La destrucción brutal que fue el estallido delictual del 2019: la crisis económica y la fractura democrática que Chile todavía no logra cerrar.
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| Estallido terrorista. |
Las distintas estimaciones construidas a partir de información pública, informes oficiales, estudios económicos, publicaciones especializadas y antecedentes disponibles en internet sitúan el costo económico del 18-O en varios miles de millones de dólares. Pero la factura más profunda no aparece en ninguna contabilidad: fue la erosión del respeto por el Estado de Derecho y la legitimación de la violencia como instrumento de presión política. Desde una perspectiva de derecha, el estallido puede ser entendido como un intento de insurrección política destinado a forzar la salida del Presidente Sebastián Piñera y doblegar institucionalmente a su gobierno. No fue un golpe de Estado consumado —porque Piñera no fue derrocado y las instituciones constitucionales sobrevivieron—, pero sí existieron elementos que permiten hablar de un intento de golpe de fuerza o de desestabilización insurreccional. La pandemia, llegada a Chile en marzo de 2020, interrumpió además un ciclo de movilizaciones que todavía no había desaparecido.
El 18 de octubre de 2019 Chile dejó de ser, al menos durante varias semanas, el país relativamente predecible que había construido durante décadas. Las evasiones del Metro dieron paso a incendios, saqueos, barricadas, ataques contra infraestructura pública y privada y una crisis de orden público que obligó al Gobierno a decretar Estado de Emergencia y desplegar a las Fuerzas Armadas.
La discusión sobre las causas del fenómeno seguirá siendo legítima. También es legítimo reconocer que existían problemas sociales, abusos, desigualdades y una pérdida de confianza en instituciones que requerían respuestas políticas. Lo que no resulta legítimo es utilizar esas causas para relativizar la violencia.
Desde una perspectiva de derecha, esa es precisamente la diferencia que debe establecerse con claridad: una manifestación pacífica es parte de la democracia; incendiar un Metro, saquear un supermercado, destruir una comisaría o atacar infraestructura crítica no lo es.
Y esa distinción importa porque el costo de octubre de 2019 no fue solamente económico.
- Fue también político, institucional y cultural.
- Una factura de miles de millones de dólares
No existe una cifra oficial única que permita decir que el estallido costó exactamente determinada cantidad de dinero. Las instituciones utilizaron metodologías distintas y midieron fenómenos diferentes.
Por eso, para aproximarse a su costo real es necesario contrastar los antecedentes del Banco Central, Ministerio de Hacienda, DIPRES, Ministerio de Economía, Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Aseguradores, Metro, estudios académicos y publicaciones económicas, además de la información disponible en internet.
Sobre esa base, las estimaciones elaboradas por inteligencia artificial ofrecen una herramienta adicional de síntesis.
- ChatGPT, utilizando el conjunto de antecedentes disponibles en la web y construyendo un escenario amplio y neutral, estimó un costo económico de entre US$10.500 millones y US$17.500 millones, con un punto central cercano a US$14.000 millones.
- Gemini, la inteligencia artificial de Google, mediante una aproximación más conservadora, situó el costo entre US$6.000 millones y US$10.500 millones, con un punto medio de US$8.250 millones.
- El promedio simple de ambos puntos centrales entrega: US$11.125 millones.
No se trata de una cifra oficial ni de una auditoría económica. Pero sí constituye una aproximación útil cuando se contrastan múltiples fuentes y se eliminan, en la medida de lo posible, las duplicaciones. Por eso, una estimación periodística prudente podría situar la factura económica del estallido en torno a US$9.000–14.000 millones, con un centro cercano a US$11.000–12.000 millones.
US$4.579 millones de infraestructura destruida
La Cámara Chilena de la Construcción estimó en aproximadamente US$4.579 millones los daños en infraestructura pública y privada.
Hacienda, utilizando otra metodología, estimó posteriormente unos US$1.400 millones en daños de infraestructura. No se pueden sumar ambas cifras porque existe superposición. Pero ambas sirven para demostrar la magnitud del fenómeno.
