Kast y la batalla por recuperar Chile: seguridad, crecimiento y autoridad frente a la odiosidad ideológica

A poco más de unos meses de iniciado su mandato, el Gobierno de José Antonio Kast ya enfrenta algo más difícil que una oposición política: una verdadera campaña de odiosidad ideológica que pretende deslegitimar cada una de sus decisiones antes siquiera de que puedan mostrar sus resultados. La izquierda más radical parece haber decidido que el problema no es lo que haga el Gobierno, sino simplemente que sea Kast quien lo haga.

Gobierno de Kast.

Hay algo profundamente revelador en la reacción de la ultraizquierda frente al actual Gobierno. Si el Presidente Kast anuncia medidas para combatir el crimen organizado, es acusado de autoritario. Si busca fortalecer las herramientas del Estado para recuperar territorios dominados por la delincuencia, se habla de una supuesta amenaza a las libertades. Si propone reducir impuestos para estimular la inversión, aparecen inmediatamente las acusaciones de favorecer a los ricos. Si intenta reducir burocracia y acelerar proyectos, se denuncia una supuesta entrega del país a los empresarios. Y si busca contener el gasto público, se le acusa de querer destruir el Estado social.

El problema de esta lógica es evidente: pareciera que para determinados sectores de la izquierda el Gobierno de Kast no tiene derecho a hacer nada bien.

Gobernar no es administrar el estancamiento

La primera defensa que debe hacerse de esta administración es bastante sencilla: Kast recibió un país que necesitaba un cambio de rumbo.

Chile lleva años arrastrando problemas de crecimiento, inversión, productividad, empleo y certeza jurídica. El primer semestre de 2026, con dos trimestres de variación negativa del PIB e inversión prácticamente estancada, volvió a demostrar que el problema chileno no era solamente coyuntural. El país había perdido dinamismo y necesitaba recuperar las condiciones que permiten invertir, producir y crear empleos.

Frente a eso, el Gobierno ha planteado una agenda de reconstrucción que contempla más de 40 medidas en materias tributarias, laborales, regulatorias, de inversión, certeza jurídica y disciplina fiscal.

Se puede discutir cada una de ellas. Se pueden cuestionar sus alcances, exigir modificaciones y pedir garantías. Eso es perfectamente legítimo en democracia. Lo que resulta intelectualmente pobre es rechazarlas automáticamente porque llevan el apellido Kast.

La economía necesita inversión, no consignas

Uno de los elementos más relevantes de la agenda económica es la intención de reducir gradualmente el impuesto corporativo desde el 27% al 23%, acompañada por la reintegración del sistema tributario.

La discusión no debería reducirse al viejo y absurdo eslogan de que "bajar impuestos beneficia a los ricos". Una empresa que invierte necesita evaluar cuánto capital comprometer, durante cuánto tiempo y bajo qué reglas. Si las condiciones tributarias y regulatorias son imprevisibles, la inversión puede postergarse o simplemente buscar otro destino.

Por eso resulta importante que la propuesta de Kast no se limite a reducir impuestos. También contempla agilizar permisos, disminuir trabas regulatorias y entregar mayor certeza jurídica, incluyendo una propuesta de invariabilidad tributaria para inversiones superiores a US$50 millones durante 25 años.

La pregunta correcta, entonces, no es si a la izquierda le gusta o no una rebaja tributaria. La pregunta es si Chile quiere volver a ser un país atractivo para invertir. Y la respuesta debería ser evidente. Crecer no es un capricho de los empresarios.

Hay una idea que la izquierda suele olvidar cuando transforma el crecimiento económico en una especie de pecado ideológico: sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo tampoco existe una política social sostenible en el largo plazo.

Una economía que crece poco tiene dificultades para generar oportunidades. Una pyme que no puede crecer no contrata. Una empresa que no invierte no aumenta su capacidad productiva. Un Estado que debe financiar cada vez más gasto con deuda termina reduciendo el espacio disponible para nuevas políticas públicas. Por eso la agenda económica del Gobierno incorpora también incentivos al empleo formal y una política de contención del gasto. El Ejecutivo ha informado medidas de ajuste superiores a $1,3 billones y ha vinculado explícitamente el crecimiento con la creación de empleo y la mejora de las oportunidades.

Eso no significa que toda medida del Gobierno sea automáticamente correcta. Significa algo mucho más elemental: Kast está intentando abordar problemas reales con instrumentos económicos concretos.

Y en seguridad, por fin aparece la autoridad

Pero probablemente donde la diferencia política resulta más evidente es en seguridad. Chile no enfrenta solamente delincuencia común. Existe crimen organizado, narcotráfico, violencia territorial, extorsión y organizaciones capaces de acumular dinero, armas y control territorial. Cuando una organización criminal consigue imponer sus propias reglas en un territorio, el problema deja de ser exclusivamente policial: se transforma en un desafío directo a la autoridad del Estado. Y aquí el Gobierno está haciendo algo que durante demasiado tiempo pareció políticamente incorrecto: recordarle al país que el Estado tiene la obligación de ejercer autoridad.

No existe libertad real para quien vive sometido a la extorsión. No existe libertad efectiva para el comerciante que debe pagar para poder abrir su negocio. No existe libertad plena para una familia que teme circular por su propio barrio. Y tampoco existe libertad cuando una persona tiene miedo de denunciar porque quienes la amenazan controlan territorialmente su entorno.

La seguridad y la libertad no son enemigas. En una democracia liberal, la primera es una de las condiciones materiales para que la segunda pueda existir.

