Volver a crecer, volver a creer: el desafío del Gobierno de Kast

• Kast y el desafío de volver a poner a Chile en marcha.
• El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una tarea mucho mayor que la aprobación de una serie de reformas. Su verdadero desafío es cambiar el rumbo que Chile tomó durante la última década y demostrar que crecimiento, seguridad, autoridad y libertad pueden volver a formar parte de un mismo proyecto nacional.

Gobierno de Kast.

Chile necesitaba un cambio de rumbo. No porque todos los problemas del país pudieran atribuirse a un solo Gobierno, ni porque exista una fórmula mágica capaz de resolverlos de un día para otro, sino porque durante demasiados años se fue instalando una peligrosa normalidad en torno al bajo crecimiento, la burocracia, la inseguridad, el deterioro de la inversión y la expansión permanente de las obligaciones del Estado.

José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa esencialmente distinta. Su proyecto no parte de la idea de que el Estado debe resolverlo todo, sino de que el Estado debe volver a cumplir bien aquello que le corresponde y, al mismo tiempo, permitir que las personas, las familias y las empresas puedan trabajar, invertir, emprender y progresar.

Ese cambio de enfoque explica buena parte de la resistencia que enfrenta su administración. También explica por qué resulta necesario evaluar al Gobierno no desde la caricatura ideológica, sino desde sus resultados.

El fin de la resignación

Durante años Chile pareció acostumbrarse a crecer poco. El país que alguna vez fue presentado como uno de los grandes ejemplos latinoamericanos de estabilidad, apertura económica y reducción de la pobreza comenzó a convivir con tasas de crecimiento mediocres, menor inversión y una productividad que dejó de avanzar al ritmo necesario.

Mientras tanto, la discusión política se desplazó progresivamente hacia cómo distribuir recursos cada vez más limitados. Se prometieron nuevos derechos, nuevos beneficios y nuevas obligaciones estatales, pero muchas veces sin responder una pregunta elemental: ¿quién genera los recursos necesarios para financiarlos? El Presidente Kast ha decidido invertir esa lógica.

La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca actuar precisamente sobre las condiciones que permiten que la economía vuelva a crecer. Rebaja gradualmente el impuesto corporativo, reduce trabas regulatorias, incentiva el empleo formal, busca atraer inversiones y establece una trayectoria de consolidación fiscal.

No se trata simplemente de favorecer a las empresas. Se trata de recuperar una economía donde invertir vuelva a tener sentido. Porque una empresa que invierte compra maquinaria, construye instalaciones, contrata trabajadores, demanda servicios y genera actividad para otras empresas. La inversión no es un fenómeno abstracto que ocurre en las estadísticas. Tiene consecuencias concretas en la vida de las personas.

Crecer no es una obsesión neoliberal

Una de las grandes anomalías del debate político chileno es que todavía sea necesario explicar por qué el crecimiento económico importa.

Crecer significa disponer de mayores oportunidades. Significa más empleos, mejores salarios potenciales, mayor recaudación y más recursos para financiar políticas sociales. Una economía estancada puede repartir durante algún tiempo lo que ya existe, pero difícilmente puede mejorar de manera permanente el bienestar de sus ciudadanos.

Por eso resulta especialmente relevante que las primeras estimaciones conocidas apunten a una recuperación del PIB tendencial hacia niveles cercanos al 2,7%-2,8% en 2027. La cifra definitiva deberá ser evaluada con las estimaciones oficiales correspondientes, pero la dirección es significativa. 

El objetivo no debería ser conformarse con un 2,8%. Chile debe aspirar a más. Pero recuperar la capacidad de crecer por encima del mediocre ritmo de los últimos años sería ya un cambio fundamental. Significaría comenzar a reconstruir las bases de una economía dinámica.

Menos impuestos, más inversión

La reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23% constituye uno de los pilares de esta estrategia. La izquierda ha utilizado históricamente una respuesta sencilla frente a este tipo de medidas: decir que se trata de un beneficio para los empresarios. Pero esa explicación es vaga e insuficiente. El problema no es cuánto dinero queda en la caja de una empresa como concepto aislado. El verdadero asunto es qué incentivos existen para reinvertir, contratar, innovar y ampliar la capacidad productiva.

Si Chile quiere competir por capital con otras economías, debe ofrecer condiciones razonables. La inversión internacional puede elegir entre distintos países y una economía que combina impuestos elevados, burocracia excesiva, incertidumbre regulatoria y largos procesos de autorización termina perdiendo oportunidades.

La política tributaria debe entender que el capital productivo necesita incentivos, pero también que esos incentivos deben traducirse en actividad económica. El Presidente Kast apuesta precisamente por eso.

La batalla contra la permisología

Hay otro enemigo silencioso del crecimiento chileno: la burocracia. Durante demasiado tiempo se ha considerado normal que grandes proyectos de inversión permanezcan años esperando permisos, autorizaciones o pronunciamientos de distintas instituciones. Un Estado moderno no puede funcionar así.

Proteger el medioambiente, establecer estándares sanitarios y fiscalizar las inversiones es indispensable. Pero proteger el medioambiente no significa paralizar indefinidamente un proyecto. Regular no significa impedir.

La reducción de la permisología propuesta por el Gobierno apunta a recuperar algo que también tiene valor económico: el tiempo. Un proyecto que demora cinco años adicionales en comenzar a operar pierde competitividad. Y Chile pierde empleos, impuestos, proveedores y crecimiento.

La certeza jurídica tampoco significa ausencia de regulación. Significa saber cuáles son las reglas y tener la seguridad de que serán aplicadas de manera razonable, transparente y previsible.

Seguridad para recuperar la libertad

Pero el cambio de rumbo de Kast no se limita a la economía. Existe otra condición indispensable para que un país funcione: la seguridad. Durante demasiado tiempo, parte del debate nacional estuvo dominado por una falsa dicotomía según la cual fortalecer la autoridad del Estado equivaldría necesariamente a restringir las libertades. Es justamente al revés.

Una persona amenazada por un delincuente no es más libre porque el Estado se abstenga de intervenir. Un comerciante extorsionado por una banda criminal no disfruta de mayor libertad porque las autoridades sean débiles. Una familia que teme salir de noche de su casa no vive en una sociedad más libre porque existan menos controles policiales.

La libertad necesita seguridad. Por eso es legítimo que el Gobierno quiera recuperar territorios, fortalecer las policías, combatir el crimen organizado y perseguir a quienes utilizan la violencia para imponer sus propias reglas.

La autoridad democrática no es autoritarismo. Un Estado democrático fuerte es aquel que utiliza sus facultades dentro de la Constitución y las leyes para proteger a quienes cumplen las reglas frente a quienes decidieron quebrantarlas.

Protestar sí, destruir no

También existe un asunto político que el Presidente Kast ha decidido enfrentar sin demasiadas ambigüedades. Manifestarse es un derecho. Criticar al Gobierno es un derecho. Marchar, organizarse políticamente y exigir la renuncia de un Presidente son derechos inherentes a una democracia.

Pero incendiar, saquear, destruir infraestructura, atacar policías o utilizar la violencia para imponer objetivos políticos es otra cosa. No puede existir una democracia donde la violencia sea condenada dependiendo de quién la ejerza.

Si la violencia proviene de la extrema derecha, debe ser condenada. Si proviene de la extrema izquierda, también. Ese principio no debería ser controversial. Una democracia seria no puede romantizar la violencia política ni convertirla en una categoría especial cuando sus protagonistas utilizan determinadas banderas ideológicas.

La disciplina fiscal también es una forma de responsabilidad social

Otro elemento que merece reconocimiento es la decisión de combinar la agenda procrecimiento con disciplina fiscal. La derecha no debería limitarse a repetir que hay que bajar impuestos. Una política económica responsable también exige controlar el gasto, eliminar programas ineficientes, reducir duplicidades y cuidar las cuentas públicas.

El Gobierno ha planteado una trayectoria de reducción del déficit estructural hacia 2030 y mantener un ancla de deuda del 45% del PIB. La señal es importante.

El Estado no puede prometer indefinidamente más de lo que la economía puede financiar. Una deuda creciente no desaparece. Termina siendo pagada por los contribuyentes presentes o futuros. La responsabilidad fiscal no es enemiga de las políticas sociales. Es precisamente una de sus condiciones de supervivencia.

Un Estado que administra bien sus recursos puede ayudar durante mucho tiempo. Uno que gasta irresponsablemente termina obligado a recortar cuando menos puede hacerlo.

El cobre no puede salvarnos para siempre

Chile tiene además una ventaja extraordinaria: el precio del cobre. El metal rojo atraviesa un escenario favorable impulsado, entre otros factores, por la electrificación, las redes energéticas, los centros de datos y la expansión de tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Pero sería un error creer que el cobre resolverá por sí solo nuestros problemas.

Chile ya ha tenido ciclos extraordinarios de precios de las materias primas. La verdadera pregunta siempre ha sido qué hacemos cuando los precios son altos. La oportunidad que enfrenta Kast consiste en aprovechar un escenario externo favorable para fortalecer las cuentas públicas y, simultáneamente, generar condiciones para que la economía sea capaz de crecer incluso cuando el cobre vuelva a niveles normales. El objetivo debe ser transformar una ventaja coyuntural en crecimiento estructural.

El desafío del empleo

Todo este proyecto tiene finalmente un punto de llegada: el empleo. No existe política económica exitosa si no termina mejorando las oportunidades de las personas.

El Gobierno recibió un mercado laboral debilitado, con un desempleo persistentemente elevado y cientos de miles de personas buscando trabajo. Por eso son relevantes los incentivos a la contratación formal incluidos en la agenda económica.

Un empleo formal no es solamente un sueldo a fin de mes. Es cotización previsional, experiencia, capacitación, estabilidad y la posibilidad de construir un proyecto de vida. La política laboral debería tener siempre ese horizonte.

No basta con proteger al trabajador que ya tiene empleo. También hay que pensar en quien está afuera y necesita desesperadamente una oportunidad para entrar.

Kast todavía debe demostrar resultados

Ser favorable al Presidente Kast no significa sostener que todo lo que haga será perfecto. Todo Gobierno democrático merece ser fiscalizado. Sus proyectos deben discutirse en el Congreso, sus cifras deben ser examinadas y sus errores deben ser señalados.

Kast deberá demostrar que la reducción de impuestos genera efectivamente más inversión. Deberá demostrar que la reducción de la permisología acelera proyectos sin deteriorar los estándares ambientales. Deberá demostrar que la disciplina fiscal es sostenible y que las medidas de seguridad consiguen disminuir efectivamente la delincuencia.

