Volver a crecer, volver a creer: el desafío del Gobierno de Kast

• Kast y el desafío de volver a poner a Chile en marcha.
• El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una tarea mucho mayor que la aprobación de una serie de reformas. Su verdadero desafío es cambiar el rumbo que Chile tomó durante la última década y demostrar que crecimiento, seguridad, autoridad y libertad pueden volver a formar parte de un mismo proyecto nacional.

Gobierno de Kast.

Chile necesitaba un cambio de rumbo. No porque todos los problemas del país pudieran atribuirse a un solo Gobierno, ni porque exista una fórmula mágica capaz de resolverlos de un día para otro, sino porque durante demasiados años se fue instalando una peligrosa normalidad en torno al bajo crecimiento, la burocracia, la inseguridad, el deterioro de la inversión y la expansión permanente de las obligaciones del Estado.

José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa esencialmente distinta. Su proyecto no parte de la idea de que el Estado debe resolverlo todo, sino de que el Estado debe volver a cumplir bien aquello que le corresponde y, al mismo tiempo, permitir que las personas, las familias y las empresas puedan trabajar, invertir, emprender y progresar.

Ese cambio de enfoque explica buena parte de la resistencia que enfrenta su administración. También explica por qué resulta necesario evaluar al Gobierno no desde la caricatura ideológica, sino desde sus resultados.

El fin de la resignación

Durante años Chile pareció acostumbrarse a crecer poco. El país que alguna vez fue presentado como uno de los grandes ejemplos latinoamericanos de estabilidad, apertura económica y reducción de la pobreza comenzó a convivir con tasas de crecimiento mediocres, menor inversión y una productividad que dejó de avanzar al ritmo necesario.

Mientras tanto, la discusión política se desplazó progresivamente hacia cómo distribuir recursos cada vez más limitados. Se prometieron nuevos derechos, nuevos beneficios y nuevas obligaciones estatales, pero muchas veces sin responder una pregunta elemental: ¿quién genera los recursos necesarios para financiarlos? El Presidente Kast ha decidido invertir esa lógica.

La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca actuar precisamente sobre las condiciones que permiten que la economía vuelva a crecer. Rebaja gradualmente el impuesto corporativo, reduce trabas regulatorias, incentiva el empleo formal, busca atraer inversiones y establece una trayectoria de consolidación fiscal.

No se trata simplemente de favorecer a las empresas. Se trata de recuperar una economía donde invertir vuelva a tener sentido. Porque una empresa que invierte compra maquinaria, construye instalaciones, contrata trabajadores, demanda servicios y genera actividad para otras empresas. La inversión no es un fenómeno abstracto que ocurre en las estadísticas. Tiene consecuencias concretas en la vida de las personas.

Crecer no es una obsesión neoliberal

Una de las grandes anomalías del debate político chileno es que todavía sea necesario explicar por qué el crecimiento económico importa.

Crecer significa disponer de mayores oportunidades. Significa más empleos, mejores salarios potenciales, mayor recaudación y más recursos para financiar políticas sociales. Una economía estancada puede repartir durante algún tiempo lo que ya existe, pero difícilmente puede mejorar de manera permanente el bienestar de sus ciudadanos.

Por eso resulta especialmente relevante que las primeras estimaciones conocidas apunten a una recuperación del PIB tendencial hacia niveles cercanos al 2,7%-2,8% en 2027. La cifra definitiva deberá ser evaluada con las estimaciones oficiales correspondientes, pero la dirección es significativa. 

El objetivo no debería ser conformarse con un 2,8%. Chile debe aspirar a más. Pero recuperar la capacidad de crecer por encima del mediocre ritmo de los últimos años sería ya un cambio fundamental. Significaría comenzar a reconstruir las bases de una economía dinámica.

Menos impuestos, más inversión

La reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23% constituye uno de los pilares de esta estrategia. La izquierda ha utilizado históricamente una respuesta sencilla frente a este tipo de medidas: decir que se trata de un beneficio para los empresarios. Pero esa explicación es vaga e insuficiente. El problema no es cuánto dinero queda en la caja de una empresa como concepto aislado. El verdadero asunto es qué incentivos existen para reinvertir, contratar, innovar y ampliar la capacidad productiva.

Si Chile quiere competir por capital con otras economías, debe ofrecer condiciones razonables. La inversión internacional puede elegir entre distintos países y una economía que combina impuestos elevados, burocracia excesiva, incertidumbre regulatoria y largos procesos de autorización termina perdiendo oportunidades.

La política tributaria debe entender que el capital productivo necesita incentivos, pero también que esos incentivos deben traducirse en actividad económica. El Presidente Kast apuesta precisamente por eso.

La batalla contra la permisología

Hay otro enemigo silencioso del crecimiento chileno: la burocracia. Durante demasiado tiempo se ha considerado normal que grandes proyectos de inversión permanezcan años esperando permisos, autorizaciones o pronunciamientos de distintas instituciones. Un Estado moderno no puede funcionar así.

Proteger el medioambiente, establecer estándares sanitarios y fiscalizar las inversiones es indispensable. Pero proteger el medioambiente no significa paralizar indefinidamente un proyecto. Regular no significa impedir.

La reducción de la permisología propuesta por el Gobierno apunta a recuperar algo que también tiene valor económico: el tiempo. Un proyecto que demora cinco años adicionales en comenzar a operar pierde competitividad. Y Chile pierde empleos, impuestos, proveedores y crecimiento.

La certeza jurídica tampoco significa ausencia de regulación. Significa saber cuáles son las reglas y tener la seguridad de que serán aplicadas de manera razonable, transparente y previsible.

Seguridad para recuperar la libertad

Pero el cambio de rumbo de Kast no se limita a la economía. Existe otra condición indispensable para que un país funcione: la seguridad. Durante demasiado tiempo, parte del debate nacional estuvo dominado por una falsa dicotomía según la cual fortalecer la autoridad del Estado equivaldría necesariamente a restringir las libertades. Es justamente al revés.

Una persona amenazada por un delincuente no es más libre porque el Estado se abstenga de intervenir. Un comerciante extorsionado por una banda criminal no disfruta de mayor libertad porque las autoridades sean débiles. Una familia que teme salir de noche de su casa no vive en una sociedad más libre porque existan menos controles policiales.

La libertad necesita seguridad. Por eso es legítimo que el Gobierno quiera recuperar territorios, fortalecer las policías, combatir el crimen organizado y perseguir a quienes utilizan la violencia para imponer sus propias reglas.

La autoridad democrática no es autoritarismo. Un Estado democrático fuerte es aquel que utiliza sus facultades dentro de la Constitución y las leyes para proteger a quienes cumplen las reglas frente a quienes decidieron quebrantarlas.

Protestar sí, destruir no

También existe un asunto político que el Presidente Kast ha decidido enfrentar sin demasiadas ambigüedades. Manifestarse es un derecho. Criticar al Gobierno es un derecho. Marchar, organizarse políticamente y exigir la renuncia de un Presidente son derechos inherentes a una democracia.

Pero incendiar, saquear, destruir infraestructura, atacar policías o utilizar la violencia para imponer objetivos políticos es otra cosa. No puede existir una democracia donde la violencia sea condenada dependiendo de quién la ejerza.

Si la violencia proviene de la extrema derecha, debe ser condenada. Si proviene de la extrema izquierda, también. Ese principio no debería ser controversial. Una democracia seria no puede romantizar la violencia política ni convertirla en una categoría especial cuando sus protagonistas utilizan determinadas banderas ideológicas.

La disciplina fiscal también es una forma de responsabilidad social

Otro elemento que merece reconocimiento es la decisión de combinar la agenda procrecimiento con disciplina fiscal. La derecha no debería limitarse a repetir que hay que bajar impuestos. Una política económica responsable también exige controlar el gasto, eliminar programas ineficientes, reducir duplicidades y cuidar las cuentas públicas.

El Gobierno ha planteado una trayectoria de reducción del déficit estructural hacia 2030 y mantener un ancla de deuda del 45% del PIB. La señal es importante.

El Estado no puede prometer indefinidamente más de lo que la economía puede financiar. Una deuda creciente no desaparece. Termina siendo pagada por los contribuyentes presentes o futuros. La responsabilidad fiscal no es enemiga de las políticas sociales. Es precisamente una de sus condiciones de supervivencia.

Un Estado que administra bien sus recursos puede ayudar durante mucho tiempo. Uno que gasta irresponsablemente termina obligado a recortar cuando menos puede hacerlo.

El cobre no puede salvarnos para siempre

Chile tiene además una ventaja extraordinaria: el precio del cobre. El metal rojo atraviesa un escenario favorable impulsado, entre otros factores, por la electrificación, las redes energéticas, los centros de datos y la expansión de tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Pero sería un error creer que el cobre resolverá por sí solo nuestros problemas.

Chile ya ha tenido ciclos extraordinarios de precios de las materias primas. La verdadera pregunta siempre ha sido qué hacemos cuando los precios son altos. La oportunidad que enfrenta Kast consiste en aprovechar un escenario externo favorable para fortalecer las cuentas públicas y, simultáneamente, generar condiciones para que la economía sea capaz de crecer incluso cuando el cobre vuelva a niveles normales. El objetivo debe ser transformar una ventaja coyuntural en crecimiento estructural.

El desafío del empleo

Todo este proyecto tiene finalmente un punto de llegada: el empleo. No existe política económica exitosa si no termina mejorando las oportunidades de las personas.

El Gobierno recibió un mercado laboral debilitado, con un desempleo persistentemente elevado y cientos de miles de personas buscando trabajo. Por eso son relevantes los incentivos a la contratación formal incluidos en la agenda económica.

Un empleo formal no es solamente un sueldo a fin de mes. Es cotización previsional, experiencia, capacitación, estabilidad y la posibilidad de construir un proyecto de vida. La política laboral debería tener siempre ese horizonte.

No basta con proteger al trabajador que ya tiene empleo. También hay que pensar en quien está afuera y necesita desesperadamente una oportunidad para entrar.

Kast todavía debe demostrar resultados

Ser favorable al Presidente Kast no significa sostener que todo lo que haga será perfecto. Todo Gobierno democrático merece ser fiscalizado. Sus proyectos deben discutirse en el Congreso, sus cifras deben ser examinadas y sus errores deben ser señalados.

Kast deberá demostrar que la reducción de impuestos genera efectivamente más inversión. Deberá demostrar que la reducción de la permisología acelera proyectos sin deteriorar los estándares ambientales. Deberá demostrar que la disciplina fiscal es sostenible y que las medidas de seguridad consiguen disminuir efectivamente la delincuencia.

