La nueva ofensiva legislativa del Gobierno busca cerrar vacíos que durante años permitieron que barricadas, bloqueos y ataques contra servicios de transporte fueran tratados como simples alteraciones del orden público. En una sociedad democrática, manifestarse es un derecho; paralizar violentamente una ciudad, en cambio, no puede transformarse en un derecho adquirido.
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| José Antonio Kast. |
Hay una diferencia fundamental entre un Gobierno que administra los problemas y uno que decide enfrentarlos. La agenda de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast apunta precisamente a lo segundo: recuperar la capacidad del Estado para anticiparse al delito, perseguir con mayor eficacia a quienes lo cometen y, sobre todo, establecer con claridad que la autoridad no puede permanecer paralizada mientras grupos violentos condicionan la vida de millones de personas.
Los primeros proyectos ingresados en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) apuntan en esa dirección. La modificación de la llamada Ley Antibarricadas y la modernización del Sistema Nacional de Registros de ADN no son medidas aisladas. Forman parte de una estrategia que busca dotar a las policías, al Ministerio Público y al sistema judicial de mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar delitos.
Y hay algo especialmente importante: la seguridad no puede reducirse exclusivamente a perseguir homicidios, narcotráfico o crimen organizado. También significa proteger la libertad de desplazamiento, el funcionamiento de las ciudades y la vida cotidiana de quienes trabajan, estudian, llevan a sus hijos al colegio o simplemente necesitan llegar a sus hogares.
Una barricada no es una protesta cuando termina secuestrando una ciudad
El punto más relevante de la reforma a la Ley Antibarricadas está en terminar con dos limitaciones de la legislación vigente: la exigencia de una interrupción completa del tránsito y el requisito de acreditar violencia o intimidación.
La experiencia de los últimos años demostró que esas exigencias pueden convertirse en verdaderos obstáculos para la persecución penal. Basta pensar en una carretera con una de sus pistas bloqueadas, en una avenida completamente congestionada por manifestantes que impiden deliberadamente el paso o en un acceso al Metro bloqueado durante horas.
Formalmente, podría argumentarse que el tránsito no está completamente interrumpido. En la realidad, cientos o miles de personas quedan atrapadas y paralizadas de poner movilizarse de un lugar a otro de la ciudad.
La propuesta del Gobierno busca corregir precisamente ese problema: sancionar también las interrupciones u obstrucciones parciales cuando afectan de manera concreta la circulación de personas, vehículos o el funcionamiento de los servicios de transporte. No se trata de criminalizar una protesta porque alguien levantó un cartel o marchó por una calle. Se trata de establecer una frontera mucho más clara entre manifestarse y delinquir.
Santiago no puede convertirse en rehén de una minoría
Esta discusión adquiere una dimensión especial en Santiago, la ciudad más poblada de Chile. Los habitantes de la capital conocen demasiado bien las consecuencias de las llamadas "protestas" que terminan transformándose en barricadas, destrucción, ataques al transporte público o bloqueo deliberado de las principales arterias urbanas. El problema no termina en el lugar donde se produce la manifestación.
El trabajador que llega tarde a su empleo, el estudiante que pierde una clase, el padre que no alcanza a buscar a su hijo, la persona que pierde una hora médica o el conductor que queda atrapado durante horas también son víctimas de esas acciones. Y aquí es necesario decir algo que durante demasiado tiempo se evitó decir: afectar violentamente la movilidad de miles de personas no deja de ser violencia porque se haga en nombre de una protesta.
La democracia garantiza el derecho a manifestarse, pero no entrega licencia para destruir bienes públicos, incendiar vehículos, levantar barricadas o impedir deliberadamente que el resto de la sociedad pueda desarrollar su vida con normalidad.
Una democracia saludable protege ambos derechos: el derecho a protestar y el derecho de los demás a vivir, trabajar y desplazarse sin ser sometidos a la voluntad de una minoría.
El Metro también necesita protección
La extensión de la normativa a los distintos medios y servicios de transporte es particularmente relevante. La propuesta contempla expresamente el transporte terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo y aéreo. Eso significa reconocer una realidad que las normas anteriores no siempre fueron capaces de abordar adecuadamente.
En el caso del Metro, por ejemplo, no es necesario destruir una estación para generar un daño significativo. Mantener deliberadamente abiertas las puertas de un tren, impedir el acceso a un andén o bloquear determinados puntos puede provocar interrupciones, aglomeraciones y paralizaciones que afectan a miles de pasajeros.
La pregunta entonces es bastante sencilla: ¿por qué una conducta que provoca un perjuicio concreto y deliberado debería quedar impune simplemente porque no consiguió detener completamente el servicio El Estado tiene la obligación de responder.
Seguridad también significa tener mejores investigaciones
El segundo proyecto presentado por el Gobierno aborda un problema diferente, pero igualmente importante: el Sistema Nacional de Registros de ADN.
