El 18-O que la izquierda revolucionaria quiso convertir en una insurrección.
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| Afiche de ultraizquierda. |
La Organización Comunista Revolucionaria no nació para administrar el sistema, sino para transformarlo mediante una concepción marxista-leninista que reivindica la lucha de clases, la organización revolucionaria y la conquista del poder. Desde una perspectiva de derecha, sus ideas permiten mirar el 18-O como algo mucho más grave que una protesta social: una ofensiva insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera.
El 18 de octubre de 2019 no fue simplemente una jornada de protesta. Tampoco fue únicamente una reacción espontánea frente al precio del transporte público. Lo que comenzó como evasiones en el Metro terminó convirtiéndose en una gigantesca crisis de orden público, con estaciones incendiadas, saqueos, barricadas, ataques a infraestructura crítica, destrucción de propiedad pública y privada y una violencia callejera que durante semanas mantuvo al país prácticamente paralizado.
Desde una perspectiva de derecha, aquello debe ser analizado sin eufemismos: Chile enfrentó una ofensiva insurreccional que buscó desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido de Sebastián Piñera y quebrar el orden institucional. Si se utiliza la expresión “intento de golpe de Estado” en este contexto, debe entenderse como una caracterización política de ese proceso de desestabilización y no como la afirmación de que exista una sentencia que haya establecido jurídicamente una conspiración golpista única y centralizada. Aunque sí, los hechos dejan muy en evidencia de que efectivamente la extrema izquierda intentó derrocar al Presidente Piñera por la vía de la fuerza bruta.
En ese escenario aparece una organización que resulta particularmente relevante: la Organización Comunista Revolucionaria (OCR).
Una organización que no cree en reformar el sistema
La OCR no es una organización de izquierda moderada. Tampoco representa simplemente una corriente crítica dentro de la democracia liberal.
Su identidad es explícitamente marxista-leninista y sus propios documentos reivindican la construcción de una organización revolucionaria destinada a preparar las condiciones para una transformación socialista de la sociedad.
Sus integrantes han señalado que su propósito es construir una organización política capaz de intervenir en las luchas de los trabajadores y avanzar hacia la conquista del poder. Sus referentes ideológicos incluyen a figuras centrales de la tradición comunista revolucionaria, entre ellas Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Mariátegui y Ernesto “Che” Guevara. (liberacion.cl)
Esto permite establecer una primera diferencia fundamental: la OCR no pretende simplemente cambiar un gobierno; pretende cambiar el sistema. Y cuando una organización declara que su horizonte es revolucionario, la pregunta inevitable es qué entiende por revolución y cuáles considera legítimos los mecanismos para alcanzarla.
La OCR ya existía cuando Chile explotó
Hay otro dato que suele perderse en la discusión. La OCR no nació después del 18 de octubre de 2019. El proceso que dio origen a la organización se desarrolló previamente y su presentación pública ocurrió en septiembre de ese año. (liberacion.cl)
Por lo tanto, no estamos hablando de una agrupación que apareció posteriormente para interpretar los acontecimientos. Era una organización revolucionaria que ya estaba construyendo su proyecto político cuando comenzó la crisis que terminaría sacudiendo completamente al país. Y su interpretación posterior del estallido resulta especialmente significativa.
Para ellos, el problema fue que la rebelión no llegó suficientemente lejos
Aquí se encuentra uno de los antecedentes políticos más importantes. En documentos difundidos por organizaciones vinculadas a este proceso, el estallido terrorista de 2019 fue analizado desde categorías como rebelión, insurrección popular, lucha de clases y conquista del poder.
La crítica que formulaban no era precisamente que las movilizaciones hubieran sido demasiado radicales. Desde su perspectiva, el problema era que el proceso no había conseguido desarrollar una dirección revolucionaria capaz de llevarlo más lejos.
En otras palabras, el fracaso del proceso no habría consistido en haber destruido demasiado, sino en no haber conseguido transformar la rebelión en una verdadera ofensiva revolucionaria capaz de conquistar el poder. (ocrchile.blogspot.com).
Esta interpretación cambia completamente la lectura del 18-O. Porque si una organización revolucionaria de extrema izquierda observa aquellos acontecimientos y concluye que faltó una dirección política capaz de conducir la movilización hacia la conquista del poder, entonces la pregunta ya no es solamente quién protestaba contra qué.
