ruptura revolucionaria. 

La Organización Comunista Revolucionaria es una pieza de ese rompecabezas. Su importancia está precisamente en que no oculta su propósito: habla de marxismo-leninismo, lucha de clases, organización revolucionaria, rebelión y conquista del poder. Y frente a eso, la respuesta de una democracia debe ser inequívoca: las ideas pueden combatirse con ideas, pero el poder político no puede conquistarse mediante la violencia ni mediante la destrucción de las instituciones republicanas.

Porque cuando una organización considera que la rebelión es un instrumento legítimo y que el objetivo final es conquistar el poder, ya no estamos hablando simplemente de una protesta. Estamos hablando de revolución.

Se jactaban de la revolución.

Estallido delictual: la Organización Comunista Revolucionaria se jactaba de su "revolución imparable"

• El 18-O: la pregunta que Chile nunca quiso responder.
• La revolución era “imparable”, y la misma ultraizquierda hacía alarde de provocarlo.

El mal denominado "estallido social" (estallido delictual en estricto rigor) de octubre de 2019 no puede ser reducido a una simple protesta ciudadana contra el alza del Metro. Desde el primer momento existieron manifestaciones vandálicas con una violencia de una magnitud extraordinaria: incendios, destrucción de estaciones, saqueos, ataques a infraestructura pública y privada y una sucesión de hechos que terminaron alterando profundamente la vida nacional. Incluso fuentes que defienden el carácter social del movimiento reconocen que, junto a las movilizaciones multitudinarias, existieron saqueos y una creciente violencia.

Comunismo revolucionario.

La pregunta incómoda, sin embargo, sigue pendiente: ¿quién organizó y coordinó los sectores más violentos? Hasta hoy no existe una prueba concluyente que permita afirmar que los partidos de izquierda o el Partido Comunista diseñaron y ejecutaron todo el estallido. Pero tampoco resulta razonable cerrar la discusión diciendo que toda hipótesis de coordinación es una fantasía. Entre los elementos que merecen ser examinados a fondo están las consignas y afiches que comenzaron a circular prácticamente desde las primeras jornadas, entre ellos aquellos que proclamaban “La revolución es imparable” y que eran atribuidos a una organización denominada Organización Comunista Revolucionaria. De hecho, esta entidad se jactaba de la revolución. Habría que investigar a fondo quienes conformban en ese entonces la llamada Organización Comunista Revolucionaria.

Ese tipo de propaganda no demuestra por sí sola que un partido político tradicional haya organizado los disturbios. Pero sí constituye un antecedente político que merece ser investigado: ¿quién produjo esos materiales?, ¿quién los financió?, ¿cómo fueron distribuidos?, ¿qué redes existían detrás?, ¿qué contactos tuvieron esas organizaciones con dirigentes políticos o sociales? Una democracia seria debería haber querido conocer las respuestas. Porque claramente todos esos afiches impresos que circulaban por ese entonces eran impresos y financiados por alguien con mucha coordinación y dinero, eso es evidente.

Y aquí aparece una de las mayores falencias de la investigación posterior: nunca se llegó a esclarecer completamente la eventual existencia de coordinaciones políticas previas o paralelas a la violencia. Si se investigaron comunicaciones, organizaciones y financiamiento vinculados a otros actores, ¿por qué no llevar la misma lógica hasta las últimas consecuencias cuando se trataba de dirigentes y organizaciones de izquierda? La ausencia de una investigación exhaustiva no puede transformarse retrospectivamente en una prueba de inocencia, pero tampoco permite convertir una hipótesis en una verdad histórica.

Además, hay un elemento político imposible de ignorar: buena parte de la izquierda terminó transformando el 18-O en el punto de partida de una gigantesca transformación institucional. Eso no demuestra que hubiera organizado la violencia, pero sí permite formular una pregunta legítima: ¿quiénes fueron capaces de capitalizar políticamente aquello que ocurrió en las calles? La respuesta es evidente: sectores de ultraizquierda que encontraron en la crisis una oportunidad extraordinaria para impulsar un cambio constitucional y alterar profundamente el escenario político chileno.

Por eso, más que afirmar irresponsablemente que “la izquierda organizó el estallido” como si aquello estuviera judicialmente demostrado, la posición más seria es otra: Chile nunca investigó hasta el fondo esa posibilidad. Y mientras no se conozcan completamente las comunicaciones, financiamientos, redes de coordinación y vínculos entre organizaciones revolucionarias, dirigentes políticos y actores sociales de aquellos días, seguirá existiendo una enorme zona oscura alrededor del 18-O.

Porque una democracia no debería tener miedo de investigar sus propias heridas. Si la izquierda no tuvo ninguna responsabilidad en la organización de la violencia, una investigación completa debería ser precisamente su mejor oportunidad para demostrarlo.

¿Tuvo el 18 de octubre un significado político oculto?

Hay fechas que adquieren una carga política que trasciende el calendario, y el 18 de octubre es, sin duda, una de ellas. El dato histórico es objetivo: la llamada “Ley Maldita”, que proscribió al Partido Comunista durante el gobierno de Gabriel González Videla, comenzó a regir el 18 de octubre de 1948. Exactamente 71 años después, otro 18 de octubre, Chile entró en una crisis política y social que rápidamente derivó en violencia, destrucción y una profunda fractura nacional. 

¿Es solamente una coincidencia? Probablemente nunca tendremos elementos suficientes para responderlo de manera categórica, y sería irresponsable convertir una asociación cronológica en una prueba de conspiración. Sin embargo, desde una perspectiva política resulta legítimo preguntarse si aquella fecha pudo haber adquirido un valor simbólico para sectores de la extrema izquierda que durante décadas cultivaron una memoria de agravio respecto de la proscripción comunista. Quizás no hubo una “venganza histórica” organizada desde las sombras, pero tampoco resulta descabellado preguntarse si, para algunos, el 18 de octubre de 2019 pudo ser interpretado como una oportunidad para saldar simbólicamente una vieja cuenta con la historia.

Se jactaban del terrorismo.

Boric y la democracia: la memoria incómoda del estallido

• El expresidente Gabriel Boric vuelve a presentarse a sí mismo como un defensor de la democracia, pero su actuación durante la crisis de 2019 dejó una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué hizo cuando defender las instituciones significaba enfrentarse a la violencia política y callejera?
• Cuando Boric tuvo que escoger entre defender la democracia o justificar el terrorismo, optó por lo segundo.

