La advertencia de 2018 que anticipó la tormenta del estallido delictual

El estallido terrorista no cayó del cielo. Estaba todo planificado desde antes.

Eduardo Artés.

Durante años se intentó instalar en Chile la idea de que el llamado “estallido social” fue una explosión ciudadana completamente espontánea, pacífica en su origen y prácticamente imprevisible. Esa versión resulta cada vez más difícil de sostener. Lo ocurrido a partir de octubre de 2019 no fue solamente una protesta contra el precio del Metro. Fue acompañado por incendios, saqueos, vandalismo, destrucción de infraestructura, ataques a cuarteles policiales, barricadas y una violencia de tal magnitud que puso al Estado y al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera contra las cuerdas.

Desde una perspectiva de derecha que yo defiendo, resulta legítimo hablar de un estallido delictual que terminó funcionando como una gigantesca operación de desestabilización política. Y también resulta legítimo preguntarse si aquello constituyó una intentona golpista no convencional, es decir, un intento de forzar la caída o la capitulación de un Presidente democráticamente elegido mediante la presión de la calle, la violencia y la paralización del país. Lo particularmente inquietante es que existían señales anteriores.

Artés lo dijo antes

En marzo de 2018, cuando Sebastián Piñera llevaba apenas algunos días instalado nuevamente en La Moneda, Eduardo Artés ya anticipaba un escenario de grandes movilizaciones contra el nuevo gobierno. La frase no apareció después del 18 de octubre de 2019. Fue pronunciada mucho antes. Artés sostuvo que durante ese año comenzarían a verse “grandes manifestaciones sociales en contra del gobierno”, y agregó que estas generarían que “la estabilidad de este gobierno esté haciendo aguas de aquí a un par de años más”.

No estamos hablando de una vaga predicción meteorológica sobre futuras protestas. Artés identificaba específicamente al gobierno de Piñera como objetivo de las movilizaciones y vinculaba esas manifestaciones con el debilitamiento de su estabilidad política. En la misma entrevista habló de un movimiento social que se expresaba “con fuerza en la calle” y planteó la necesidad de reagrupar a la oposición para producir “un salto institucional”.

La pregunta resulta inevitable. ¿Era simplemente una lectura política? ¿O existía ya, en determinados sectores de la extrema izquierda, la expectativa de que la movilización callejera pudiera convertirse en una herramienta para arrinconar al nuevo gobierno?

No hay evidencia suficiente para afirmar que Artés estuviera describiendo en 2018 un plan secreto para ejecutar exactamente lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Pero tampoco existe razón para borrar estas declaraciones de la historia.

Y después vino el nefasto 18-O

Diecinueve meses después de aquellas declaraciones llegó el estallido terrorista. Lo que inicialmente comenzó con evasiones masivas del Metro terminó rápidamente convertido en una crisis de orden público de dimensiones nacionales. Estaciones incendiadas, supermercados saqueados, infraestructura destruida, iglesias quemadas, barricadas, ataques a policías y una sucesión de hechos violentos que obligaron al Gobierno a decretar estado de emergencia y desplegar militares.

La expresión “estallido social” terminó convirtiéndose en una especie de categoría política destinada a suavizar la naturaleza de buena parte de lo ocurrido. Pero una cosa es reconocer que existían demandas sociales legítimas y otra completamente distinta es negar que durante semanas Chile vivió una oleada de violencia delictual y destrucción organizada o coordinada en distintos puntos del territorio.

Incluso dentro de la propia izquierda existen voces que han reconocido posteriormente que la violencia terminó apropiándose de las movilizaciones. El senador socialista Juan Luis Castro, por ejemplo, sostuvo años después que “una causa justa fue cooptada por la violencia”.

Para una derecha que no quiera pedir disculpas por defender el Estado de Derecho, la conclusión debería ser evidente: ninguna demanda social convierte el incendio, el saqueo o el ataque contra la policía en un mecanismo legítimo de transformación política.

El objetivo dejó de ser una política pública

Hay otro elemento que no puede ignorarse. El estallido delictual no solamente cuestionó políticas específicas. Muy rápidamente apareció una demanda política mucho más profunda: la salida de Piñera.