La pregunta pasa a ser: ¿qué sectores estaban intentando transformar una crisis social en una crisis revolucionaria del Estado?
Un intento de golpe contra Piñera
Aquí es donde la discusión política debe ser mucho más frontal. Sebastián Piñera había sido elegido democráticamente en 2017 y ejercía la Presidencia de la República cuando estallaron las movilizaciones.
Durante octubre y noviembre de 2019, el Gobierno enfrentó una presión callejera extraordinaria, mientras grupos violentos atacaban infraestructura, levantaban barricadas, incendiaban bienes y protagonizaban enfrentamientos con las fuerzas policiales.
Desde una perspectiva de derecha, esa combinación de violencia política, paralización del país, presión callejera y debilitamiento de la autoridad presidencial puede ser interpretada como una tentativa insurreccional de derribar políticamente al Gobierno, aunque no exista una acreditación judicial de que toda esa violencia haya formado parte de un único plan golpista centralizado. Y precisamente por eso resulta relevante estudiar a las organizaciones revolucionarias que participaron ideológicamente de ese ambiente.
La tesis no es que cada persona que salió a la calle formara parte de la OCR. Sería absurdo afirmarlo. La tesis es otra: existía en Chile (y existe todavía) una ultraizquierda revolucionaria que concebía la movilización callejera como un instrumento para construir poder político y que posteriormente interpretó el estallido como una oportunidad revolucionaria frustrada. Eso es un hecho político que no debería ser ocultado.
El estallido delictual
Durante semanas, Chile vivió una violencia que excedió con creces los límites de una manifestación pacífica. Estaciones del Metro fueron incendiadas y destruidas; hubo saqueos masivos; supermercados, farmacias, comercios y pequeñas empresas fueron atacados; buses fueron quemados; edificios públicos sufrieron daños; carreteras y avenidas fueron bloqueadas mediante barricadas.
Desde una perspectiva de derecha, llamar simplemente a aquello “estallido social” resulta insuficiente. Fue también un estallido delictual y una crisis de seguridad de dimensiones nacionales. Y hay una razón política para insistir en ello: cuando la violencia deja de ser un hecho aislado y comienza a utilizarse sistemáticamente para paralizar ciudades, intimidar a la población y desafiar la autoridad del Estado, adquiere una dimensión política.
Una democracia puede tolerar la protesta. Lo que no puede normalizar es que la violencia sea utilizada como mecanismo de presión para obligar al Gobierno a ceder frente a quienes pretenden imponer cambios fuera de los canales institucionales.
“La rebelión se justifica”
La consigna utilizada por sectores vinculados a la OCR permite entender mejor su lenguaje político. En septiembre de 2023, en San Miguel, aparecieron barricadas con neumáticos incendiados y propaganda que incluía la frase “La rebelión se justifica”, junto con el nombre de la Organización Comunista Revolucionaria. Carabineros despejó posteriormente la vía y no hubo detenidos por ese hecho. (biobiochile.cl)
Esto no permite afirmar que la OCR haya ejecutado materialmente esa barricada. Pero tampoco puede ignorarse el significado político de que esa consigna aparezca asociada públicamente a la organización.
Porque la expresión resume perfectamente una concepción política: la rebelión no es presentada como una tragedia que debe evitarse, sino como una herramienta que puede justificarse políticamente. Para quienes defendemos el Estado de Derecho, esa concepción debe ser enfrentada intelectualmente sin complejos.
De la calle al poder
El proyecto de la OCR tampoco se limita a la protesta. Sus documentos plantean la necesidad de construir estructuras revolucionarias en lugares de trabajo, centros de estudio y barrios. La organización pretende insertarse en sindicatos y movimientos sociales y convertir esas luchas en espacios de acumulación política. (comunistasrevolucionarios.org)
Es una estrategia clásica de la izquierda revolucionaria: organizar, movilizar, generar conciencia política y construir una estructura capaz de conducir las crisis hacia una transformación revolucionaria. Por eso sería un error medir su importancia exclusivamente por su tamaño electoral.
Una organización revolucionaria puede tener pocos militantes y, aun así, intentar influir en sindicatos, universidades, movimientos sociales y protestas callejeras. La influencia política no siempre se mide en votos.