Gabriel Boric.

La política tiene memoria corta, pero los ciudadanos no necesariamente. Por eso resulta difícil escuchar a Gabriel Boric hablar hoy sobre la defensa de la democracia sin recordar su actuación durante la crisis de octubre de 2019, un período que la izquierda convirtió en símbolo político y que, desde otra perspectiva, puede ser descrito con mayor precisión como un estallido delictual, marcado por saqueos, incendios, destrucción de infraestructura pública y ataques contra Carabineros.

Boric era entonces diputado de la República. Tenía una responsabilidad institucional: podía representar a quienes protestaban, pero también podía exigir que las movilizaciones respetaran las reglas de una democracia. Sin embargo, su discurso y sus decisiones políticas terminaron otorgando legitimidad a un escenario de vandalismo, terrorismo y presión callejera que puso a las instituciones contra las cuerdas.

Y ahí está el problema de fondo. La democracia no se defiende solamente cuando el adversario político amenaza con un autoritarismo. También se defiende cuando la violencia proviene de quienes dicen actuar en nombre de causas sociales.

Cuando las calles reemplazaron a las instituciones

Durante aquellos meses Chile vivió una sucesión de hechos gravísimos: estaciones de Metro destruidas, supermercados saqueados, comercios incendiados, iglesias quemadas, barricadas, ataques contra cuarteles policiales y una violencia callejera que alteró profundamente la vida cotidiana de millones de personas. Nada de eso puede ser presentado como una simple expresión de descontento ciudadano.

Por supuesto que existían algunas demandas sociales legítimas. Una democracia saludable debe escuchar esas demandas. Pero una cosa es protestar y otra completamente diferente es incendiar, saquear, destruir y atacar físicamente a quienes tienen la obligación de mantener el orden público.

El problema es que casi toda la izquierda chilena terminó estableciendo una peligrosa frontera moral: la violencia era condenable dependiendo de quién la ejerciera. Y Boric, lejos de marcar una distancia inequívoca con ese fenómeno, optó por participar activamente en la salida política que terminó cristalizándose en el mal llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución... que no sirvió para traer la paz, ni mucho menos.

El acuerdo fue una salida institucional, sí. Pero también fue el resultado de una enorme presión ejercida en un contexto de violencia callejera. Y esa circunstancia no puede simplemente desaparecer de la memoria histórica.

El dilema que Boric nunca ha enfrentado

No se trata de afirmar que Boric haya sido responsable de cada saqueo, incendio o ataque ocurrido durante el estallido. Esa acusación sería injusta y políticamente poco seria. La crítica es otra y mucho más concreta: cuando tuvo que establecer una línea nítida entre la protesta democrática y la violencia política, no lo hizo con la firmeza que cabía esperar de un representante de las instituciones republicanas. En momentos de crisis, las definiciones importan.

Defender la democracia significa respaldar el derecho a manifestarse, pero también defender el derecho de quienes quieren trabajar; proteger al comerciante cuyo negocio es destruido; respaldar al conductor cuyo vehículo es atacado; defender el Metro que utilizan diariamente los trabajadores; y apoyar a los funcionarios policiales que enfrentan situaciones de violencia.

No existe democracia si solamente se protegen los derechos de quienes protestan y se relativizan los derechos de quienes sufren las consecuencias de la violencia.

De la barricada política al discurso internacional

Lo paradójico es que Boric hoy reivindique con fuerza la defensa de la democracia en escenarios internacionales. Es perfectamente legítimo que un expresidente evolucione políticamente. Las personas pueden cambiar de opinión y reconocer sus errores. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que esa evolución no vaya acompañada de una autocrítica equivalente.

Si Boric considera hoy que las democracias deben ser defendidas frente al populismo, el autoritarismo y la violencia política, entonces debería explicar también qué aprendió de 2019. Porque la democracia no puede convertirse en una palabra de exportación: una convicción que se proclama desde una tribuna internacional, pero que se relativiza cuando quienes desafían el orden democrático pertenecen al propio sector político.

La diferencia entre protestar y destruir

Chile necesita recuperar una distinción que durante el estallido delictual fue deliberadamente difuminada: protestar no es destruir; manifestarse no es saquear; reclamar no es incendiar; y disentir políticamente no es atacar a las instituciones.

Una democracia puede convivir con la protesta más dura y con la crítica más severa al gobierno de turno. Lo que no puede tolerar indefinidamente es que la violencia sea utilizada como mecanismo de negociación política.

El gran error de la izquierda chilena durante 2019 fue creer que podía convivir con esa violencia porque eventualmente terminaría beneficiándola políticamente. Pero cuando un sector político descubre que la presión callejera puede conseguir aquello que no logra obtener en las urnas, el incentivo es perverso: la calle comienza a reemplazar al voto. Y eso es precisamente lo que una democracia responsable debe impedir.

La deuda pendiente de la autocrítica

Boric no necesita renegar de todas sus convicciones políticas para hacer una autocrítica. Tampoco necesita desconocer las legítimas demandas sociales que existían en 2019. Necesita algo mucho más sencillo: reconocer que la violencia política nunca debió ser normalizada ni convertida en una herramienta legítima de presión contra un gobierno democráticamente elegido.

Porque si algo enseñó el estallido fue que las instituciones democráticas pueden ser mucho más frágiles de lo que parecen.

Por eso, antes de presentarse nuevamente como un paladín de la democracia, Boric debería responder una pregunta que continúa pendiente: cuando tuvo que escoger entre la defensa firme de las instituciones y la legitimación política de una calle dominada por la violencia, ¿de qué lado estuvo realmente?

La democracia chilena sobrevivió. Sobrevivieron el Congreso, los tribunales, las elecciones y finalmente las urnas. Pero sobrevivieron también gracias a que millones de chilenos siguieron creyendo en ellas. Y esa es la diferencia fundamental: la democracia no pertenece a quienes gritan más fuerte en la calle, sino a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que nunca incendiaron una barricada y que simplemente querían vivir, trabajar y votar en paz.