La protesta comenzó a funcionar como una presión extraordinaria sobre un gobierno elegido democráticamente. Y aquí aparece la tesis de la intentona golpista.

Un golpe de Estado no necesariamente tiene que adoptar el formato clásico de tanques entrando a La Moneda. En una democracia moderna también puede plantearse una estrategia de desestabilización mediante la paralización del país, la violencia callejera, terrorismo urbano y la presión permanente hasta conseguir que un gobierno constitucionalmente elegido sea incapaz de ejercer su autoridad. 

Eso es precisamente lo que hace razonable hablar, como interpretación política, de una intentona golpista no convencional. No significa afirmar que cada persona que salió a protestar formara parte de un complot. Tampoco significa sostener que todas las organizaciones sociales o todos los partidos de izquierda participaron de una conspiración. Significa observar el resultado político de una movilización que, en su fase más violenta, consiguió poner al gobierno contra las cuerdas y obligarlo a adoptar decisiones bajo una presión callejera extraordinaria.

Artés volvió a reivindicar el levantamiento

La propia trayectoria posterior de Eduardo Artés permite entender mejor el problema. En una entrevista publicada por La Cuarta, Artés describió el 2019 como un “levantamiento” o “estallido” y reconoció que “no teníamos la capacidad de que alguien lo condujera”. La frase es extraordinariamente reveladora. Porque supone reconocer que aquello fue, desde su perspectiva, un proceso de levantamiento popular que careció de una conducción política suficientemente fuerte.

Pero Artés fue todavía más lejos. En la misma entrevista afirmó que después de 2019 “van a venir nuevos levantamientos”. Es decir, para él no se trató simplemente de una anomalía histórica ya superada. El levantamiento vandálico aparece como una posibilidad permanente derivada de las contradicciones sociales y políticas.

La interpretación queda todavía más clara cuando se observa su discurso político posterior. En otra entrevista, Artés ha defendido explícitamente la necesidad de impulsar transformaciones revolucionarias y ha sostenido que estas deben realizarse “desde adentro y desde afuera”.

Desde una perspectiva democrática liberal, esa concepción merece ser discutida seriamente. Porque si la institucionalidad es insuficiente y la calle aparece como el mecanismo para imponer transformaciones cuando las urnas no entregan el resultado esperado, entonces la democracia queda subordinada a la capacidad de movilización y presión.

No fue una simple protesta

El punto central no es afirmar que todos quienes participaron del 18-O fueran extremistas. Eso sería absurdo. El punto es otro. Una protesta ciudadana puede coexistir con una violencia política que termina desbordándola y utilizando su fuerza para objetivos distintos de las demandas originales. Eso fue lo que ocurrió en Chile.

Y el resultado fue extraordinario. Un gobierno elegido democráticamente quedó políticamente debilitado. El Congreso terminó negociando un nuevo itinerario constitucional bajo la presión de una crisis nacional. La agenda pública cambió completamente. Y durante meses el Estado pareció incapaz de recuperar plenamente el control del orden público.

Por eso la pregunta sobre la naturaleza política del 18-O no puede ser despachada simplemente diciendo que “fue una protesta social”.

Fue una protesta social, pero que sólo duró un día: el 25 de octubre del 2019, con esa manifestación que convocó a más de un millón de personas. Pero también acarreó una gigantesca crisis de orden público. Fue un episodio de violencia política. Fue un período de destrucción del patrimonio público y privado. Y, desde una determinada interpretación política, fue también un intento de forzar mediante la calle aquello que no podía obtenerse mediante las urnas. La ultraizquierda pretendió lograr por la fuerza bruta lo que no pudo conseguir por la vía democrática.

Las palabras anteriores adquieren otro significado

Volvamos entonces a marzo de 2018. Artés había dicho que habría “grandes manifestaciones sociales en contra del gobierno” y que estas podían provocar que “la estabilidad de este gobierno esté haciendo aguas”. Después vino el 18-O.