Si se toma simplemente el promedio de ambas estimaciones, se obtiene cerca de US$2.990 millones. Es decir, aproximadamente US$3.000 millones como punto medio de las principales estimaciones de daños físicos. Y eso no incluye necesariamente todos los costos indirectos derivados de la paralización de la economía.
El Metro: US$380 millones
Uno de los episodios más graves y repudiables del estallido delictual fue la destrucción de la red de Metro de Santiago. Hacienda estimó en aproximadamente US$380 millones los daños provocados a la infraestructura del Metro.
Pero la importancia del Metro va mucho más allá de su valor contable. Es la columna vertebral del transporte de Santiago. Cuando una estación queda destruida, el costo no se limita a reconstruir escaleras, torniquetes, sistemas eléctricos o instalaciones.
También se multiplican los tiempos de traslado, se afecta la productividad y disminuye la actividad económica de las zonas circundantes.
- El costo visible tiene un precio.
- El costo de oportunidad, en cambio, es mucho más difícil de medir.
110 supermercados saqueados en una sola noche
La dimensión del fenómeno también puede observarse en los balances de seguridad entregados durante los primeros días. El 21 de octubre de 2019, el Ministerio del Interior informó que durante la noche anterior se habían producido 110 saqueos a supermercados y más de 13 incendios en recintos de este tipo, además de 50 carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas lesionados.
El dato es brutal por una razón muy sencilla: no estamos hablando de un pequeño grupo de incidentes aislados. Se estaba produciendo una alteración simultánea del orden público y de las cadenas de abastecimiento.
El propio Gobierno informó el 29 de octubre que había 997 personas imputadas en investigaciones asociadas a los hechos de violencia de esas semanas y que se habían presentado 228 querellas por Ley de Seguridad del Estado o incendios vinculados a la destrucción de estaciones de Metro.
Esto no demuestra que todas las personas movilizadas fueran delincuentes —sería absurdo afirmarlo—, pero sí demuestra que dentro de la crisis existió un componente delictual masivo que no puede ser ocultado detrás de la palabra “manifestación”.
Hasta US$3.000 millones en siniestros asegurados
La Asociación de Aseguradores estimó que los siniestros derivados de incendios, saqueos y daños podían representar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones.
El promedio de ese rango es: US$2.500 millones.
Nuevamente, no corresponde sumar esta cifra íntegramente a los US$4.579 millones de la CChC, porque parte de los bienes asegurados también forman parte de las estimaciones generales de destrucción.
Pero existe un mensaje inequívoco: la destrucción privada fue gigantesca. Y detrás de cada local destruido no había solamente una estadística: había un empresario, un trabajador, una familia, un proyecto de vida.
El brutal golpe al PIB
La destrucción física fue sólo una parte del problema. El Banco Central informó en diciembre de 2019 que la crisis social había cambiado significativamente el escenario macroeconómico y había afectado negativamente la actividad de corto plazo. El organismo proyectaba entonces una caída de 2,5% del PIB durante el cuarto trimestre, mientras estimaba un crecimiento anual cercano al 1%. También advertía de variaciones negativas en consumo e inversión. Finalmente, el crecimiento de 2019 terminó siendo de apenas 0,6%.
No todo ese bajo crecimiento puede atribuirse al estallido: la economía ya venía desacelerándose. Pero la magnitud del shock de octubre es indiscutible. Una estimación contrafactual prudente permite situar la pérdida de actividad atribuible al episodio en torno a US$4.000–6.000 millones.
- El punto medio: US$5.000 millones.
Es dinero que no necesariamente aparece como una “pérdida” en una empresa o en una cuenta bancaria. Son actividades que no ocurrieron: ventas que no se concretaron, jornadas de trabajo perdidas, producción que se paralizó y servicios que no se prestaron.
La factura fiscal
La crisis también golpeó al Estado. La caída de la actividad significó menores ingresos tributarios y, simultáneamente, aumentó la presión para que el Gobierno destinara recursos a reconstrucción, apoyo a las pymes y medidas sociales.
El Ejecutivo terminó implementando un plan extraordinario de US$5.500 millones para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Pero esos US$5.500 millones no pueden contabilizarse como destrucción pura. Una parte fue gasto, otra inversión, otra apoyo financiero y otra estímulo económico. Por eso, sería metodológicamente incorrecto sumar la totalidad de esa cifra a los daños materiales.