Esa evaluación debe hacerse con datos. Y precisamente por eso resulta injusto intentar descalificar al Gobierno antes de que pueda demostrar sus resultados.

Una oposición democrática puede decir que Kast está equivocado. Puede rechazar sus proyectos. Puede proponer alternativas. Puede denunciar errores. Lo que no debería hacer es considerar ilegítimo que un Presidente elegido democráticamente intente ejecutar el programa por el cual fue elegido.

El verdadero cambio de ciclo

Presidente Kast.

Hay algo más profundo detrás de las reformas de Kast. Durante años, Chile fue desplazándose hacia la idea de que casi todos los problemas podían solucionarse mediante más Estado, más regulación y más gasto público. El Gobierno actual está planteando una tesis diferente.

El Estado debe ser fuerte allí donde tiene que ser fuerte: seguridad, justicia, defensa de la institucionalidad y protección de los ciudadanos. Pero debe ser mucho más cuidadoso cuando pretende reemplazar la iniciativa de las personas y las empresas. Esa diferencia filosófica explica buena parte del conflicto político.

El Presidente Kast está intentando recuperar conceptos que durante años fueron tratados casi como malas palabras: autoridad, mérito, inversión, propiedad, responsabilidad, crecimiento, orden y libertad. Ninguno de ellos pertenece exclusivamente a la derecha. Son principios fundamentales de una sociedad democrática y próspera.

Chile necesita volver a confiar en sí mismo

El desafío del Presidente Kast es enorme porque no consiste solamente en aprobar leyes. Consiste en cambiar expectativas.

Un país que durante mucho tiempo escucha que no puede crecer termina acostumbrándose al estancamiento. Una sociedad que se acostumbra a la delincuencia comienza a modificar sus hábitos para convivir con ella. Un empresario que espera años por un permiso deja de invertir. Un joven que no encuentra empleo pierde oportunidades antes incluso de comenzar su vida laboral. Por eso reconstruir Chile significa también recuperar confianza.

Confianza en que invertir nuevamente puede valer la pena. Confianza en que trabajar permite progresar. Confianza en que el Estado puede proteger. Confianza en que las reglas serán respetadas. Confianza en que la responsabilidad fiscal importa. Confianza, finalmente, en que Chile puede volver a aspirar a algo más que administrar su propio estancamiento.

José Antonio Kast todavía tiene mucho camino por recorrer. Pero si consigue convertir su agenda económica en inversión, su política de seguridad en mayor tranquilidad y su discurso de responsabilidad fiscal en cuentas públicas sostenibles, habrá logrado algo bastante más importante que aprobar un conjunto de reformas. Habrá comenzado a cerrar un ciclo.

Chile no necesita volver al pasado. Necesita recuperar aquello que alguna vez permitió mirar el futuro con optimismo: crecimiento, seguridad, estabilidad, trabajo y libertad. Y esa es, en último término, la batalla política que enfrenta el Gobierno de Kast. No simplemente gobernar durante cuatro años, sino demostrar que Chile todavía puede volver a ponerse en marcha.

Pinochet y las bases del Chile próspero

• La revolución liberal que preparó a Chile para los años noventa.
• Pinochet y la transformación económica de Chile: de la crisis al país que comenzó a crecer.

Augusto Pinochet.

Pocas transformaciones económicas en la historia contemporánea de América Latina pueden compararse con la experimentada por Chile entre 1973 y 1990. Fueron 17 años extraordinariamente complejos, marcados por crisis profundas, ajustes dolorosos, enormes cambios estructurales y, finalmente, una recuperación económica que permitió al país ingresar a la década de 1990 con una plataforma completamente distinta de aquella que existía al comenzar el Gobierno Militar.

La discusión política sobre el general Augusto Pinochet suele impedir una evaluación objetiva de su legado económico. Para algunos, basta mencionar la pobreza existente en 1990 para concluir que todo el proceso fue un fracaso. Para otros, basta recordar las altas tasas de crecimiento de los últimos años para presentarlo como un éxito sin matices. Ambas posiciones simplifican una historia mucho más compleja.

Una evaluación favorable, pero intelectualmente seria, puede sostener algo mucho más importante. El Gobierno Militar recibió en 1973 una economía profundamente desequilibrada y, después de atravesar dos recesiones extraordinariamente duras, entregó en 1990 un país con una estructura económica radicalmente transformada, abierto al mundo, con mayor protagonismo privado, nuevas instituciones y condiciones que serían fundamentales para el crecimiento de las décadas siguientes. Ese cambio no fue accidental. Fue el resultado de una transformación deliberada.

El punto de partida fue una economía al borde del colapso

Para comprender la magnitud de lo ocurrido después de 1973 hay que recordar primero el país que recibió Augusto Pinochet. Chile enfrentaba una crisis económica extraordinaria. La inflación había alcanzado niveles superiores al 600% y, según distintas series históricas, incluso alrededor del 600%. El déficit fiscal rondaba una cuarta parte del PIB. Existían controles de precios, fuertes restricciones comerciales, una intervención estatal extraordinariamente amplia y una estructura arancelaria que podía llegar a niveles de hasta 750%, con un promedio nominal superior al 100%. No era simplemente una economía con problemas. Era una economía sometida a desequilibrios macroeconómicos extremos.

La traumática experiencia de la Unidad Popular había llevado al país a una situación de enorme deterioro productivo y financiero. La inflación pasó desde 34,9% en 1971 hasta aproximadamente 600% en 1973, mientras el déficit fiscal alcanzaba niveles extraordinarios. Chile arrastraba pobreza estructural desde mucho antes, pero en 1973 esa pobreza coexistía con una economía profundamente desorganizada.

Por eso, cualquier análisis económico que comience en 1973 y termine en 1990 está mirando solamente una pequeña parte de la película. La historia comienza antes de 1973. Y ese punto de partida importa.

La decisión de cambiar el modelo

Frente a aquella situación, el Gobierno Militar emprendió una transformación que modificaría prácticamente todos los fundamentos de la economía chilena.

Se redujo drásticamente la intervención directa del Estado en la producción, se privatizaron numerosas empresas públicas, se redujeron las barreras comerciales, se liberalizaron mercados y se impulsó una mayor participación del sector privado. Pero quizá la transformación más importante fue conceptual.

Chile dejó de pensar su desarrollo exclusivamente desde el mercado interno y comenzó a mirar hacia el mundo. La apertura comercial culminó con una estructura arancelaria radicalmente distinta a la existente en 1973, llegando a una tarifa uniforme cercana al 10% en 1979. 

Aquello significó mucho más que importar productos más baratos. Significó obligar a la economía chilena a competir. Las empresas tuvieron que modernizarse. Aparecieron nuevas oportunidades de exportación. Se fortalecieron sectores productivos capaces de competir internacionalmente y comenzó una diversificación que posteriormente permitiría que Chile dependiera menos exclusivamente del cobre. La economía comenzó a mirar hacia Asia, Europa, América del Norte y otros mercados internacionales. Chile empezó a convertirse en una economía exportadora.

El orden fiscal como una revolución silenciosa

Otro de los grandes cambios fue la disciplina de las finanzas públicas. El Estado chileno pasó de registrar un déficit fiscal cercano al 25% del PIB en 1973 a reducirlo hasta aproximadamente 5,4% en 1974 y 2% en 1975. En 1976, las cuentas públicas llegaron incluso a registrar un superávit cercano al 4% del PIB. Ese cambio puede parecer una cuestión técnica, pero fue fundamental. Una economía no puede construir prosperidad duradera sobre déficits gigantescos financiados mediante emisión monetaria. 

• La estabilidad fiscal permite que exista confianza.
• La confianza favorece la inversión.
• La inversión aumenta la capacidad productiva.

Y una mayor capacidad productiva permite sostener el crecimiento.

La importancia de esta transformación se comprendería con mayor claridad décadas después, cuando la estabilidad macroeconómica se convirtió en una de las principales características de la economía chilena.

El costo del ajuste fue enorme, pero el proceso no terminó allí

Defender el legado económico de Pinochet no exige negar los costos del proceso. Al contrario. El ajuste inicial fue brutal. La economía sufrió una contracción extraordinaria en 1975 y el desempleo alcanzó niveles muy elevados. La sociedad chilena pagó un precio considerable por la estabilización.

Pero la economía comenzó posteriormente a recuperarse. En 1977 el PIB creció 11,2%. En 1978 lo hizo 8%. En 1979 aumentó 8,4% y en 1980 otro 8,2%, según la serie presentada en los textos. Chile había pasado, en pocos años, desde una situación de inflación descontrolada y desequilibrios fiscales extremos a una economía que podía registrar tasas de expansión extraordinariamente elevadas. Entonces llegó el segundo gran golpe.

1982: la gran crisis que también terminó provocando una corrección

La crisis de 1982 constituye el principal argumento contra una visión excesivamente triunfalista del modelo. Fue una crisis devastadora. La economía chilena había quedado excesivamente expuesta a la deuda externa, al escenario financiero internacional y a debilidades internas. El sistema bancario sufrió un colapso importante y numerosas instituciones financieras tuvieron que ser intervenidas.

Según los antecedentes recogidos en el texto, 19 instituciones financieras que representaban aproximadamente el 60% de los activos del sistema fueron intervenidas, cerradas, fusionadas o rehabilitadas por el Estado.

El PIB cayó fuertemente en 1982 y nuevamente en 1983. Fue un fracaso económico serio. Pero también fue un punto de inflexión. El Gobierno Militar corrigió buena parte de los errores cometidos durante la primera etapa de liberalización financiera, fortaleció la regulación y reorganizó el sistema económico. Y entonces ocurrió algo decisivo. Chile volvió a crecer. La segunda mitad de los años ochenta cambió la historia Después de la crisis, la economía chilena comenzó una recuperación que terminaría siendo extraordinaria. 

El PIB creció 6,1% en 1984, 3,5% en 1985, 5,6% en 1986, 6,6% en 1987, 7,3% en 1988 y 10,6% en 1989. Estas cifras son particularmente importantes porque desmontan la idea de que Chile llegó a 1990 sumido en un fracaso económico permanente. El Chile de 1988 y 1989 estaba creciendo a tasas extraordinariamente altas. 

• Las exportaciones se habían expandido.
• La estructura productiva se había diversificado.
• La economía estaba mucho más integrada al comercio mundial.
• La inversión había recuperado fuerza.

