El estallido terrorista no cayó del cielo. Estaba todo planificado desde antes.
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| Eduardo Artés. |
Desde una perspectiva de derecha que yo defiendo, resulta legítimo hablar de un estallido delictual que terminó funcionando como una gigantesca operación de desestabilización política. Y también resulta legítimo preguntarse si aquello constituyó una intentona golpista no convencional, es decir, un intento de forzar la caída o la capitulación de un Presidente democráticamente elegido mediante la presión de la calle, la violencia y la paralización del país. Lo particularmente inquietante es que existían señales anteriores.
Artés lo dijo antes
En marzo de 2018, cuando Sebastián Piñera llevaba apenas algunos días instalado nuevamente en La Moneda, Eduardo Artés ya anticipaba un escenario de grandes movilizaciones contra el nuevo gobierno. La frase no apareció después del 18 de octubre de 2019. Fue pronunciada mucho antes. Artés sostuvo que durante ese año comenzarían a verse “grandes manifestaciones sociales en contra del gobierno”, y agregó que estas generarían que “la estabilidad de este gobierno esté haciendo aguas de aquí a un par de años más”.
No estamos hablando de una vaga predicción meteorológica sobre futuras protestas. Artés identificaba específicamente al gobierno de Piñera como objetivo de las movilizaciones y vinculaba esas manifestaciones con el debilitamiento de su estabilidad política. En la misma entrevista habló de un movimiento social que se expresaba “con fuerza en la calle” y planteó la necesidad de reagrupar a la oposición para producir “un salto institucional”.
La pregunta resulta inevitable. ¿Era simplemente una lectura política? ¿O existía ya, en determinados sectores de la extrema izquierda, la expectativa de que la movilización callejera pudiera convertirse en una herramienta para arrinconar al nuevo gobierno?
No hay evidencia suficiente para afirmar que Artés estuviera describiendo en 2018 un plan secreto para ejecutar exactamente lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Pero tampoco existe razón para borrar estas declaraciones de la historia.
Y después vino el nefasto 18-O
Diecinueve meses después de aquellas declaraciones llegó el estallido terrorista. Lo que inicialmente comenzó con evasiones masivas del Metro terminó rápidamente convertido en una crisis de orden público de dimensiones nacionales. Estaciones incendiadas, supermercados saqueados, infraestructura destruida, iglesias quemadas, barricadas, ataques a policías y una sucesión de hechos violentos que obligaron al Gobierno a decretar estado de emergencia y desplegar militares.
La expresión “estallido social” terminó convirtiéndose en una especie de categoría política destinada a suavizar la naturaleza de buena parte de lo ocurrido. Pero una cosa es reconocer que existían demandas sociales legítimas y otra completamente distinta es negar que durante semanas Chile vivió una oleada de violencia delictual y destrucción organizada o coordinada en distintos puntos del territorio.
Incluso dentro de la propia izquierda existen voces que han reconocido posteriormente que la violencia terminó apropiándose de las movilizaciones. El senador socialista Juan Luis Castro, por ejemplo, sostuvo años después que “una causa justa fue cooptada por la violencia”.
Para una derecha que no quiera pedir disculpas por defender el Estado de Derecho, la conclusión debería ser evidente: ninguna demanda social convierte el incendio, el saqueo o el ataque contra la policía en un mecanismo legítimo de transformación política.
El objetivo dejó de ser una política pública
Hay otro elemento que no puede ignorarse. El estallido delictual no solamente cuestionó políticas específicas. Muy rápidamente apareció una demanda política mucho más profunda: la salida de Piñera.
La protesta comenzó a funcionar como una presión extraordinaria sobre un gobierno elegido democráticamente. Y aquí aparece la tesis de la intentona golpista.
Un golpe de Estado no necesariamente tiene que adoptar el formato clásico de tanques entrando a La Moneda. En una democracia moderna también puede plantearse una estrategia de desestabilización mediante la paralización del país, la violencia callejera, terrorismo urbano y la presión permanente hasta conseguir que un gobierno constitucionalmente elegido sea incapaz de ejercer su autoridad.
Eso es precisamente lo que hace razonable hablar, como interpretación política, de una intentona golpista no convencional. No significa afirmar que cada persona que salió a protestar formara parte de un complot. Tampoco significa sostener que todas las organizaciones sociales o todos los partidos de izquierda participaron de una conspiración. Significa observar el resultado político de una movilización que, en su fase más violenta, consiguió poner al gobierno contra las cuerdas y obligarlo a adoptar decisiones bajo una presión callejera extraordinaria.
Artés volvió a reivindicar el levantamiento
La propia trayectoria posterior de Eduardo Artés permite entender mejor el problema. En una entrevista publicada por La Cuarta, Artés describió el 2019 como un “levantamiento” o “estallido” y reconoció que “no teníamos la capacidad de que alguien lo condujera”. La frase es extraordinariamente reveladora. Porque supone reconocer que aquello fue, desde su perspectiva, un proceso de levantamiento popular que careció de una conducción política suficientemente fuerte.
Pero Artés fue todavía más lejos. En la misma entrevista afirmó que después de 2019 “van a venir nuevos levantamientos”. Es decir, para él no se trató simplemente de una anomalía histórica ya superada. El levantamiento vandálico aparece como una posibilidad permanente derivada de las contradicciones sociales y políticas.