Lo que sí demuestra es otra cosa: la crisis obligó al Estado a movilizar una cantidad extraordinaria de recursos en un período muy breve. Aquí comienza el componente más difícil de medir.
- ¿Qué precio tiene un proyecto de inversión que nunca se ejecutó?
- ¿Qué precio tiene una empresa que decidió esperar?
- ¿Qué precio tiene la incertidumbre política?
- ¿Qué precio tienen los templos y las iglesias que fueron quemadas, muchas de ellas monumentos nacionales?
- ¿Qué precio tiene un pequeño comerciante que cerró definitivamente?
- ¿Qué precio tiene una familia que dejó de confiar en que su barrio sería seguro?
No existe una columna específica en las cuentas nacionales para contabilizarlo. Pero los economistas saben que la incertidumbre afecta las decisiones de inversión. El propio Banco Central señaló en diciembre de 2019 que la incertidumbre estaba afectando las decisiones de consumo e inversión. Y este es probablemente uno de los efectos de mayor duración.
El quiebre de la confianza
El daño institucional tampoco fue una impresión subjetiva. Los datos del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestran hasta qué punto la confianza se había desplomado. En 2019, la confianza declarada en el Gobierno era de apenas 5%, en el Congreso 3% y en los partidos políticos 2%. El problema no fue solamente que los ciudadanos desconfiaran de determinadas autoridades.
El problema fue que comenzó a deteriorarse la confianza en el sistema político como mecanismo legítimo para procesar conflictos.
Y cuando una democracia pierde confianza en sus instituciones, aumenta el atractivo de soluciones extrainstitucionales. Ese es el verdadero peligro.
La violencia dejó de ser un límite infranqueable
Toda democracia necesita una frontera moral y jurídica que no pueda cruzarse. Esa frontera es sencilla: las diferencias políticas se resuelven mediante elecciones, deliberación, legislación, tribunales y mecanismos constitucionales; no mediante incendios, saqueos y violencia callejera. Durante 2019, sin embargo, esa frontera se volvió borrosa, o derechamente inexistente.
Una parte de la izquierda política, intelectual y cultural condenó la violencia; otra parte (la mayor parte de ella) la relativizó; y otra intentó explicarla de tal manera que la condena terminaba quedando subordinada a la explicación de sus causas.
El problema no es explicar por qué alguien delinque. El problema comienza cuando la explicación se convierte en justificación. Una democracia puede discutir desigualdad, pensiones, salud, educación, salarios, impuestos o abusos empresariales. Lo que no puede aceptar es que alguien concluya que esas causas le otorgan derecho a destruir los bienes de otros. Ninguna causa política convierte el delito en virtud.
¿Fue un golpe de Estado?
Aquí conviene utilizar las palabras con precisión. Desde una perspectiva de derecha, es perfectamente defendible interpretar el 18-O como un intento insurreccional de desestabilizar al Gobierno y forzar la salida del Presidente Sebastián Piñera, e incluso como un intento de golpe de fuerza bruta en contra de la autoridad constituida.
La razón es que no se trató simplemente de protestas dispersas. Durante semanas hubo violencia masiva, ataques a infraestructura crítica, incendios, saqueos y presión callejera sobre el Gobierno y las instituciones.
Además, el conflicto adquirió rápidamente una dimensión política que terminó desembocando en un discutible y polémico acuerdo institucional para modificar la Constitución. Pero hay que hacer una distinción histórica indispensable:
- No fue un golpe de Estado consumado, aunque sí puede decirse que fue un claro intento de golpe de Estado.
- Sebastián Piñera no fue derrocado, pero pretendían hacerlo.
- El Congreso continuó funcionando.
- Los tribunales continuaron funcionando.
- La Constitución continuó vigente.
- Las Fuerzas Armadas no tomaron el poder; de hecho defendieron la democracia.
- No existió una ruptura formal del orden constitucional, aunque la crisis delictual del 18-O fue desastrosa para el país.