Y las reformas implementadas durante los años anteriores comenzaban a mostrar resultados más maduros. Los últimos años del Gobierno Militar fueron, desde el punto de vista económico, los años de la consolidación.

El verdadero Chile que recibió la democracia

Esta es probablemente la cuestión central. Cuando Patricio Aylwin asumió la Presidencia en marzo de 1990, no recibió el mismo Chile que Augusto Pinochet había recibido en septiembre de 1973.

• Recibió una economía abierta al comercio internacional.
• Recibió una estructura productiva mucho más orientada a la exportación.
• Recibió un Estado con cuentas fiscales considerablemente más ordenadas.
• Recibió nuevas instituciones económicas.
• Recibió un sistema previsional basado en capitalización individual.
• Recibió un sistema sanitario que había incorporado actores privados.
• Recibió una educación superior profundamente transformada.
• Recibió una economía que acababa de experimentar varios años de fuerte crecimiento.

Y recibió una estructura económica que sería capaz de aprovechar extraordinariamente bien las oportunidades internacionales de la década siguiente.

El Chile de los años noventa no apareció de la nada el 11 de marzo de 1990. Existía una plataforma previa. Y esa plataforma había sido construida durante los años anteriores. El propio Banco Central ha destacado que las reformas realizadas durante las décadas precedentes contribuyeron a que Chile llegara a los años noventa con fundamentos macroeconómicos e instituciones más fuertes.

La apertura al mundo fue probablemente la transformación más trascendente

Quizás el mayor mérito económico del Gobierno Militar fue haber comprendido que Chile no podía construir prosperidad permaneciendo encerrado detrás de enormes barreras comerciales. El país debía competir.

• Debía exportar.
• Debía atraer inversión.
• Debía especializarse en aquello que podía producir eficientemente.
• Debía conectarse con los mercados internacionales.

La apertura comercial modificó profundamente la estructura productiva y permitió el crecimiento posterior de sectores que se transformarían en pilares de la economía chilena.

El cobre siguió siendo fundamental, pero comenzaron a adquirir mayor importancia las frutas, los productos forestales, la pesca, la acuicultura y otros bienes y servicios vinculados a la economía internacional. Chile comenzó a descubrir una ventaja que terminaría siendo decisiva. Podía producir para el mundo.

El proceso de apertura económica chileno también debe entenderse en el contexto internacional extraordinariamente adverso que enfrentó el Gobierno Militar. Chile quedó sometido a un fuerte aislamiento político y a restricciones en materia comercial, financiera y de acceso a mercados occidentales, principalmente los países europeos, mientras en Estados Unidos se produjo además una creciente presión política contra el régimen del general Pinochet. 

Frente a esta realidad, el Gobierno Militar comprendió que Chile no podía depender exclusivamente de sus vínculos tradicionales con Europa y Norteamérica y comenzó a mirar hacia otros mercados, particularmente hacia Asia y el mundo del Pacífico. Esta necesidad terminó convirtiéndose en una oportunidad estratégica. 

La apertura hacia Oriente permitió diversificar los destinos de las exportaciones chilenas y establecer vínculos comerciales que con el tiempo serían fundamentales para la inserción internacional del país. Así, lo que inicialmente fue una respuesta a un escenario de aislamiento terminó contribuyendo a convertir a Chile en una economía mucho más abierta, diversificada y conectada con los mercados mundiales.

La transformación del Estado

Otro elemento central fue la modificación del papel del Estado. El Gobierno Militar redujo la presencia estatal directa en numerosas actividades productivas y transfirió empresas al sector privado. Desde una perspectiva liberal, esto tuvo una consecuencia fundamental. El Estado dejó de ser necesariamente empresario y comenzó a concentrarse en funciones regulatorias y sociales. El mercado pasó a desempeñar un papel mucho mayor en la asignación de recursos.

No todas las privatizaciones fueron perfectas y algunas decisiones pueden ser discutidas legítimamente. Pero la dirección general de la reforma significó abandonar el modelo de un Estado productor que había adquirido una dimensión extraordinariamente amplia. Ese cambio sobrevivió a Pinochet. Y ese hecho resulta revelador.

Los gobiernos democráticos no reconstruyeron el modelo estatista anterior a 1973. En muchos casos, hicieron exactamente lo contrario: profundizaron la apertura, negociaron acuerdos comerciales y aprovecharon las condiciones creadas por la transformación económica precedente.

Las AFP y la creación de una cultura de ahorro

La reforma previsional fue otra de las grandes transformaciones institucionales. El sistema de AFP introdujo la capitalización individual como principio central del ahorro previsional. Más allá de las críticas que posteriormente recibió el sistema y de las reformas que se le han aplicado, la transformación tuvo una importancia económica considerable. Generó un enorme mecanismo de ahorro interno y contribuyó al desarrollo de los mercados de capitales.

El sistema previsional dejó de depender exclusivamente de un esquema de reparto y comenzó a vincular de manera mucho más directa las pensiones con el ahorro acumulado por los trabajadores. Fue una reforma discutida, imperfecta y posteriormente modificada. Pero también fue una de las reformas económicas más trascendentes de la historia reciente de Chile.

Educación superior: otra transformación de largo plazo

La reforma de 1981 produjo además una transformación profunda del sistema de educación superior. Chile pasó desde un sistema universitario mucho más pequeño y concentrado a uno en el que podían participar nuevas universidades privadas e institutos profesionales.

Es importante no exagerar su alcance inmediato. La gran masificación de la educación superior ocurrió después de 1990. Pero precisamente por eso su importancia debe entenderse como una política de largo plazo. Una reforma institucional realizada en 1981 podía producir sus efectos durante décadas.

• Más universidades.
• Más institutos profesionales.
• Más técnicos.
• Más profesionales.
• Más capital humano.

Y, finalmente, una economía capaz de desarrollar actividades de mayor complejidad. El Chile profesional de las décadas posteriores comenzó a construirse también allí.

El combate contra la desnutrición

Existe además una dimensión social que no debería ser olvidada. La desnutrición infantil disminuyó significativamente durante el Gobierno Militar. La atención profesional de los partos aumentó y la mortalidad materna descendió de manera considerable. Aquí es necesario reconocer que la lucha contra la desnutrición fue una política acumulativa desarrollada durante décadas y que Chile ya había avanzado considerablemente antes de 1973. Pero eso no elimina el mérito tremendo de haber continuado y profundizado todas esas políticas.

La desnutrición infantil entre los niños menores de seis años bajo control disminuyó desde aproximadamente 15,5% en 1975 hasta niveles cercanos al 9% hacia los primeros años de la década de 1980, continuando posteriormente su descenso.

La transformación social de Chile no puede explicarse exclusivamente mediante el PIB. También debe observarse en la salud, la nutrición y el capital humano.

La pobreza: el argumento que necesita contexto

Existe una cifra que se ha convertido en una de las principales armas políticas contra el Gobierno Militar: el famoso 40% de pobreza. Y aquí conviene ser absolutamente claros. Sí, Chile tenía una pobreza cercana al 40% hacia el final del período.

La CASEN registró aproximadamente 45,1% de pobreza en 1987 y 38,6% en 1990. La indigencia alcanzaba 12,9% en 1990. No hay ninguna necesidad de negar esas cifras. Pero tampoco existe ninguna razón para convertirlas en la totalidad de la historia.

• Primero, porque Chile ya tenía pobreza estructural avanzada desde antes de 1973.
• Segundo, porque el país sufrió dos crisis económicas extraordinariamente severas.
• Tercero, porque la pobreza ya había comenzado a disminuir hacia el final del Gobierno Militar.
• Cuarto, porque los indicadores sociales y económicos muestran simultáneamente una transformación estructural muy profunda.

La pobreza no desapareció. Pero Chile comenzó a desarrollar las herramientas económicas que permitirían combatirla con mucha mayor eficacia. Ese es el punto fundamental.

Lo que ocurrió después demuestra la importancia de las reformas

Entre 1990 y 1998 la pobreza cayó desde 38,6% hasta 21,7%, mientras la indigencia disminuyó desde 12,9% hasta 5,6%.

Naturalmente, sería absurdo atribuir todo ese resultado al Gobierno Militar. Los gobiernos democráticos implementaron políticas sociales, aumentaron el gasto social y aprovecharon las condiciones internacionales favorables. Pero también sería igualmente absurdo afirmar que el crecimiento de los años noventa comenzó desde cero. La economía chilena ya tenía una estructura abierta. 

• Ya existía una orientación exportadora.
• Ya había reformas institucionales.
• Ya existía una mayor participación privada.
• Ya había acumulación de capital.
• Ya existía una estructura macroeconómica mucho más sólida.

La Concertación recibió una economía que podía crecer. Y creció. Ese crecimiento permitió reducir la pobreza a una velocidad extraordinaria. Pero las bases sobre las cuales ese crecimiento se produjo no habían aparecido mágicamente en 1990.

La gran herencia: una economía capaz de crecer

Quizás la mejor forma de resumir el legado económico del Gobierno Militar sea ésta: Pinochet no entregó un Chile sin pobreza, pero entregó un Chile con una economía mucho más capaz de generar riqueza.

Esa diferencia es fundamental. La pobreza puede combatirse mediante políticas sociales. Pero para eliminarla de manera sostenible una sociedad necesita producir riqueza.

• Necesita inversión.
• Necesita productividad.
• Necesita empleo.
• Necesita empresas.
• Necesita exportaciones.
• Necesita capital humano.
• Necesita estabilidad.
• Necesita reglas relativamente previsibles.

Y precisamente en esos ámbitos Chile experimentó una transformación profunda entre 1973 y 1990.

Una revolución económica que sobrevivió a su creador

Existe una prueba particularmente poderosa de la trascendencia de las reformas. Sobrevivieron a Pinochet. La Concertación mantuvo la apertura comercial.

• Mantuvo una economía esencialmente orientada al mercado.
• Mantuvo el sistema previsional de capitalización, aunque posteriormente lo reformó.
• Mantuvo la participación privada en numerosos ámbitos.
• Profundizó la integración comercial.

Y aprovechó la plataforma económica existente para desarrollar una de las etapas de crecimiento más exitosas de América Latina.

Las reformas, por tanto, demostraron tener una vida mucho más larga que el régimen que las había implementado. Eso es precisamente lo que ocurre con las transformaciones estructurales. No desaparecen cuando cambia el gobierno. Cambian la economía.

