No existe una cifra oficial única que permita establecer cuánto costó el mal llamado “estallido social” de 2019. Pero al reunir antecedentes del Banco Central, Ministerio de Hacienda, DIPRES, Ministerio de Economía, Cámara Chilena de la Construcción, aseguradoras y otras fuentes, y contrastarlos con una revisión amplia de la información disponible en internet y en publicaciones económicas, las estimaciones elaboradas por inteligencia artificial permiten aproximarse a una magnitud: entre US$9.000 y US$14.000 millones, con un punto central cercano a los US$11.000–12.000 millones.
 |
| Terrorismo y comunismo. |
El 18 de octubre de 2019 Chile comenzó a vivir uno de los episodios más convulsos de su historia reciente. Durante semanas, incendios, saqueos, barricadas, ataques a infraestructura pública y privada y una paralización parcial de importantes sectores de la economía alteraron la vida cotidiana de millones de personas.
Durante años se consolidó la denominación de “estallido social”, que en estricto rigor tuvo muchísimo más de delictual que de social. Desde una perspectiva estrictamente económica, resulta más preciso hablar de un episodio de violencia y destrucción que tuvo consecuencias sociales y económicas profundas. Las legítimas manifestaciones pacíficas que también existieron no pueden confundirse con los delitos, saqueos, incendios y ataques contra bienes públicos y privados que produjeron la factura económica.
¿Cuánto fue su costo para Chile? La respuesta depende de qué se incluya en la cuenta. Si se consideran solamente los bienes destruidos, la cifra se mueve en torno a varios miles de millones de dólares. Si se incorpora además la actividad económica perdida, los menores ingresos fiscales, los efectos sobre la inversión y otros impactos razonablemente atribuibles al episodio, la factura aumenta considerablemente.
Y aquí aparece un dato especialmente interesante: las estimaciones elaboradas por ChatGPT y Gemini no se basan en una sola noticia ni en una única estadística. El ejercicio busca contrastar y sintetizar todos los datos disponibles en internet, informes oficiales, publicaciones económicas, estudios, antecedentes institucionales y estimaciones difundidas por organismos públicos y privados. No sustituyen una auditoría económica oficial, pero permiten construir un rango de magnitud utilizando una gran cantidad de información disponible, y en base a la opinión de dos IA ajenas a la política chilena y relativamente neutrales.
La primera factura: infraestructura destruida
Una de las estimaciones más importantes fue la de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que calculó preliminarmente en US$4.579 millones los daños provocados a infraestructura y bienes públicos y privados.
La magnitud resulta especialmente significativa porque no se trataba simplemente de pérdidas comerciales transitorias: incluía destrucción física de activos, infraestructura urbana y propiedades que habían requerido años de inversión. Posteriormente, el Gobierno entregó una estimación considerablemente más conservadora.
El Ministerio de Hacienda calculó en aproximadamente US$1.400 millones los daños de infraestructura, considerando cerca de US$750 millones en infraestructura pública y US$850 millones en infraestructura privada. Dentro del componente público, aproximadamente US$380 millones correspondían al Metro de Santiago.
Ambas cifras no deben sumarse, porque intentan medir parcialmente el mismo fenómeno. Pero permiten establecer un dato revelador: las principales estimaciones institucionales situaron el daño material en un rango de aproximadamente US$1.400 a US$4.600 millones. Si simplemente calculamos el promedio de ambos extremos, obtenemos cerca de US$3.000 millones.
El Metro de Santiago: US$380 millones
El Metro se convirtió en uno de los símbolos más evidentes de la destrucción causada por los terroristas pirómanos de extrema izquierda. Decenas de estaciones fueron atacadas, algunas incendiadas y otras seriamente dañadas. El costo estimado de recuperación de la red alcanzó aproximadamente US$380 millones, según las estimaciones gubernamentales. Pero el costo económico de la destrucción del Metro no termina en la reconstrucción.