Esa evaluación debe hacerse con datos. Y precisamente por eso resulta injusto intentar descalificar al Gobierno antes de que pueda demostrar sus resultados.

Una oposición democrática puede decir que Kast está equivocado. Puede rechazar sus proyectos. Puede proponer alternativas. Puede denunciar errores. Lo que no debería hacer es considerar ilegítimo que un Presidente elegido democráticamente intente ejecutar el programa por el cual fue elegido.

El verdadero cambio de ciclo

Presidente Kast.

Hay algo más profundo detrás de las reformas de Kast. Durante años, Chile fue desplazándose hacia la idea de que casi todos los problemas podían solucionarse mediante más Estado, más regulación y más gasto público. El Gobierno actual está planteando una tesis diferente.

El Estado debe ser fuerte allí donde tiene que ser fuerte: seguridad, justicia, defensa de la institucionalidad y protección de los ciudadanos. Pero debe ser mucho más cuidadoso cuando pretende reemplazar la iniciativa de las personas y las empresas. Esa diferencia filosófica explica buena parte del conflicto político.

El Presidente Kast está intentando recuperar conceptos que durante años fueron tratados casi como malas palabras: autoridad, mérito, inversión, propiedad, responsabilidad, crecimiento, orden y libertad. Ninguno de ellos pertenece exclusivamente a la derecha. Son principios fundamentales de una sociedad democrática y próspera.

Chile necesita volver a confiar en sí mismo

El desafío del Presidente Kast es enorme porque no consiste solamente en aprobar leyes. Consiste en cambiar expectativas.

Un país que durante mucho tiempo escucha que no puede crecer termina acostumbrándose al estancamiento. Una sociedad que se acostumbra a la delincuencia comienza a modificar sus hábitos para convivir con ella. Un empresario que espera años por un permiso deja de invertir. Un joven que no encuentra empleo pierde oportunidades antes incluso de comenzar su vida laboral. Por eso reconstruir Chile significa también recuperar confianza.

Confianza en que invertir nuevamente puede valer la pena. Confianza en que trabajar permite progresar. Confianza en que el Estado puede proteger. Confianza en que las reglas serán respetadas. Confianza en que la responsabilidad fiscal importa. Confianza, finalmente, en que Chile puede volver a aspirar a algo más que administrar su propio estancamiento.

José Antonio Kast todavía tiene mucho camino por recorrer. Pero si consigue convertir su agenda económica en inversión, su política de seguridad en mayor tranquilidad y su discurso de responsabilidad fiscal en cuentas públicas sostenibles, habrá logrado algo bastante más importante que aprobar un conjunto de reformas. Habrá comenzado a cerrar un ciclo.

Chile no necesita volver al pasado. Necesita recuperar aquello que alguna vez permitió mirar el futuro con optimismo: crecimiento, seguridad, estabilidad, trabajo y libertad. Y esa es, en último término, la batalla política que enfrenta el Gobierno de Kast. No simplemente gobernar durante cuatro años, sino demostrar que Chile todavía puede volver a ponerse en marcha.

Kast y la batalla por recuperar Chile: seguridad, crecimiento y autoridad frente a la odiosidad ideológica

A poco más de unos meses de iniciado su mandato, el Gobierno de José Antonio Kast ya enfrenta algo más difícil que una oposición política: una verdadera campaña de odiosidad ideológica que pretende deslegitimar cada una de sus decisiones antes siquiera de que puedan mostrar sus resultados. La izquierda más radical parece haber decidido que el problema no es lo que haga el Gobierno, sino simplemente que sea Kast quien lo haga.

Gobierno de Kast.

Hay algo profundamente revelador en la reacción de la ultraizquierda frente al actual Gobierno. Si el Presidente Kast anuncia medidas para combatir el crimen organizado, es acusado de autoritario. Si busca fortalecer las herramientas del Estado para recuperar territorios dominados por la delincuencia, se habla de una supuesta amenaza a las libertades. Si propone reducir impuestos para estimular la inversión, aparecen inmediatamente las acusaciones de favorecer a los ricos. Si intenta reducir burocracia y acelerar proyectos, se denuncia una supuesta entrega del país a los empresarios. Y si busca contener el gasto público, se le acusa de querer destruir el Estado social.

El problema de esta lógica es evidente: pareciera que para determinados sectores de la izquierda el Gobierno de Kast no tiene derecho a hacer nada bien.

Gobernar no es administrar el estancamiento

La primera defensa que debe hacerse de esta administración es bastante sencilla: Kast recibió un país que necesitaba un cambio de rumbo.

Chile lleva años arrastrando problemas de crecimiento, inversión, productividad, empleo y certeza jurídica. El primer semestre de 2026, con dos trimestres de variación negativa del PIB e inversión prácticamente estancada, volvió a demostrar que el problema chileno no era solamente coyuntural. El país había perdido dinamismo y necesitaba recuperar las condiciones que permiten invertir, producir y crear empleos.

Frente a eso, el Gobierno ha planteado una agenda de reconstrucción que contempla más de 40 medidas en materias tributarias, laborales, regulatorias, de inversión, certeza jurídica y disciplina fiscal.

Se puede discutir cada una de ellas. Se pueden cuestionar sus alcances, exigir modificaciones y pedir garantías. Eso es perfectamente legítimo en democracia. Lo que resulta intelectualmente pobre es rechazarlas automáticamente porque llevan el apellido Kast.

La economía necesita inversión, no consignas

Uno de los elementos más relevantes de la agenda económica es la intención de reducir gradualmente el impuesto corporativo desde el 27% al 23%, acompañada por la reintegración del sistema tributario.

La discusión no debería reducirse al viejo y absurdo eslogan de que "bajar impuestos beneficia a los ricos". Una empresa que invierte necesita evaluar cuánto capital comprometer, durante cuánto tiempo y bajo qué reglas. Si las condiciones tributarias y regulatorias son imprevisibles, la inversión puede postergarse o simplemente buscar otro destino.

Por eso resulta importante que la propuesta de Kast no se limite a reducir impuestos. También contempla agilizar permisos, disminuir trabas regulatorias y entregar mayor certeza jurídica, incluyendo una propuesta de invariabilidad tributaria para inversiones superiores a US$50 millones durante 25 años.

La pregunta correcta, entonces, no es si a la izquierda le gusta o no una rebaja tributaria. La pregunta es si Chile quiere volver a ser un país atractivo para invertir. Y la respuesta debería ser evidente. Crecer no es un capricho de los empresarios.

Hay una idea que la izquierda suele olvidar cuando transforma el crecimiento económico en una especie de pecado ideológico: sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo tampoco existe una política social sostenible en el largo plazo.

Una economía que crece poco tiene dificultades para generar oportunidades. Una pyme que no puede crecer no contrata. Una empresa que no invierte no aumenta su capacidad productiva. Un Estado que debe financiar cada vez más gasto con deuda termina reduciendo el espacio disponible para nuevas políticas públicas. Por eso la agenda económica del Gobierno incorpora también incentivos al empleo formal y una política de contención del gasto. El Ejecutivo ha informado medidas de ajuste superiores a $1,3 billones y ha vinculado explícitamente el crecimiento con la creación de empleo y la mejora de las oportunidades.

Eso no significa que toda medida del Gobierno sea automáticamente correcta. Significa algo mucho más elemental: Kast está intentando abordar problemas reales con instrumentos económicos concretos.

Y en seguridad, por fin aparece la autoridad

Pero probablemente donde la diferencia política resulta más evidente es en seguridad. Chile no enfrenta solamente delincuencia común. Existe crimen organizado, narcotráfico, violencia territorial, extorsión y organizaciones capaces de acumular dinero, armas y control territorial. Cuando una organización criminal consigue imponer sus propias reglas en un territorio, el problema deja de ser exclusivamente policial: se transforma en un desafío directo a la autoridad del Estado. Y aquí el Gobierno está haciendo algo que durante demasiado tiempo pareció políticamente incorrecto: recordarle al país que el Estado tiene la obligación de ejercer autoridad.

No existe libertad real para quien vive sometido a la extorsión. No existe libertad efectiva para el comerciante que debe pagar para poder abrir su negocio. No existe libertad plena para una familia que teme circular por su propio barrio. Y tampoco existe libertad cuando una persona tiene miedo de denunciar porque quienes la amenazan controlan territorialmente su entorno.

La seguridad y la libertad no son enemigas. En una democracia liberal, la primera es una de las condiciones materiales para que la segunda pueda existir.

La ultraizquierda confunde autoridad con autoritarismo

Aquí aparece uno de los mayores problemas del debate político actual. Para determinados sectores de la ultraizquierda, cualquier fortalecimiento de las facultades del Estado parece convertirse inmediatamente en "autoritarismo". Es una caricatura que no resiste el análisis.

El Estado democrático necesita policías capaces de perseguir delincuentes, tribunales capaces de condenarlos y autoridades capaces de recuperar espacios públicos. Pero ese poder debe estar sometido a la Constitución, al Congreso, a los tribunales y a los derechos fundamentales.

Precisamente por eso resulta razonable que la reforma constitucional de seguridad pueda ser negociada y perfeccionada. El proyecto puede incorporar causales objetivas, delimitación territorial, duración determinada, control parlamentario, revisión periódica y control judicial. Negociar no significa capitular. De hecho, una derecha democrática debería ser la primera en exigir límites claros al poder estatal. Porque una Constitución seria no puede diseñarse pensando solamente en quién gobierna hoy. Debe funcionar también si mañana gobierna alguien que piensa exactamente lo contrario. Protestar es un derecho. Destruir no.

Hay otro asunto que explica buena parte de la odiosidad contra Kast: su decisión de no aceptar que la violencia política y el vandalismo revolucionario vuelva a esconderse detrás de la palabra "protesta". Nadie debería cuestionar el derecho de una persona a marchar, manifestarse, criticar al Presidente, exigir su renuncia o defender una determinada ideología. Pero ninguna de esas libertades incluye el derecho a incendiar una estación de Metro, saquear un comercio, destruir infraestructura crítica o bloquear violentamente una ciudad.

El principio debe ser absolutamente simétrico: si lo hace la extrema derecha, está mal; si lo hace la extrema izquierda, también está mal. Una democracia no puede tener una vara para los manifestantes que piensan como nosotros y otra para quienes piensan distinto. La protesta es legítima. La violencia no adquiere legitimidad por llevar una bandera política determinada. Y esa es precisamente una de las cosas que algunos sectores parecen no perdonarle a Kast: que pretenda terminar con la idea de que determinadas violencias son comprensibles, justificables o incluso románticas cuando provienen del sector ideológico correcto.