La verdadera comparación histórica

La pregunta no debería ser simplemente si Chile tenía pobreza en 1990. La respuesta es sí. Tampoco debería ser si existieron crisis durante el Gobierno Militar. La respuesta también es sí. La verdadera pregunta es qué Chile recibió Pinochet y qué Chile llegó a 1990.

En 1973 había inflación descontrolada, déficit fiscal gigantesco, controles de precios, enormes barreras comerciales, una economía altamente intervenida y graves desequilibrios productivos y financieros.

En 1990 existía pobreza y desigualdad, pero también una economía abierta, un sector privado mucho más desarrollado, una estructura exportadora diversificada, mayor estabilidad macroeconómica, nuevas instituciones, un sistema universitario transformado y una economía que acababa de atravesar varios años de fuerte crecimiento. Esa es la comparación que realmente importa.

Pinochet no creó el crecimiento de los noventa, pero creó las condiciones ideales para ello

Pinochet.

Es importante evitar también una exageración. No sería correcto afirmar que todo el éxito de los años noventa fue obra exclusiva de Pinochet, pero sí se puede asegurar que su gobierno fue muy influyente al respecto. Los gobiernos de la Concertación tuvieron méritos propios. Mantuvieron buena parte de la orientación económica de utilizó el régimen militar, aprovecharon la apertura internacional y desarrollaron políticas sociales que contribuyeron decisivamente a reducir la pobreza.

Pero precisamente esa continuidad demuestra la importancia de lo realizado antes. Chile pudo aprovechar las oportunidades de los años noventa porque ya contaba con una estructura económica radicalmente distinta.

El Banco Central ha señalado que las reformas previas contribuyeron a que el país llegara a esa década con fundamentos macroeconómicos e instituciones más fuertes. Por eso, la historia económica de Chile después de 1990 tampoco puede comprenderse sin estudiar las reformas realizadas durante el Gobierno Militar.

Desde una perspectiva liberal y favorable a la economía de mercado, el balance puede formularse de manera sencilla. El Gobierno Militar recibió una economía profundamente desequilibrada y decidió cambiarla desde sus fundamentos.

• Redujo el proteccionismo.
• Abrió Chile al mundo.
• Redujo la participación directa del Estado en la producción.
• Promovió la iniciativa privada.
• Impulsó la disciplina fiscal.
• Combatió la inflación.
• Creó un sistema previsional basado en capitalización individual.
• Transformó la educación superior.
• Fortaleció la orientación exportadora.
• Reestructuró el sistema financiero después de la crisis.

Y consiguió que Chile volviera a crecer con fuerza durante la segunda mitad de los años ochenta.

No todo funcionó. No todas las reformas fueron perfectas. Hubo errores graves. Hubo costos sociales enormes. Pero una evaluación económica no puede convertir esos errores en la totalidad del período.

Un país preparado para el futuro

Quizás el mayor mérito de las reformas económicas del Gobierno Militar se encuentra precisamente en aquello que ocurrió después. Chile entró en los años noventa preparado para crecer. Durante buena parte de esa década registró tasas cercanas al 7% anual y redujo aceleradamente la pobreza. El país se convirtió en una de las economías más dinámicas de América Latina.

• La apertura comercial continuó.
• Las exportaciones siguieron creciendo.
• La inversión aumentó.
• La clase media se expandió.
• La educación superior se masificó.
• La pobreza disminuyó drásticamente.

Y Chile comenzó a diferenciarse de buena parte de América Latina.

Nada de esto significa que todo lo ocurrido antes de 1990 haya sido perfecto. Significa algo más importante. Las reformas habían cambiado la estructura económica del país.

La historia no termina en 1990

• Una carretera puede construirse durante un gobierno y beneficiar a generaciones posteriores.
• Una universidad puede fundarse en una década y formar profesionales durante medio siglo.
• Una reforma económica puede implementarse en un período y producir sus efectos durante décadas.
• Una apertura comercial puede modificar permanentemente la estructura productiva.
• Una política de estabilidad puede cambiar las expectativas de inversión.

Eso es precisamente lo que ocurrió con Chile. El verdadero impacto del período 1973-1990 no puede medirse solamente mirando marzo de 1990. Debe observarse también en lo que ocurrió durante los años siguientes. Y allí la evidencia es poderosa.

Chile pasó de una economía cerrada y profundamente desequilibrada a una economía abierta, exportadora, competitiva y mucho más orientada hacia la inversión y la productividad.

Una conclusión incómoda para la izquierda

La figura de Augusto Pinochet genera una división política tan profunda que para muchos sectores de izquierda resulta difícil reconocer cualquier resultado positivo asociado a su gobierno. Pero la economía no funciona mediante condenas morales. Funciona mediante incentivos, inversión, productividad, ahorro, comercio, empleo y reglas. Y esos cambios ocurrieron.

• Se puede condenar el régimen militar y reconocer sus reformas económicas.
• Se pueden condenar las violaciones a los derechos humanos y reconocer que Chile experimentó una transformación productiva.
• Se puede criticar la crisis de 1982 y reconocer que el país alcanzó tasas de crecimiento extraordinarias después de ella.
• Se puede reconocer que la pobreza seguía siendo elevada en 1990 y, al mismo tiempo, reconocer que la economía estaba mucho mejor preparada para reducirla.

No existe contradicción alguna. La contradicción aparece cuando una posición ideológica obliga a negar los hechos que no encajan con ella.

El legado económico de Pinochet

El legado económico del Gobierno Militar debe observarse, finalmente, en una perspectiva de largo plazo. Pinochet no recibió en 1973 una economía próspera y estable. Recibió una economía con inflación explosiva, déficit fiscal gigantesco, proteccionismo, controles e intervención estatal extrema.

Durante los siguientes 17 años Chile atravesó ajustes durísimos y dos crisis económicas de enorme magnitud. Pero también transformó radicalmente sus fundamentos. En 1990 el país seguía teniendo pobreza. Pero ya no era la economía de 1973.

• Era una economía abierta.
• Era una economía exportadora.
• Era una economía mucho más privada.
• Era una economía con nuevas instituciones.
• Era una economía con mayor estabilidad macroeconómica.
• Era una economía con nuevas oportunidades educacionales.
• Era una economía que acababa de demostrar que podía crecer a tasas extraordinariamente elevadas.

Y, sobre todo, era una economía preparada para la expansión que marcaría buena parte de los años noventa.

Por eso, una defensa del legado económico de Augusto Pinochet no necesita negar las dificultades ni maquillar los errores. Puede sostener algo mucho más contundente. El Gobierno Militar no resolvió todos los problemas económicos de Chile, pero cambió profundamente las condiciones bajo las cuales esos problemas podían ser enfrentados. Y esa transformación fue una de las razones fundamentales por las cuales el Chile de las décadas posteriores pudo crecer, reducir la pobreza, expandir su clase media y convertirse en una de las economías más exitosas de América Latina.

El famoso 40% puede ser un dato. La crisis de 1982 también. La recesión de 1975, el desempleo y los costos sociales también forman parte de la historia. Pero ninguno de ellos, por separado, explica los 17 años. La verdadera historia está en la transformación. Y esa transformación cambió para siempre la economía chilena... y la cambió para bien.

Kast apuesta por romper una década de estancamiento económico

Las primeras señales apuntan a que el PIB tendencial podría acercarse al 2,8% en 2027. La rebaja del impuesto corporativo, la reducción de la permisología, los incentivos al empleo y una trayectoria de consolidación fiscal buscan atacar precisamente las causas que han mantenido a Chile atrapado en un crecimiento mediocre.

Presidente Kast.

Chile lleva demasiado tiempo acostumbrándose a crecer poco. Durante años, la discusión económica nacional se concentró en cómo repartir una torta que prácticamente dejó de expandirse al ritmo de décadas anteriores. El problema es que ningún Estado puede sostener indefinidamente mayores beneficios, más gasto y nuevas obligaciones si la economía no genera simultáneamente más inversión, productividad, empleo y recaudación.

Por eso, la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social impulsada por el Presidente José Antonio Kast merece ser analizada por lo que realmente pretende hacer: modificar las condiciones estructurales que determinan cuánto puede crecer Chile. El proyecto contempla 41 medidas y combina competitividad tributaria, empleo, inversión, reducción de burocracia y responsabilidad fiscal.

Y hay una señal particularmente interesante: las primeras estimaciones conocidas apuntan a que el crecimiento tendencial podría situarse en torno a 2,7%-2,8% para 2027, por encima de estimaciones anteriores. Aunque las cifras oficiales de los Comités de Expertos deben distinguirse de las proyecciones preliminares, el cambio de perspectiva es relevante porque precisamente las reformas de impuestos y permisos son mencionadas como factores capaces de elevar el crecimiento potencial.

El verdadero objetivo: romper el estancamiento

La discusión debería comenzar por una pregunta sencilla: ¿por qué Chile debería conformarse con crecer alrededor de 2% cuando necesita mucho más para generar empleo y mejorar los ingresos?

El propio Gobierno ha planteado que el país viene de una década de crecimiento promedio cercano al 2% anual. Y los problemas laborales reflejan esa pérdida de dinamismo: en la Cuenta Pública de 2026, el Ejecutivo señaló que más de 940 mil personas buscaban trabajo sin encontrarlo, mientras el desempleo llevaba 40 meses consecutivos sobre el 8%. Es aquí donde aparece uno de los principios económicos más importantes de la reforma: el empleo no se decreta; se crea cuando existe actividad económica, inversión y demanda por trabajadores.

Una economía que invierte poco difícilmente puede aumentar sus salarios reales de manera sostenida. Una economía que produce poco tampoco puede financiar indefinidamente un Estado cada vez más grande. Y un país donde abrir, ampliar o ejecutar un proyecto demora años termina expulsando capital hacia jurisdicciones donde las reglas son más simples y previsibles. La megarreforma intenta precisamente cambiar ese escenario.

Menor impuesto corporativo no significa regalar dinero a los empresarios

Uno de los puntos que más polémica ha generado es la reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23%.

Pero presentar esta medida simplemente como un "regalo a las empresas" es una caricatura izquierdista del mecanismo económico involucrado. El proyecto busca que resulte más atractivo reinvertir utilidades en maquinaria, tecnología, expansión y contratación, en lugar de castigar fiscalmente la acumulación de capital productivo.

La tasa se reduciría gradualmente: 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% desde 2029 para las empresas comprendidas en el régimen correspondiente. Además, se contempla la reintegración del sistema tributario.