Una estación cerrada significa también menos movilidad, mayores tiempos de traslado, dificultades para llegar al trabajo, reducción del flujo de consumidores y alteración de la actividad comercial alrededor de las estaciones. Es decir, los US$380 millones representan el costo visible; los efectos indirectos son mucho más difíciles de contabilizar.
Las aseguradoras: hasta US$3.000 millones
Otra fuente importante fueron las compañías de seguros. La Asociación de Aseguradores de Chile estimó que los siniestros derivados de incendios, saqueos y daños podían representar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones en indemnizaciones. El promedio de ese rango es de US$2.500 millones.
Una vez más, esta cifra no debe sumarse automáticamente a los US$4.579 millones de la CChC, porque existe una superposición importante: parte de los bienes asegurados también están incluidos en las estimaciones generales de destrucción. Pero el dato sí permite dimensionar el tamaño de los daños privados.
No se trató solamente de mobiliario urbano o infraestructura estatal. Miles de empresas, comercios, vehículos, locales y propiedades fueron afectados. Y a todo esto hay que sumarle el daño irreparable que sufrieron numerosas iglesias que eran monumentos nacionales, que nunca más volvieron a ser reparadas y dejadas como estaban antes.
El costo invisible: lo que Chile dejó de producir
La destrucción física es relativamente sencilla de contabilizar. Mucho más difícil es medir aquello que no ocurrió.
Durante las semanas posteriores al 18 de octubre se redujeron horarios comerciales, se suspendieron actividades, disminuyó el transporte, se paralizaron empresas y se deterioró la actividad de sectores completos de la economía.
El Banco Central advirtió en diciembre de 2019 que la crisis social había producido un deterioro significativo de las perspectivas económicas y proyectaba para el cuarto trimestre una contracción de la actividad.
El PIB chileno finalmente creció sólo 0,6% durante 2019, después de haber crecido 4,0% en 2018. Pero aquí hay que ser rigurosos: no es correcto atribuir toda la diferencia al estallido. Chile ya venía desacelerándose antes de octubre de 2019, específicamente desde el 2014, cuando la entonces Presidenta Michelle Bachelet cambió el sistema tributario nacional.
Por todo eso, una estimación contrafactual prudente puede situar la pérdida de actividad atribuible al episodio en aproximadamente US$4.000–6.000 millones.
El punto medio sería: US$5.000 millones. No son edificios destruidos. Son bienes y servicios que dejaron de producirse, ventas que no se realizaron, horas de trabajo perdidas y actividad económica que no llegó a materializarse.
El impacto sobre las cuentas fiscales
El Estado tampoco salió indemne. La Dirección de Presupuestos registró un fuerte deterioro de las perspectivas fiscales hacia fines de 2019. La actualización de diciembre de ese año mostró que el menor nivel de actividad proyectado implicaba aproximadamente 1% del PIB de menores ingresos fiscales respecto del presupuesto original para 2020, mientras la Agenda Social y otros compromisos modificaban adicionalmente el balance estructural.
Aquí conviene hacer una precisión respecto de la cifra de US$3.000 millones que suele citarse como menores ingresos fiscales asociados a la crisis: debe entenderse como una estimación del impacto fiscal de la menor actividad y de las medidas adoptadas, y no como US$3.000 millones de destrucción adicional que puedan simplemente sumarse a los daños materiales. Esta distinción es fundamental para no inflar artificialmente la factura.
US$5.500 millones para enfrentar la crisis
El Gobierno de Sebastián Piñera también debió desplegar una política fiscal extraordinaria. En diciembre de 2019, el entonces ministro de Economía, Lucas Palacios, informó que se estaba implementando una política fiscal expansiva de US$5.500 millones para mitigar el impacto económico de la crisis.
Posteriormente, la DIPRES incorporó en sus proyecciones una agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las mipymes. Pero nuevamente hay que evitar un error frecuente: US$5.500 millones de gasto o estímulo fiscal no equivalen a US$5.500 millones destruidos.
Una parte importante de esos recursos permaneció en la economía mediante inversión, transferencias, crédito y programas de apoyo. Por eso, no corresponde agregar mecánicamente esa cifra a la factura final.