La nefasta herencia del 18-O: más US$11.000 millones en pérdidas, violencia política y una fractura ideológica que sigue abierta

La destrucción brutal que fue el estallido delictual del 2019: la crisis económica y la fractura democrática que Chile todavía no logra cerrar.

Estallido terrorista.

Las distintas estimaciones construidas a partir de información pública, informes oficiales, estudios económicos, publicaciones especializadas y antecedentes disponibles en internet sitúan el costo económico del 18-O en varios miles de millones de dólares. Pero la factura más profunda no aparece en ninguna contabilidad: fue la erosión del respeto por el Estado de Derecho y la legitimación de la violencia como instrumento de presión política. Desde una perspectiva de derecha, el estallido puede ser entendido como un intento de insurrección política destinado a forzar la salida del Presidente Sebastián Piñera y doblegar institucionalmente a su gobierno. No fue un golpe de Estado consumado —porque Piñera no fue derrocado y las instituciones constitucionales sobrevivieron—, pero sí existieron elementos que permiten hablar de un intento de golpe de fuerza o de desestabilización insurreccional. La pandemia, llegada a Chile en marzo de 2020, interrumpió además un ciclo de movilizaciones que todavía no había desaparecido.

El 18 de octubre de 2019 Chile dejó de ser, al menos durante varias semanas, el país relativamente predecible que había construido durante décadas. Las evasiones del Metro dieron paso a incendios, saqueos, barricadas, ataques contra infraestructura pública y privada y una crisis de orden público que obligó al Gobierno a decretar Estado de Emergencia y desplegar a las Fuerzas Armadas.

La discusión sobre las causas del fenómeno seguirá siendo legítima. También es legítimo reconocer que existían problemas sociales, abusos, desigualdades y una pérdida de confianza en instituciones que requerían respuestas políticas. Lo que no resulta legítimo es utilizar esas causas para relativizar la violencia.

Desde una perspectiva de derecha, esa es precisamente la diferencia que debe establecerse con claridad: una manifestación pacífica es parte de la democracia; incendiar un Metro, saquear un supermercado, destruir una comisaría o atacar infraestructura crítica no lo es.

Y esa distinción importa porque el costo de octubre de 2019 no fue solamente económico.

• Fue también político, institucional y cultural.
• Una factura de miles de millones de dólares

No existe una cifra oficial única que permita decir que el estallido costó exactamente determinada cantidad de dinero. Las instituciones utilizaron metodologías distintas y midieron fenómenos diferentes.

Por eso, para aproximarse a su costo real es necesario contrastar los antecedentes del Banco Central, Ministerio de Hacienda, DIPRES, Ministerio de Economía, Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Aseguradores, Metro, estudios académicos y publicaciones económicas, además de la información disponible en internet.

Sobre esa base, las estimaciones elaboradas por inteligencia artificial ofrecen una herramienta adicional de síntesis. 

• ChatGPT, utilizando el conjunto de antecedentes disponibles en la web y construyendo un escenario amplio y neutral, estimó un costo económico de entre US$10.500 millones y US$17.500 millones, con un punto central cercano a US$14.000 millones.
• Gemini, la inteligencia artificial de Google, mediante una aproximación más conservadora, situó el costo entre US$6.000 millones y US$10.500 millones, con un punto medio de US$8.250 millones.
• El promedio simple de ambos puntos centrales entrega: US$11.125 millones.

¿Cómo se llegó a estas estimaciones? No se trató de pedir a las herramientas de inteligencia artificial una cifra aislada, sino de entregarles los principales antecedentes disponibles sobre daños de infraestructura, pérdidas aseguradas, impacto en la actividad económica, destrucción del Metro, paralización del comercio y otros efectos asociados al 18-O. A partir de esos datos, se les solicitó construir un rango estimativo, procurando evitar la doble contabilización de daños ya incluidos en otras partidas. ChatGPT realizó una estimación más amplia, mientras Gemini utilizó un criterio más conservador. La diferencia entre ambos resultados refleja, precisamente, la incertidumbre existente al intentar calcular un costo económico global que no cuenta con una medición oficial única.

No se trata de una cifra oficial ni de una auditoría económica. Pero sí constituye una aproximación útil cuando se contrastan múltiples fuentes y se eliminan, en la medida de lo posible, las duplicaciones. Por eso, una estimación periodística prudente podría situar la factura económica del estallido en torno a US$9.000–14.000 millones, con un centro cercano a US$11.000–12.000 millones.

US$4.579 millones de infraestructura destruida

La Cámara Chilena de la Construcción estimó en aproximadamente US$4.579 millones los daños en infraestructura pública y privada.

Hacienda, utilizando otra metodología, estimó posteriormente unos US$1.400 millones en daños de infraestructura. No se pueden sumar ambas cifras porque existe superposición. Pero ambas sirven para demostrar la magnitud del fenómeno. 

Si se toma simplemente el promedio de ambas estimaciones, se obtiene cerca de US$2.990 millones. Es decir, aproximadamente US$3.000 millones como punto medio de las principales estimaciones de daños físicos. Y eso no incluye necesariamente todos los costos indirectos derivados de la paralización de la economía.

El Metro: US$380 millones

Uno de los episodios más graves y repudiables del estallido delictual fue la destrucción de la red de Metro de Santiago. Hacienda estimó en aproximadamente US$380 millones los daños provocados a la infraestructura del Metro.

Pero la importancia del Metro va mucho más allá de su valor contable. Es la columna vertebral del transporte de Santiago. Cuando una estación queda destruida, el costo no se limita a reconstruir escaleras, torniquetes, sistemas eléctricos o instalaciones.

También se multiplican los tiempos de traslado, se afecta la productividad y disminuye la actividad económica de las zonas circundantes.

• El costo visible tiene un precio.
• El costo de oportunidad, en cambio, es mucho más difícil de medir.

110 supermercados saqueados en una sola noche

La dimensión del fenómeno también puede observarse en los balances de seguridad entregados durante los primeros días. El 21 de octubre de 2019, el Ministerio del Interior informó que durante la noche anterior se habían producido 110 saqueos a supermercados y más de 13 incendios en recintos de este tipo, además de 50 carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas lesionados.

El dato es brutal por una razón muy sencilla: no estamos hablando de un pequeño grupo de incidentes aislados. Se estaba produciendo una alteración simultánea del orden público y de las cadenas de abastecimiento.