Actualmente, el Servicio Médico Legal tiene un papel central en el cotejo de huellas genéticas. La iniciativa busca ampliar las capacidades de Carabineros y la Policía de Investigaciones para que puedan recoger muestras, cotejarlas e ingresar información al sistema, bajo los resguardos establecidos por la legislación. Esto puede parecer un asunto técnico, pero tiene una importancia enorme en la lucha contra el crimen organizado.
Una investigación criminal necesita rapidez, información y capacidad de conectar evidencia. Si una herramienta tan poderosa como la identificación genética queda atrapada en procedimientos burocráticos que generan demoras, pierde parte de su utilidad.
Modernizar el sistema no significa relajar los controles. Significa utilizar mejor la tecnología disponible, manteniendo las garantías y los resguardos necesarios.
La batalla contra el terrorismo requiere algo más que discursos
Pero probablemente el desafío más grande de la agenda de seguridad está en el combate contra el terrorismo y el crimen organizado. Chile no puede permitirse repetir los errores del pasado: reaccionar después de que ocurran los atentados, perseguir a los responsables cuando el daño ya está hecho y asumir como inevitable que determinadas zonas del país queden sometidas durante años a la violencia.
El terrorismo no puede ser relativizado por razones políticas. Tampoco puede confundirse con una manifestación legítima. Cuando existe planificación, organización y utilización de la violencia para generar terror, atacar infraestructura o presionar al Estado, la respuesta debe ser firme.
Precisamente por eso es relevante que el Gobierno haya integrado estas iniciativas dentro de una agenda más amplia contra el crimen organizado y el terrorismo. La seguridad exige legislación, policías con herramientas adecuadas, inteligencia, persecución patrimonial, coordinación institucional y una justicia capaz de aplicar las sanciones correspondientes.
No existe una bala de plata contra el crimen. Pero sí existe algo que durante demasiado tiempo estuvo ausente: la voluntad de recuperar el control.
El derecho a protestar no puede convertirse en el derecho a paralizar
Es previsible que la reforma genere debate en el Congreso. También es correcto que así sea. En democracia, las leyes deben discutirse y sus alcances deben ser examinados cuidadosamente. Pero el debate no debería partir de una falsa disyuntiva entre libertad y seguridad.
Chile puede perfectamente proteger el derecho a manifestarse y, al mismo tiempo, sancionar a quienes utilizan una protesta como cobertura para cometer delitos. Puede garantizar la libertad de expresión y perseguir a quienes incendian infraestructura. Puede proteger la reunión pacífica y castigar a quienes levantan barricadas para impedir deliberadamente la circulación. Lo que no puede hacer es convertir la tolerancia frente al delito en una virtud democrática.
Durante años, una parte del debate público pareció asumir que cualquier intento por restablecer el orden era sospechoso de autoritarismo. El resultado fue una peligrosa confusión: se terminó tratando a quienes ejercían violencia como si fueran simplemente ciudadanos ejerciendo sus derechos. Kast está intentando cambiar esa lógica.
Recuperar la autoridad también es defender la libertad
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| Gobierno de Kast. |
Pero cuando una persona deliberadamente bloquea una carretera, impide el funcionamiento de un servicio de transporte o participa en una acción destinada a paralizar una ciudad, el Estado debe tener herramientas para actuar. Porque la libertad no consiste en que el más violento pueda imponer su voluntad sobre el resto.
La libertad consiste también en que una persona pueda salir de su casa, tomar el Metro, conducir por una avenida, llegar a su trabajo y regresar con seguridad sin tener que preguntarse si una minoría decidió que ese día Santiago dejaría de funcionar.
La agenda de seguridad de Kast apunta a recuperar justamente esa idea elemental: en Chile las calles, el transporte y los espacios públicos pertenecen a todos, no a quienes tengan la capacidad de tomarlos por la fuerza.
Y si el Gobierno consigue transformar esa definición en leyes eficaces, policías mejor equipadas y una persecución penal efectiva, habrá dado un paso importante para recuperar algo que el país necesita con urgencia: la autoridad del Estado y la tranquilidad de los ciudadanos.
Excelente contenido Chuncho. Un pieza sólida para aclarar que la seguridad no es represión porque sí y ante sí, sino la garantía de libertad para los que cumplen obligaciones y derechos en el pacto social (la mayoría). Ese tipo de argumentos es vital que se difundan sobre todo en quienes no lo tienen claro. Como sugerencia, para que estos mensajes lleguen a más personas, prueba con contenidos más "micro" y en otras redes sociales donde la gente no lee mucho. Quizá intervenir ciertas conversaciones. Comentar en youtube, facebook, la sección comentarios de un medio de comunicación como bíobío o elmercurio. Darse el tiempo. A veces acompañar esa práctica con un blog como "soporte" (back), podría funcionar mejor lo que buscamos es influir y modificar los hábitos de muchos compatriotas. No estás solo en esto. Y no hay que ser un super influencer, solo basta con que 1 ó 2 te lean con atención en el momento justo... a veces un comentario puede hacer click y detonar un cambio. Después de todo, se trata de la conquista de la conciencia. Un abrazo!
ResponderBorrarMuchas gracias por tu comentario... se agradece
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