¿Qué ocurrió con la inversión? El problema tampoco terminó cuando disminuyeron los saqueos y las barricadas.
La incertidumbre política y económica alteró las expectativas de empresas y agentes económicos. El Banco Central modificó sustancialmente sus proyecciones de inversión después de octubre.
Aquí aparece uno de los costos más difíciles de cuantificar: el proyecto que no se ejecutó, la ampliación que se postergó, la contratación que no se produjo o la inversión que se trasladó en el tiempo.
No existe una estadística que permita decir que cada dólar de inversión no realizada posteriormente fue causado por el estallido. La pandemia, la incertidumbre constitucional, las condiciones internacionales y otros factores también influyeron. Por eso, este componente debe utilizarse como factor de riesgo y no como una suma automática a la factura.
La polémica cifra de los US$50.000 millones
También se ha difundido una cifra superior a US$50.000 millones asociada a salidas de capital posteriores al estallido. Es una cifra que requiere especial cautela.
El Banco Central registra movimientos importantes de capitales durante los años posteriores, pero estos movimientos no pueden atribuirse exclusivamente al 18 de octubre de 2019.
Entre 2020 y 2022 Chile atravesó una pandemia mundial, retiros extraordinarios de fondos previsionales, cambios en las carteras de inversión, movimientos internacionales de capital y un proceso constitucional que introdujo una enorme incertidumbre política. Por eso: US$50.000 millones de salida de capitales no significa que Chile haya perdido US$50.000 millones por el estallido. Confundir flujo financiero con destrucción de riqueza sería económicamente incorrecto.
La estimación de ChatGPT
Al reunir los distintos antecedentes disponibles y construir un escenario amplio, ChatGPT estima que el costo económico total podría ubicarse aproximadamente entre: US$10.500 millones y US$17.500 millones.
El punto central de ese escenario es aproximadamente: US$14.000 millones.
Esta aproximación considera:
- US$3.500–4.500 millones en daños físicos, infraestructura, Metro, comercio y propiedad.
- US$4.000–6.000 millones en actividad económica perdida.
- US$3.000–7.000 millones en efectos posteriores sobre inversión, empleo y actividad que razonablemente podrían asociarse al deterioro producido por el episodio.
La cifra de US$14.000 millones debe entenderse como una estimación amplia basada en la integración de múltiples antecedentes, no como una cifra oficial del Estado de Chile.
La estimación de Gemini, la inteligencia artificial de Google
Gemini utiliza una aproximación más conservadora. Su estimación sitúa el costo directo y fiscal entre: US$6.000 millones y US$10.500 millones.
El punto medio es: US$8.250 millones.
Su cálculo considera principalmente:
- US$1.400–4.500 millones en daños de infraestructura y propiedad.
- US$3.000 millones por pérdida de actividad económica.
- US$3.000 millones en menores ingresos fiscales.
La ventaja de este cálculo es que se mantiene más cerca de los componentes directamente observables.
Su principal limitación es que resulta difícil separar completamente el efecto fiscal de la menor actividad y evitar superposiciones entre las distintas categorías.
Dos inteligencias artificiales, una misma conclusión
Aquí está probablemente el dato más interesante.
- ChatGPT llega a un punto central de US$14.000 millones.
- Gemini llega a un punto central de US$8.250 millones.
- El promedio simple entre ambos resultados es: US$11.125 millones.
Por lo tanto, si se busca una cifra de referencia que combine ambas aproximaciones: US$11.125 millones es el promedio matemático de las estimaciones centrales de las dos inteligencias artificiales.
Y hay un elemento importante que le da mayor peso a este ejercicio: las estimaciones no fueron construidas a partir de una sola fuente ni de una única publicación periodística. Se contrastaron datos y antecedentes disponibles en internet provenientes de organismos públicos, informes económicos, publicaciones especializadas, documentos oficiales, instituciones empresariales, aseguradoras y registros estadísticos.