El propio Gobierno informó el 29 de octubre que había 997 personas imputadas en investigaciones asociadas a los hechos de violencia de esas semanas y que se habían presentado 228 querellas por Ley de Seguridad del Estado o incendios vinculados a la destrucción de estaciones de Metro.

Esto no demuestra que todas las personas movilizadas fueran delincuentes —sería absurdo afirmarlo—, pero sí demuestra que dentro de la crisis existió un componente delictual masivo que no puede ser ocultado detrás de la palabra “manifestación”.

Hasta US$3.000 millones en siniestros asegurados

La Asociación de Aseguradores estimó que los siniestros derivados de incendios, saqueos y daños podían representar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones.

El promedio de ese rango es: US$2.500 millones.

Nuevamente, no corresponde sumar esta cifra íntegramente a los US$4.579 millones de la CChC, porque parte de los bienes asegurados también forman parte de las estimaciones generales de destrucción.

Pero existe un mensaje inequívoco: la destrucción privada fue gigantesca. Y detrás de cada local destruido no había solamente una estadística: había un empresario, un trabajador, una familia, un proyecto de vida.

El brutal golpe al PIB

La destrucción física fue sólo una parte del problema. El Banco Central informó en diciembre de 2019 que la crisis social había cambiado significativamente el escenario macroeconómico y había afectado negativamente la actividad de corto plazo. El organismo proyectaba entonces una caída de 2,5% del PIB durante el cuarto trimestre, mientras estimaba un crecimiento anual cercano al 1%. También advertía de variaciones negativas en consumo e inversión. Finalmente, el crecimiento de 2019 terminó siendo de apenas 0,6%.

No todo ese bajo crecimiento puede atribuirse al estallido: la economía ya venía desacelerándose. Pero la magnitud del shock de octubre es indiscutible. Una estimación contrafactual prudente permite situar la pérdida de actividad atribuible al episodio en torno a US$4.000–6.000 millones.

• El punto medio: US$5.000 millones.

Es dinero que no necesariamente aparece como una “pérdida” en una empresa o en una cuenta bancaria. Son actividades que no ocurrieron: ventas que no se concretaron, jornadas de trabajo perdidas, producción que se paralizó y servicios que no se prestaron.

La factura fiscal

La crisis también golpeó al Estado. La caída de la actividad significó menores ingresos tributarios y, simultáneamente, aumentó la presión para que el Gobierno destinara recursos a reconstrucción, apoyo a las pymes y medidas sociales.

El Ejecutivo terminó implementando un plan extraordinario de US$5.500 millones para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Pero esos US$5.500 millones no pueden contabilizarse como destrucción pura. Una parte fue gasto, otra inversión, otra apoyo financiero y otra estímulo económico. Por eso, sería metodológicamente incorrecto sumar la totalidad de esa cifra a los daños materiales.

Lo que sí demuestra es otra cosa: la crisis obligó al Estado a movilizar una cantidad extraordinaria de recursos en un período muy breve. Aquí comienza el componente más difícil de medir.

• ¿Qué precio tiene un proyecto de inversión que nunca se ejecutó?
• ¿Qué precio tiene una empresa que decidió esperar?
• ¿Qué precio tiene la incertidumbre política?
• ¿Qué precio tienen los templos y las iglesias que fueron quemadas, muchas de ellas monumentos nacionales?
• ¿Qué precio tiene un pequeño comerciante que cerró definitivamente?
• ¿Qué precio tiene una familia que dejó de confiar en que su barrio sería seguro?

No existe una columna específica en las cuentas nacionales para contabilizarlo. Pero los economistas saben que la incertidumbre afecta las decisiones de inversión. El propio Banco Central señaló en diciembre de 2019 que la incertidumbre estaba afectando las decisiones de consumo e inversión. Y este es probablemente uno de los efectos de mayor duración.

El quiebre de la confianza

El daño institucional tampoco fue una impresión subjetiva. Los datos del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestran hasta qué punto la confianza se había desplomado. En 2019, la confianza declarada en el Gobierno era de apenas 5%, en el Congreso 3% y en los partidos políticos 2%. El problema no fue solamente que los ciudadanos desconfiaran de determinadas autoridades.

El problema fue que comenzó a deteriorarse la confianza en el sistema político como mecanismo legítimo para procesar conflictos.

Y cuando una democracia pierde confianza en sus instituciones, aumenta el atractivo de soluciones extrainstitucionales. Ese es el verdadero peligro.

La violencia dejó de ser un límite infranqueable

Toda democracia necesita una frontera moral y jurídica que no pueda cruzarse. Esa frontera es sencilla: las diferencias políticas se resuelven mediante elecciones, deliberación, legislación, tribunales y mecanismos constitucionales; no mediante incendios, saqueos y violencia callejera. Durante 2019, sin embargo, esa frontera se volvió borrosa, o derechamente inexistente.

Una parte de la izquierda política, intelectual y cultural condenó la violencia; otra parte (la mayor parte de ella) la relativizó; y otra intentó explicarla de tal manera que la condena terminaba quedando subordinada a la explicación de sus causas.

El problema no es explicar por qué alguien delinque. El problema comienza cuando la explicación se convierte en justificación. Una democracia puede discutir desigualdad, pensiones, salud, educación, salarios, impuestos o abusos empresariales. Lo que no puede aceptar es que alguien concluya que esas causas le otorgan derecho a destruir los bienes de otros. Ninguna causa política convierte el delito en virtud.

¿Fue un golpe de Estado?

Aquí conviene utilizar las palabras con precisión. Desde una perspectiva de derecha, es perfectamente defendible interpretar el 18-O como un intento insurreccional de desestabilizar al Gobierno y forzar la salida del Presidente Sebastián Piñera, e incluso como un intento de golpe de fuerza bruta en contra de la autoridad constituida.

La razón es que no se trató simplemente de protestas dispersas. Durante semanas hubo violencia masiva, ataques a infraestructura crítica, incendios, saqueos y presión callejera sobre el Gobierno y las instituciones.