Años más tarde, el propio Artés calificó lo ocurrido como un “levantamiento”, reconoció que no existió una conducción suficiente y anticipó que “van a venir nuevos levantamientos”.

¿Esto demuestra que Artés planificó el estallido? No. No existe evidencia suficiente para afirmar eso como un hecho probado.

¿Demuestra que en la extrema izquierda existía antes del 18-O un discurso que concebía la movilización callejera como instrumento para alterar la estabilidad del gobierno? Sí. Y esa diferencia es fundamental. Porque durante demasiado tiempo se quiso presentar a Chile como si el 18 de octubre hubiera amanecido repentinamente en llamas sin que nadie hubiera anticipado un escenario semejante. Las declaraciones de Artés demuestran, al menos, que algunos dirigentes políticos estaban pensando y hablando explícitamente de grandes movilizaciones contra Piñera mucho antes de que el país conociera la palabra “estallido”.

Por eso, desde la derecha, no hay ninguna razón para aceptar el lenguaje edulcorado que convirtió el “estallido delictual” en una especie de epopeya romántica. Hubo violencia. Hubo destrucción. Hubo delincuencia. Hubo presión política sobre las instituciones. Y hubo una enorme operación de desestabilización que terminó golpeando directamente a un Presidente elegido por los chilenos.

Llamarlo “intentona golpista” es una interpretación política fuerte, pero perfectamente legítima cuando se utiliza para describir el propósito y el efecto de una estrategia de desestabilización no convencional. Lo que resulta mucho menos defendible es negar que existió una ofensiva política y callejera de una magnitud extraordinaria contra el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El 18-O no cayó del cielo. Y las palabras pronunciadas antes de aquel octubre permiten, al menos, afirmar una cosa con absoluta claridad: la posibilidad de utilizar la calle para hacer tambalear al gobierno ya estaba presente en el discurso de la extrema izquierda antes de que comenzaran las primeras evasiones del Metro.

¿Una coincidencia demasiado conveniente?

Hay otro elemento que resulta, cuando menos, llamativo. El estallido delictual comenzó el 18 de octubre de 2019, exactamente 71 años después de que, el 18 de octubre de 1948, se publicara en el Diario Oficial el texto refundido de la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida históricamente como la “Ley Maldita”, legislación que proscribió al Partido Comunista de la actividad política durante una década. Por supuesto, una coincidencia de fechas no constituye por sí misma una prueba de planificación ni permite afirmar responsablemente que el 18-O haya sido escogido deliberadamente por esa razón. Pero en política las fechas también tienen carga simbólica, especialmente para organizaciones con una larga memoria histórica. 

Que un episodio de violencia política que terminó poniendo contra las cuerdas a un gobierno de centroderecha haya comenzado precisamente un 18 de octubre, la misma fecha en que décadas antes se había formalizado el texto de una ley cuyo objetivo fue proscribir al Partido Comunista, es una coincidencia demasiado sugestiva como para no mencionarla. 

¿Fue simplemente eso, una coincidencia? Es imposible demostrar lo contrario con los antecedentes disponibles. Pero tampoco existe ninguna razón para impedir que la pregunta sea formulada. Y cuando esa coincidencia se observa junto a las declaraciones previas de Eduardo Artés sobre grandes movilizaciones destinadas a hacer tambalear la estabilidad del gobierno de Piñera, adquiere, al menos, una dimensión política que merece ser investigada.

La Organización Comunista Revolucionaria y el estallido terrorista que buscó derribar al gobierno de Piñera

El 18-O que la izquierda revolucionaria quiso convertir en una insurrección.

Afiche de ultraizquierda.

La Organización Comunista Revolucionaria no nació para administrar el sistema, sino para transformarlo mediante una concepción marxista-leninista que reivindica la lucha de clases, la organización revolucionaria y la conquista del poder. Desde una perspectiva de derecha, sus ideas permiten mirar el 18-O como algo mucho más grave que una protesta social: una ofensiva insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera.