El odio contra Kast también revela algo

La oposición tiene todo el derecho a criticar al Gobierno. Puede considerar equivocada su política económica, insuficiente su estrategia de seguridad o excesivas algunas de sus reformas. Pero una cosa es la crítica política y otra es la deshumanización permanente del adversario.

Cuando cada decisión se interpreta como una amenaza fascista, cada reforma económica como un regalo a los poderosos y cada medida de seguridad como un intento de instaurar una dictadura, el debate deja de ser político y comienza a transformarse en una caricatura.

La democracia necesita oposición. Lo que no necesita es una oposición que considere ilegítimo que gobierne alguien que piensa distinto. Porque Kast no llegó a La Moneda mediante un golpe de Estado. Llegó mediante elecciones abiertas, y con cifras históricas. Y mientras ejerza el poder dentro de la Constitución y las leyes, merece exactamente lo mismo que cualquier otro Presidente democrático: ser evaluado por sus decisiones y sus resultados.

El Gobierno todavía tiene mucho que demostrar

Defender a Kast tampoco significa afirmar que todo está resuelto. Sería absurdo hacerlo. El Gobierno deberá demostrar que sus reformas efectivamente generan inversión, empleo y crecimiento. Deberá demostrar que puede reducir la delincuencia. Deberá demostrar que es capaz de mantener disciplina fiscal sin abandonar a quienes necesitan ayuda. Y deberá demostrar que puede transformar sus propuestas en resultados concretos.

El propio escenario económico obliga a ser prudentes: el Imacec de junio mostró un crecimiento de 2,4%, una señal alentadora, pero insuficiente por sí sola para hablar de una recuperación consolidada. El verdadero desafío es transformar ese dato en una tendencia sostenible.

Pero precisamente ahí está la diferencia entre una evaluación seria y una campaña de odiosidad: a Kast hay que juzgarlo por lo que haga, no por el prejuicio que algunos tienen contra él.

El cambio de rumbo ya es una señal

Quizás el mayor mérito de estos primeros meses no esté todavía en un determinado indicador económico ni en una estadística de seguridad. Está en algo más profundo: el Gobierno ha vuelto a instalar en el debate nacional conceptos que durante demasiado tiempo fueron tratados casi como malas palabras. 

Autoridad. Orden. Inversión. Crecimiento. Disciplina fiscal. Seguridad. Certeza jurídica. Empleo formal. No son conceptos de extrema derecha. Son elementos básicos de cualquier democracia que aspire a ser próspera, segura y funcional.

Chile no necesita un Estado omnipotente. Pero tampoco necesita un Estado impotente. Necesita un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos, perseguir al crimen, garantizar las libertades, respetar la ley y crear las condiciones para que las personas puedan trabajar, emprender e invertir. Eso es lo que el Gobierno de Kast está intentando hacer. Y si finalmente consigue transformar esa agenda en resultados, habrá quedado demostrado algo que la ultraizquierda parece incapaz de aceptar: que cambiar el rumbo de Chile no es fascismo, que defender la autoridad no es dictadura y que querer crecimiento no es defender a los ricos. Es simplemente intentar que el país vuelva a funcionar.

Por eso, más que odiar a Kast, sus adversarios deberían hacer algo mucho más difícil y mucho más democrático: oponerse a sus políticas con argumentos, fiscalizar sus resultados y, si creen tener una alternativa mejor, convencer a los chilenos de ella. Porque en democracia no basta con odiar al adversario. Hay que derrotarlo con ideas, y para ello hay que presentar buenas ideas, saber ser una oposición constructiva y no destructiva.

Kast y la batalla por la autoridad: negociar sí, capitular no

La decisión del Gobierno de rediseñar su reforma constitucional de seguridad para buscar un acuerdo con Chile Vamos puede ser una oportunidad para mejorar el proyecto, no para desnaturalizarlo. Chile necesita una institucionalidad capaz de enfrentar el crimen organizado, pero también el vandalismo político que durante el estallido de 2019 demostró hasta qué punto una minoría organizada puede paralizar ciudades, destruir infraestructura y desafiar la autoridad del Estado.

Presidente Kast.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un escenario legislativo complejo. Nadie dijo que gobernar sería fácil, ni mucho menos. La reforma constitucional en materia de seguridad, tal como fue presentada originalmente, no cuenta con los votos suficientes para ser aprobada en el Senado y, ante el riesgo de un rechazo en general que obligaría a archivar la iniciativa durante un año, La Moneda ha optado por abrir una negociación con Chile Vamos, y con parlamentarios centristas.

La fórmula que se discute supone reducir de los ocho puntos originales a tres o cuatro modificaciones constitucionales consideradas esenciales, trasladando otras materias a proyectos de ley. También se evalúa modificar la urgencia de la iniciativa para disponer de más tiempo de negociación. Entre los asuntos más controvertidos se encuentra el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, cuya versión inicial contemplaba una duración de 120 días, prorrogable por otros 120, mientras que la alternativa negociada incorporaría autorización del Congreso desde el comienzo y una revisión cada 30 días.

Desde una perspectiva de derecha, esta negociación debe ser observada con realismo y pragmatismo, pero también con firmeza. Es razonable perfeccionar una reforma para conseguir los votos necesarios; lo que no sería razonable es terminar aprobando una reforma tan descafeinada que el Estado continúe enfrentando amenazas extraordinarias con herramientas ordinarias.

El objetivo no puede ser simplemente aprobar una reforma. El objetivo debe ser dotar a Chile de una arquitectura jurídica que permita recuperar el control de los espacios públicos y territoriales frente a quienes pretenden arrebatárselo al Estado. Porque el problema de seguridad chileno es mucho más amplio que la delincuencia común.

Incluye al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la violencia territorial, la extorsión, el control de barrios y, también, una realidad que durante demasiado tiempo ha sido tratada con una indulgencia incomprensible: el vandalismo organizado con finalidad política.

Chile no enfrenta solamente delincuentes: enfrenta también la erosión de la autoridad

Durante años, el debate sobre seguridad estuvo concentrado casi exclusivamente en los delitos tradicionales: robos, asaltos, homicidios, tráfico de drogas o portonazos. Pero la realidad cambió.

Hoy existen organizaciones criminales con capacidad financiera, logística, territorial y armada que pueden desafiar directamente al Estado. El crimen organizado contemporáneo puede combinar narcotráfico, sicariato, tráfico de personas, lavado de activos, corrupción, extorsión y control territorial. Esa amenaza es cualitativamente distinta de la delincuencia ocasional y exige instrumentos diferentes.

El propio fundamento de la reforma parte precisamente de esta transformación: cuando organizaciones criminales consiguen instalarse territorialmente y disputar al Estado su capacidad de ejercer autoridad, ya no estamos simplemente ante una suma de delitos aislados. Estamos ante un problema de seguridad pública que puede adquirir dimensiones institucionales.

El texto de defensa de la reforma ya advertía que una organización criminal capaz de controlar territorio, disponer de armas, administrar dinero e intimidar a sus habitantes puede transformarse en un verdadero poder paralelo, precisamente porque no responde ante el Congreso, los tribunales ni los organismos de control democrático.

Pero existe otra dimensión que tampoco debe ser olvidada. El Estado también pierde autoridad cuando grupos ideológicos organizados y violentos descubren que pueden destruir, bloquear, incendiar, saquear o paralizar una ciudad sin enfrentar consecuencias proporcionales. Y aquí aparece inevitablemente el recuerdo del estallido de octubre de 2019.

El estallido de 2019: cuando la protesta fue reemplazada por una explosión de violencia

Una democracia debe proteger irrestrictamente el derecho a protestar pacíficamente. Ese principio no admite discusión. Pero precisamente por eso es necesario separar la protesta del vandalismo.

En octubre de 2019 Chile experimentó una crisis de enormes dimensiones, en la que junto con manifestaciones relativamente pacíficas y demandas sociales legítimas se produjo una escalada brutal de violencia, terrorismo, saqueos, incendios, destrucción de infraestructura y ataques contra servicios esenciales.

El Metro de Santiago constituye un ejemplo particularmente significativo. Una infraestructura crítica puede ser dañada físicamente, pero también puede ser paralizada mediante acciones deliberadas que impidan su funcionamiento. El resultado final es que cientos de miles de ciudadanos terminan pagando las consecuencias de una acción ejecutada por una minoría. Ese fenómeno no puede normalizarse.

Una sociedad democrática no puede aceptar que una persona tenga derecho a manifestarse y, simultáneamente, otra persona pierda su derecho a ir al trabajo porque una turba bloqueó una avenida; que alguien tenga derecho a protestar y un comerciante pierda su negocio por un saqueo; que un grupo pueda expresar su indignación y una familia quede sin transporte porque una infraestructura pública fue destruida. La protesta es un derecho. La violencia no lo es.

El derecho de reunión tampoco puede transformarse en un derecho a paralizar indefinidamente a terceros. Como plantea el documento base, la democracia debe proteger tanto el derecho a manifestarse como el derecho de los demás a vivir, trabajar y desplazarse sin quedar sometidos a la voluntad de una minoría.

No podemos cometer nuevamente el error de confundir vandalismo con conflicto político

Aquí existe una cuestión política de fondo que la derecha debe defender sin complejos. Una democracia no puede permitir que la violencia adquiera legitimidad simplemente porque está acompañada de una determinada bandera política.

Si un grupo de extrema derecha incendia una estación de Metro, es vandalismo. Si lo hace un grupo de extrema izquierda, también es vandalismo. Si una turba destruye un supermercado por razones políticas, sigue siendo un delito. Si una multitud bloquea deliberadamente una carretera mediante barricadas incendiarias, la motivación política no convierte la acción en una conducta legítima. El Estado debe perseguir conductas, no ideologías.

Precisamente por eso, la reforma de seguridad no debe construirse como una herramienta contra la izquierda, la derecha, el comunismo, el socialismo, el liberalismo ni ninguna otra corriente política legítima. Debe construirse contra quienes utilizan la violencia, la intimidación o la delincuencia para imponer su voluntad.

El documento base lo expresa correctamente: una persona puede marchar por el comunismo, criticar al Presidente, pedir su renuncia, formar un partido o escribir una columna. Lo que puede justificar una respuesta extraordinaria son hechos objetivos y no opiniones políticas. Ese límite es indispensable. Pero también es indispensable el límite contrario: que nadie utilice la palabra "protesta" como una patente de corso para delinquir.