Además, el conflicto adquirió rápidamente una dimensión política que terminó desembocando en un discutible y polémico acuerdo institucional para modificar la Constitución. Pero hay que hacer una distinción histórica indispensable:

• No fue un golpe de Estado consumado, aunque sí puede decirse que fue un claro intento de golpe de Estado.
• Sebastián Piñera no fue derrocado, pero pretendían hacerlo.
• El Congreso continuó funcionando.
• Los tribunales continuaron funcionando.
• La Constitución continuó vigente.
• Las Fuerzas Armadas no tomaron el poder; de hecho defendieron la democracia.
• No existió una ruptura formal del orden constitucional, aunque la crisis delictual del 18-O fue desastrosa para el país.

Afirmar que “el estallido fue un golpe de Estado” como si se tratara de un hecho jurídico e históricamente establecido puede ser discutible, pero perfectamente puede ser una opción válida.

Otros sostienen que fue una crisis insurreccional que, desde una interpretación política válida, puede ser caracterizada como un intento de golpe de fuerza para forzar la caída del Gobierno. La diferencia no es semántica. Es histórica.

La acusación contra Piñera y el límite institucional

Hay un dato que también resulta relevante. En diciembre de 2019, en plena crisis, la Cámara de Diputados discutió una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. La Sala desestimó su admisibilidad por 79 votos contra 73, aprobando la llamada cuestión previa y considerando que el libelo no cumplía los requisitos constitucionales.

Esto demuestra que existieron canales institucionales para intentar establecer responsabilidades políticas. Y esa es precisamente la diferencia entre democracia y presión insurreccional para lograr un objetivo político concreto.

• Un gobierno puede ser criticado.
• Un Presidente puede ser investigado.
• Un ministro puede ser acusado constitucionalmente.
• Un mandatario puede perder una elección.
• Pero ninguna de esas alternativas necesita barricadas, incendios ni saqueos.

La pandemia: el factor que cambió la historia

Aquí aparece un elemento decisivo. El primer caso de COVID-19 fue confirmado oficialmente en Chile el 3 de marzo de 2020. El 18 de marzo se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe. La pandemia modificó completamente la realidad nacional.

Las grandes concentraciones dejaron de ser posibles, comenzaron las cuarentenas, se restringió la movilidad y la prioridad del país pasó a ser sanitaria.

Un estudio publicado en SciELO describe precisamente el inicio de la pandemia como el momento en que las movilizaciones masivas que habían comenzado en octubre de 2019 fueron temporalmente suspendidas por el riesgo sanitario.

Por eso, desde una perspectiva política de derecha, puede sostenerse que la pandemia contribuyó decisivamente a interrumpir el ciclo de movilización iniciado en octubre... y probablemente terminó por salvar al Presidente Piñera de un derrocamiento que parecía casi inminente.

Pero también aquí hay que evitar una afirmación que la evidencia no permite demostrar: no podemos decir como hecho histórico que “Piñera habría sido derrocado de no haber existido el coronavirus”... pero sí se puede inferir que sin la pandemia, las posibilidades de un derrocamiento del mandatario habrían sido mucho más evidentes y probables. Sin embargo, todo eso pertenece al terreno del contrafactual.

Lo que sí podemos decir es mucho más sólido: el movimiento de terrorismo y de protesta vandálica continuaba activo a comienzos de 2020 y la llegada del COVID-19 introdujo un shock externo que cambió radicalmente las condiciones de movilización y terminó interrumpiendo el vandalismo masivo. En ese sentido, la pandemia fue un punto de inflexión histórico.

Chile quedó dividido en dos relatos

El problema más profundo apareció después. Para una parte de Chile, octubre de 2019 fue una explosión legítima contra abusos y desigualdades. Para otra parte, fue una expresión de terrorismo y la mayor crisis de orden público de la democracia reciente, además de un episodio en que la violencia fue utilizada para presionar a las instituciones. Ambas memorias históricas siguen coexistiendo y confrontándose hasta el día de hoy.

El problema es que en democracia no se puede estar de acuerdo con quien quema iglesias (y que nunca las repara), con quien saquea supermercados y vandaliza negocios, y todo motivado por una ideología política. En democracia se pueden aceptar muchas cosas, pero no se puede estar de acuerdo con quienes utilizan el terrorismo como mecanismo de coerción política.

Cuando se legitima la violencia vandálica como herramienta política es una barrera que en democracia no se puede cruzar, y en ese sentido hay que ser claro y decir las cosas por su nombre. Ahí el pluralismo deja de ser pluralismo y comienza a transformarse en una lucha existencial.

La confianza institucional no se recupera de un día para otro

La Encuesta CEP registró que la confianza en el Gobierno del Presidente Piñera cayó hasta 5% en diciembre de 2019, pocas semanas después del estallido delictual. También mostró niveles históricamente bajos para otras instituciones políticas. Ese deterioro ayuda a explicar por qué Chile entró en una etapa política completamente distinta.

Después llegaron el polémico acuerdo constitucional, el controversial plebiscito de entrada, la aparatosa Convención Constitucional, el plebiscito de salida de 2022, un segundo proceso constitucional y el plebiscito de 2023. El país pasó años discutiendo una nueva arquitectura constitucional, y cada día se polarizaba más. El problema es que ninguna Constitución puede resolver por sí sola una fractura cultural e ideológica irreconciliable. Una carta fundamental puede establecer reglas, pero no puede obligar a los ciudadanos a confiar unos en otros.

La reconstrucción económica es posible; la reconstrucción cultural es más difícil

Chile puede reconstruir una estación de Metro. Puede reparar una calle. Puede reemplazar un semáforo.

 Puede reconstruir un supermercado.  Puede aprobar una ley. Puede incluso reformar una Constitución. Pero reconstruir la confianza entre ciudadanos que comenzaron a verse como enemigos es mucho más difícil. Ese es el verdadero legado del horroroso 18-O.

La fractura no consiste simplemente en que la izquierda piense una cosa y la derecha otra. Eso es normal en democracia. La fractura aparece cuando dos sectores de la sociedad dejan de compartir un conjunto mínimo de reglas sobre lo que es legítimo hacer para imponer sus ideas. La fractura empieza cuando unos utilizan el terrorismo y el vandalismo como instrumento político para presionar a un Gobierno por la vía de la fuerza bruta.

Una democracia puede sobrevivir a una derrota electoral. Puede sobrevivir a un gobierno malo. Puede sobrevivir a una mala política económica. Lo que le cuesta mucho más sobrevivir es a la normalización de la violencia política y del terrorismo como instrumento ideológico.