El 18 de octubre de 2019 no fue simplemente una jornada de protesta. Tampoco fue únicamente una reacción espontánea frente al precio del transporte público. Lo que comenzó como evasiones en el Metro terminó convirtiéndose en una gigantesca crisis de orden público, con estaciones incendiadas, saqueos, barricadas, ataques a infraestructura crítica, destrucción de propiedad pública y privada y una violencia callejera que durante semanas mantuvo al país prácticamente paralizado.

Desde una perspectiva de derecha, aquello debe ser analizado sin eufemismos: Chile enfrentó una ofensiva insurreccional que buscó desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido de Sebastián Piñera y quebrar el orden institucional. Si se utiliza la expresión “intento de golpe de Estado” en este contexto, debe entenderse como una caracterización política de ese proceso de desestabilización y no como la afirmación de que exista una sentencia que haya establecido jurídicamente una conspiración golpista única y centralizada. Aunque sí, los hechos dejan muy en evidencia de que efectivamente la extrema izquierda intentó derrocar al Presidente Piñera por la vía de la fuerza bruta.

En ese escenario aparece una organización que resulta particularmente relevante: la Organización Comunista Revolucionaria (OCR).

Una organización que no cree en reformar el sistema

La OCR no es una organización de izquierda moderada. Tampoco representa simplemente una corriente crítica dentro de la democracia liberal.

Su identidad es explícitamente marxista-leninista y sus propios documentos reivindican la construcción de una organización revolucionaria destinada a preparar las condiciones para una transformación socialista de la sociedad.

Sus integrantes han señalado que su propósito es construir una organización política capaz de intervenir en las luchas de los trabajadores y avanzar hacia la conquista del poder. Sus referentes ideológicos incluyen a figuras centrales de la tradición comunista revolucionaria, entre ellas Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Mariátegui y Ernesto “Che” Guevara. (liberacion.cl)

Esto permite establecer una primera diferencia fundamental: la OCR no pretende simplemente cambiar un gobierno; pretende cambiar el sistema. Y cuando una organización declara que su horizonte es revolucionario, la pregunta inevitable es qué entiende por revolución y cuáles considera legítimos los mecanismos para alcanzarla.

La OCR ya existía cuando Chile explotó

Hay otro dato que suele perderse en la discusión. La OCR no nació después del 18 de octubre de 2019. El proceso que dio origen a la organización se desarrolló previamente y su presentación pública ocurrió en septiembre de ese año. (liberacion.cl)

Por lo tanto, no estamos hablando de una agrupación que apareció posteriormente para interpretar los acontecimientos. Era una organización revolucionaria que ya estaba construyendo su proyecto político cuando comenzó la crisis que terminaría sacudiendo completamente al país. Y su interpretación posterior del estallido resulta especialmente significativa.

Para ellos, el problema fue que la rebelión no llegó suficientemente lejos

Aquí se encuentra uno de los antecedentes políticos más importantes. En documentos difundidos por organizaciones vinculadas a este proceso, el estallido terrorista de 2019 fue analizado desde categorías como rebelión, insurrección popular, lucha de clases y conquista del poder.

La crítica que formulaban no era precisamente que las movilizaciones hubieran sido demasiado radicales. Desde su perspectiva, el problema era que el proceso no había conseguido desarrollar una dirección revolucionaria capaz de llevarlo más lejos.

En otras palabras, el fracaso del proceso no habría consistido en haber destruido demasiado, sino en no haber conseguido transformar la rebelión en una verdadera ofensiva revolucionaria capaz de conquistar el poder. (ocrchile.blogspot.com). 

Esta interpretación cambia completamente la lectura del 18-O. Porque si una organización revolucionaria de extrema izquierda observa aquellos acontecimientos y concluye que faltó una dirección política capaz de conducir la movilización hacia la conquista del poder, entonces la pregunta ya no es solamente quién protestaba contra qué.

La pregunta pasa a ser: ¿qué sectores estaban intentando transformar una crisis social en una crisis revolucionaria del Estado?

Un intento de golpe contra Piñera

Aquí es donde la discusión política debe ser mucho más frontal. Sebastián Piñera había sido elegido democráticamente en 2017 y ejercía la Presidencia de la República cuando estallaron las movilizaciones.

