Kast y la batalla por la autoridad: negociar sí, capitular no

La decisión del Gobierno de rediseñar su reforma constitucional de seguridad para buscar un acuerdo con Chile Vamos puede ser una oportunidad para mejorar el proyecto, no para desnaturalizarlo. Chile necesita una institucionalidad capaz de enfrentar el crimen organizado, pero también el vandalismo político que durante el estallido de 2019 demostró hasta qué punto una minoría organizada puede paralizar ciudades, destruir infraestructura y desafiar la autoridad del Estado.

Presidente Kast.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un escenario legislativo complejo. Nadie dijo que gobernar sería fácil, ni mucho menos. La reforma constitucional en materia de seguridad, tal como fue presentada originalmente, no cuenta con los votos suficientes para ser aprobada en el Senado y, ante el riesgo de un rechazo en general que obligaría a archivar la iniciativa durante un año, La Moneda ha optado por abrir una negociación con Chile Vamos, y con parlamentarios centristas.

La fórmula que se discute supone reducir de los ocho puntos originales a tres o cuatro modificaciones constitucionales consideradas esenciales, trasladando otras materias a proyectos de ley. También se evalúa modificar la urgencia de la iniciativa para disponer de más tiempo de negociación. Entre los asuntos más controvertidos se encuentra el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, cuya versión inicial contemplaba una duración de 120 días, prorrogable por otros 120, mientras que la alternativa negociada incorporaría autorización del Congreso desde el comienzo y una revisión cada 30 días.

Desde una perspectiva de derecha, esta negociación debe ser observada con realismo y pragmatismo, pero también con firmeza. Es razonable perfeccionar una reforma para conseguir los votos necesarios; lo que no sería razonable es terminar aprobando una reforma tan descafeinada que el Estado continúe enfrentando amenazas extraordinarias con herramientas ordinarias.

El objetivo no puede ser simplemente aprobar una reforma. El objetivo debe ser dotar a Chile de una arquitectura jurídica que permita recuperar el control de los espacios públicos y territoriales frente a quienes pretenden arrebatárselo al Estado. Porque el problema de seguridad chileno es mucho más amplio que la delincuencia común.

Incluye al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la violencia territorial, la extorsión, el control de barrios y, también, una realidad que durante demasiado tiempo ha sido tratada con una indulgencia incomprensible: el vandalismo organizado con finalidad política.

Chile no enfrenta solamente delincuentes: enfrenta también la erosión de la autoridad

Durante años, el debate sobre seguridad estuvo concentrado casi exclusivamente en los delitos tradicionales: robos, asaltos, homicidios, tráfico de drogas o portonazos. Pero la realidad cambió.

Hoy existen organizaciones criminales con capacidad financiera, logística, territorial y armada que pueden desafiar directamente al Estado. El crimen organizado contemporáneo puede combinar narcotráfico, sicariato, tráfico de personas, lavado de activos, corrupción, extorsión y control territorial. Esa amenaza es cualitativamente distinta de la delincuencia ocasional y exige instrumentos diferentes.

El propio fundamento de la reforma parte precisamente de esta transformación: cuando organizaciones criminales consiguen instalarse territorialmente y disputar al Estado su capacidad de ejercer autoridad, ya no estamos simplemente ante una suma de delitos aislados. Estamos ante un problema de seguridad pública que puede adquirir dimensiones institucionales.

El texto de defensa de la reforma ya advertía que una organización criminal capaz de controlar territorio, disponer de armas, administrar dinero e intimidar a sus habitantes puede transformarse en un verdadero poder paralelo, precisamente porque no responde ante el Congreso, los tribunales ni los organismos de control democrático.

Pero existe otra dimensión que tampoco debe ser olvidada. El Estado también pierde autoridad cuando grupos ideológicos organizados y violentos descubren que pueden destruir, bloquear, incendiar, saquear o paralizar una ciudad sin enfrentar consecuencias proporcionales. Y aquí aparece inevitablemente el recuerdo del estallido de octubre de 2019.

