Blog: Estallido delictual: la Organización Comunista Revolucionaria se jactaba de su "revolución imparable"

El 18-O: la pregunta que Chile nunca quiso responder.
La revolución era “imparable”, y la misma ultraizquierda hacía alarde de provocarlo.

El mal denominado "estallido social" (estallido delictual en estricto rigor) de octubre de 2019 no puede ser reducido a una simple protesta ciudadana contra el alza del Metro. Desde el primer momento existieron manifestaciones vandálicas con una violencia de una magnitud extraordinaria: incendios, destrucción de estaciones, saqueos, ataques a infraestructura pública y privada y una sucesión de hechos que terminaron alterando profundamente la vida nacional. Incluso fuentes que defienden el carácter social del movimiento reconocen que, junto a las movilizaciones multitudinarias, existieron saqueos y una creciente violencia.

Comunismo revolucionario.

La pregunta incómoda, sin embargo, sigue pendiente: ¿quién organizó y coordinó los sectores más violentos? Hasta hoy no existe una prueba concluyente que permita afirmar que los partidos de izquierda o el Partido Comunista diseñaron y ejecutaron todo el estallido. Pero tampoco resulta razonable cerrar la discusión diciendo que toda hipótesis de coordinación es una fantasía. Entre los elementos que merecen ser examinados a fondo están las consignas y afiches que comenzaron a circular prácticamente desde las primeras jornadas, entre ellos aquellos que proclamaban “La revolución es imparable” y que eran atribuidos a una organización denominada Organización Comunista Revolucionaria. De hecho, esta entidad se jactaba de la revolución. Habría que investigar a fondo quienes conformban en ese entonces la llamada Organización Comunista Revolucionaria.

Ese tipo de propaganda no demuestra por sí sola que un partido político tradicional haya organizado los disturbios. Pero sí constituye un antecedente político que merece ser investigado: ¿quién produjo esos materiales?, ¿quién los financió?, ¿cómo fueron distribuidos?, ¿qué redes existían detrás?, ¿qué contactos tuvieron esas organizaciones con dirigentes políticos o sociales? Una democracia seria debería haber querido conocer las respuestas. Porque claramente todos esos afiches impresos que circulaban por ese entonces eran impresos y financiados por alguien con mucha coordinación y dinero, eso es evidente.

Y aquí aparece una de las mayores falencias de la investigación posterior: nunca se llegó a esclarecer completamente la eventual existencia de coordinaciones políticas previas o paralelas a la violencia. Si se investigaron comunicaciones, organizaciones y financiamiento vinculados a otros actores, ¿por qué no llevar la misma lógica hasta las últimas consecuencias cuando se trataba de dirigentes y organizaciones de izquierda? La ausencia de una investigación exhaustiva no puede transformarse retrospectivamente en una prueba de inocencia, pero tampoco permite convertir una hipótesis en una verdad histórica.

Además, hay un elemento político imposible de ignorar: buena parte de la izquierda terminó transformando el 18-O en el punto de partida de una gigantesca transformación institucional. Eso no demuestra que hubiera organizado la violencia, pero sí permite formular una pregunta legítima: ¿quiénes fueron capaces de capitalizar políticamente aquello que ocurrió en las calles? La respuesta es evidente: sectores de ultraizquierda que encontraron en la crisis una oportunidad extraordinaria para impulsar un cambio constitucional y alterar profundamente el escenario político chileno.

Por eso, más que afirmar irresponsablemente que “la izquierda organizó el estallido” como si aquello estuviera judicialmente demostrado, la posición más seria es otra: Chile nunca investigó hasta el fondo esa posibilidad. Y mientras no se conozcan completamente las comunicaciones, financiamientos, redes de coordinación y vínculos entre organizaciones revolucionarias, dirigentes políticos y actores sociales de aquellos días, seguirá existiendo una enorme zona oscura alrededor del 18-O.

Porque una democracia no debería tener miedo de investigar sus propias heridas. Si la izquierda no tuvo ninguna responsabilidad en la organización de la violencia, una investigación completa debería ser precisamente su mejor oportunidad para demostrarlo.

¿Tuvo el 18 de octubre un significado político oculto?

Hay fechas que adquieren una carga política que trasciende el calendario, y el 18 de octubre es, sin duda, una de ellas. El dato histórico es objetivo: la llamada “Ley Maldita”, que proscribió al Partido Comunista durante el gobierno de Gabriel González Videla, comenzó a regir el 18 de octubre de 1948. Exactamente 71 años después, otro 18 de octubre, Chile entró en una crisis política y social que rápidamente derivó en violencia, destrucción y una profunda fractura nacional.

¿Es solamente una coincidencia? Probablemente nunca tendremos elementos suficientes para responderlo de manera categórica, y sería irresponsable convertir una asociación cronológica en una prueba de conspiración. Sin embargo, desde una perspectiva política resulta legítimo preguntarse si aquella fecha pudo haber adquirido un valor simbólico para sectores de la extrema izquierda que durante décadas cultivaron una memoria de agravio respecto de la proscripción comunista. Quizás no hubo una “venganza histórica” organizada desde las sombras, pero tampoco resulta descabellado preguntarse si, para algunos, el 18 de octubre de 2019 pudo ser interpretado como una oportunidad para saldar simbólicamente una vieja cuenta con la historia.