Durante octubre y noviembre de 2019, el Gobierno enfrentó una presión callejera extraordinaria, mientras grupos violentos atacaban infraestructura, levantaban barricadas, incendiaban bienes y protagonizaban enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Desde una perspectiva de derecha, esa combinación de violencia política, paralización del país, presión callejera y debilitamiento de la autoridad presidencial puede ser interpretada como una tentativa insurreccional de derribar políticamente al Gobierno, aunque no exista una acreditación judicial de que toda esa violencia haya formado parte de un único plan golpista centralizado. Y precisamente por eso resulta relevante estudiar a las organizaciones revolucionarias que participaron ideológicamente de ese ambiente.

La tesis no es que cada persona que salió a la calle formara parte de la OCR. Sería absurdo afirmarlo. La tesis es otra: existía en Chile (y existe todavía) una ultraizquierda revolucionaria que concebía la movilización callejera como un instrumento para construir poder político y que posteriormente interpretó el estallido como una oportunidad revolucionaria frustrada. Eso es un hecho político que no debería ser ocultado.

El estallido delictual

Durante semanas, Chile vivió una violencia que excedió con creces los límites de una manifestación pacífica. Estaciones del Metro fueron incendiadas y destruidas; hubo saqueos masivos; supermercados, farmacias, comercios y pequeñas empresas fueron atacados; buses fueron quemados; edificios públicos sufrieron daños; carreteras y avenidas fueron bloqueadas mediante barricadas.

Desde una perspectiva de derecha, llamar simplemente a aquello “estallido social” resulta insuficiente. Fue también un estallido delictual y una crisis de seguridad de dimensiones nacionales. Y hay una razón política para insistir en ello: cuando la violencia deja de ser un hecho aislado y comienza a utilizarse sistemáticamente para paralizar ciudades, intimidar a la población y desafiar la autoridad del Estado, adquiere una dimensión política.

Una democracia puede tolerar la protesta. Lo que no puede normalizar es que la violencia sea utilizada como mecanismo de presión para obligar al Gobierno a ceder frente a quienes pretenden imponer cambios fuera de los canales institucionales.

“La rebelión se justifica”

La consigna utilizada por sectores vinculados a la OCR permite entender mejor su lenguaje político. En septiembre de 2023, en San Miguel, aparecieron barricadas con neumáticos incendiados y propaganda que incluía la frase “La rebelión se justifica”, junto con el nombre de la Organización Comunista Revolucionaria. Carabineros despejó posteriormente la vía y no hubo detenidos por ese hecho. (biobiochile.cl)

Esto no permite afirmar que la OCR haya ejecutado materialmente esa barricada. Pero tampoco puede ignorarse el significado político de que esa consigna aparezca asociada públicamente a la organización.

Porque la expresión resume perfectamente una concepción política: la rebelión no es presentada como una tragedia que debe evitarse, sino como una herramienta que puede justificarse políticamente. Para quienes defendemos el Estado de Derecho, esa concepción debe ser enfrentada intelectualmente sin complejos.

De la calle al poder

El proyecto de la OCR tampoco se limita a la protesta. Sus documentos plantean la necesidad de construir estructuras revolucionarias en lugares de trabajo, centros de estudio y barrios. La organización pretende insertarse en sindicatos y movimientos sociales y convertir esas luchas en espacios de acumulación política. (comunistasrevolucionarios.org)

Es una estrategia clásica de la izquierda revolucionaria: organizar, movilizar, generar conciencia política y construir una estructura capaz de conducir las crisis hacia una transformación revolucionaria. Por eso sería un error medir su importancia exclusivamente por su tamaño electoral.

Una organización revolucionaria puede tener pocos militantes y, aun así, intentar influir en sindicatos, universidades, movimientos sociales y protestas callejeras. La influencia política no siempre se mide en votos.

La convergencia con el Partido Comunista Revolucionario

En febrero de 2020 se produjo otro episodio fundamental: militantes de la OCR confluyeron con sectores provenientes de la tradición del antiguo Partido Comunista Revolucionario (PCR) para impulsar una nueva organización partidaria revolucionaria.