El estallido de 2019: cuando la protesta fue reemplazada por una explosión de violencia

Una democracia debe proteger irrestrictamente el derecho a protestar pacíficamente. Ese principio no admite discusión. Pero precisamente por eso es necesario separar la protesta del vandalismo.

En octubre de 2019 Chile experimentó una crisis de enormes dimensiones, en la que junto con manifestaciones relativamente pacíficas y demandas sociales legítimas se produjo una escalada brutal de violencia, terrorismo, saqueos, incendios, destrucción de infraestructura y ataques contra servicios esenciales.

El Metro de Santiago constituye un ejemplo particularmente significativo. Una infraestructura crítica puede ser dañada físicamente, pero también puede ser paralizada mediante acciones deliberadas que impidan su funcionamiento. El resultado final es que cientos de miles de ciudadanos terminan pagando las consecuencias de una acción ejecutada por una minoría. Ese fenómeno no puede normalizarse.

Una sociedad democrática no puede aceptar que una persona tenga derecho a manifestarse y, simultáneamente, otra persona pierda su derecho a ir al trabajo porque una turba bloqueó una avenida; que alguien tenga derecho a protestar y un comerciante pierda su negocio por un saqueo; que un grupo pueda expresar su indignación y una familia quede sin transporte porque una infraestructura pública fue destruida. La protesta es un derecho. La violencia no lo es.

El derecho de reunión tampoco puede transformarse en un derecho a paralizar indefinidamente a terceros. Como plantea el documento base, la democracia debe proteger tanto el derecho a manifestarse como el derecho de los demás a vivir, trabajar y desplazarse sin quedar sometidos a la voluntad de una minoría.

No podemos cometer nuevamente el error de confundir vandalismo con conflicto político

Aquí existe una cuestión política de fondo que la derecha debe defender sin complejos. Una democracia no puede permitir que la violencia adquiera legitimidad simplemente porque está acompañada de una determinada bandera política.

Si un grupo de extrema derecha incendia una estación de Metro, es vandalismo. Si lo hace un grupo de extrema izquierda, también es vandalismo. Si una turba destruye un supermercado por razones políticas, sigue siendo un delito. Si una multitud bloquea deliberadamente una carretera mediante barricadas incendiarias, la motivación política no convierte la acción en una conducta legítima. El Estado debe perseguir conductas, no ideologías.

Precisamente por eso, la reforma de seguridad no debe construirse como una herramienta contra la izquierda, la derecha, el comunismo, el socialismo, el liberalismo ni ninguna otra corriente política legítima. Debe construirse contra quienes utilizan la violencia, la intimidación o la delincuencia para imponer su voluntad.

El documento base lo expresa correctamente: una persona puede marchar por el comunismo, criticar al Presidente, pedir su renuncia, formar un partido o escribir una columna. Lo que puede justificar una respuesta extraordinaria son hechos objetivos y no opiniones políticas. Ese límite es indispensable. Pero también es indispensable el límite contrario: que nadie utilice la palabra "protesta" como una patente de corso para delinquir.

La gran lección de 2019: el vacío de autoridad nunca permanece vacío

Uno de los errores más graves del debate contemporáneo consiste en imaginar que cuando el Estado retrocede, simplemente aparece "más libertad". No necesariamente. Cuando el Estado pierde el control de un territorio, alguien ocupa ese espacio. Puede ser una organización narcotraficante. Puede ser una banda de delincuentes. Puede ser una estructura terrorista. Puede ser un grupo dedicado a la extorsión. Y, en determinadas circunstancias, puede ser también una masa con ideología política organizada capaz de paralizar espacios públicos mediante la violencia.

Por eso la pregunta fundamental no es solamente "¿qué puede hacer el Estado?", sino también "¿quién ejercerá el poder si el Estado no puede hacerlo?". Esa pregunta resulta particularmente importante cuando se analiza el crimen organizado. Una banda que controla una población, establece reglas, cobra extorsiones y determina quién puede o no puede desarrollar determinadas actividades está ejerciendo una forma de poder. La diferencia es que ese poder no fue elegido democráticamente. No está sometido a tribunales independientes. No responde ante el Congreso. No tiene que respetar el debido proceso. No puede ser removido mediante elecciones. No tiene Contraloría. Y no tiene ningún incentivo para respetar los derechos de sus víctimas.