La lógica es bastante simple: si una empresa dispone de más recursos después de impuestos, puede tener mayores incentivos para invertir. Y una inversión no termina en el balance de una compañía: significa eventualmente una nueva planta, una máquina, un centro logístico, tecnología, proveedores, trabajadores y salarios. El capital productivo no es el enemigo del trabajador. Es una de sus principales fuentes de oportunidades.

La permisología: el impuesto invisible que también hay que eliminar

El segundo gran componente es la reducción de la burocracia. Durante demasiado tiempo, Chile ha tratado la inversión como si fuera sospechosa hasta demostrar lo contrario. El resultado es que proyectos que podrían producir, contratar y pagar impuestos quedan atrapados durante años en una maraña de permisos.

El Gobierno informó en su Cuenta Pública que, durante sus primeros meses, había logrado destrabar cerca de US$7.000 millones mediante el Comité de Ministros y que los tiempos de resolución se habían reducido en más de 40% en los proyectos abordados.

Esto es fundamental porque un proyecto que no se construye no crea empleos; una inversión que nunca obtiene autorización tampoco genera recaudación.

Reducir la permisología no significa eliminar las normas ambientales ni permitir cualquier cosa. Significa que un Estado moderno debe ser capaz de evaluar, decidir y fiscalizar dentro de plazos razonables.

La certeza regulatoria también tiene un valor económico. Una empresa puede aceptar impuestos relativamente altos si conoce las reglas; lo que difícilmente puede soportar es no saber cuándo podrá comenzar a operar o si las condiciones cambiarán arbitrariamente durante el camino.

La disciplina fiscal es la otra mitad de la reforma

Aquí está probablemente una de las características más importantes del programa económico de Kast: la rebaja tributaria no viene acompañada de una invitación a gastar sin límite.

El Decreto de Política Fiscal establece una reducción gradual del déficit estructural desde 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030, manteniendo además un ancla de deuda de 45% del PIB. Eso representa una diferencia conceptual importante.

La derecha económica responsable no debería defender simplemente "menos impuestos". Debe defender menos impuestos cuando sea posible, gasto público eficiente, responsabilidad fiscal y crecimiento suficiente para ampliar la base tributaria.

El Fondo Monetario Internacional, de hecho, reconoce que la administración está buscando una mejora sostenida del déficit estructural hasta 2030, manteniendo el ancla de deuda en 45% del PIB. La consolidación fiscal y el crecimiento, por tanto, no son objetivos contradictorios. Son complementarios.

El cobre ayuda, pero no puede ser la estrategia económica

Chile está recibiendo además una extraordinaria noticia desde el mercado internacional. El cobre cerró agosto en torno a US$6,59 por libra, mientras el promedio acumulado de 2026 llegó aproximadamente a US$6,05, casi un 40% por encima del promedio observado durante el mismo período de 2025. Es una enorme ventaja para Chile.

La electrificación, las redes eléctricas, la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial están aumentando las perspectivas de demanda por cobre, mientras existen restricciones importantes para aumentar rápidamente la oferta mundial. Pero precisamente por eso sería un error confiar exclusivamente en el precio del metal rojo. El cobre puede financiar parte de la recuperación; no puede reemplazar las reformas estructurales.

Si Chile utiliza un ciclo favorable del cobre para aumentar permanentemente el gasto, habrá desperdiciado una oportunidad. Si lo utiliza para estabilizar sus cuentas y simultáneamente crear mejores condiciones para la inversión privada, puede transformar un buen momento externo en crecimiento permanente.

El PIB tendencial es la cifra que realmente importa

Aquí está quizás el dato más interesante de todo este debate. Una economía puede tener un buen año producto de un shock externo, un precio excepcional del cobre o una recuperación coyuntural. Pero otra cosa muy distinta es aumentar su PIB tendencial, es decir, su capacidad de crecer de manera sostenible sin generar desequilibrios.

Las estimaciones preliminares de diversos analistas económicos apuntan a un PIB tendencial cercano al 2,7%-2,8% en 2027, mientras algunas estimaciones para el PIB no minero tendencial incluso se ubicarían entre 2,6% y 3%.

Si esas cifras se confirman oficialmente, constituirían una señal particularmente significativa: las reformas estarían comenzando a modificar no solamente la actividad de corto plazo, sino las perspectivas estructurales de la economía chilena. Y esto tiene consecuencias mucho más profundas de lo que parece.

Un crecimiento tendencial mayor significa más inversión. Más inversión significa más productividad. Más productividad permite mejores salarios. Más empleo formal aumenta las cotizaciones y reduce la dependencia de transferencias estatales. Y una economía más grande genera finalmente mayores recursos fiscales. Ese es el círculo virtuoso que Chile necesita recuperar.

¿Quiénes están detrás de la proyección de crecimiento?

Las estimaciones no surgen de una proyección política del Gobierno, sino del trabajo de los Comités de Expertos convocados por el Ministerio de Hacienda, cuyos integrantes entregaron el 24 de agosto sus estimaciones sobre el PIB tendencial y el precio de referencia del cobre que serán utilizados en la elaboración del Presupuesto. Precisamente, de las opiniones de estos especialistas provienen las proyecciones preliminares que sitúan el PIB tendencial de 2027 entre 2,7% y 2,8%, mientras que para el PIB no minero tendencial se anticipa un rango de entre 2,6% y 3%. 

Lo particularmente significativo es que los propios expertos vinculan esta mejora con factores como la reducción de permisos, la rebaja del impuesto corporativo, una mayor inversión y los efectos sobre la productividad de la Ley de Reconstrucción Nacional, es decir, elementos centrales de la megarreforma impulsada por el Presidente Kast. Las cifras definitivas serían oficializadas por Hacienda el 4 de septiembre, antes del ingreso del proyecto de Presupuesto al Congreso.

No basta con llegar al 2,8%: hay que apuntar más alto

También sería un error convertir el 2,8% en una cifra mágica. Incluso los expertos citados en el texto de base advierten que para superar sostenidamente el 3% de crecimiento potencial Chile todavía necesita avanzar en productividad, innovación, participación laboral y capital humano. Y ahí está el verdadero desafío de la segunda etapa.

La megarreforma puede mejorar los incentivos, reducir obstáculos y aumentar la inversión, pero ninguna ley por sí sola puede resolver todos los problemas estructurales de Chile. Se necesita además mejorar la educación, incorporar más tecnología, aumentar la participación laboral, especialmente femenina, elevar la productividad y recuperar la capacidad del país para desarrollar grandes proyectos de inversión. La reforma, por tanto, debe ser entendida como un cambio de dirección, no como el punto final.

El empleo debe volver a ser el centro de la política económica

Otro componente relevante es el incentivo al empleo formal. El proyecto contempla un crédito tributario orientado a apoyar la contratación formal, especialmente en las Pymes.

Esto apunta a una cuestión esencial: cuando contratar formalmente se vuelve demasiado caro o complejo, la economía termina generando menos puestos de trabajo o más informalidad.

Por eso, la política laboral no debería limitarse a aumentar costos o imponer nuevas obligaciones. También debe preguntarse cómo hacer que contratar a una persona sea una decisión económicamente viable para una empresa.

El objetivo final no es proteger estadísticas laborales. Es conseguir que una persona que hoy está desempleada pueda entrar a una empresa, recibir un sueldo, cotizar, adquirir experiencia y construir una trayectoria laboral.

Una oportunidad que Chile no puede desperdiciar

La megarreforma de Kast tiene, por tanto, una lógica económica coherente: menos trabas para invertir, menores impuestos al capital productivo, incentivos al empleo, mayor certeza jurídica y una trayectoria de consolidación fiscal.

Además, no se trata de un proyecto meramente tributario. Incluye medidas para la reconstrucción, vivienda, empleo, inversión y modernización regulatoria. El proyecto considera, entre otras medidas, IVA transitoriamente en 0% para viviendas nuevas, reducción del impuesto corporativo al 23%, incentivos al empleo formal y simplificación de permisos.

Chile necesita volver a discutir la economía desde una pregunta distinta. No cómo repartir mejor un crecimiento mediocre, sino cómo volver a producir crecimiento suficiente para que todos tengan más oportunidades.

El precio del cobre ofrece hoy una ventana extraordinaria. La reforma puede mejorar los incentivos internos. La disciplina fiscal puede impedir que el Estado vuelva a gastar como si los recursos fueran infinitos. Y una reducción efectiva de la burocracia puede devolverle al sector privado un papel que durante demasiado tiempo ha sido injustamente cuestionado: el de motor de la inversión y del empleo.

El gran éxito de la megarreforma no debería medirse por cuántos artículos logre aprobar en el Congreso. Debería medirse por cuántos proyectos comiencen a construirse, cuántas personas vuelvan a encontrar trabajo, cuánto aumente la inversión y cuánto logre crecer Chile durante los próximos diez años. Porque el verdadero cambio que Chile necesita no es simplemente recaudar más o gastar más.

La pesada herencia laboral de Boric: por qué Kast no creó el desempleo

Chile no llegó al 9,4% de desempleo de un día para otro. Detrás de las cifras existe una economía que durante cuatro años enfrentó bajo crecimiento, inversión debilitada y un aumento sostenido del costo de contratar. Las 40 horas, el alza del salario mínimo, la reforma previsional y una creciente carga regulatoria fueron decisiones del gobierno anterior cuyos efectos continúan golpeando al mercado laboral. Pretender responsabilizar al Presidente José Antonio Kast por una cesantía que recibió como herencia es confundir el diagnóstico con la propaganda.

Gabriel Boric.

Hay una verdad incómoda que la discusión política chilena parece empeñada en olvidar: el Presidente José Antonio Kast no recibió un mercado laboral sano que posteriormente haya destruido. Recibió una economía que llevaba años arrastrando dificultades para generar empleo formal, con crecimiento insuficiente, inversión debilitada, una elevada informalidad y una tasa de desocupación persistentemente por encima de los niveles que Chile conoció durante buena parte de las décadas anteriores.

Chile llegó a 2026 con una tasa de desempleo de 9,4% y con 37 meses consecutivos de desocupación superior al 8%. La informalidad, además, se situó en torno al 27% de los ocupados. Son cifras demasiado importantes como para despacharlas con una consigna partidista o con el simplismo de afirmar que todo comenzó con el cambio de gobierno.

El problema de fondo es otro: el mercado laboral necesita crecimiento para crear puestos de trabajo, y necesita condiciones adecuadas para que las empresas estén dispuestas a contratar. Cuando durante varios años se incrementan los costos laborales mientras la economía crece poco, el resultado inevitablemente termina siendo una menor capacidad de generación de empleo formal. Y eso es, precisamente, lo que el Gobierno de Kast heredó.