La gran lección de 2019: el vacío de autoridad nunca permanece vacío

Uno de los errores más graves del debate contemporáneo consiste en imaginar que cuando el Estado retrocede, simplemente aparece "más libertad". No necesariamente. Cuando el Estado pierde el control de un territorio, alguien ocupa ese espacio. Puede ser una organización narcotraficante. Puede ser una banda de delincuentes. Puede ser una estructura terrorista. Puede ser un grupo dedicado a la extorsión. Y, en determinadas circunstancias, puede ser también una masa con ideología política organizada capaz de paralizar espacios públicos mediante la violencia.

Por eso la pregunta fundamental no es solamente "¿qué puede hacer el Estado?", sino también "¿quién ejercerá el poder si el Estado no puede hacerlo?". Esa pregunta resulta particularmente importante cuando se analiza el crimen organizado. Una banda que controla una población, establece reglas, cobra extorsiones y determina quién puede o no puede desarrollar determinadas actividades está ejerciendo una forma de poder. La diferencia es que ese poder no fue elegido democráticamente. No está sometido a tribunales independientes. No responde ante el Congreso. No tiene que respetar el debido proceso. No puede ser removido mediante elecciones. No tiene Contraloría. Y no tiene ningún incentivo para respetar los derechos de sus víctimas.

La autoridad democrática, por el contrario, puede ser fiscalizada, judicializada y reemplazada electoralmente. Por eso recuperar la autoridad estatal no significa necesariamente restringir la libertad. En muchas ocasiones significa recuperar las condiciones materiales para que la libertad pueda existir.

Seguridad y libertad no son conceptos enemigos

Aquí la izquierda suele cometer un error conceptual. Presentar el debate como una oposición entre seguridad y libertad supone aceptar que la seguridad sería algo externo a los derechos fundamentales. No lo es.

• ¿Qué libertad tiene el comerciante que debe pagar una extorsión para mantener abierto su negocio?
• ¿Qué libertad tiene una familia que no puede circular tranquilamente por su barrio?
• ¿Qué libertad tiene un trabajador que debe modificar diariamente sus recorridos porque determinados sectores están dominados por delincuentes?
• ¿Qué libertad tiene una persona que teme denunciar porque sabe que quienes la amenazan controlan territorialmente su entorno?

El documento base plantea justamente esta paradoja: muchas libertades pueden convertirse en derechos puramente nominales cuando el crimen controla efectivamente el territorio. Por eso, desde una perspectiva liberal, el Estado debe ser fuerte para proteger al ciudadano y limitado para no convertirse en una amenaza contra él. Ambas cosas son perfectamente compatibles.

El nuevo Estado de Excepción debe aprobarse, pero debe quedar jurídicamente blindado

Aquí la negociación con Chile Vamos puede ser positiva. Si el proyecto original contemplaba una herramienta demasiado amplia, es legítimo introducir controles. Una reforma constitucional de esta naturaleza debe establecer con precisión:

• causales objetivas para su utilización
• delimitación territorial
• duración determinada
• control parlamentario
• revisión periódica
• control judicial de las medidas más invasivas
• respeto al debido proceso
• fiscalización administrativa
• obligación de informar sobre las medidas adoptadas
• responsabilidad por eventuales abusos
• prohibición expresa de utilizarlo para perseguir opiniones políticas legítimas

El documento base insiste en que una herramienta excepcional no puede convertirse en una carta blanca presidencial y propone precisamente este conjunto de límites. 

Por eso, si la negociación actualmente contempla que el Congreso autorice el Estado de Excepción desde el inicio y revise su continuidad cada 30 días, ello no debería ser presentado necesariamente como una derrota del Gobierno. Puede ser, si está correctamente diseñado, un mecanismo de legitimidad democrática y control institucional.

Lo importante es no confundir controles con impotencia. Una cosa es controlar al poder. Otra completamente diferente es impedirle actuar.

La derecha también debe responder una pregunta incómoda: ¿qué ocurriría si mañana gobernara la izquierda?

Esta es probablemente la objeción más seria que puede surgir desde la propia derecha.

¿Y si algún día llega al poder un gobierno comunista y utiliza esta herramienta contra sus adversarios?

La respuesta correcta no puede ser: "Eso nunca va a pasar". Una Constitución responsable no puede escribirse suponiendo que siempre gobernarán los buenos. Debe escribirse pensando exactamente lo contrario:

¿Seguiríamos defendiendo esta norma si el Presidente que la utiliza pensara exactamente lo contrario que nosotros? Ese es el verdadero test constitucional.

• Si la respuesta es sí, estamos frente a una institución.
• Si la respuesta es no, estamos frente a una herramienta partidista.

Por eso la derecha debería exigir que las causales sean tan objetivas y los controles tan estrictos que ningún gobierno pueda utilizar legítimamente un estado de excepción para perseguir a sus opositores.

Un gobierno comunista no podría decretarlo simplemente porque la derecha realiza una conferencia de prensa. No podría utilizarlo porque existen manifestaciones pacíficas. No podría aplicarlo porque un medio de comunicación publica una investigación incómoda. No podría hacerlo porque el Congreso rechaza una iniciativa presidencial. La herramienta debe estar vinculada a hechos objetivos y verificables de grave afectación de la seguridad pública, no a la ideología de quienes participan en ellos.

El documento base plantea justamente que el verdadero blindaje frente a un eventual abuso de un futuro gobierno no consiste en eliminar la herramienta, sino en diseñarla de manera que jurídicamente no pueda convertirse en un instrumento de persecución ideológica.

El problema sería mucho mayor si la reforma terminara vaciada de contenido

Aquí aparece el principal riesgo de la negociación. Es razonable reducir ocho modificaciones constitucionales a tres o cuatro si esas modificaciones constituyen realmente el corazón de la reforma. Es razonable trasladar determinadas materias a leyes. Es razonable revisar las facultades más invasivas. Es razonable discutir el sistema de urgencias. Pero hay una línea que no debería cruzarse: convertir la negociación política en una desactivación de la reforma. Porque Chile ya conoce el costo de un Estado que llega tarde. 

El problema de seguridad no comenzó ayer. La expansión del crimen organizado, la violencia territorial, el narcotráfico y la pérdida de control de determinados espacios demuestran que no basta con reaccionar caso a caso. El Estado necesita capacidad de anticipación. Necesita inteligencia. Necesita policías fortalecidas. Necesita coordinación institucional. Necesita herramientas para enfrentar organizaciones criminales complejas. Y, cuando exista una situación extraordinaria que exceda las capacidades ordinarias, necesita también una herramienta constitucional extraordinaria.

La alternativa es pretender combatir fenómenos extraordinarios exclusivamente mediante procedimientos diseñados para tiempos normales. Eso no es prudencia. Es ingenuidad. El Congreso debe controlar al Ejecutivo, pero también debe asumir su responsabilidad

Hay una tendencia peligrosa en nuestra política: exigir al Ejecutivo que resuelva la inseguridad y, al mismo tiempo, bloquear cada herramienta que permita hacerlo. El Congreso tiene todo el derecho —y el deber— de controlar al Gobierno. Pero controlar no significa paralizar. Si los senadores consideran que una facultad presidencial es demasiado amplia, deben modificarla. Si creen que una causal es ambigua, deben precisarla. Si consideran insuficientes los controles, deben reforzarlos. Si rechazan una medida, deben explicar cuál es la alternativa.

Lo que no puede ocurrir es que el sistema político termine en una situación en la que todos reconozcan la gravedad de la crisis de seguridad, pero nadie esté dispuesto a entregar al Estado instrumentos efectivos para enfrentarla. La seguridad no puede convertirse en una competencia para demostrar quién pronuncia el discurso más duro mientras el aparato estatal continúa funcionando con herramientas insuficientes.

La reforma debe enfrentar también la violencia política y el vandalismo

Este punto merece quedar expresamente instalado en el debate. Chile no puede mirar hacia otro lado frente a los episodios de violencia política que acompañaron el estallido delictual de 2019. Y tampoco puede hacerlo frente a futuras expresiones de violencia que pretendan utilizar la protesta como cobertura.

Eso no significa criminalizar la protesta. Significa establecer una frontera inequívoca entre manifestación y violencia.

• Una barricada puede ser una forma de impedir deliberadamente la circulación.
• Un ataque incendiario contra infraestructura crítica puede afectar a miles de personas.
• La destrucción del transporte público puede generar consecuencias económicas y sociales mucho mayores que el daño material inmediato.
• Quemar una iglesia o un templo por odiosidad ideológica o política no puede ser aceptable en una sociedad democrática.
• El saqueo de un comercio no se transforma en justicia social porque ocurra durante una manifestación.
• El incendio de una estación no se convierte en expresión democrática porque quienes lo ejecutan griten una consigna política.

La democracia tiene que ser capaz de defender simultáneamente el derecho a protestar y el derecho de los demás a vivir normalmente.

La reforma de seguridad, por tanto, debería integrarse con una política mucho más amplia de recuperación del espacio público: persecución efectiva del vandalismo, fortalecimiento policial, protección de infraestructura crítica y sanciones suficientemente disuasivas.

El Estado debe recuperar algo que perdió durante demasiado tiempo: la capacidad de decir "no"

Una democracia funcional necesita autoridad. La policía debe poder detener dentro de la ley. Los tribunales deben poder condenar. El Congreso debe poder legislar. El Ejecutivo debe poder gobernar. Y los ciudadanos deben saber que las normas tienen consecuencias.

Durante demasiado tiempo, el debate chileno estuvo atrapado entre dos extremos igualmente dañinos: quienes creen que cualquier ejercicio de autoridad es autoritarismo y quienes creen que la seguridad justifica cualquier cosa. Ambas posiciones son equivocadas.

La autoridad sin límites puede convertirse en tiranía. Pero la libertad sin autoridad puede convertirse en la ley del más fuerte. El liberalismo democrático necesita ambas cosas: poder estatal suficiente para proteger derechos y límites constitucionales suficientes para impedir abusos. Esa debería ser la filosofía de la reforma del Presidente Kast.

La Moneda está haciendo lo correcto al buscar un acuerdo parlamentario. Una reforma constitucional que necesita 29 votos en el Senado no puede construirse ignorando la realidad política. La negociación con Chile Vamos puede permitir alcanzar una fórmula más sólida, más consensuada y jurídicamente mejor diseñada. Pero el Gobierno debe conservar una línea roja. No puede terminar sacrificando el objetivo esencial de la reforma en nombre de un acuerdo que, finalmente, no cambie sustancialmente la capacidad del Estado para enfrentar amenazas extraordinarias.