La autoridad democrática, por el contrario, puede ser fiscalizada, judicializada y reemplazada electoralmente. Por eso recuperar la autoridad estatal no significa necesariamente restringir la libertad. En muchas ocasiones significa recuperar las condiciones materiales para que la libertad pueda existir.

Seguridad y libertad no son conceptos enemigos

Aquí la izquierda suele cometer un error conceptual. Presentar el debate como una oposición entre seguridad y libertad supone aceptar que la seguridad sería algo externo a los derechos fundamentales. No lo es.

• ¿Qué libertad tiene el comerciante que debe pagar una extorsión para mantener abierto su negocio?
• ¿Qué libertad tiene una familia que no puede circular tranquilamente por su barrio?
• ¿Qué libertad tiene un trabajador que debe modificar diariamente sus recorridos porque determinados sectores están dominados por delincuentes?
• ¿Qué libertad tiene una persona que teme denunciar porque sabe que quienes la amenazan controlan territorialmente su entorno?

El documento base plantea justamente esta paradoja: muchas libertades pueden convertirse en derechos puramente nominales cuando el crimen controla efectivamente el territorio. Por eso, desde una perspectiva liberal, el Estado debe ser fuerte para proteger al ciudadano y limitado para no convertirse en una amenaza contra él. Ambas cosas son perfectamente compatibles.

El nuevo Estado de Excepción debe aprobarse, pero debe quedar jurídicamente blindado

Aquí la negociación con Chile Vamos puede ser positiva. Si el proyecto original contemplaba una herramienta demasiado amplia, es legítimo introducir controles. Una reforma constitucional de esta naturaleza debe establecer con precisión:

• causales objetivas para su utilización
• delimitación territorial
• duración determinada
• control parlamentario
• revisión periódica
• control judicial de las medidas más invasivas
• respeto al debido proceso
• fiscalización administrativa
• obligación de informar sobre las medidas adoptadas
• responsabilidad por eventuales abusos
• prohibición expresa de utilizarlo para perseguir opiniones políticas legítimas

El documento base insiste en que una herramienta excepcional no puede convertirse en una carta blanca presidencial y propone precisamente este conjunto de límites. 

Por eso, si la negociación actualmente contempla que el Congreso autorice el Estado de Excepción desde el inicio y revise su continuidad cada 30 días, ello no debería ser presentado necesariamente como una derrota del Gobierno. Puede ser, si está correctamente diseñado, un mecanismo de legitimidad democrática y control institucional.

Lo importante es no confundir controles con impotencia. Una cosa es controlar al poder. Otra completamente diferente es impedirle actuar.

La derecha también debe responder una pregunta incómoda: ¿qué ocurriría si mañana gobernara la izquierda?

Esta es probablemente la objeción más seria que puede surgir desde la propia derecha.

¿Y si algún día llega al poder un gobierno comunista y utiliza esta herramienta contra sus adversarios?

La respuesta correcta no puede ser: "Eso nunca va a pasar". Una Constitución responsable no puede escribirse suponiendo que siempre gobernarán los buenos. Debe escribirse pensando exactamente lo contrario:

¿Seguiríamos defendiendo esta norma si el Presidente que la utiliza pensara exactamente lo contrario que nosotros? Ese es el verdadero test constitucional.

• Si la respuesta es sí, estamos frente a una institución.
• Si la respuesta es no, estamos frente a una herramienta partidista.

Por eso la derecha debería exigir que las causales sean tan objetivas y los controles tan estrictos que ningún gobierno pueda utilizar legítimamente un estado de excepción para perseguir a sus opositores.

Un gobierno comunista no podría decretarlo simplemente porque la derecha realiza una conferencia de prensa. No podría utilizarlo porque existen manifestaciones pacíficas. No podría aplicarlo porque un medio de comunicación publica una investigación incómoda. No podría hacerlo porque el Congreso rechaza una iniciativa presidencial. La herramienta debe estar vinculada a hechos objetivos y verificables de grave afectación de la seguridad pública, no a la ideología de quienes participan en ellos.