El PCR histórico había nacido en 1966 y había desarrollado originalmente una línea maoísta. La nueva experiencia realizó una revisión crítica de esa trayectoria y reivindicó nuevamente el marxismo-leninismo y la construcción del socialismo. (ocrchile.blogspot.com)

El proceso demuestra que la OCR no debe ser entendida como una agrupación improvisada surgida al calor del 18-O. Existe detrás una tradición política revolucionaria, una elaboración ideológica y una estrategia de construcción partidaria.

Una amenaza ideológica que no debe ser subestimada

La democracia chilena tiene derecho a defenderse de quienes pretenden destruirla. Eso no significa perseguir ideas comunistas ni prohibir la existencia de organizaciones de izquierda. Significa algo mucho más sencillo: exigir que toda organización política respete las reglas democráticas y rechazar cualquier intento de utilizar la violencia como mecanismo para conquistar el poder.

La OCR tiene derecho a defender el marxismo-leninismo. Pero quienes no compartimos esa ideología también tenemos derecho a señalar sus consecuencias históricas y a cuestionar abiertamente una concepción política que habla de revolución, lucha de clases, insurrección y conquista del poder.

Más aún cuando algunos de sus propios análisis posteriores presentan el 18-O como una oportunidad revolucionaria que no llegó suficientemente lejos.

La inquietante coincidencia del 18 de octubre

En política, muchas veces las coincidencias merecen ser observadas con atención. Resulta, cuanto menos, curioso que la llamada “Ley Maldita”, mediante la cual el gobierno de Gabriel González Videla proscribió al Partido Comunista, entrara en vigencia precisamente el 18 de octubre de 1948, y que 71 años después, el 18 de octubre de 2019, Chile volviera a vivir una jornada que marcaría uno de los episodios más violentos y convulsionados de su historia reciente. Por supuesto, establecer una relación causal entre ambas fechas sería aventurado y no existen pruebas que permitan afirmar que el estallido delictual de 2019 fue concebido como una suerte de “venganza histórica” por aquella proscripción. Pero la coincidencia resulta demasiado llamativa como para pasarla por alto, especialmente cuando se considera el papel que sectores de la extrema izquierda tuvieron en la interpretación política posterior del estallido. 

¿Fue simplemente una casualidad del calendario o, en la imaginación política de quienes reivindicaron aquellos acontecimientos, el 18 de octubre de 2019 terminó adquiriendo el significado simbólico de un ajuste de cuentas con una vieja derrota histórica de parte de la ultraizquierda chilena?

Chile no puede volver a equivocarse

El principal aprendizaje del 18 de octubre debería ser que una democracia no puede permanecer indefensa frente a la violencia política.

La legitimidad de las instituciones no depende de que todos estén de acuerdo con ellas. Depende de que los cambios políticos se produzcan mediante procedimientos democráticos y no mediante incendios, saqueos, barricadas o intimidación callejera.

Desde una perspectiva de derecha, el 18-O debe ser recordado también como una crisis insurreccional que puso en jaque al Gobierno constitucional del Presidente Sebastián Piñera, y no únicamente como una romántica epopeya de “despertar ciudadano”.

No toda persona que protestó era revolucionaria. No toda persona que marchó participó en delitos. Y no toda expresión de descontento puede ser atribuida a organizaciones como la OCR. Pero sería igualmente irresponsable negar la existencia de sectores que sí aspiraban a transformar la crisis en una ruptura revolucionaria. 

La Organización Comunista Revolucionaria es una pieza de ese rompecabezas. Su importancia está precisamente en que no oculta su propósito: habla de marxismo-leninismo, lucha de clases, organización revolucionaria, rebelión y conquista del poder. Y frente a eso, la respuesta de una democracia debe ser inequívoca: las ideas pueden combatirse con ideas, pero el poder político no puede conquistarse mediante la violencia ni mediante la destrucción de las instituciones republicanas.

Porque cuando una organización considera que la rebelión es un instrumento legítimo y que el objetivo final es conquistar el poder, ya no estamos hablando simplemente de una protesta. Estamos hablando de revolución.

Se jactaban de la revolución.