El fútbol chileno no puede seguir pagando por los delitos que cometen unos pocos. Los verdaderos responsables de la violencia en los estadios son quienes delinquen y, cuando corresponde, un sistema de justicia que no logra impedir que los reincidentes vuelvan una y otra vez a las tribunas.
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| Violencia en el fútbol. |
La violencia se ha convertido en uno de los principales enemigos del fútbol chileno. Familias que dejan de asistir, niños que pierden la posibilidad de vivir la experiencia de un estadio, partidos suspendidos, infraestructura destruida y clubes castigados económicamente por hechos que muchas veces no cometieron sus jugadores, dirigentes ni trabajadores. Sin embargo, en medio de esta crisis existe una peligrosa tendencia a buscar culpables donde no corresponde: en los clubes, en el fútbol profesional o incluso en la pasión de los hinchas.
Conviene decirlo con absoluta claridad: el fútbol no fabrica delincuentes y un club deportivo no puede ser responsabilizado automáticamente por los delitos cometidos por personas que ingresan a un estadio. La responsabilidad penal es individual. Si una persona agrede, roba, destruye, lanza un artefacto incendiario, porta un arma o participa en una riña, es esa persona —y no el club que lleva en su camiseta— quien debe responder ante la ley.
El problema no es la pasión: es el delito
En las galerías existen miles de hinchas que concurren cada semana simplemente para alentar a su equipo. Cantan, llevan banderas, organizan recibimientos, viajan cientos de kilómetros y viven el fútbol como una parte fundamental de su identidad. La pasión, incluso cuando es intensa y ruidosa, no constituye un delito. Otra cosa muy distinta son aquellos individuos que utilizan el fútbol como plataforma para cometer delitos. Ahí está el verdadero problema.
No podemos confundir al hincha con el delincuente. Una persona puede ser integrante de una barra, cantar durante noventa minutos, portar los colores de su club y sentir una enorme pasión por su equipo sin haber cometido jamás un delito. Demonizar indiscriminadamente a todos los barristas no sólo es injusto: también impide identificar correctamente a quienes realmente deben ser perseguidos.
La discusión debe abandonar las generalizaciones y concentrarse en los responsables concretos. Quien delinque debe responder por su delito. Punto.
Un club de fútbol no es una institución penitenciaria
Existe además una pregunta que pocas veces se formula: ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un club?
Los clubes deben colaborar con las autoridades, adoptar medidas de seguridad, cumplir los protocolos establecidos y sancionar internamente a quienes corresponda. Pero no pueden transformarse en policías, fiscales ni tribunales. Un club no tiene facultades para detener personas, investigar delitos, interrogar sospechosos, determinar culpabilidades ni imponer penas de prisión.
Por eso resulta profundamente injusto que, frente a hechos de violencia protagonizados por delincuentes, la primera reacción sea exigir que el club juegue sin público, pierda su localía, pague millonarias multas o sea obligado a asumir costos extraordinarios.
El responsable de un delito es quien comete el delito. Si alguien entra a un estadio y provoca una tragedia, la pregunta fundamental no debería ser solamente qué sanción recibirá el club, sino qué ocurrirá con el individuo que cometió el hecho.
Cuando la puerta giratoria termina en el estadio
Y aquí aparece el segundo gran responsable del problema: la impunidad. Carabineros puede detener a una persona durante un procedimiento. Los guardias pueden identificarla. Las cámaras pueden registrar los hechos. Incluso puede existir evidencia suficiente para llevar el caso ante los tribunales. Pero si después de todo ese esfuerzo el delincuente recupera rápidamente su libertad y vuelve a las calles —y eventualmente al mismo estadio—, el mensaje que recibe toda la sociedad es devastador. La sanción pierde su capacidad disuasiva.
Un delincuente que sabe que probablemente no tendrá consecuencias importantes tiene menos incentivos para respetar la ley. Y cuando además se trata de una persona reincidente, la situación resulta todavía más preocupante.
Aquí la crítica no debe dirigirse indiscriminadamente contra todos los jueces ni desconocer las garantías del debido proceso. Un Estado de Derecho exige pruebas, defensa, proporcionalidad y respeto irrestricto a las garantías constitucionales. Pero garantismo no puede significar impunidad, y una medida cautelar no puede convertirse, en la práctica, en una puerta giratoria permanente para delincuentes reincidentes. La justicia debe funcionar.