Chile necesita recuperar un consenso democrático básico

El país necesita reconstruir un principio que debería ser obvio: nadie tiene derecho a destruir Chile para intentar cambiarlo. Ni la izquierda. Ni la derecha. Ni el Gobierno. Ni la oposición. Ni los movimientos sociales. Ni los empresarios. Ni los sindicatos. Ni ningún grupo que considere que su causa política está por encima de la ley. Ese debe ser el nuevo consenso democrático.

Terroristas pirómanos.

La traumática experiencia de 2019 debería haber dejado una enseñanza transversal: la democracia no consiste solamente en votar; consiste también en aceptar límites. El que pierde una elección debe aceptar el resultado. El que protesta debe respetar la propiedad y la integridad de terceros. El que gobierna debe respetar los derechos fundamentales. El policía debe proteger al país. El parlamentario debe respetar la Constitución. El ciudadano debe poder vivir sin miedo.

La verdadera factura del 18-O

Al final, la discusión sobre cuánto costó el estallido no puede reducirse a una tabla contable. La factura económica puede estimarse. La factura institucional puede estudiarse. La factura cultural todavía está siendo pagada. 

• US$11.125 millones es el promedio de los puntos centrales de las estimaciones elaboradas por ChatGPT y Gemini a partir del amplio conjunto de antecedentes disponibles.
• US$9.000–14.000 millones constituye un rango prudente para presentar el costo económico global sin caer en falsas certezas.

Pero el número más importante no está en dólares. Está en la confianza. Porque un país puede reconstruir US$4.000 millones en infraestructura. Puede recuperar US$5.000 millones de actividad perdida. Puede volver a atraer inversión. Puede reparar el Metro. Puede levantar nuevamente los locales destruidos. Puede construir nuevamente las iglesias quemadas (aunque hasta ahora no lo ha hecho). Lo que no puede comprar con dinero es el consenso democrático perdido.

Por eso, ninguna causa política, por justa que se considere, puede otorgar licencia para destruir la democracia, quemar el país o destruir los bienes ajenos. Chile necesita recuperar el crecimiento, fortalecer la seguridad, reducir la burocracia, recuperar la inversión y reconstruir sus instituciones. Pero sobre todo necesita borrar esa fractura ideológica que durante 2019 quedó peligrosamente debilitada.

La violencia no puede volver a ser presentada como una forma legítima de hacer política. Las calles se reconstruyen. Las estaciones del Metro se reconstruyen. Los comercios se reconstruyen. Las instituciones pueden reformarse. Pero la confianza entre ciudadanos y el respeto por las reglas comunes pueden tardar varias generaciones en recuperarse. Y esa, mucho más que cualquier cifra expresada en millones de dólares, es la verdadera deuda que el macabro estallido delictual dejó pendiente con Chile.

El costo del estallido delictual: una factura para Chile que las cifras sitúan en torno a los US$11.000 millones

No existe una cifra oficial única que permita establecer cuánto costó el mal llamado “estallido social” de 2019. Pero al reunir antecedentes del Banco Central, Ministerio de Hacienda, DIPRES, Ministerio de Economía, Cámara Chilena de la Construcción, aseguradoras y otras fuentes, y contrastarlos con una revisión amplia de la información disponible en internet y en publicaciones económicas, las estimaciones elaboradas por inteligencia artificial permiten aproximarse a una magnitud: entre US$9.000 y US$14.000 millones, con un punto central cercano a los US$11.000–12.000 millones.

Terrorismo y comunismo.

El 18 de octubre de 2019 Chile comenzó a vivir uno de los episodios más convulsos de su historia reciente. Durante semanas, incendios, saqueos, barricadas, ataques a infraestructura pública y privada y una paralización parcial de importantes sectores de la economía alteraron la vida cotidiana de millones de personas.

Durante años se consolidó la denominación de “estallido social”, que en estricto rigor tuvo muchísimo más de delictual que de social. Desde una perspectiva estrictamente económica, resulta más preciso hablar de un episodio de violencia y destrucción que tuvo consecuencias sociales y económicas profundas. Las legítimas manifestaciones pacíficas que también existieron no pueden confundirse con los delitos, saqueos, incendios y ataques contra bienes públicos y privados que produjeron la factura económica.

¿Cuánto fue su costo para Chile? La respuesta depende de qué se incluya en la cuenta. Si se consideran solamente los bienes destruidos, la cifra se mueve en torno a varios miles de millones de dólares. Si se incorpora además la actividad económica perdida, los menores ingresos fiscales, los efectos sobre la inversión y otros impactos razonablemente atribuibles al episodio, la factura aumenta considerablemente.

Y aquí aparece un dato especialmente interesante: las estimaciones elaboradas por ChatGPT y Gemini no se basan en una sola noticia ni en una única estadística. El ejercicio busca contrastar y sintetizar todos los datos disponibles en internet, informes oficiales, publicaciones económicas, estudios, antecedentes institucionales y estimaciones difundidas por organismos públicos y privados. No sustituyen una auditoría económica oficial, pero permiten construir un rango de magnitud utilizando una gran cantidad de información disponible, y en base a la opinión de dos IA ajenas a la política chilena y relativamente neutrales.

La primera factura: infraestructura destruida

Una de las estimaciones más importantes fue la de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que calculó preliminarmente en US$4.579 millones los daños provocados a infraestructura y bienes públicos y privados.

La magnitud resulta especialmente significativa porque no se trataba simplemente de pérdidas comerciales transitorias: incluía destrucción física de activos, infraestructura urbana y propiedades que habían requerido años de inversión. Posteriormente, el Gobierno entregó una estimación considerablemente más conservadora.

El Ministerio de Hacienda calculó en aproximadamente US$1.400 millones los daños de infraestructura, considerando cerca de US$750 millones en infraestructura pública y US$850 millones en infraestructura privada. Dentro del componente público, aproximadamente US$380 millones correspondían al Metro de Santiago. 

Ambas cifras no deben sumarse, porque intentan medir parcialmente el mismo fenómeno. Pero permiten establecer un dato revelador: las principales estimaciones institucionales situaron el daño material en un rango de aproximadamente US$1.400 a US$4.600 millones. Si simplemente calculamos el promedio de ambos extremos, obtenemos cerca de US$3.000 millones.