• Si hay que reducir ocho medidas a cuatro, que sean las cuatro indispensables.
• Si hay que trasladar materias a la ley, que se haga.
• Si hay que aumentar el control parlamentario, que se aumente.
• Si hay que establecer revisiones periódicas, que se establezcan.

Pero que el resultado final permita actuar. Porque un Estado que tiene controles pero carece de capacidad para proteger a sus ciudadanos no es un Estado de Derecho fuerte. Es simplemente un Estado jurídicamente impecable que ha perdido la capacidad de hacer cumplir sus propias normas.

Chile necesita recuperar el monopolio legítimo de la fuerza

La discusión de fondo no es sobre Kast. Tampoco es sobre la izquierda o la derecha. Es sobre el tipo de Estado que queremos construir para las próximas décadas.

• Un Estado que pueda enfrentar al crimen organizado.
• Un Estado que pueda recuperar territorios capturados por organizaciones criminales.
• Un Estado que pueda proteger infraestructura crítica.
• Un Estado que pueda impedir que la violencia política vuelva a paralizar ciudades.
• Un Estado que pueda distinguir perfectamente entre protesta legítima y delincuencia.
• Un Estado sometido a la Constitución, a los tribunales, al Congreso, a los organismos fiscalizadores y a los derechos fundamentales.

Esa combinación no es una contradicción. Es precisamente el corazón del Estado democrático de Derecho. La autoridad no es enemiga de la democracia. La autoridad sometida a la ley es una de sus condiciones de existencia. El documento base lo resume con precisión: recuperar autoridad también significa defender la libertad. Por eso el Gobierno debe negociar, escuchar y corregir. Pero también debe defender el principio que dio origen a la reforma:

Chile no puede seguir enfrentando amenazas extraordinarias exclusivamente con herramientas ordinarias. El crimen organizado debe saber que el Estado tiene capacidad para responder. Los grupos violentos deben saber que una protesta no es una licencia para destruir. Los ciudadanos deben saber que pueden circular, trabajar, estudiar y vivir sin quedar sometidos a la voluntad del más fuerte. Y la oposición debe saber algo igualmente importante: los instrumentos de seguridad no pueden transformarse en armas políticas contra quienes piensan distinto. Ese es el equilibrio que Chile necesita. No un Estado omnipotente. No un Estado impotente. Un Estado fuerte frente al delincuente, firme frente al vandalismo, implacable frente a la violencia y estrictamente limitado frente al ciudadano.

Porque cuando el Estado abandona las calles, las calles no quedan necesariamente libres. Quedan disponibles para quien tenga la fuerza suficiente para apropiárselas. Y una democracia que permite que eso ocurra deja de proteger la libertad precisamente en el momento en que más debería hacerlo.

La violencia en el fútbol no la producen los clubes: la producen los delincuentes y la impunidad

El fútbol chileno no puede seguir pagando por los delitos que cometen unos pocos. Los verdaderos responsables de la violencia en los estadios son quienes delinquen y, cuando corresponde, un sistema de justicia que no logra impedir que los reincidentes vuelvan una y otra vez a las tribunas.

Violencia en el fútbol.

La violencia se ha convertido en uno de los principales enemigos del fútbol chileno. Familias que dejan de asistir, niños que pierden la posibilidad de vivir la experiencia de un estadio, partidos suspendidos, infraestructura destruida y clubes castigados económicamente por hechos que muchas veces no cometieron sus jugadores, dirigentes ni trabajadores. Sin embargo, en medio de esta crisis existe una peligrosa tendencia a buscar culpables donde no corresponde: en los clubes, en el fútbol profesional o incluso en la pasión de los hinchas.

Conviene decirlo con absoluta claridad: el fútbol no fabrica delincuentes y un club deportivo no puede ser responsabilizado automáticamente por los delitos cometidos por personas que ingresan a un estadio. La responsabilidad penal es individual. Si una persona agrede, roba, destruye, lanza un artefacto incendiario, porta un arma o participa en una riña, es esa persona —y no el club que lleva en su camiseta— quien debe responder ante la ley.

El problema no es la pasión: es el delito

En las galerías existen miles de hinchas que concurren cada semana simplemente para alentar a su equipo. Cantan, llevan banderas, organizan recibimientos, viajan cientos de kilómetros y viven el fútbol como una parte fundamental de su identidad. La pasión, incluso cuando es intensa y ruidosa, no constituye un delito. Otra cosa muy distinta son aquellos individuos que utilizan el fútbol como plataforma para cometer delitos. Ahí está el verdadero problema.

No podemos confundir al hincha con el delincuente. Una persona puede ser integrante de una barra, cantar durante noventa minutos, portar los colores de su club y sentir una enorme pasión por su equipo sin haber cometido jamás un delito. Demonizar indiscriminadamente a todos los barristas no sólo es injusto: también impide identificar correctamente a quienes realmente deben ser perseguidos.

La discusión debe abandonar las generalizaciones y concentrarse en los responsables concretos. Quien delinque debe responder por su delito. Punto.

Un club de fútbol no es una institución penitenciaria

Existe además una pregunta que pocas veces se formula: ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un club?

Los clubes deben colaborar con las autoridades, adoptar medidas de seguridad, cumplir los protocolos establecidos y sancionar internamente a quienes corresponda. Pero no pueden transformarse en policías, fiscales ni tribunales. Un club no tiene facultades para detener personas, investigar delitos, interrogar sospechosos, determinar culpabilidades ni imponer penas de prisión.

Por eso resulta profundamente injusto que, frente a hechos de violencia protagonizados por delincuentes, la primera reacción sea exigir que el club juegue sin público, pierda su localía, pague millonarias multas o sea obligado a asumir costos extraordinarios.

El responsable de un delito es quien comete el delito. Si alguien entra a un estadio y provoca una tragedia, la pregunta fundamental no debería ser solamente qué sanción recibirá el club, sino qué ocurrirá con el individuo que cometió el hecho.

Cuando la puerta giratoria termina en el estadio

Y aquí aparece el segundo gran responsable del problema: la impunidad. Carabineros puede detener a una persona durante un procedimiento. Los guardias pueden identificarla. Las cámaras pueden registrar los hechos. Incluso puede existir evidencia suficiente para llevar el caso ante los tribunales. Pero si después de todo ese esfuerzo el delincuente recupera rápidamente su libertad y vuelve a las calles —y eventualmente al mismo estadio—, el mensaje que recibe toda la sociedad es devastador. La sanción pierde su capacidad disuasiva.

Un delincuente que sabe que probablemente no tendrá consecuencias importantes tiene menos incentivos para respetar la ley. Y cuando además se trata de una persona reincidente, la situación resulta todavía más preocupante.

Aquí la crítica no debe dirigirse indiscriminadamente contra todos los jueces ni desconocer las garantías del debido proceso. Un Estado de Derecho exige pruebas, defensa, proporcionalidad y respeto irrestricto a las garantías constitucionales. Pero garantismo no puede significar impunidad, y una medida cautelar no puede convertirse, en la práctica, en una puerta giratoria permanente para delincuentes reincidentes. La justicia debe funcionar.

La primera víctima es el hincha común

Hay una ironía particularmente dolorosa en todo esto: quienes más sufren la violencia no son necesariamente los delincuentes que la provocan. Son los hinchas comunes.

Es el padre que lleva a su hijo por primera vez al estadio. Es la madre que quiere acompañar a su familia para ver a su equipo favorito. Es el joven que ahorró durante semanas para comprar una entrada. Es el adulto mayor que lleva décadas siguiendo a su club. Todos ellos terminan pagando las consecuencias de actos que no cometieron.

Cuando se suspende un partido, se reduce un aforo o se obliga a jugar sin público, el delincuente que provocó el problema muchas veces ya se encuentra fuera del estadio. Quienes terminan castigados son miles de personas inocentes. Eso constituye una profunda injusticia.

No podemos combatir la violencia expulsando al público pacífico de los estadios. Tenemos que expulsar de los estadios a quienes delinquen.

Seguridad sí, pero con inteligencia

Por supuesto que los clubes tienen responsabilidades. Deben mejorar sus sistemas de seguridad, colaborar con las autoridades, implementar tecnología, identificar a quienes tengan prohibición de ingreso y cumplir rigurosamente las obligaciones que establece la legislación. Pero la seguridad no puede convertirse en una transferencia permanente de responsabilidades desde el Estado hacia los clubes.

La seguridad pública es una función esencial del Estado. Carabineros debe perseguir el delito. El Ministerio Público debe investigar. Los tribunales deben resolver conforme a la ley. Y quienes sean condenados deben cumplir efectivamente las sanciones que correspondan. 

Ese circuito institucional no puede romperse precisamente en el último eslabón. Porque cuando la policía detiene, la Fiscalía acusa y los tribunales no logran generar una respuesta efectiva, el delincuente aprende que el sistema puede ser burlado.

El fútbol no necesita menos pasión: necesita menos impunidad

Chile debe recuperar sus estadios para las familias. Y para conseguirlo no necesitamos matar la cultura de las galerías ni convertir cada partido en una operación militar. Necesitamos distinguir entre pasión y delincuencia, entre hinchada y criminalidad, entre un club deportivo y una organización delictiva.

La pasión futbolera puede ser intensa, apasionada e incluso provocadora. Lo que no puede ser es violenta. Y cuando alguien cruza esa frontera, debe saber que tendrá que responder por sus actos.

La solución tampoco consiste en castigar automáticamente al club por cada delito cometido por un individuo. Eso equivale a invertir la lógica de la responsabilidad: terminamos castigando a quienes organizan el espectáculo mientras el delincuente que provocó el problema vuelve tranquilamente a su casa. Eso no puede ser normal.

La responsabilidad debe volver a donde corresponde

La violencia en el fútbol no desaparecerá con comunicados, nuevas mesas de trabajo ni sanciones colectivas contra los clubes. Tampoco desaparecerá demonizando a todos los hinchas que pertenecen a una barra. Desaparecerá cuando el delincuente entienda que el estadio no es una zona liberada.

Cuando quien agrede sea detenido. Cuando quien destruye sea identificado. Cuando quien reincide enfrente consecuencias reales. Cuando quien comete un delito sea juzgado con todas las garantías que establece el Estado de Derecho, pero también con toda la firmeza que permite la ley.

Los clubes pueden y deben mejorar su seguridad. Los hinchas deben respetar las reglas. Carabineros debe perseguir a los violentos. La Fiscalía debe investigar. Y los tribunales deben aplicar la ley. Pero no confundamos responsabilidades.