La ultraizquierda confunde autoridad con autoritarismo

Aquí aparece uno de los mayores problemas del debate político actual. Para determinados sectores de la ultraizquierda, cualquier fortalecimiento de las facultades del Estado parece convertirse inmediatamente en "autoritarismo". Es una caricatura que no resiste el análisis.

El Estado democrático necesita policías capaces de perseguir delincuentes, tribunales capaces de condenarlos y autoridades capaces de recuperar espacios públicos. Pero ese poder debe estar sometido a la Constitución, al Congreso, a los tribunales y a los derechos fundamentales.

Precisamente por eso resulta razonable que la reforma constitucional de seguridad pueda ser negociada y perfeccionada. El proyecto puede incorporar causales objetivas, delimitación territorial, duración determinada, control parlamentario, revisión periódica y control judicial. Negociar no significa capitular. De hecho, una derecha democrática debería ser la primera en exigir límites claros al poder estatal. Porque una Constitución seria no puede diseñarse pensando solamente en quién gobierna hoy. Debe funcionar también si mañana gobierna alguien que piensa exactamente lo contrario. Protestar es un derecho. Destruir no.

Hay otro asunto que explica buena parte de la odiosidad contra Kast: su decisión de no aceptar que la violencia política y el vandalismo revolucionario vuelva a esconderse detrás de la palabra "protesta". Nadie debería cuestionar el derecho de una persona a marchar, manifestarse, criticar al Presidente, exigir su renuncia o defender una determinada ideología. Pero ninguna de esas libertades incluye el derecho a incendiar una estación de Metro, saquear un comercio, destruir infraestructura crítica o bloquear violentamente una ciudad.

El principio debe ser absolutamente simétrico: si lo hace la extrema derecha, está mal; si lo hace la extrema izquierda, también está mal. Una democracia no puede tener una vara para los manifestantes que piensan como nosotros y otra para quienes piensan distinto. La protesta es legítima. La violencia no adquiere legitimidad por llevar una bandera política determinada. Y esa es precisamente una de las cosas que algunos sectores parecen no perdonarle a Kast: que pretenda terminar con la idea de que determinadas violencias son comprensibles, justificables o incluso románticas cuando provienen del sector ideológico correcto.

El odio contra Kast también revela algo

La oposición tiene todo el derecho a criticar al Gobierno. Puede considerar equivocada su política económica, insuficiente su estrategia de seguridad o excesivas algunas de sus reformas. Pero una cosa es la crítica política y otra es la deshumanización permanente del adversario.

Cuando cada decisión se interpreta como una amenaza fascista, cada reforma económica como un regalo a los poderosos y cada medida de seguridad como un intento de instaurar una dictadura, el debate deja de ser político y comienza a transformarse en una caricatura.

La democracia necesita oposición. Lo que no necesita es una oposición que considere ilegítimo que gobierne alguien que piensa distinto. Porque Kast no llegó a La Moneda mediante un golpe de Estado. Llegó mediante elecciones abiertas, y con cifras históricas. Y mientras ejerza el poder dentro de la Constitución y las leyes, merece exactamente lo mismo que cualquier otro Presidente democrático: ser evaluado por sus decisiones y sus resultados.

El Gobierno todavía tiene mucho que demostrar

Defender a Kast tampoco significa afirmar que todo está resuelto. Sería absurdo hacerlo. El Gobierno deberá demostrar que sus reformas efectivamente generan inversión, empleo y crecimiento. Deberá demostrar que puede reducir la delincuencia. Deberá demostrar que es capaz de mantener disciplina fiscal sin abandonar a quienes necesitan ayuda. Y deberá demostrar que puede transformar sus propuestas en resultados concretos.

El propio escenario económico obliga a ser prudentes: el Imacec de junio mostró un crecimiento de 2,4%, una señal alentadora, pero insuficiente por sí sola para hablar de una recuperación consolidada. El verdadero desafío es transformar ese dato en una tendencia sostenible.

Pero precisamente ahí está la diferencia entre una evaluación seria y una campaña de odiosidad: a Kast hay que juzgarlo por lo que haga, no por el prejuicio que algunos tienen contra él.

El cambio de rumbo ya es una señal

Quizás el mayor mérito de estos primeros meses no esté todavía en un determinado indicador económico ni en una estadística de seguridad. Está en algo más profundo: el Gobierno ha vuelto a instalar en el debate nacional conceptos que durante demasiado tiempo fueron tratados casi como malas palabras. 

Autoridad. Orden. Inversión. Crecimiento. Disciplina fiscal. Seguridad. Certeza jurídica. Empleo formal. No son conceptos de extrema derecha. Son elementos básicos de cualquier democracia que aspire a ser próspera, segura y funcional.

Chile no necesita un Estado omnipotente. Pero tampoco necesita un Estado impotente. Necesita un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos, perseguir al crimen, garantizar las libertades, respetar la ley y crear las condiciones para que las personas puedan trabajar, emprender e invertir. Eso es lo que el Gobierno de Kast está intentando hacer. Y si finalmente consigue transformar esa agenda en resultados, habrá quedado demostrado algo que la ultraizquierda parece incapaz de aceptar: que cambiar el rumbo de Chile no es fascismo, que defender la autoridad no es dictadura y que querer crecimiento no es defender a los ricos. Es simplemente intentar que el país vuelva a funcionar.

Por eso, más que odiar a Kast, sus adversarios deberían hacer algo mucho más difícil y mucho más democrático: oponerse a sus políticas con argumentos, fiscalizar sus resultados y, si creen tener una alternativa mejor, convencer a los chilenos de ella. Porque en democracia no basta con odiar al adversario. Hay que derrotarlo con ideas, y para ello hay que presentar buenas ideas, saber ser una oposición constructiva y no destructiva.