El Metro de Santiago: US$380 millones

El Metro se convirtió en uno de los símbolos más evidentes de la destrucción causada por los terroristas pirómanos de extrema izquierda. Decenas de estaciones fueron atacadas, algunas incendiadas y otras seriamente dañadas. El costo estimado de recuperación de la red alcanzó aproximadamente US$380 millones, según las estimaciones gubernamentales. Pero el costo económico de la destrucción del Metro no termina en la reconstrucción.

Una estación cerrada significa también menos movilidad, mayores tiempos de traslado, dificultades para llegar al trabajo, reducción del flujo de consumidores y alteración de la actividad comercial alrededor de las estaciones. Es decir, los US$380 millones representan el costo visible; los efectos indirectos son mucho más difíciles de contabilizar.

Las aseguradoras: hasta US$3.000 millones

Otra fuente importante fueron las compañías de seguros. La Asociación de Aseguradores de Chile estimó que los siniestros derivados de incendios, saqueos y daños podían representar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones en indemnizaciones. El promedio de ese rango es de US$2.500 millones.

Una vez más, esta cifra no debe sumarse automáticamente a los US$4.579 millones de la CChC, porque existe una superposición importante: parte de los bienes asegurados también están incluidos en las estimaciones generales de destrucción. Pero el dato sí permite dimensionar el tamaño de los daños privados.

No se trató solamente de mobiliario urbano o infraestructura estatal. Miles de empresas, comercios, vehículos, locales y propiedades fueron afectados. Y a todo esto hay que sumarle el daño irreparable que sufrieron numerosas iglesias que eran monumentos nacionales, que nunca más volvieron a ser reparadas y dejadas como estaban antes.

El costo invisible: lo que Chile dejó de producir

La destrucción física es relativamente sencilla de contabilizar. Mucho más difícil es medir aquello que no ocurrió.

Durante las semanas posteriores al 18 de octubre se redujeron horarios comerciales, se suspendieron actividades, disminuyó el transporte, se paralizaron empresas y se deterioró la actividad de sectores completos de la economía.

El Banco Central advirtió en diciembre de 2019 que la crisis social había producido un deterioro significativo de las perspectivas económicas y proyectaba para el cuarto trimestre una contracción de la actividad. 

El PIB chileno finalmente creció sólo 0,6% durante 2019, después de haber crecido 4,0% en 2018. Pero aquí hay que ser rigurosos: no es correcto atribuir toda la diferencia al estallido. Chile ya venía desacelerándose antes de octubre de 2019, específicamente desde el 2014, cuando la entonces Presidenta Michelle Bachelet cambió el sistema tributario nacional.

Por todo eso, una estimación contrafactual prudente puede situar la pérdida de actividad atribuible al episodio en aproximadamente US$4.000–6.000 millones.

El punto medio sería: US$5.000 millones. No son edificios destruidos. Son bienes y servicios que dejaron de producirse, ventas que no se realizaron, horas de trabajo perdidas y actividad económica que no llegó a materializarse.

El impacto sobre las cuentas fiscales

El Estado tampoco salió indemne. La Dirección de Presupuestos registró un fuerte deterioro de las perspectivas fiscales hacia fines de 2019. La actualización de diciembre de ese año mostró que el menor nivel de actividad proyectado implicaba aproximadamente 1% del PIB de menores ingresos fiscales respecto del presupuesto original para 2020, mientras la Agenda Social y otros compromisos modificaban adicionalmente el balance estructural.

Aquí conviene hacer una precisión respecto de la cifra de US$3.000 millones que suele citarse como menores ingresos fiscales asociados a la crisis: debe entenderse como una estimación del impacto fiscal de la menor actividad y de las medidas adoptadas, y no como US$3.000 millones de destrucción adicional que puedan simplemente sumarse a los daños materiales. Esta distinción es fundamental para no inflar artificialmente la factura.

US$5.500 millones para enfrentar la crisis

El Gobierno de Sebastián Piñera también debió desplegar una política fiscal extraordinaria. En diciembre de 2019, el entonces ministro de Economía, Lucas Palacios, informó que se estaba implementando una política fiscal expansiva de US$5.500 millones para mitigar el impacto económico de la crisis.

Posteriormente, la DIPRES incorporó en sus proyecciones una agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las mipymes. Pero nuevamente hay que evitar un error frecuente: US$5.500 millones de gasto o estímulo fiscal no equivalen a US$5.500 millones destruidos.

Una parte importante de esos recursos permaneció en la economía mediante inversión, transferencias, crédito y programas de apoyo. Por eso, no corresponde agregar mecánicamente esa cifra a la factura final.

¿Qué ocurrió con la inversión? El problema tampoco terminó cuando disminuyeron los saqueos y las barricadas.

La incertidumbre política y económica alteró las expectativas de empresas y agentes económicos. El Banco Central modificó sustancialmente sus proyecciones de inversión después de octubre.

Aquí aparece uno de los costos más difíciles de cuantificar: el proyecto que no se ejecutó, la ampliación que se postergó, la contratación que no se produjo o la inversión que se trasladó en el tiempo.

No existe una estadística que permita decir que cada dólar de inversión no realizada posteriormente fue causado por el estallido. La pandemia, la incertidumbre constitucional, las condiciones internacionales y otros factores también influyeron. Por eso, este componente debe utilizarse como factor de riesgo y no como una suma automática a la factura.

La polémica cifra de los US$50.000 millones

También se ha difundido una cifra superior a US$50.000 millones asociada a salidas de capital posteriores al estallido. Es una cifra que requiere especial cautela.

El Banco Central registra movimientos importantes de capitales durante los años posteriores, pero estos movimientos no pueden atribuirse exclusivamente al 18 de octubre de 2019.

Entre 2020 y 2022 Chile atravesó una pandemia mundial, retiros extraordinarios de fondos previsionales, cambios en las carteras de inversión, movimientos internacionales de capital y un proceso constitucional que introdujo una enorme incertidumbre política. Por eso: US$50.000 millones de salida de capitales no significa que Chile haya perdido US$50.000 millones por el estallido. Confundir flujo financiero con destrucción de riqueza sería económicamente incorrecto.