El fútbol no es el culpable de la delincuencia. Los clubes no son fábricas de delincuentes. Las barras no pueden ser criminalizadas en su conjunto. Los verdaderos responsables son quienes delinquen. Y cuando esos mismos delincuentes reinciden una y otra vez porque el sistema no consigue detenerlos, también debemos tener el coraje de mirar hacia la institucionalidad que está fallando. El objetivo final debería ser sencillo: que el estadio vuelva a pertenecer a quienes realmente lo merecen.

• A los hinchas.
• A las familias.
• A los niños.
• Al fútbol.

Y no a los delincuentes.

Seguridad, libertad y Estado de Derecho: por qué la reforma de Kast merece ser defendida

La creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública no debe entenderse como una renuncia a la democracia ni como una carta blanca para el Presidente. Es, precisamente, un intento por dotar al Estado democrático de herramientas excepcionales, constitucionalmente reguladas y territorialmente focalizadas, para enfrentar una amenaza que las instituciones ordinarias no siempre están en condiciones de contener: el crimen organizado, el terrorismo y la pérdida efectiva del control territorial. La verdadera discusión no debería ser seguridad o libertad, sino cómo recuperar la libertad sin sacrificar el Estado de Derecho.

José Antonio Kast.

Hay debates políticos en los que la discusión se contamina rápidamente con caricaturas. El proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast corre precisamente ese riesgo. Para algunos sectores de la izquierda, cualquier ampliación de las facultades estatales en materia de seguridad constituye poco menos que una amenaza autoritaria. En determinados sectores de derecha, en cambio, aparece una objeción diferente y mucho más seria: ¿qué ocurriría si mañana Chile tuviera un gobierno comunista y ese mismo instrumento constitucional fuera utilizado contra sus adversarios políticos? Ambas preocupaciones merecen una respuesta. Pero ninguna de ellas obliga a rechazar la reforma.

Por el contrario, una defensa seria de la iniciativa debe partir precisamente de reconocer que el poder del Estado puede ser abusado y que por eso debe estar jurídicamente limitado. La cuestión no es entregar poderes ilimitados al Presidente, sino determinar si Chile necesita una herramienta constitucional extraordinaria para circunstancias extraordinarias y, al mismo tiempo, establecer los controles necesarios para impedir que esa herramienta sea utilizada arbitrariamente.

El proyecto presentado por Kast busca incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado y crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, orientado a enfrentar situaciones en que el crimen organizado o el terrorismo desafíen gravemente el control territorial. La propuesta se inserta, además, en una agenda más amplia que incluye medidas contra organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y mecanismos para facilitar la incautación de bienes provenientes del crimen organizado.

Y hay una idea que debería estar en el centro de toda esta discusión: sin seguridad, los derechos constitucionales pueden terminar siendo puramente nominales.

El primer error: presentar el debate como seguridad versus libertad

Una de las críticas más recurrentes desde la izquierda consiste en afirmar que restringir la libertad de circulación, reunión o asociación constituye necesariamente un retroceso democrático.

La respuesta es que la democracia protege esos derechos, pero no los concibe como derechos absolutos. El propio orden constitucional chileno contempla estados de excepción precisamente porque reconoce que pueden existir circunstancias extraordinarias en las que determinados derechos deban ser limitados para proteger bienes jurídicos superiores.

La discusión, por tanto, no puede ser simplemente si se restringirá algún derecho. La pregunta jurídicamente correcta es cuándo, por qué, durante cuánto tiempo, en qué territorio, bajo qué condiciones y con qué controles puede hacerlo el Estado. Ese es el terreno donde debe darse la discusión.

La seguridad, además, no es un concepto extraño a la tradición liberal. John Locke entendía la función del poder político precisamente como la protección de la vida, la libertad y los bienes. Y la tradición del constitucionalismo moderno nunca sostuvo que el Estado debiera ser deliberadamente impotente frente a quienes utilizan la fuerza para destruir los derechos de los demás. Por eso hay una paradoja que quienes critican la reforma deberían responder.

• ¿Qué libertad tiene realmente una persona que no puede circular tranquilamente por su barrio porque una organización criminal controla el territorio?
• ¿Qué libertad económica tiene el comerciante que debe pagar una extorsión para poder abrir su negocio?
• ¿Qué libertad tiene una familia que debe modificar sus horarios, recorridos y hábitos porque determinadas calles están bajo control de delincuentes?
• ¿Qué libertad de reunión existe cuando grupos armados pueden intimidar a quienes viven en un determinado sector?

La respuesta es evidente: esas libertades ya están siendo restringidas. La diferencia es que no las restringe el Estado constitucional, sino el crimen y los delincuentes.

El Estado no puede renunciar al monopolio legítimo de la fuerza

Aquí aparece el fundamento político más profundo de la reforma. Una de las características esenciales del Estado moderno es el monopolio legítimo de la fuerza. Si ese monopolio se pierde, aparecen poderes paralelos.

Una organización criminal que controla un territorio, dispone de armas, administra dinero, intimida a sus habitantes y tiene capacidad para desafiar a las policías no es simplemente un conjunto de delincuentes cometiendo delitos aislados. Puede convertirse en un poder territorial alternativo. Y ese poder no ha sido elegido por nadie. No responde ante el Congreso. No está sometido a la Contraloría. No tiene tribunales independientes. No respeta derechos fundamentales. No acepta controles democráticos. Por eso existe una contradicción peligrosa en la idea de que fortalecer al Estado frente al crimen sería necesariamente "autoritario".

Un Estado democrático debilitado frente a organizaciones criminales no necesariamente produce más libertad. Puede producir exactamente lo contrario: más poder para quienes no están sometidos a ninguna regla democrática.

La propuesta de Kast parte de una premisa razonable: cuando el crimen organizado desafía abiertamente el control territorial, el Estado debe poder responder con una fuerza extraordinaria, pero dentro de la Constitución.

El propio Presidente ha definido el nuevo mecanismo precisamente como una herramienta para actuar "con toda la fuerza del Estado" de manera focalizada, manteniendo a las policías al mando y contemplando la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas. Esa última cuestión es fundamental: no se trata de reemplazar a Carabineros y la PDI por las Fuerzas Armadas, sino de permitir que las capacidades militares puedan complementar la acción policial en situaciones extraordinarias.

¿Es esto un estado de sitio encubierto?

Esta es otra crítica que debe responderse con seriedad. Si el Gobierno quisiera simplemente establecer un estado de sitio permanente, no necesitaría crear una categoría constitucional nueva.

Precisamente porque el fenómeno que se pretende enfrentar es distinto, se propone una herramienta distinta. Chile ya conoce los estados de excepción. De hecho, durante años se ha recurrido al estado de emergencia en zonas afectadas por violencia, especialmente en La Araucanía y determinadas provincias del Biobío. En julio de 2026, por ejemplo, el Congreso aprobó nuevamente la prórroga del estado de emergencia en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

La experiencia demuestra algo importante: el Estado de excepción ya forma parte de nuestro orden constitucional y no constituye, por sí mismo, una anomalía antidemocrática. La verdadera pregunta es si las categorías existentes son suficientes frente a amenazas nuevas.

El crimen organizado contemporáneo no necesariamente se parece a una guerra convencional ni a una conmoción interior clásica. Puede combinar narcotráfico, tráfico de personas, sicariato, lavado de activos, control territorial, corrupción, inteligencia criminal, armamento pesado y capacidad para intimidar a comunidades completas.

Pretender que todas esas amenazas deben encajar forzosamente en categorías jurídicas diseñadas para otros escenarios puede ser tan poco razonable como intentar enfrentar una nueva forma de criminalidad con herramientas creadas para una realidad completamente distinta.

La reforma no debería ser una carta blanca

Ahora bien, defender la reforma no significa defender cualquier redacción posible. Aquí la derecha debe ser especialmente cuidadosa.

La objeción de que un Presidente podría abusar de facultades excepcionales no es una fantasía. Todo poder estatal puede ser mal utilizado. Y justamente por eso el constitucionalismo existe. Una defensa intelectualmente honesta de la reforma debe aceptar que el proyecto debe estar acompañado de límites claros: 

• una causal objetiva y suficientemente precisa
• una declaración debidamente fundamentada
• delimitación territorial
• duración determinada
• control parlamentario
• control judicial sobre las medidas más invasivas
• respeto al debido proceso
• fiscalización administrativa
• obligación de rendir cuenta de las medidas adoptadas
• prohibición de utilizar la excepción para perseguir opiniones políticas legítimas

La comparación con otras democracias constitucionales demuestra que la existencia de poderes excepcionales no es incompatible con el Estado de Derecho. Lo decisivo es que la excepción permanezca subordinada a la Constitución y tenga como finalidad restablecer la normalidad, no sustituirla indefinidamente. Por eso, incluso quienes apoyan decididamente el proyecto pueden defender que durante su discusión parlamentaria se incorporen controles adicionales. Eso no debilita la reforma. La fortalece.

La objeción de derecha: ¿qué pasaría si mañana gobierna el Partido Comunista?

Esta es, probablemente, la crítica más interesante que ha surgido desde sectores de la propia derecha. Y merece una respuesta mucho más elaborada que un simple "eso nunca ocurrirá".

Supongamos el peor escenario para quienes apoyan la reforma: dentro de algunos años, un gobierno comunista llega democráticamente al poder y decide utilizar el nuevo Estado de Excepción Constitucional contra sus adversarios políticos. ¿Sería eso posible? Si la Constitución dejara dudas al respecto, con causales ambiguas y facultades prácticamente ilimitadas, sí existiría un riesgo. Pero precisamente por eso el argumento correcto no es rechazar toda herramienta excepcional.

El argumento correcto es diseñarla de manera que ningún gobierno pueda convertirla legítimamente en un arma política.

Y aquí aparece una distinción fundamental: una facultad constitucional debe juzgarse por las reglas puntuales que establece, no por la ideología del Presidente que eventualmente la utilice.

Si mañana un gobierno de izquierda utiliza la herramienta para perseguir opositores, ese gobierno estaría abusando de la Constitución. Y si los supuestos habilitantes no existen, los tribunales, el Congreso y los demás mecanismos de control deben impedirlo.

La derecha no puede sostener seriamente que una herramienta es legítima cuando la utiliza su propio gobierno pero ilegítima cuando podría utilizarla un gobierno adversario. Eso no es constitucionalismo. Es oportunismo.

El verdadero blindaje contra un gobierno comunista no es eliminar la herramienta

El verdadero blindaje consiste en hacer que la herramienta sea jurídicamente incapaz de convertirse en un instrumento de persecución ideológica.