Boric y sus cuatro años de demagogia

El gran problema de la política laboral del gobierno de Boric no fue necesariamente que sus objetivos fueran ilegítimos. ¿Quién podría oponerse a que un trabajador tenga mejores condiciones, una jornada razonable, mejores remuneraciones o protección frente al acoso. El problema fue creer que los beneficios laborales pueden multiplicarse por ley sin considerar suficientemente quién paga la cuenta y qué ocurre cuando el costo de contratar aumenta más rápido que la productividad.

Una empresa no contrata porque una autoridad determine que debe hacerlo. Contrata cuando necesita trabajadores y cuando espera que la actividad económica que desarrollará permita financiar ese puesto de trabajo. Esa es una realidad que puede resultar políticamente incómoda, pero que ninguna legislación puede abolir.

El Gobierno de Boric avanzó simultáneamente en varias políticas que elevaron los costos asociados al empleo. La reducción progresiva de la jornada laboral hacia las 40 horas, los fuertes incrementos del salario mínimo, la reforma previsional con mayores cotizaciones de cargo del empleador y un aumento de las obligaciones regulatorias configuraron un escenario especialmente complejo para las empresas de menor tamaño.

No se trata de decir que cada una de esas medidas, por separado, destruye empleo. La discusión seria consiste en observar el efecto acumulativo. Y ese efecto acumulativo importa.

Las 40 horas: trabajar menos horas no significa contratar gratis

La reducción de la jornada laboral fue presentada como un avance civilizatorio. Pero existe una dimensión económica que no puede ser ignorada. Si un trabajador mantiene su remuneración mientras disminuye la cantidad de horas trabajadas, el costo laboral por hora aumenta.

Para una empresa altamente productiva, esto puede ser absorbido mediante mejoras de productividad, reorganización de turnos, tecnología o mayores márgenes. Pero Chile no está compuesto exclusivamente por grandes corporaciones.

Existe una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas para las cuales cada hora de trabajo y cada punto adicional de costo importan. Una pyme que tiene dificultades para financiar sus actuales puestos de trabajo no puede simplemente aumentar sus costos indefinidamente. Puede reducir horas, automatizar determinadas funciones, postergar contrataciones, recurrir a trabajadores informales o, en el peor de los casos, cerrar.

El propio Banco Central ha advertido sobre el impacto que los mayores costos laborales asociados a la reducción de jornada y al aumento del salario mínimo pueden tener sobre la creación de empleo.

Por eso, el debate nunca debió plantearse como una falsa disyuntiva entre trabajadores y empresarios. Una empresa rentable puede pagar mejores salarios. Una empresa que desaparece no puede pagar ninguno.

El salario mínimo y el costo que nadie quiso mirar

Algo similar ocurrió con el salario mínimo. Entre marzo de 2022 y julio de 2023 pasó de $350.000 a $500.000, un incremento considerable en un período relativamente corto. Para un trabajador, recibir un salario mayor representa evidentemente una mejora. Pero desde la perspectiva del empleador, especialmente de una pequeña empresa, el salario no es el único costo.

Hay cotizaciones, seguros, indemnizaciones, vacaciones, licencias, capacitación, infraestructura y una serie de obligaciones asociadas a cada trabajador contratado formalmente. Por eso, cuando aumenta el salario mínimo, el costo total de incorporar a una persona también aumenta.

Las grandes compañías pueden tener mayor capacidad para absorber ese incremento. Una pyme familiar, un pequeño comercio, un restaurante, una empresa de servicios o un emprendimiento con márgenes estrechos enfrenta una realidad completamente distinta.

La pregunta que debió hacerse el legislador no era únicamente cuánto debía ganar un trabajador. También debió preguntarse: "¿Cuántos trabajadores podrá contratar una empresa después de asumir ese nuevo costo?". Porque un salario mínimo elevado puede beneficiar a quienes ya tienen empleo y, simultáneamente, dificultar el acceso al mercado laboral de quienes todavía están intentando entrar. Y los primeros en pagar esa factura suelen ser los jóvenes, los trabajadores con menor calificación y quienes buscan su primer empleo formal.

El error de confundir protección con generación de empleo

La Ley Karin constituye otro ejemplo de un problema más amplio. Combatir el acoso laboral es un objetivo legítimo y necesario. Una sociedad moderna debe proteger a los trabajadores frente a abusos y conductas indebidas. Pero una buena intención no garantiza automáticamente una buena política pública.

Toda regulación genera incentivos y costos. Y esos costos son particularmente relevantes para las pequeñas empresas, que no cuentan con grandes departamentos jurídicos ni con estructuras administrativas capaces de absorber fácilmente nuevas obligaciones. Por eso, la discusión razonable no consiste en defender el acoso laboral para criticar la Ley Karin. Eso sería absurdo.

La discusión consiste en determinar si el diseño de una regulación consigue proteger efectivamente al trabajador sin generar incentivos perversos o cargas desproporcionadas que terminen dificultando la contratación.

Es evidente que la Ley Karin influyo en aumentar el desempleo femenino o que explique completamente la brecha entre hombres y mujeres. Además, es legítimo advertir sobre sus eventuales efectos regulatorios y preguntarse si Chile está construyendo un mercado laboral donde contratar se vuelve progresivamente más complejo, costoso y jurídicamente incierto.

La reforma previsional también tiene un costo laboral

La reforma previsional puede defenderse desde múltiples argumentos sociales. El problema aparece cuando se pretende esconder su costo económico. Cuando una mayor cotización es financiada por el empleador, también aumenta el costo de contratar.

Puede discutirse quién debe financiar las pensiones, cuál debe ser el diseño del sistema y cuánto corresponde aportar a cada actor. Pero lo que no puede hacerse es pretender que una mayor cotización patronal sea económicamente gratuita.

En una economía de bajo crecimiento, con productividad insuficiente y desempleo elevado, cada aumento estructural del costo laboral debe analizarse cuidadosamente. Porque al final existe una ecuación bastante sencilla: si producir y contratar resulta más caro, algunas empresas contratarán menos.

No siempre ocurre de inmediato. No necesariamente genera despidos masivos. Muchas veces el efecto aparece lentamente: una vacante que no se abre, una expansión que se posterga, un emprendimiento que no contrata a su segundo trabajador o una empresa que decide automatizar una función. Son empleos que nunca aparecen en las estadísticas de despidos porque, sencillamente, nunca llegaron a existir.

Boric heredó problemas, pero también dejó problemas

Quienes defienden al gobierno anterior tienen un argumento atendible: la economía chilena también estuvo afectada por factores externos. La pandemia dejó secuelas, las tasas de interés internacionales fueron elevadas, hubo incertidumbre global, estuvo el estallido delictual que le costó al país miles de millones de dólares, y además Chile enfrentó un escenario internacional complejo. Todo eso es cierto.

Pero precisamente por eso el argumento oficialista pierde fuerza cuando pretende utilizar el contexto internacional como explicación suficiente para todos los problemas internos.

Los gobiernos no controlan el precio del petróleo, las tasas de la Reserva Federal ni el crecimiento de China. Pero sí deciden qué señales entregan a los inversionistas, cuánto cuesta contratar, cuánto cuesta producir, cuánta burocracia enfrenta una empresa y qué tan predecible es el marco regulatorio. Y en esas materias sí existe responsabilidad política.

Durante el gobierno de Boric, Chile experimentó un crecimiento menos que mediocre y una inversión que no consiguió despegar con la fuerza necesaria. La economía terminó enfrentando un problema particularmente grave: no solamente faltaba crecimiento; también faltaba capacidad para transformar crecimiento en empleo formal suficiente.

El resultado fue una combinación preocupante: desempleo elevado, informalidad importante y empresas pequeñas sometidas a una presión creciente.

La verdadera herencia: un mercado laboral rígido y caro

Aquí está el punto central. La herencia del gobierno anterior no puede medirse únicamente por una cifra de desempleo. Debe medirse por las condiciones que recibió el nuevo gobierno para intentar revertirla.

El Presidente Kast recibió un mercado laboral donde contratar cuesta más que antes, donde existen mayores obligaciones para los empleadores, donde las empresas enfrentan incertidumbre regulatoria y donde el crecimiento económico no es suficientemente robusto para absorber rápidamente a todos quienes buscan trabajo.

Por eso resulta intelectualmente deshonesto observar una tasa de desempleo elevada al comienzo de una nueva administración y concluir automáticamente que el responsable es quien acaba de asumir. El desempleo tiene inercia.

Las decisiones de contratación empresarial responden a las expectativas sobre varios meses y años. Una empresa que durante mucho tiempo ha observado bajo crecimiento, incertidumbre y mayores costos no vuelve a contratar masivamente simplemente porque cambió el Presidente. La confianza tarda en reconstruirse. La inversión tarda en recuperarse. Y el empleo tarda todavía más.

Kast recibió el freno puesto

La administración de José Antonio Kast enfrenta, por tanto, una tarea mucho más difícil que simplemente anunciar programas de empleo. Tiene que destrabar la economía.

Eso significa recuperar la inversión, reducir incertidumbres, acelerar permisos, mejorar la productividad, entregar certezas jurídicas, facilitar la creación de empresas y revisar aquellas regulaciones que, sin aportar beneficios proporcionales, terminan convirtiéndose en barreras para contratar.

El objetivo debería ser recuperar la generación de empleo con condiciones laborales dignas. Para esto se debe apuntar hacia algo bastante más sensato: construir un mercado laboral donde proteger al trabajador y crear empleo no sean objetivos contradictorios. Porque la mejor política laboral no es aquella que acumula más obligaciones sobre el empleador. Es aquella que consigue que más personas tengan un contrato formal.

El empleo no se decreta: se crea

Existe una ilusión profundamente arraigada la izquierda chilena: creer que basta con aprobar una ley para modificar la realidad económica. Pero el Estado puede establecer un salario mínimo; no puede obligar indefinidamente a una empresa que pierde dinero a contratar.

• Puede reducir la jornada; no puede decretar que la productividad aumente al mismo ritmo.
• Puede imponer nuevas cotizaciones; no puede eliminar el costo económico que estas representan.
• Puede multiplicar las regulaciones; no puede garantizar que ellas no modifiquen los incentivos de quienes toman las decisiones de inversión y contratación.