El documento base plantea justamente que el verdadero blindaje frente a un eventual abuso de un futuro gobierno no consiste en eliminar la herramienta, sino en diseñarla de manera que jurídicamente no pueda convertirse en un instrumento de persecución ideológica.

El problema sería mucho mayor si la reforma terminara vaciada de contenido

Aquí aparece el principal riesgo de la negociación. Es razonable reducir ocho modificaciones constitucionales a tres o cuatro si esas modificaciones constituyen realmente el corazón de la reforma. Es razonable trasladar determinadas materias a leyes. Es razonable revisar las facultades más invasivas. Es razonable discutir el sistema de urgencias. Pero hay una línea que no debería cruzarse: convertir la negociación política en una desactivación de la reforma. Porque Chile ya conoce el costo de un Estado que llega tarde. 

El problema de seguridad no comenzó ayer. La expansión del crimen organizado, la violencia territorial, el narcotráfico y la pérdida de control de determinados espacios demuestran que no basta con reaccionar caso a caso. El Estado necesita capacidad de anticipación. Necesita inteligencia. Necesita policías fortalecidas. Necesita coordinación institucional. Necesita herramientas para enfrentar organizaciones criminales complejas. Y, cuando exista una situación extraordinaria que exceda las capacidades ordinarias, necesita también una herramienta constitucional extraordinaria.

La alternativa es pretender combatir fenómenos extraordinarios exclusivamente mediante procedimientos diseñados para tiempos normales. Eso no es prudencia. Es ingenuidad. El Congreso debe controlar al Ejecutivo, pero también debe asumir su responsabilidad

Hay una tendencia peligrosa en nuestra política: exigir al Ejecutivo que resuelva la inseguridad y, al mismo tiempo, bloquear cada herramienta que permita hacerlo. El Congreso tiene todo el derecho —y el deber— de controlar al Gobierno. Pero controlar no significa paralizar. Si los senadores consideran que una facultad presidencial es demasiado amplia, deben modificarla. Si creen que una causal es ambigua, deben precisarla. Si consideran insuficientes los controles, deben reforzarlos. Si rechazan una medida, deben explicar cuál es la alternativa.

Lo que no puede ocurrir es que el sistema político termine en una situación en la que todos reconozcan la gravedad de la crisis de seguridad, pero nadie esté dispuesto a entregar al Estado instrumentos efectivos para enfrentarla. La seguridad no puede convertirse en una competencia para demostrar quién pronuncia el discurso más duro mientras el aparato estatal continúa funcionando con herramientas insuficientes.

La reforma debe enfrentar también la violencia política y el vandalismo

Este punto merece quedar expresamente instalado en el debate. Chile no puede mirar hacia otro lado frente a los episodios de violencia política que acompañaron el estallido delictual de 2019. Y tampoco puede hacerlo frente a futuras expresiones de violencia que pretendan utilizar la protesta como cobertura.

Eso no significa criminalizar la protesta. Significa establecer una frontera inequívoca entre manifestación y violencia.

• Una barricada puede ser una forma de impedir deliberadamente la circulación.
• Un ataque incendiario contra infraestructura crítica puede afectar a miles de personas.
• La destrucción del transporte público puede generar consecuencias económicas y sociales mucho mayores que el daño material inmediato.
• Quemar una iglesia o un templo por odiosidad ideológica o política no puede ser aceptable en una sociedad democrática.
• El saqueo de un comercio no se transforma en justicia social porque ocurra durante una manifestación.
• El incendio de una estación no se convierte en expresión democrática porque quienes lo ejecutan griten una consigna política.

La democracia tiene que ser capaz de defender simultáneamente el derecho a protestar y el derecho de los demás a vivir normalmente.

La reforma de seguridad, por tanto, debería integrarse con una política mucho más amplia de recuperación del espacio público: persecución efectiva del vandalismo, fortalecimiento policial, protección de infraestructura crítica y sanciones suficientemente disuasivas.