Afirmar que “el estallido fue un golpe de Estado” como si se tratara de un hecho jurídico e históricamente establecido puede ser discutible, pero perfectamente puede ser una opción válida.
Otros sostienen que fue una crisis insurreccional que, desde una interpretación política válida, puede ser caracterizada como un intento de golpe de fuerza para forzar la caída del Gobierno. La diferencia no es semántica. Es histórica.
La acusación contra Piñera y el límite institucional
Hay un dato que también resulta relevante. En diciembre de 2019, en plena crisis, la Cámara de Diputados discutió una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. La Sala desestimó su admisibilidad por 79 votos contra 73, aprobando la llamada cuestión previa y considerando que el libelo no cumplía los requisitos constitucionales.
Esto demuestra que existieron canales institucionales para intentar establecer responsabilidades políticas. Y esa es precisamente la diferencia entre democracia y presión insurreccional para lograr un objetivo político concreto.
- Un gobierno puede ser criticado.
- Un Presidente puede ser investigado.
- Un ministro puede ser acusado constitucionalmente.
- Un mandatario puede perder una elección.
- Pero ninguna de esas alternativas necesita barricadas, incendios ni saqueos.
La pandemia: el factor que cambió la historia
Aquí aparece un elemento decisivo. El primer caso de COVID-19 fue confirmado oficialmente en Chile el 3 de marzo de 2020. El 18 de marzo se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe. La pandemia modificó completamente la realidad nacional.
Las grandes concentraciones dejaron de ser posibles, comenzaron las cuarentenas, se restringió la movilidad y la prioridad del país pasó a ser sanitaria.
Un estudio publicado en SciELO describe precisamente el inicio de la pandemia como el momento en que las movilizaciones masivas que habían comenzado en octubre de 2019 fueron temporalmente suspendidas por el riesgo sanitario.
Por eso, desde una perspectiva política de derecha, puede sostenerse que la pandemia contribuyó decisivamente a interrumpir el ciclo de movilización iniciado en octubre... y probablemente terminó por salvar al Presidente Piñera de un derrocamiento que parecía casi inminente.
Pero también aquí hay que evitar una afirmación que la evidencia no permite demostrar: no podemos decir como hecho histórico que “Piñera habría sido derrocado de no haber existido el coronavirus”... pero sí se puede inferir que sin la pandemia, las posibilidades de un derrocamiento del mandatario habrían sido mucho más evidentes y probables. Sin embargo, todo eso pertenece al terreno del contrafactual.
Lo que sí podemos decir es mucho más sólido: el movimiento de terrorismo y de protesta vandálica continuaba activo a comienzos de 2020 y la llegada del COVID-19 introdujo un shock externo que cambió radicalmente las condiciones de movilización y terminó interrumpiendo el vandalismo masivo. En ese sentido, la pandemia fue un punto de inflexión histórico.
Chile quedó dividido en dos relatos
El problema más profundo apareció después. Para una parte de Chile, octubre de 2019 fue una explosión legítima contra abusos y desigualdades. Para otra parte, fue una expresión de terrorismo y la mayor crisis de orden público de la democracia reciente, además de un episodio en que la violencia fue utilizada para presionar a las instituciones. Ambas memorias históricas siguen coexistiendo y confrontándose hasta el día de hoy.
El problema es que en democracia no se puede estar de acuerdo con quien quema iglesias (y que nunca las repara), con quien saquea supermercados y vandaliza negocios, y todo motivado por una ideología política. En democracia se pueden aceptar muchas cosas, pero no se puede estar de acuerdo con quienes utilizan el terrorismo como mecanismo de coerción política.
Cuando se legitima la violencia vandálica como herramienta política es una barrera que en democracia no se puede cruzar, y en ese sentido hay que ser claro y decir las cosas por su nombre. Ahí el pluralismo deja de ser pluralismo y comienza a transformarse en una lucha existencial.
La confianza institucional no se recupera de un día para otro
La Encuesta CEP registró que la confianza en el Gobierno del Presidente Piñera cayó hasta 5% en diciembre de 2019, pocas semanas después del estallido delictual. También mostró niveles históricamente bajos para otras instituciones políticas. Ese deterioro ayuda a explicar por qué Chile entró en una etapa política completamente distinta.