Por eso la discusión laboral debe abandonar el voluntarismo. Los empleos sostenibles no nacen de una oficina ministerial. Nacen cuando una empresa decide invertir, producir y contratar porque las condiciones económicas hacen viable esa decisión. Y ese principio no es una defensa de los empresarios contra los trabajadores. Es precisamente lo contrario: es reconocer que detrás de cada puesto de trabajo existe una empresa que debe ser capaz de sostenerlo.

La factura política de la herencia Boric-Jara

El balance del período anterior debe hacerse con una mirada menos emocional y más económica. Boric y Jara promovieron una agenda laboral que buscó aumentar derechos, remuneraciones y protecciones, pero al final quedó al debe en varios de esos puntos. El problema es que la economía no funciona solamente a partir de deseos políticos. Cuando esas reformas se implementan en un país con crecimiento débil, productividad insuficiente y empresas pequeñas financieramente vulnerables, los efectos secundarios pueden ser importantes.

El resultado no necesariamente aparece como una catástrofe inmediata, pero sí es un panorama complicado. A veces aparece como una vacante que no se publica:

• Como un joven que no consigue su primer trabajo.
• Como una pyme que decide no expandirse.
• Como un trabajador que termina en la informalidad.
• Como una empresa que reemplaza personas por tecnología antes de lo que originalmente tenía previsto.
• Como un emprendimiento que simplemente decide no abrir.

Esa es la parte invisible de la crisis laboral. Y es precisamente por eso que culpar a Kast por el desempleo que recibió resulta tan conveniente políticamente como equivocado económicamente.

El desafío de la nueva administración

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast no puede modificar retrospectivamente las decisiones tomadas durante la administración anterior. Tampoco puede resolver en pocos meses todos los problemas acumulados durante años. Pero sí puede cambiar la dirección.

Puede demostrar que una política laboral favorable a los trabajadores no tiene por qué ser una política enemiga de la inversión.

• Puede comprender que las pymes necesitan oxígeno.
• Puede apostar por crecimiento, inversión y productividad.
• Puede revisar la burocracia que impide emprender.
• Puede entregar certezas a quienes arriesgan capital.

Y puede entender que el mejor programa contra la cesantía es una economía capaz de crecer sostenidamente. Eso no significa desconocer la responsabilidad del actual gobierno sobre sus propias decisiones. Si Kast adopta medidas equivocadas, tendrá que responder por ellas. Pero juzgarlo por una tasa de desempleo que se incubó durante el período anterior supone desconocer cómo funciona el mercado laboral.

Gabriel Boric.

Kast no creó el problema que recibió. Recibió el problema y ahora tiene la responsabilidad de solucionarlo.

Una lección que Chile no debería olvidar

La principal enseñanza del ciclo Boric-Jara debería ser que la política laboral no puede construirse ignorando la economía real. Mejorar las condiciones de los trabajadores es deseable. Aumentar las remuneraciones puede ser positivo. Reducir jornadas puede mejorar la calidad de vida. Combatir el acoso es indispensable. Mejorar las pensiones es una obligación moral y social. Pero ninguna de esas metas existe en un vacío económico. Todo tiene un costo. Y cuando el costo de contratar aumenta persistentemente mientras la economía crece poco, quienes terminan pagando una parte de la cuenta pueden ser precisamente aquellos que no tienen trabajo.

Esa es la paradoja que la izquierda se resiste a reconocer: en nombre de proteger al trabajador que ya está dentro del mercado laboral, puede terminar dificultando la entrada de quien todavía está afuera.

Chile no necesita escoger entre dignidad laboral y crecimiento. Necesita comprender que ambos deben avanzar juntos. Y esa es precisamente la pesada herencia que recibió José Antonio Kast: no un mercado laboral en expansión que luego haya destruido, sino una economía que llegó al cambio de mando con el freno puesto. Ahora corresponde sacarlo.

El precio del petróleo sube por Trump, no por Kast

La brutal subida de las bencinas en Chile tiene un responsable mucho más lejano que el Gobierno de José Antonio Kast: la guerra en Medio Oriente impulsada por la política exterior de Donald Trump. Chile no produce petróleo en cantidades relevantes y, por tanto, importa inevitablemente los efectos de una crisis energética que se origina fuera de nuestras fronteras. Culpar al Ejecutivo por el precio internacional del crudo es confundir la causa con la consecuencia.

Trump, el gran culpable.

Hay momentos en que la política exige dejar de lado el eslogan ideológico y mirar los números. Y el caso del combustible es uno de ellos. Chile prácticamente no produce petróleo y depende del mercado internacional para abastecerse. Por eso, cuando una guerra altera la oferta, dispara el riesgo geopolítico y eleva el precio del barril, el impacto termina llegando a las estaciones de servicio chilenas. No existe decreto presidencial capaz de ordenar a los mercados internacionales que bajen el precio del petróleo. Mucho menos puede el Presidente de Chile controlar lo que ocurre en Medio Oriente.

La responsabilidad por este shock, entonces, no está en La Moneda. El origen está en una crisis internacional cuyo principal detonante político se encuentra en la guerra y en las decisiones adoptadas por Estados Unidos bajo Donald Trump. Si el petróleo internacional sube, Chile lo importa más caro. Y si el dólar también se mantiene elevado, la presión sobre el precio interno aumenta todavía más. Esa es la realidad de una economía abierta que necesita importar prácticamente todo el petróleo que consume.

El Mepco no puede convertirse en una caja sin fondo

Aquí aparece otro argumento que algunos parecen olvidar convenientemente: el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Mepco, no hace desaparecer el costo del petróleo. Simplemente permite amortiguar temporalmente y trasladar en el tiempo parte de las variaciones internacionales, utilizando recursos fiscales. Y precisamente ahí está el problema.

Pretender que el Estado mantenga indefinidamente un subsidio gigantesco para impedir que los consumidores enfrenten el verdadero precio de los combustibles puede sonar políticamente atractivo, pero es fiscalmente irresponsable. El Mepco no es una fuente mágica de dinero. Cada peso destinado a contener artificialmente el precio de las bencinas es un peso que debe salir de las arcas públicas.

Después de años de expansión del gasto, déficit y deterioro de las cuentas fiscales durante el gobierno de Gabriel Boric, el margen de maniobra del Estado no es infinito. El Gobierno de Kast recibió una situación fiscal delicada y no puede comportarse como si Chile tuviera recursos ilimitados para subsidiar cada shock externo que golpee a la economía.

Por eso, resulta profundamente contradictorio que quienes durante años defendieron un Estado cada vez más grande y más gasto público ahora exijan que ese mismo Estado absorba completamente el costo de una crisis petrolera internacional.

El Gobierno puede amortiguar el golpe, pero no fabricar petróleo

Eso no significa que el Gobierno deba cruzarse de brazos. Todo lo contrario. Su obligación es buscar mecanismos focalizados para proteger a las familias más vulnerables, evitar que el transporte público se vuelva impagable, apoyar a los sectores productivos más expuestos y contener, dentro de lo fiscalmente posible, el impacto inflacionario. Pero hay una diferencia fundamental entre mitigar las consecuencias y ser responsable de la causa.

El Presidente Kast puede modificar impuestos, reasignar recursos, congelar determinadas tarifas o implementar subsidios focalizados. Lo que no puede hacer es producir petróleo que Chile no tiene, controlar el precio del Brent, detener una guerra en Medio Oriente o decidir cuánto cobra el mercado internacional por cada barril. Por eso resulta intelectualmente deshonesto presentar el aumento de los combustibles como si fuera una decisión adoptada por el Gobierno chileno.

¿Y el impuesto específico? Existe, eso sí, una discusión legítima que Chile debe enfrentar: el impuesto específico a los combustibles. Cuando el petróleo internacional se dispara producto de una guerra, mantener intacta toda la carga tributaria sobre un combustible cuyo precio ya está siendo castigado por un shock externo merece, al menos, una discusión seria. No se trata necesariamente de eliminarlo para siempre, sino de analizar mecanismos extraordinarios y temporales mientras dure una situación extraordinaria.

Porque el consumidor chileno enfrenta un doble impacto: primero, paga un petróleo encarecido por una crisis internacional; después, sobre ese precio se aplican impuestos y otros componentes que terminan elevando todavía más el valor final.

Pero incluso una eventual reducción del impuesto específico debe hacerse con responsabilidad. No tiene sentido bajar impuestos financiándolo con nueva deuda y luego descubrir que el remedio terminó agravando la enfermedad fiscal.

La verdadera pregunta no es quién paga la cuenta, sino quién provocó la crisis

El debate debería ser mucho más serio que el habitual intercambio de consignas. Si el precio del petróleo internacional sube debido a una guerra, Chile necesariamente recibe ese golpe. Si además el país tiene poco espacio fiscal después de años de cuentas públicas deterioradas, la capacidad de subsidiar indefinidamente ese impacto se reduce todavía más. Eso no convierte a Kast en responsable del alza.

Una cosa es gobernar Chile y otra muy distinta gobernar el precio mundial del petróleo. El Gobierno debe responder por sus propias decisiones, por supuesto, y la oposición tiene todo el derecho a fiscalizarlo. Pero atribuirle la responsabilidad por una escalada internacional del crudo es simplemente buscar un culpable donde no está.

La realidad es bastante menos cómoda para quienes quieren convertir cada problema económico en una acusación contra La Moneda: Chile está pagando las consecuencias de una guerra que no provocó, en un mercado energético que no controla y con unas arcas fiscales que no permiten seguir financiando subsidios ilimitados.

La tarea de Kast, por tanto, no consiste en prometer que los combustibles volverán artificialmente a su precio anterior. Consiste en atravesar el temporal sin destruir las finanzas públicas, proteger a quienes más lo necesitan y preparar al país para que el próximo shock externo encuentre a Chile con una economía más fuerte.

Porque si algo demuestra esta crisis es una verdad incómoda: cuando un país depende del petróleo extranjero, las guerras de otros también terminan golpeando el bolsillo de sus ciudadanos.

Kast y la batalla por recuperar Chile: seguridad, crecimiento y autoridad frente a la odiosidad ideológica

A poco más de unos meses de iniciado su mandato, el Gobierno de José Antonio Kast ya enfrenta algo más difícil que una oposición política: una verdadera campaña de odiosidad ideológica que pretende deslegitimar cada una de sus decisiones antes siquiera de que puedan mostrar sus resultados. La izquierda más radical parece haber decidido que el problema no es lo que haga el Gobierno, sino simplemente que sea Kast quien lo haga.

Gobierno de Kast.