Supongamos que el texto constitucional establece que el estado de excepción sólo puede declararse cuando exista una amenaza grave y objetiva contra la seguridad pública, vinculada a determinados hechos verificables. Un Presidente comunista no podría legítimamente decretarlo simplemente porque la oposición organiza una conferencia de prensa. 

• Tampoco porque un partido de derecha critique al Gobierno. 
• Tampoco porque existan manifestaciones pacíficas (realmente pacíficas). Tampoco porque los medios de comunicación publiquen investigaciones incómodas.
• Tampoco porque parlamentarios voten contra el Ejecutivo.

La existencia de una herramienta excepcional no transforma automáticamente en legítima cualquier utilización de esa herramienta. Eso es precisamente lo que significa vivir bajo un Estado de Derecho.

Por eso, si la derecha teme que un futuro gobierno comunista pueda utilizar la reforma contra sus opositores, debería exigir mejores controles y causales más precisas, no necesariamente rechazar la existencia de la herramienta. Es más: esa exigencia sería perfectamente coherente con una tradición liberal.

Una Constitución no puede escribirse suponiendo que siempre gobernarán los buenos

Este es quizás el punto más importante para responder a las aprehensiones de derecha. Una reforma a la Constitución seria no debe diseñarse pensando: "Nosotros gobernaremos bien, por lo tanto podemos otorgarnos estas facultades."

Debe diseñarse pensando: "Algún día gobernará alguien que piensa exactamente lo contrario que nosotros. ¿Seguiremos considerando aceptable esta norma?"

Ese es el verdadero test constitucional. Si la respuesta es sí, entonces estamos ante una regla institucional. Si la respuesta es no, probablemente estamos ante una herramienta partidista.

Por eso la derecha debería exigir que la reforma sea suficientemente sólida para que Kast pueda utilizarla contra el crimen organizado hoy y un futuro Presidente de izquierda no pueda utilizarla legítimamente contra la oposición mañana. La solución no es desarmar al Estado. Es ponerle armadura constitucional.

La experiencia reciente demuestra que el problema no es imaginario

El documento que acompaña esta discusión sobre la agenda de seguridad del Gobierno parte de una premisa que merece ser tomada en serio: existe una diferencia entre administrar los problemas y enfrentarlos, y la agenda de Kast pretende recuperar capacidad estatal para anticipar el delito, perseguir a sus responsables y evitar que grupos violentos condicionen la vida cotidiana. Esa lógica no se limita al nuevo Estado de Excepción.

El texto también aborda la reforma a la Ley Antibarricadas y plantea una cuestión fundamental: una protesta es un derecho, pero paralizar violentamente una ciudad no puede convertirse en un derecho adquirido.

La distinción es importante porque permite entender toda la filosofía de la agenda. La democracia no garantiza el derecho a impedir que los demás ejerzan sus propios derechos. El derecho a manifestarse no incluye necesariamente el derecho a incendiar un vehículo. La libertad de expresión no incluye el derecho a destruir infraestructura.

El derecho de reunión no significa que una minoría pueda imponer mediante la fuerza que una ciudad entera deje de funcionar. Y la libertad de circulación de quienes protestan no puede utilizarse para negar la libertad de circulación de todos los demás.

El texto lo formula de manera particularmente clara al señalar que una democracia saludable debe proteger simultáneamente el derecho a protestar y el derecho de los demás a vivir, trabajar y desplazarse sin quedar sometidos a la voluntad de una minoría.

La barricada y el Estado de Excepción responden a la misma filosofía

A primera vista, una reforma a la Ley Antibarricadas y un nuevo Estado de Excepción Constitucional parecen asuntos completamente diferentes. En realidad, tienen un mismo fundamento político: la recuperación del espacio público por parte del Estado democrático. La primera busca evitar que una protesta pueda utilizarse como cobertura para paralizar deliberadamente la circulación y los servicios de transporte. La segunda pretende entregar una herramienta extraordinaria cuando la amenaza sea mucho mayor y exista un desafío grave al control territorial. En ambos casos aparece la misma idea: la libertad de unos no puede convertirse en la servidumbre de los demás.

El documento sobre la agenda de Kast utiliza el ejemplo del Metro para mostrar que no siempre es necesario destruir una infraestructura para generar un daño masivo: una acción deliberada que impida el funcionamiento de un servicio puede paralizar a miles de personas. La lógica es perfectamente trasladable al debate constitucional.

Una sociedad democrática necesita distinguir entre la protesta legítima y el uso de la fuerza o la intimidación para imponer una voluntad política sobre terceros.

¿Y si la izquierda acusa a Kast de criminalizar la protesta?

La respuesta debe ser categórica: criminalizar una conducta delictiva no equivale a criminalizar una ideología.

Una persona puede marchar por el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo, el anarquismo o cualquier otra corriente política. Puede criticar al Presidente. Puede pedir su renuncia. Puede organizar una marcha. Puede formar un partido. Puede escribir una columna. Puede votar en contra del Gobierno.Nada de eso debería ser materia de un Estado de Excepción. Lo que puede justificar una respuesta extraordinaria del Estado son hechos objetivos, no opiniones políticas. Ese límite debe quedar absolutamente claro.

Y justamente por eso es importante que la derecha no permita que la defensa de la seguridad sea presentada como una defensa de la persecución ideológica. El Estado debe perseguir delitos, no ideas. Debe perseguir organizaciones criminales, no partidos políticos legítimos. Debe perseguir terrorismo, no disidencia. Debe perseguir violencia, no oposición.

La autoridad no es lo contrario de la democracia

Durante demasiado tiempo, una parte del debate chileno ha confundido autoridad con autoritarismo. Pero una democracia sin autoridad efectiva es una contradicción. El Congreso tiene autoridad para legislar. Los tribunales tienen autoridad para juzgar.La policía tiene autoridad para detener dentro de la ley. El Estado tiene autoridad para cobrar impuestos. El Presidente tiene autoridad para gobernar.

La pregunta no es si debe existir autoridad. La pregunta es cómo se controla esa autoridad. Por eso recuperar autoridad estatal frente al crimen no significa necesariamente fortalecer al Estado contra los ciudadanos. Puede significar exactamente lo contrario: fortalecer al Estado para proteger a los ciudadanos.

El texto sobre la agenda de seguridad de Kast lo resume con una idea particularmente poderosa: recuperar la autoridad también es defender la libertad. Esa debería ser una de las principales ideas de la defensa de la reforma. La verdadera amenaza sería que el Estado renunciara a actuar

Existe una visión según la cual cualquier incremento de la capacidad coercitiva estatal debe ser considerado sospechoso. El problema de esa concepción es que parece olvidar que la ausencia de autoridad no produce un vacío neutral. Cuando el Estado retrocede, alguien ocupa el espacio. Puede ocuparlo una organización criminal. Puede ocuparlo un grupo terrorista. Puede ocuparlo una banda de narcotraficantes. Puede ocuparlo una estructura dedicada a la extorsión. Y ninguno de ellos estará obligado por los límites constitucionales que preocupan, legítimamente, cuando se analiza al Estado.

Por eso la pregunta no puede ser únicamente: "¿Qué puede hacer el Estado?". Debe ser también: "¿Quién ejercerá el poder si el Estado no puede hacerlo?". La respuesta debería preocupar especialmente a quienes defienden los derechos humanos. Porque una cosa es un Estado democrático que puede ser fiscalizado, demandado, investigado y reemplazado electoralmente. Otra completamente diferente es una organización criminal que utiliza la violencia y que no responde ante nadie.

Seguridad y derechos humanos no son enemigos

La defensa de la reforma tampoco necesita caer en el discurso de que los derechos humanos son un obstáculo para la seguridad. Todo lo contrario.

Precisamente porque los derechos humanos son importantes, el Estado debe impedir que organizaciones criminales sometan a personas inocentes mediante violencia, extorsión, secuestro, amenazas o asesinatos. La obligación del Estado no es simplemente abstenerse de violar derechos.

También tiene una dimensión positiva: debe crear las condiciones para que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos. Por eso seguridad y libertad no son conceptos antagónicos. La seguridad es una condición material para el ejercicio de muchas libertades.

La discusión debería centrarse en los controles, no en destruir la herramienta

Hay, finalmente, una posición que puede reunir a sectores razonables de derecha, centro y también de izquierda democrática. El Estado necesita esta herramienta. Pero precisamente porque es poderosa, debe ser cuidadosamente regulada. Eso significa: 

• Que el Congreso debe revisar a fondo las causales. 
• Que los tribunales deben conservar sus atribuciones. Que las medidas concretas deben ser proporcionales. 
• Que los organismos de control deben fiscalizar.
• Que los abusos deben generar responsabilidad.
• Que el Congreso pueda exigir información.
• Que la excepción tenga fecha de término.

Y, sobre todo, que la excepción tenga como finalidad restablecer la normalidad y no convertirse en una nueva normalidad permanente. La existencia de controles no es una concesión a la izquierda. Es una exigencia liberal. 

La discusión sobre la reforma de Kast puede reducirse a una pregunta muy sencilla: ¿Queremos un Estado que tenga la capacidad de actuar extraordinariamente cuando enfrenta amenazas extraordinarias, o queremos un Estado obligado a enfrentar fenómenos extraordinarios exclusivamente con herramientas ordinarias? Si la respuesta es lo segundo, entonces habrá que explicar cómo se recupera el control territorial frente a organizaciones criminales que no respetan las reglas ordinarias.

Si la respuesta es lo primero, entonces corresponde construir una herramienta excepcional, pero constitucionalmente limitada. Y ahí está el punto donde la derecha puede responder tanto a la ultraizquierda como a sus propios sectores más desconfiados.

A la izquierda hay que decirle: un Estado democrático no pierde su carácter democrático porque tenga capacidad de ejercer legítimamente la fuerza; lo pierde cuando esa fuerza deja de estar sometida a la Constitución, a la ley y a los controles institucionales. A la derecha hay que decirle: no basta con confiar en que Kast será un buen Presidente; hay que construir una norma que siga siendo buena incluso si mañana gobierna alguien que piensa exactamente lo contrario. Esa es la verdadera prueba. Una buena reforma no es aquella que protege a Kast. Es aquella que protege a Chile. Y para proteger a Chile hay que proteger simultáneamente dos cosas que no deberían ser enemigas: la libertad de los ciudadanos y la autoridad legítima del Estado.

El Gobierno de Kast ha puesto sobre la mesa una respuesta a una realidad que durante demasiado tiempo fue tratada como un problema exclusivamente policial: cuando el crimen organizado adquiere capacidad territorial, financiera, logística y armada, el Estado necesita herramientas acordes con la magnitud de la amenaza.