La primera víctima es el hincha común
Hay una ironía particularmente dolorosa en todo esto: quienes más sufren la violencia no son necesariamente los delincuentes que la provocan. Son los hinchas comunes.
Es el padre que lleva a su hijo por primera vez al estadio. Es la madre que quiere acompañar a su familia para ver a su equipo favorito. Es el joven que ahorró durante semanas para comprar una entrada. Es el adulto mayor que lleva décadas siguiendo a su club. Todos ellos terminan pagando las consecuencias de actos que no cometieron.
Cuando se suspende un partido, se reduce un aforo o se obliga a jugar sin público, el delincuente que provocó el problema muchas veces ya se encuentra fuera del estadio. Quienes terminan castigados son miles de personas inocentes. Eso constituye una profunda injusticia.
No podemos combatir la violencia expulsando al público pacífico de los estadios. Tenemos que expulsar de los estadios a quienes delinquen.
Seguridad sí, pero con inteligencia
Por supuesto que los clubes tienen responsabilidades. Deben mejorar sus sistemas de seguridad, colaborar con las autoridades, implementar tecnología, identificar a quienes tengan prohibición de ingreso y cumplir rigurosamente las obligaciones que establece la legislación. Pero la seguridad no puede convertirse en una transferencia permanente de responsabilidades desde el Estado hacia los clubes.
La seguridad pública es una función esencial del Estado. Carabineros debe perseguir el delito. El Ministerio Público debe investigar. Los tribunales deben resolver conforme a la ley. Y quienes sean condenados deben cumplir efectivamente las sanciones que correspondan.
Ese circuito institucional no puede romperse precisamente en el último eslabón. Porque cuando la policía detiene, la Fiscalía acusa y los tribunales no logran generar una respuesta efectiva, el delincuente aprende que el sistema puede ser burlado.
El fútbol no necesita menos pasión: necesita menos impunidad
Chile debe recuperar sus estadios para las familias. Y para conseguirlo no necesitamos matar la cultura de las galerías ni convertir cada partido en una operación militar. Necesitamos distinguir entre pasión y delincuencia, entre hinchada y criminalidad, entre un club deportivo y una organización delictiva.
La pasión futbolera puede ser intensa, apasionada e incluso provocadora. Lo que no puede ser es violenta. Y cuando alguien cruza esa frontera, debe saber que tendrá que responder por sus actos.
La solución tampoco consiste en castigar automáticamente al club por cada delito cometido por un individuo. Eso equivale a invertir la lógica de la responsabilidad: terminamos castigando a quienes organizan el espectáculo mientras el delincuente que provocó el problema vuelve tranquilamente a su casa. Eso no puede ser normal.
La responsabilidad debe volver a donde corresponde
La violencia en el fútbol no desaparecerá con comunicados, nuevas mesas de trabajo ni sanciones colectivas contra los clubes. Tampoco desaparecerá demonizando a todos los hinchas que pertenecen a una barra. Desaparecerá cuando el delincuente entienda que el estadio no es una zona liberada.
Cuando quien agrede sea detenido. Cuando quien destruye sea identificado. Cuando quien reincide enfrente consecuencias reales. Cuando quien comete un delito sea juzgado con todas las garantías que establece el Estado de Derecho, pero también con toda la firmeza que permite la ley.
Los clubes pueden y deben mejorar su seguridad. Los hinchas deben respetar las reglas. Carabineros debe perseguir a los violentos. La Fiscalía debe investigar. Y los tribunales deben aplicar la ley. Pero no confundamos responsabilidades.
El fútbol no es el culpable de la delincuencia. Los clubes no son fábricas de delincuentes. Las barras no pueden ser criminalizadas en su conjunto. Los verdaderos responsables son quienes delinquen. Y cuando esos mismos delincuentes reinciden una y otra vez porque el sistema no consigue detenerlos, también debemos tener el coraje de mirar hacia la institucionalidad que está fallando. El objetivo final debería ser sencillo: que el estadio vuelva a pertenecer a quienes realmente lo merecen.
- A los hinchas.
- A las familias.
- A los niños.
- Al fútbol.
Y no a los delincuentes.
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