Hay algo profundamente revelador en la reacción de la ultraizquierda frente al actual Gobierno. Si el Presidente Kast anuncia medidas para combatir el crimen organizado, es acusado de autoritario. Si busca fortalecer las herramientas del Estado para recuperar territorios dominados por la delincuencia, se habla de una supuesta amenaza a las libertades. Si propone reducir impuestos para estimular la inversión, aparecen inmediatamente las acusaciones de favorecer a los ricos. Si intenta reducir burocracia y acelerar proyectos, se denuncia una supuesta entrega del país a los empresarios. Y si busca contener el gasto público, se le acusa de querer destruir el Estado social.

El problema de esta lógica es evidente: pareciera que para determinados sectores de la izquierda el Gobierno de Kast no tiene derecho a hacer nada bien.

Gobernar no es administrar el estancamiento

La primera defensa que debe hacerse de esta administración es bastante sencilla: Kast recibió un país que necesitaba un cambio de rumbo.

Chile lleva años arrastrando problemas de crecimiento, inversión, productividad, empleo y certeza jurídica. El primer semestre de 2026, con dos trimestres de variación negativa del PIB e inversión prácticamente estancada, volvió a demostrar que el problema chileno no era solamente coyuntural. El país había perdido dinamismo y necesitaba recuperar las condiciones que permiten invertir, producir y crear empleos.

Frente a eso, el Gobierno ha planteado una agenda de reconstrucción que contempla más de 40 medidas en materias tributarias, laborales, regulatorias, de inversión, certeza jurídica y disciplina fiscal.

Se puede discutir cada una de ellas. Se pueden cuestionar sus alcances, exigir modificaciones y pedir garantías. Eso es perfectamente legítimo en democracia. Lo que resulta intelectualmente pobre es rechazarlas automáticamente porque llevan el apellido Kast.

La economía necesita inversión, no consignas

Uno de los elementos más relevantes de la agenda económica es la intención de reducir gradualmente el impuesto corporativo desde el 27% al 23%, acompañada por la reintegración del sistema tributario.

La discusión no debería reducirse al viejo y absurdo eslogan de que "bajar impuestos beneficia a los ricos". Una empresa que invierte necesita evaluar cuánto capital comprometer, durante cuánto tiempo y bajo qué reglas. Si las condiciones tributarias y regulatorias son imprevisibles, la inversión puede postergarse o simplemente buscar otro destino.

Por eso resulta importante que la propuesta de Kast no se limite a reducir impuestos. También contempla agilizar permisos, disminuir trabas regulatorias y entregar mayor certeza jurídica, incluyendo una propuesta de invariabilidad tributaria para inversiones superiores a US$50 millones durante 25 años.

La pregunta correcta, entonces, no es si a la izquierda le gusta o no una rebaja tributaria. La pregunta es si Chile quiere volver a ser un país atractivo para invertir. Y la respuesta debería ser evidente. Crecer no es un capricho de los empresarios.

Hay una idea que la izquierda suele olvidar cuando transforma el crecimiento económico en una especie de pecado ideológico: sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo tampoco existe una política social sostenible en el largo plazo.

Una economía que crece poco tiene dificultades para generar oportunidades. Una pyme que no puede crecer no contrata. Una empresa que no invierte no aumenta su capacidad productiva. Un Estado que debe financiar cada vez más gasto con deuda termina reduciendo el espacio disponible para nuevas políticas públicas. Por eso la agenda económica del Gobierno incorpora también incentivos al empleo formal y una política de contención del gasto. El Ejecutivo ha informado medidas de ajuste superiores a $1,3 billones y ha vinculado explícitamente el crecimiento con la creación de empleo y la mejora de las oportunidades.

Eso no significa que toda medida del Gobierno sea automáticamente correcta. Significa algo mucho más elemental: Kast está intentando abordar problemas reales con instrumentos económicos concretos.

Y en seguridad, por fin aparece la autoridad

Pero probablemente donde la diferencia política resulta más evidente es en seguridad. Chile no enfrenta solamente delincuencia común. Existe crimen organizado, narcotráfico, violencia territorial, extorsión y organizaciones capaces de acumular dinero, armas y control territorial. Cuando una organización criminal consigue imponer sus propias reglas en un territorio, el problema deja de ser exclusivamente policial: se transforma en un desafío directo a la autoridad del Estado. Y aquí el Gobierno está haciendo algo que durante demasiado tiempo pareció políticamente incorrecto: recordarle al país que el Estado tiene la obligación de ejercer autoridad.

No existe libertad real para quien vive sometido a la extorsión. No existe libertad efectiva para el comerciante que debe pagar para poder abrir su negocio. No existe libertad plena para una familia que teme circular por su propio barrio. Y tampoco existe libertad cuando una persona tiene miedo de denunciar porque quienes la amenazan controlan territorialmente su entorno.

La seguridad y la libertad no son enemigas. En una democracia liberal, la primera es una de las condiciones materiales para que la segunda pueda existir.

La ultraizquierda confunde autoridad con autoritarismo

Aquí aparece uno de los mayores problemas del debate político actual. Para determinados sectores de la ultraizquierda, cualquier fortalecimiento de las facultades del Estado parece convertirse inmediatamente en "autoritarismo". Es una caricatura que no resiste el análisis.

El Estado democrático necesita policías capaces de perseguir delincuentes, tribunales capaces de condenarlos y autoridades capaces de recuperar espacios públicos. Pero ese poder debe estar sometido a la Constitución, al Congreso, a los tribunales y a los derechos fundamentales.

Precisamente por eso resulta razonable que la reforma constitucional de seguridad pueda ser negociada y perfeccionada. El proyecto puede incorporar causales objetivas, delimitación territorial, duración determinada, control parlamentario, revisión periódica y control judicial. Negociar no significa capitular. De hecho, una derecha democrática debería ser la primera en exigir límites claros al poder estatal. Porque una Constitución seria no puede diseñarse pensando solamente en quién gobierna hoy. Debe funcionar también si mañana gobierna alguien que piensa exactamente lo contrario. Protestar es un derecho. Destruir no.

Hay otro asunto que explica buena parte de la odiosidad contra Kast: su decisión de no aceptar que la violencia política y el vandalismo revolucionario vuelva a esconderse detrás de la palabra "protesta". Nadie debería cuestionar el derecho de una persona a marchar, manifestarse, criticar al Presidente, exigir su renuncia o defender una determinada ideología. Pero ninguna de esas libertades incluye el derecho a incendiar una estación de Metro, saquear un comercio, destruir infraestructura crítica o bloquear violentamente una ciudad.

El principio debe ser absolutamente simétrico: si lo hace la extrema derecha, está mal; si lo hace la extrema izquierda, también está mal. Una democracia no puede tener una vara para los manifestantes que piensan como nosotros y otra para quienes piensan distinto. La protesta es legítima. La violencia no adquiere legitimidad por llevar una bandera política determinada. Y esa es precisamente una de las cosas que algunos sectores parecen no perdonarle a Kast: que pretenda terminar con la idea de que determinadas violencias son comprensibles, justificables o incluso románticas cuando provienen del sector ideológico correcto.

El odio contra Kast también revela algo

La oposición tiene todo el derecho a criticar al Gobierno. Puede considerar equivocada su política económica, insuficiente su estrategia de seguridad o excesivas algunas de sus reformas. Pero una cosa es la crítica política y otra es la deshumanización permanente del adversario.

Cuando cada decisión se interpreta como una amenaza fascista, cada reforma económica como un regalo a los poderosos y cada medida de seguridad como un intento de instaurar una dictadura, el debate deja de ser político y comienza a transformarse en una caricatura.

La democracia necesita oposición. Lo que no necesita es una oposición que considere ilegítimo que gobierne alguien que piensa distinto. Porque Kast no llegó a La Moneda mediante un golpe de Estado. Llegó mediante elecciones abiertas, y con cifras históricas. Y mientras ejerza el poder dentro de la Constitución y las leyes, merece exactamente lo mismo que cualquier otro Presidente democrático: ser evaluado por sus decisiones y sus resultados.

El Gobierno todavía tiene mucho que demostrar

Defender a Kast tampoco significa afirmar que todo está resuelto. Sería absurdo hacerlo. El Gobierno deberá demostrar que sus reformas efectivamente generan inversión, empleo y crecimiento. Deberá demostrar que puede reducir la delincuencia. Deberá demostrar que es capaz de mantener disciplina fiscal sin abandonar a quienes necesitan ayuda. Y deberá demostrar que puede transformar sus propuestas en resultados concretos.

El propio escenario económico obliga a ser prudentes: el Imacec de junio mostró un crecimiento de 2,4%, una señal alentadora, pero insuficiente por sí sola para hablar de una recuperación consolidada. El verdadero desafío es transformar ese dato en una tendencia sostenible.

Pero precisamente ahí está la diferencia entre una evaluación seria y una campaña de odiosidad: a Kast hay que juzgarlo por lo que haga, no por el prejuicio que algunos tienen contra él.

El cambio de rumbo ya es una señal

Quizás el mayor mérito de estos primeros meses no esté todavía en un determinado indicador económico ni en una estadística de seguridad. Está en algo más profundo: el Gobierno ha vuelto a instalar en el debate nacional conceptos que durante demasiado tiempo fueron tratados casi como malas palabras. 

Autoridad. Orden. Inversión. Crecimiento. Disciplina fiscal. Seguridad. Certeza jurídica. Empleo formal. No son conceptos de extrema derecha. Son elementos básicos de cualquier democracia que aspire a ser próspera, segura y funcional.

Chile no necesita un Estado omnipotente. Pero tampoco necesita un Estado impotente. Necesita un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos, perseguir al crimen, garantizar las libertades, respetar la ley y crear las condiciones para que las personas puedan trabajar, emprender e invertir. Eso es lo que el Gobierno de Kast está intentando hacer. Y si finalmente consigue transformar esa agenda en resultados, habrá quedado demostrado algo que la ultraizquierda parece incapaz de aceptar: que cambiar el rumbo de Chile no es fascismo, que defender la autoridad no es dictadura y que querer crecimiento no es defender a los ricos. Es simplemente intentar que el país vuelva a funcionar.

Por eso, más que odiar a Kast, sus adversarios deberían hacer algo mucho más difícil y mucho más democrático: oponerse a sus políticas con argumentos, fiscalizar sus resultados y, si creen tener una alternativa mejor, convencer a los chilenos de ella. Porque en democracia no basta con odiar al adversario. Hay que derrotarlo con ideas, y para ello hay que presentar buenas ideas, saber ser una oposición constructiva y no destructiva.