La convergencia con el Partido Comunista Revolucionario
En febrero de 2020 se produjo otro episodio fundamental: militantes de la OCR confluyeron con sectores provenientes de la tradición del antiguo Partido Comunista Revolucionario (PCR) para impulsar una nueva organización partidaria revolucionaria.
El PCR histórico había nacido en 1966 y había desarrollado originalmente una línea maoísta. La nueva experiencia realizó una revisión crítica de esa trayectoria y reivindicó nuevamente el marxismo-leninismo y la construcción del socialismo. (ocrchile.blogspot.com)
El proceso demuestra que la OCR no debe ser entendida como una agrupación improvisada surgida al calor del 18-O. Existe detrás una tradición política revolucionaria, una elaboración ideológica y una estrategia de construcción partidaria.
Una amenaza ideológica que no debe ser subestimada
La democracia chilena tiene derecho a defenderse de quienes pretenden destruirla. Eso no significa perseguir ideas comunistas ni prohibir la existencia de organizaciones de izquierda. Significa algo mucho más sencillo: exigir que toda organización política respete las reglas democráticas y rechazar cualquier intento de utilizar la violencia como mecanismo para conquistar el poder.
La OCR tiene derecho a defender el marxismo-leninismo. Pero quienes no compartimos esa ideología también tenemos derecho a señalar sus consecuencias históricas y a cuestionar abiertamente una concepción política que habla de revolución, lucha de clases, insurrección y conquista del poder.
Más aún cuando algunos de sus propios análisis posteriores presentan el 18-O como una oportunidad revolucionaria que no llegó suficientemente lejos.
La inquietante coincidencia del 18 de octubre
En política, muchas veces las coincidencias merecen ser observadas con atención. Resulta, cuanto menos, curioso que la llamada “Ley Maldita”, mediante la cual el gobierno de Gabriel González Videla proscribió al Partido Comunista, entrara en vigencia precisamente el 18 de octubre de 1948, y que 71 años después, el 18 de octubre de 2019, Chile volviera a vivir una jornada que marcaría uno de los episodios más violentos y convulsionados de su historia reciente. Por supuesto, establecer una relación causal entre ambas fechas sería aventurado y no existen pruebas que permitan afirmar que el estallido delictual de 2019 fue concebido como una suerte de “venganza histórica” por aquella proscripción. Pero la coincidencia resulta demasiado llamativa como para pasarla por alto, especialmente cuando se considera el papel que sectores de la extrema izquierda tuvieron en la interpretación política posterior del estallido.
¿Fue simplemente una casualidad del calendario o, en la imaginación política de quienes reivindicaron aquellos acontecimientos, el 18 de octubre de 2019 terminó adquiriendo el significado simbólico de un ajuste de cuentas con una vieja derrota histórica de parte de la ultraizquierda chilena?
Chile no puede volver a equivocarse
El principal aprendizaje del 18 de octubre debería ser que una democracia no puede permanecer indefensa frente a la violencia política.
La legitimidad de las instituciones no depende de que todos estén de acuerdo con ellas. Depende de que los cambios políticos se produzcan mediante procedimientos democráticos y no mediante incendios, saqueos, barricadas o intimidación callejera.
Desde una perspectiva de derecha, el 18-O debe ser recordado también como una crisis insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera, y no únicamente como una romántica epopeya de “despertar ciudadano”.
No toda persona que protestó era revolucionaria. No toda persona que marchó participó en delitos. Y no toda expresión de descontento puede ser atribuida a organizaciones como la OCR. Pero sería igualmente irresponsable negar la existencia de sectores que sí aspiraban a transformar la crisis en una ruptura revolucionaria.
La Organización Comunista Revolucionaria es una pieza de ese rompecabezas. Su importancia está precisamente en que no oculta su propósito: habla de marxismo-leninismo, lucha de clases, organización revolucionaria, rebelión y conquista del poder. Y frente a eso, la respuesta de una democracia debe ser inequívoca: las ideas pueden combatirse con ideas, pero el poder político no puede conquistarse mediante la violencia ni mediante la destrucción de las instituciones republicanas.
Porque cuando una organización considera que la rebelión es un instrumento legítimo y que el objetivo final es conquistar el poder, ya no estamos hablando simplemente de una protesta. Estamos hablando de revolución.
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| Se jactaban de la revolución. |