La interpretación queda todavía más clara cuando se observa su discurso político posterior. En otra entrevista, Artés ha defendido explícitamente la necesidad de impulsar transformaciones revolucionarias y ha sostenido que estas deben realizarse “desde adentro y desde afuera”.
Desde una perspectiva democrática liberal, esa concepción merece ser discutida seriamente. Porque si la institucionalidad es insuficiente y la calle aparece como el mecanismo para imponer transformaciones cuando las urnas no entregan el resultado esperado, entonces la democracia queda subordinada a la capacidad de movilización y presión.
No fue una simple protesta
El punto central no es afirmar que todos quienes participaron del 18-O fueran extremistas. Eso sería absurdo. El punto es otro. Una protesta ciudadana puede coexistir con una violencia política que termina desbordándola y utilizando su fuerza para objetivos distintos de las demandas originales. Eso fue lo que ocurrió en Chile.
Y el resultado fue extraordinario. Un gobierno elegido democráticamente quedó políticamente debilitado. El Congreso terminó negociando un nuevo itinerario constitucional bajo la presión de una crisis nacional. La agenda pública cambió completamente. Y durante meses el Estado pareció incapaz de recuperar plenamente el control del orden público.
Por eso la pregunta sobre la naturaleza política del 18-O no puede ser despachada simplemente diciendo que “fue una protesta social”.
Fue una protesta social, pero que sólo duró un día: el 25 de octubre del 2019, con esa manifestación que convocó a más de un millón de personas. Pero también acarreó una gigantesca crisis de orden público. Fue un episodio de violencia política. Fue un período de destrucción del patrimonio público y privado. Y, desde una determinada interpretación política, fue también un intento de forzar mediante la calle aquello que no podía obtenerse mediante las urnas. La ultraizquierda pretendió lograr por la fuerza bruta lo que no pudo conseguir por la vía democrática.
Las palabras anteriores adquieren otro significado
Volvamos entonces a marzo de 2018. Artés había dicho que habría “grandes manifestaciones sociales en contra del gobierno” y que estas podían provocar que “la estabilidad de este gobierno esté haciendo aguas”. Después vino el 18-O.
Años más tarde, el propio Artés calificó lo ocurrido como un “levantamiento”, reconoció que no existió una conducción suficiente y anticipó que “van a venir nuevos levantamientos”.
¿Esto demuestra que Artés planificó el estallido? No. No existe evidencia suficiente para afirmar eso como un hecho probado.
¿Demuestra que en la extrema izquierda existía antes del 18-O un discurso que concebía la movilización callejera como instrumento para alterar la estabilidad del gobierno? Sí. Y esa diferencia es fundamental. Porque durante demasiado tiempo se quiso presentar a Chile como si el 18 de octubre hubiera amanecido repentinamente en llamas sin que nadie hubiera anticipado un escenario semejante. Las declaraciones de Artés demuestran, al menos, que algunos dirigentes políticos estaban pensando y hablando explícitamente de grandes movilizaciones contra Piñera mucho antes de que el país conociera la palabra “estallido”.
Por eso, desde la derecha, no hay ninguna razón para aceptar el lenguaje edulcorado que convirtió el “estallido delictual” en una especie de epopeya romántica. Hubo violencia. Hubo destrucción. Hubo delincuencia. Hubo presión política sobre las instituciones. Y hubo una enorme operación de desestabilización que terminó golpeando directamente a un Presidente elegido por los chilenos.
Llamarlo “intentona golpista” es una interpretación política fuerte, pero perfectamente legítima cuando se utiliza para describir el propósito y el efecto de una estrategia de desestabilización no convencional. Lo que resulta mucho menos defendible es negar que existió una ofensiva política y callejera de una magnitud extraordinaria contra el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
El 18-O no cayó del cielo. Y las palabras pronunciadas antes de aquel octubre permiten, al menos, afirmar una cosa con absoluta claridad: la posibilidad de utilizar la calle para hacer tambalear al gobierno ya estaba presente en el discurso de la extrema izquierda antes de que comenzaran las primeras evasiones del Metro.
¿Una coincidencia demasiado conveniente?
Hay otro elemento que resulta, cuando menos, llamativo. El estallido delictual comenzó el 18 de octubre de 2019, exactamente 71 años después de que, el 18 de octubre de 1948, se publicara en el Diario Oficial el texto refundido de la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida históricamente como la “Ley Maldita”, legislación que proscribió al Partido Comunista de la actividad política durante una década. Por supuesto, una coincidencia de fechas no constituye por sí misma una prueba de planificación ni permite afirmar responsablemente que el 18-O haya sido escogido deliberadamente por esa razón. Pero en política las fechas también tienen carga simbólica, especialmente para organizaciones con una larga memoria histórica.
Que un episodio de violencia política que terminó poniendo contra las cuerdas a un gobierno de centroderecha haya comenzado precisamente un 18 de octubre, la misma fecha en que décadas antes se había formalizado el texto de una ley cuyo objetivo fue proscribir al Partido Comunista, es una coincidencia demasiado sugestiva como para no mencionarla.
¿Fue simplemente eso, una coincidencia? Es imposible demostrar lo contrario con los antecedentes disponibles. Pero tampoco existe ninguna razón para impedir que la pregunta sea formulada. Y cuando esa coincidencia se observa junto a las declaraciones previas de Eduardo Artés sobre grandes movilizaciones destinadas a hacer tambalear la estabilidad del gobierno de Piñera, adquiere, al menos, una dimensión política que merece ser investigada.