La propuesta puede y debe ser perfeccionada. Puede y debe incorporar controles. Puede y debe establecer límites inequívocos para impedir su utilización contra opositores políticos. Pero rechazarla simplemente porque un futuro gobierno podría abusar de ella equivale a sostener que, como cualquier poder puede ser mal utilizado, el Estado debe renunciar anticipadamente a ejercerlo. Ese razonamiento llevaría al absurdo. Porque entonces tampoco deberíamos entregar armas a las policías, ni permitir detenciones, ni autorizar allanamientos, ni interceptaciones judiciales, ni conceder poderes excepcionales frente a catástrofes.

El problema no es que el Estado tenga poder. El problema es que el poder no tenga límites. Y justamente ahí reside la defensa más sólida de la reforma constitucional propuesta por Kast: no en la idea de un Presidente omnipotente, sino en la construcción de un Estado suficientemente fuerte para defender la libertad y suficientemente limitado para no convertirse él mismo en una amenaza contra ella.

En definitiva, una democracia no se mide solamente por cuántas libertades declara en el papel. También se mide por su capacidad para impedir que quienes utilizan la violencia conviertan esas libertades en privilegios reservados para los más fuertes.

Porque si el Estado abandona las calles, las calles no quedan libres: quedan disponibles para quien tenga la fuerza suficiente para apropiárselas. Y ese es, precisamente, el escenario que una democracia constitucional debe impedir.

Kast y el regreso de la autoridad: seguridad para enfrentar al crimen, el terrorismo y las protestas delictuales

La nueva ofensiva legislativa del Gobierno busca cerrar vacíos que durante años permitieron que barricadas, bloqueos y ataques contra servicios de transporte fueran tratados como simples alteraciones del orden público. En una sociedad democrática, manifestarse es un derecho; paralizar violentamente una ciudad, en cambio, no puede transformarse en un derecho adquirido.

José Antonio Kast.

Hay una diferencia fundamental entre un Gobierno que administra los problemas y uno que decide enfrentarlos. La agenda de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast apunta precisamente a lo segundo: recuperar la capacidad del Estado para anticiparse al delito, perseguir con mayor eficacia a quienes lo cometen y, sobre todo, establecer con claridad que la autoridad no puede permanecer paralizada mientras grupos violentos condicionan la vida de millones de personas.

Los primeros proyectos ingresados en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) apuntan en esa dirección. La modificación de la llamada Ley Antibarricadas y la modernización del Sistema Nacional de Registros de ADN no son medidas aisladas. Forman parte de una estrategia que busca dotar a las policías, al Ministerio Público y al sistema judicial de mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar delitos.

Y hay algo especialmente importante: la seguridad no puede reducirse exclusivamente a perseguir homicidios, narcotráfico o crimen organizado. También significa proteger la libertad de desplazamiento, el funcionamiento de las ciudades y la vida cotidiana de quienes trabajan, estudian, llevan a sus hijos al colegio o simplemente necesitan llegar a sus hogares.

Una barricada no es una protesta cuando termina secuestrando una ciudad

El punto más relevante de la reforma a la Ley Antibarricadas está en terminar con dos limitaciones de la legislación vigente: la exigencia de una interrupción completa del tránsito y el requisito de acreditar violencia o intimidación.

La experiencia de los últimos años demostró que esas exigencias pueden convertirse en verdaderos obstáculos para la persecución penal. Basta pensar en una carretera con una de sus pistas bloqueadas, en una avenida completamente congestionada por manifestantes que impiden deliberadamente el paso o en un acceso al Metro bloqueado durante horas.

Formalmente, podría argumentarse que el tránsito no está completamente interrumpido. En la realidad, cientos o miles de personas quedan atrapadas y paralizadas de poner movilizarse de un lugar a otro de la ciudad.

La propuesta del Gobierno busca corregir precisamente ese problema: sancionar también las interrupciones u obstrucciones parciales cuando afectan de manera concreta la circulación de personas, vehículos o el funcionamiento de los servicios de transporte. No se trata de criminalizar una protesta porque alguien levantó un cartel o marchó por una calle. Se trata de establecer una frontera mucho más clara entre manifestarse y delinquir.

Santiago no puede convertirse en rehén de una minoría

Esta discusión adquiere una dimensión especial en Santiago, la ciudad más poblada de Chile. Los habitantes de la capital conocen demasiado bien las consecuencias de las llamadas "protestas" que terminan transformándose en barricadas, destrucción, ataques al transporte público o bloqueo deliberado de las principales arterias urbanas. El problema no termina en el lugar donde se produce la manifestación.

El trabajador que llega tarde a su empleo, el estudiante que pierde una clase, el padre que no alcanza a buscar a su hijo, la persona que pierde una hora médica o el conductor que queda atrapado durante horas también son víctimas de esas acciones. Y aquí es necesario decir algo que durante demasiado tiempo se evitó decir: afectar violentamente la movilidad de miles de personas no deja de ser violencia porque se haga en nombre de una protesta.

La democracia garantiza el derecho a manifestarse, pero no entrega licencia para destruir bienes públicos, incendiar vehículos, levantar barricadas o impedir deliberadamente que el resto de la sociedad pueda desarrollar su vida con normalidad.

Una democracia saludable protege ambos derechos: el derecho a protestar y el derecho de los demás a vivir, trabajar y desplazarse sin ser sometidos a la voluntad de una minoría.

El Metro también necesita protección

La extensión de la normativa a los distintos medios y servicios de transporte es particularmente relevante. La propuesta contempla expresamente el transporte terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo y aéreo. Eso significa reconocer una realidad que las normas anteriores no siempre fueron capaces de abordar adecuadamente.

En el caso del Metro, por ejemplo, no es necesario destruir una estación para generar un daño significativo. Mantener deliberadamente abiertas las puertas de un tren, impedir el acceso a un andén o bloquear determinados puntos puede provocar interrupciones, aglomeraciones y paralizaciones que afectan a miles de pasajeros.

La pregunta entonces es bastante sencilla: ¿por qué una conducta que provoca un perjuicio concreto y deliberado debería quedar impune simplemente porque no consiguió detener completamente el servicio El Estado tiene la obligación de responder.

Seguridad también significa tener mejores investigaciones

El segundo proyecto presentado por el Gobierno aborda un problema diferente, pero igualmente importante: el Sistema Nacional de Registros de ADN.

Actualmente, el Servicio Médico Legal tiene un papel central en el cotejo de huellas genéticas. La iniciativa busca ampliar las capacidades de Carabineros y la Policía de Investigaciones para que puedan recoger muestras, cotejarlas e ingresar información al sistema, bajo los resguardos establecidos por la legislación. Esto puede parecer un asunto técnico, pero tiene una importancia enorme en la lucha contra el crimen organizado.

Una investigación criminal necesita rapidez, información y capacidad de conectar evidencia. Si una herramienta tan poderosa como la identificación genética queda atrapada en procedimientos burocráticos que generan demoras, pierde parte de su utilidad.

Modernizar el sistema no significa relajar los controles. Significa utilizar mejor la tecnología disponible, manteniendo las garantías y los resguardos necesarios.

La batalla contra el terrorismo requiere algo más que discursos

Pero probablemente el desafío más grande de la agenda de seguridad está en el combate contra el terrorismo y el crimen organizado. Chile no puede permitirse repetir los errores del pasado: reaccionar después de que ocurran los atentados, perseguir a los responsables cuando el daño ya está hecho y asumir como inevitable que determinadas zonas del país queden sometidas durante años a la violencia.

El terrorismo no puede ser relativizado por razones políticas. Tampoco puede confundirse con una manifestación legítima. Cuando existe planificación, organización y utilización de la violencia para generar terror, atacar infraestructura o presionar al Estado, la respuesta debe ser firme.

Precisamente por eso es relevante que el Gobierno haya integrado estas iniciativas dentro de una agenda más amplia contra el crimen organizado y el terrorismo. La seguridad exige legislación, policías con herramientas adecuadas, inteligencia, persecución patrimonial, coordinación institucional y una justicia capaz de aplicar las sanciones correspondientes.

No existe una bala de plata contra el crimen. Pero sí existe algo que durante demasiado tiempo estuvo ausente: la voluntad de recuperar el control.

El derecho a protestar no puede convertirse en el derecho a paralizar

Es previsible que la reforma genere debate en el Congreso. También es correcto que así sea. En democracia, las leyes deben discutirse y sus alcances deben ser examinados cuidadosamente. Pero el debate no debería partir de una falsa disyuntiva entre libertad y seguridad.

Chile puede perfectamente proteger el derecho a manifestarse y, al mismo tiempo, sancionar a quienes utilizan una protesta como cobertura para cometer delitos. Puede garantizar la libertad de expresión y perseguir a quienes incendian infraestructura. Puede proteger la reunión pacífica y castigar a quienes levantan barricadas para impedir deliberadamente la circulación. Lo que no puede hacer es convertir la tolerancia frente al delito en una virtud democrática.

Durante años, una parte del debate público pareció asumir que cualquier intento por restablecer el orden era sospechoso de autoritarismo. El resultado fue una peligrosa confusión: se terminó tratando a quienes ejercían violencia como si fueran simplemente ciudadanos ejerciendo sus derechos. Kast está intentando cambiar esa lógica.

Recuperar la autoridad también es defender la libertad

Gobierno de Kast.

La verdadera prueba para esta agenda estará en su aplicación. Las leyes deben ser precisas, proporcionales y respetuosas del debido proceso. Nadie debería ser perseguido penalmente por participar pacíficamente en una manifestación.

Pero cuando una persona deliberadamente bloquea una carretera, impide el funcionamiento de un servicio de transporte o participa en una acción destinada a paralizar una ciudad, el Estado debe tener herramientas para actuar. Porque la libertad no consiste en que el más violento pueda imponer su voluntad sobre el resto.

La libertad consiste también en que una persona pueda salir de su casa, tomar el Metro, conducir por una avenida, llegar a su trabajo y regresar con seguridad sin tener que preguntarse si una minoría decidió que ese día Santiago dejaría de funcionar.

La agenda de seguridad de Kast apunta a recuperar justamente esa idea elemental: en Chile las calles, el transporte y los espacios públicos pertenecen a todos, no a quienes tengan la capacidad de tomarlos por la fuerza.

Y si el Gobierno consigue transformar esa definición en leyes eficaces, policías mejor equipadas y una persecución penal efectiva, habrá dado un paso importante para recuperar algo que el país necesita con urgencia: la autoridad del Estado y la tranquilidad de los ciudadanos.