Eso no convierte el resultado en una cifra oficial ni elimina los márgenes de incertidumbre. Pero sí permite utilizarlo como una aproximación agregada basada en el conjunto de antecedentes disponibles, en lugar de escoger arbitrariamente una sola cifra.
¿Cuál sería entonces la cifra más prudente? Si se pretende escribir un análisis serio y evitar tanto el minimismo como la exageración, probablemente sea mejor trabajar con tres escenarios:
Escenario Costo estimado
Conservador US$6.000–8.000 millones
Intermedio US$9.000–12.000 millones
Amplio US$12.000–17.500 millones
- Con estos antecedentes, una cifra central de US$11.000–12.000 millones parece razonable.
La estimación amplia de ChatGPT eleva el costo hasta aproximadamente US$14.000 millones, mientras que Gemini, utilizando una metodología más conservadora, lo sitúa alrededor de US$8.250 millones. El promedio entre ambas aproximaciones es US$11.125 millones.
Una factura que afectó a todo el país
El aspecto más importante de esta discusión es que el costo finalmente no fue asumido por quienes destruyeron infraestructura, saquearon comercios o incendiaron bienes.
- Lo pagaron también los propietarios de los negocios afectados.
- Lo pagaron los trabajadores que perdieron jornadas o empleos.
- Lo pagaron los contribuyentes mediante menores ingresos fiscales y mayores necesidades de gasto.
- Lo pagaron los usuarios del transporte público.
- Lo pagaron las empresas que debieron reconstruir.
- Y lo pagaron, finalmente, todos los chilenos mediante recursos que tuvieron que destinarse a reconstrucción, recuperación y mitigación de los efectos económicos.
La violencia de 2019 tuvo, por tanto, dos facturas.
- Una fue visible: estaciones destruidas, supermercados saqueados, locales incendiados, mobiliario urbano destrozado.
- La otra fue invisible: menor producción, menor inversión, incertidumbre, menores ingresos fiscales y recursos que debieron desviarse hacia la reconstrucción.
La primera puede fotografiarse. La segunda aparece en las estadísticas. Y cuando ambas se miran conjuntamente, la dimensión del episodio cambia.
La conclusión: una factura de alrededor de US$11.000 millones
 |
| Terroristas tirapiedras. |
Pero tampoco resulta razonable limitar su costo a los US$1.400 millones de infraestructura calculados por Hacienda. Las estimaciones reales disponibles muestran un fenómeno mucho mayor.
La CChC llegó a US$4.579 millones en daños de infraestructura. Las aseguradoras estimaron US$2.000–3.000 millones en siniestros. Hacienda calculó aproximadamente US$1.400 millones de daños de infraestructura. El Metro sufrió daños cercanos a US$380 millones. El Gobierno implementó una política fiscal expansiva de US$5.500 millones para enfrentar la crisis. Y la actividad económica sufrió un golpe significativo que se extendió más allá de las pérdidas materiales.
Por eso, si se busca una cifra periodística que sea contundente pero defendible, US$11.000 millones aparece como una buena aproximación del costo económico del episodio, con un rango razonable de US$9.000 a US$14.000 millones y una estimación amplia que podría acercarse a los US$14.000–17.500 millones si se incorporan determinados efectos posteriores.
La cifra no pretende cerrar el debate. Pretende dimensionarlo. Porque detrás de la absurda expresión “estallido social” hubo muy pocas manifestaciones legítimas, y junto con ellas una tremenda y nefasta ola de violencia y destrucción cuya factura económica terminó extendiéndose mucho más allá de las calles donde ocurrieron los hechos.
Chile no sólo tuvo que reconstruir lo que fue destruido. También tuvo que absorber aquello que dejó de producirse, invertir y recaudar como consecuencia de una crisis que alteró profundamente la economía nacional. Y esa factura, cualquiera sea la metodología que se utilice, se mide en miles de millones de dólares.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Deje acá su comentario, el cual será revisado antes de aceptarse su publiación.
Muchas gracias por visitar este blog. Me alegra que le guste el contenido que acá se publica.