La estimación de ChatGPT

Al reunir los distintos antecedentes disponibles y construir un escenario amplio, ChatGPT estima que el costo económico total podría ubicarse aproximadamente entre: US$10.500 millones y US$17.500 millones. 

El punto central de ese escenario es aproximadamente: US$14.000 millones.

Esta aproximación considera:

• US$3.500–4.500 millones en daños físicos, infraestructura, Metro, comercio y propiedad.
• US$4.000–6.000 millones en actividad económica perdida.
• US$3.000–7.000 millones en efectos posteriores sobre inversión, empleo y actividad que razonablemente podrían asociarse al deterioro producido por el episodio.

La cifra de US$14.000 millones debe entenderse como una estimación amplia basada en la integración de múltiples antecedentes, no como una cifra oficial del Estado de Chile.

La estimación de Gemini, la inteligencia artificial de Google

Gemini utiliza una aproximación más conservadora. Su estimación sitúa el costo directo y fiscal entre: US$6.000 millones y US$10.500 millones.

El punto medio es: US$8.250 millones.

Su cálculo considera principalmente:

• US$1.400–4.500 millones en daños de infraestructura y propiedad.
• US$3.000 millones por pérdida de actividad económica.
• US$3.000 millones en menores ingresos fiscales.

La ventaja de este cálculo es que se mantiene más cerca de los componentes directamente observables.

Su principal limitación es que resulta difícil separar completamente el efecto fiscal de la menor actividad y evitar superposiciones entre las distintas categorías.

Dos inteligencias artificiales, una misma conclusión

Aquí está probablemente el dato más interesante. 

• ChatGPT llega a un punto central de US$14.000 millones. 
• Gemini llega a un punto central de US$8.250 millones.
• El promedio simple entre ambos resultados es: US$11.125 millones.

Por lo tanto, si se busca una cifra de referencia que combine ambas aproximaciones: US$11.125 millones es el promedio matemático de las estimaciones centrales de las dos inteligencias artificiales.

Y hay un elemento importante que le da mayor peso a este ejercicio: las estimaciones no fueron construidas a partir de una sola fuente ni de una única publicación periodística. Se contrastaron datos y antecedentes disponibles en internet provenientes de organismos públicos, informes económicos, publicaciones especializadas, documentos oficiales, instituciones empresariales, aseguradoras y registros estadísticos.

Eso no convierte el resultado en una cifra oficial ni elimina los márgenes de incertidumbre. Pero sí permite utilizarlo como una aproximación agregada basada en el conjunto de antecedentes disponibles, en lugar de escoger arbitrariamente una sola cifra.

¿Cuál sería entonces la cifra más prudente? Si se pretende escribir un análisis serio y evitar tanto el minimismo como la exageración, probablemente sea mejor trabajar con tres escenarios:

Escenario Costo estimado

Conservador US$6.000–8.000 millones

Intermedio US$9.000–12.000 millones

Amplio US$12.000–17.500 millones

• Con estos antecedentes, una cifra central de US$11.000–12.000 millones parece razonable.

La estimación amplia de ChatGPT eleva el costo hasta aproximadamente US$14.000 millones, mientras que Gemini, utilizando una metodología más conservadora, lo sitúa alrededor de US$8.250 millones. El promedio entre ambas aproximaciones es US$11.125 millones.

Una factura que afectó a todo el país

El aspecto más importante de esta discusión es que el costo finalmente no fue asumido por quienes destruyeron infraestructura, saquearon comercios o incendiaron bienes.

• Lo pagaron también los propietarios de los negocios afectados.
• Lo pagaron los trabajadores que perdieron jornadas o empleos.
• Lo pagaron los contribuyentes mediante menores ingresos fiscales y mayores necesidades de gasto.
• Lo pagaron los usuarios del transporte público.
• Lo pagaron las empresas que debieron reconstruir.
• Y lo pagaron, finalmente, todos los chilenos mediante recursos que tuvieron que destinarse a reconstrucción, recuperación y mitigación de los efectos económicos.

La violencia de 2019 tuvo, por tanto, dos facturas.

• Una fue visible: estaciones destruidas, supermercados saqueados, locales incendiados, mobiliario urbano destrozado.
• La otra fue invisible: menor producción, menor inversión, incertidumbre, menores ingresos fiscales y recursos que debieron desviarse hacia la reconstrucción.

La primera puede fotografiarse. La segunda aparece en las estadísticas. Y cuando ambas se miran conjuntamente, la dimensión del episodio cambia.

La conclusión: una factura de alrededor de US$11.000 millones

Terroristas tirapiedras.

No es posible sostener responsablemente que el estallido costó exactamente US$11.125 millones. Ningún organismo oficial ha emitido una cifra semejante y existen importantes dificultades metodológicas para aislar todos sus efectos.

Pero tampoco resulta razonable limitar su costo a los US$1.400 millones de infraestructura calculados por Hacienda. Las estimaciones reales disponibles muestran un fenómeno mucho mayor.

La CChC llegó a US$4.579 millones en daños de infraestructura. Las aseguradoras estimaron US$2.000–3.000 millones en siniestros. Hacienda calculó aproximadamente US$1.400 millones de daños de infraestructura. El Metro sufrió daños cercanos a US$380 millones. El Gobierno implementó una política fiscal expansiva de US$5.500 millones para enfrentar la crisis. Y la actividad económica sufrió un golpe significativo que se extendió más allá de las pérdidas materiales.

Por eso, si se busca una cifra periodística que sea contundente pero defendible, US$11.000 millones aparece como una buena aproximación del costo económico del episodio, con un rango razonable de US$9.000 a US$14.000 millones y una estimación amplia que podría acercarse a los US$14.000–17.500 millones si se incorporan determinados efectos posteriores. 

La cifra no pretende cerrar el debate. Pretende dimensionarlo. Porque detrás de la absurda expresión “estallido social” hubo muy pocas manifestaciones legítimas, y junto con ellas una tremenda y nefasta ola de violencia y destrucción cuya factura económica terminó extendiéndose mucho más allá de las calles donde ocurrieron los hechos.

Chile no sólo tuvo que reconstruir lo que fue destruido. También tuvo que absorber aquello que dejó de producirse, invertir y recaudar como consecuencia de una crisis que alteró profundamente la economía nacional. Y esa factura, cualquiera sea la metodología que se utilice, se mide en miles de millones de dólares.