Después llegaron el polémico acuerdo constitucional, el controversial plebiscito de entrada, la aparatosa Convención Constitucional, el plebiscito de salida de 2022, un segundo proceso constitucional y el plebiscito de 2023. El país pasó años discutiendo una nueva arquitectura constitucional, y cada día se polarizaba más. El problema es que ninguna Constitución puede resolver por sí sola una fractura cultural e ideológica irreconciliable. Una carta fundamental puede establecer reglas, pero no puede obligar a los ciudadanos a confiar unos en otros.
La reconstrucción económica es posible; la reconstrucción cultural es más difícil
Chile puede reconstruir una estación de Metro. Puede reparar una calle. Puede reemplazar un semáforo.
Puede reconstruir un supermercado. Puede aprobar una ley. Puede incluso reformar una Constitución. Pero reconstruir la confianza entre ciudadanos que comenzaron a verse como enemigos es mucho más difícil. Ese es el verdadero legado del horroroso 18-O.
La fractura no consiste simplemente en que la izquierda piense una cosa y la derecha otra. Eso es normal en democracia. La fractura aparece cuando dos sectores de la sociedad dejan de compartir un conjunto mínimo de reglas sobre lo que es legítimo hacer para imponer sus ideas. La fractura empieza cuando unos utilizan el terrorismo y el vandalismo como instrumento político para presionar a un Gobierno por la vía de la fuerza bruta.
Una democracia puede sobrevivir a una derrota electoral. Puede sobrevivir a un gobierno malo. Puede sobrevivir a una mala política económica. Lo que le cuesta mucho más sobrevivir es a la normalización de la violencia política y del terrorismo como instrumento ideológico.
Chile necesita recuperar un consenso democrático básico
El país necesita reconstruir un principio que debería ser obvio: nadie tiene derecho a destruir Chile para intentar cambiarlo. Ni la izquierda. Ni la derecha. Ni el Gobierno. Ni la oposición. Ni los movimientos sociales. Ni los empresarios. Ni los sindicatos. Ni ningún grupo que considere que su causa política está por encima de la ley. Ese debe ser el nuevo consenso democrático.
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| Terroristas pirómanos. |
La verdadera factura del 18-O
Al final, la discusión sobre cuánto costó el estallido no puede reducirse a una tabla contable. La factura económica puede estimarse. La factura institucional puede estudiarse. La factura cultural todavía está siendo pagada.
- US$11.125 millones es el promedio de los puntos centrales de las estimaciones elaboradas por ChatGPT y Gemini a partir del amplio conjunto de antecedentes disponibles.
- US$9.000–14.000 millones constituye un rango prudente para presentar el costo económico global sin caer en falsas certezas.
Pero el número más importante no está en dólares. Está en la confianza. Porque un país puede reconstruir US$4.000 millones en infraestructura. Puede recuperar US$5.000 millones de actividad perdida. Puede volver a atraer inversión. Puede reparar el Metro. Puede levantar nuevamente los locales destruidos. Puede construir nuevamente las iglesias quemadas (aunque hasta ahora no lo ha hecho). Lo que no puede comprar con dinero es el consenso democrático perdido.
Por eso, ninguna causa política, por justa que se considere, puede otorgar licencia para destruir la democracia, quemar el país o destruir los bienes ajenos. Chile necesita recuperar el crecimiento, fortalecer la seguridad, reducir la burocracia, recuperar la inversión y reconstruir sus instituciones. Pero sobre todo necesita borrar esa fractura ideológica que durante 2019 quedó peligrosamente debilitada.
La violencia no puede volver a ser presentada como una forma legítima de hacer política. Las calles se reconstruyen. Las estaciones del Metro se reconstruyen. Los comercios se reconstruyen. Las instituciones pueden reformarse. Pero la confianza entre ciudadanos y el respeto por las reglas comunes pueden tardar varias generaciones en recuperarse. Y esa, mucho más que cualquier cifra expresada en millones de dólares, es la verdadera deuda que el macabro estallido delictual dejó pendiente con Chile.
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