El Estado debe recuperar algo que perdió durante demasiado tiempo: la capacidad de decir "no"

Una democracia funcional necesita autoridad. La policía debe poder detener dentro de la ley. Los tribunales deben poder condenar. El Congreso debe poder legislar. El Ejecutivo debe poder gobernar. Y los ciudadanos deben saber que las normas tienen consecuencias.

Durante demasiado tiempo, el debate chileno estuvo atrapado entre dos extremos igualmente dañinos: quienes creen que cualquier ejercicio de autoridad es autoritarismo y quienes creen que la seguridad justifica cualquier cosa. Ambas posiciones son equivocadas.

La autoridad sin límites puede convertirse en tiranía. Pero la libertad sin autoridad puede convertirse en la ley del más fuerte. El liberalismo democrático necesita ambas cosas: poder estatal suficiente para proteger derechos y límites constitucionales suficientes para impedir abusos. Esa debería ser la filosofía de la reforma del Presidente Kast.

La Moneda está haciendo lo correcto al buscar un acuerdo parlamentario. Una reforma constitucional que necesita 29 votos en el Senado no puede construirse ignorando la realidad política. La negociación con Chile Vamos puede permitir alcanzar una fórmula más sólida, más consensuada y jurídicamente mejor diseñada. Pero el Gobierno debe conservar una línea roja. No puede terminar sacrificando el objetivo esencial de la reforma en nombre de un acuerdo que, finalmente, no cambie sustancialmente la capacidad del Estado para enfrentar amenazas extraordinarias.

• Si hay que reducir ocho medidas a cuatro, que sean las cuatro indispensables.
• Si hay que trasladar materias a la ley, que se haga.
• Si hay que aumentar el control parlamentario, que se aumente.
• Si hay que establecer revisiones periódicas, que se establezcan.

Pero que el resultado final permita actuar. Porque un Estado que tiene controles pero carece de capacidad para proteger a sus ciudadanos no es un Estado de Derecho fuerte. Es simplemente un Estado jurídicamente impecable que ha perdido la capacidad de hacer cumplir sus propias normas.

Chile necesita recuperar el monopolio legítimo de la fuerza

La discusión de fondo no es sobre Kast. Tampoco es sobre la izquierda o la derecha. Es sobre el tipo de Estado que queremos construir para las próximas décadas.

• Un Estado que pueda enfrentar al crimen organizado.
• Un Estado que pueda recuperar territorios capturados por organizaciones criminales.
• Un Estado que pueda proteger infraestructura crítica.
• Un Estado que pueda impedir que la violencia política vuelva a paralizar ciudades.
• Un Estado que pueda distinguir perfectamente entre protesta legítima y delincuencia.
• Un Estado sometido a la Constitución, a los tribunales, al Congreso, a los organismos fiscalizadores y a los derechos fundamentales.

Esa combinación no es una contradicción. Es precisamente el corazón del Estado democrático de Derecho. La autoridad no es enemiga de la democracia. La autoridad sometida a la ley es una de sus condiciones de existencia. El documento base lo resume con precisión: recuperar autoridad también significa defender la libertad. Por eso el Gobierno debe negociar, escuchar y corregir. Pero también debe defender el principio que dio origen a la reforma:

Chile no puede seguir enfrentando amenazas extraordinarias exclusivamente con herramientas ordinarias. El crimen organizado debe saber que el Estado tiene capacidad para responder. Los grupos violentos deben saber que una protesta no es una licencia para destruir. Los ciudadanos deben saber que pueden circular, trabajar, estudiar y vivir sin quedar sometidos a la voluntad del más fuerte. Y la oposición debe saber algo igualmente importante: los instrumentos de seguridad no pueden transformarse en armas políticas contra quienes piensan distinto. Ese es el equilibrio que Chile necesita. No un Estado omnipotente. No un Estado impotente. Un Estado fuerte frente al delincuente, firme frente al vandalismo, implacable frente a la violencia y estrictamente limitado frente al ciudadano.

Porque cuando el Estado abandona las calles, las calles no quedan necesariamente libres. Quedan disponibles para quien tenga la fuerza suficiente para apropiárselas. Y una democracia que permite que eso ocurra deja de proteger la libertad precisamente en el momento en que más debería hacerlo.