Kast apuesta por romper una década de estancamiento económico

Las primeras señales apuntan a que el PIB tendencial podría acercarse al 2,8% en 2027. La rebaja del impuesto corporativo, la reducción de la permisología, los incentivos al empleo y una trayectoria de consolidación fiscal buscan atacar precisamente las causas que han mantenido a Chile atrapado en un crecimiento mediocre.

Presidente Kast.

Chile lleva demasiado tiempo acostumbrándose a crecer poco. Durante años, la discusión económica nacional se concentró en cómo repartir una torta que prácticamente dejó de expandirse al ritmo de décadas anteriores. El problema es que ningún Estado puede sostener indefinidamente mayores beneficios, más gasto y nuevas obligaciones si la economía no genera simultáneamente más inversión, productividad, empleo y recaudación.

Por eso, la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social impulsada por el Presidente José Antonio Kast merece ser analizada por lo que realmente pretende hacer: modificar las condiciones estructurales que determinan cuánto puede crecer Chile. El proyecto contempla 41 medidas y combina competitividad tributaria, empleo, inversión, reducción de burocracia y responsabilidad fiscal.

Y hay una señal particularmente interesante: las primeras estimaciones conocidas apuntan a que el crecimiento tendencial podría situarse en torno a 2,7%-2,8% para 2027, por encima de estimaciones anteriores. Aunque las cifras oficiales de los Comités de Expertos deben distinguirse de las proyecciones preliminares, el cambio de perspectiva es relevante porque precisamente las reformas de impuestos y permisos son mencionadas como factores capaces de elevar el crecimiento potencial.

El verdadero objetivo: romper el estancamiento

La discusión debería comenzar por una pregunta sencilla: ¿por qué Chile debería conformarse con crecer alrededor de 2% cuando necesita mucho más para generar empleo y mejorar los ingresos?

El propio Gobierno ha planteado que el país viene de una década de crecimiento promedio cercano al 2% anual. Y los problemas laborales reflejan esa pérdida de dinamismo: en la Cuenta Pública de 2026, el Ejecutivo señaló que más de 940 mil personas buscaban trabajo sin encontrarlo, mientras el desempleo llevaba 40 meses consecutivos sobre el 8%. Es aquí donde aparece uno de los principios económicos más importantes de la reforma: el empleo no se decreta; se crea cuando existe actividad económica, inversión y demanda por trabajadores.

Una economía que invierte poco difícilmente puede aumentar sus salarios reales de manera sostenida. Una economía que produce poco tampoco puede financiar indefinidamente un Estado cada vez más grande. Y un país donde abrir, ampliar o ejecutar un proyecto demora años termina expulsando capital hacia jurisdicciones donde las reglas son más simples y previsibles. La megarreforma intenta precisamente cambiar ese escenario.

Menor impuesto corporativo no significa regalar dinero a los empresarios

Uno de los puntos que más polémica ha generado es la reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23%.

Pero presentar esta medida simplemente como un "regalo a las empresas" es una caricatura izquierdista del mecanismo económico involucrado. El proyecto busca que resulte más atractivo reinvertir utilidades en maquinaria, tecnología, expansión y contratación, en lugar de castigar fiscalmente la acumulación de capital productivo.

La tasa se reduciría gradualmente: 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% desde 2029 para las empresas comprendidas en el régimen correspondiente. Además, se contempla la reintegración del sistema tributario.

La lógica es bastante simple: si una empresa dispone de más recursos después de impuestos, puede tener mayores incentivos para invertir. Y una inversión no termina en el balance de una compañía: significa eventualmente una nueva planta, una máquina, un centro logístico, tecnología, proveedores, trabajadores y salarios. El capital productivo no es el enemigo del trabajador. Es una de sus principales fuentes de oportunidades.

La permisología: el impuesto invisible que también hay que eliminar

El segundo gran componente es la reducción de la burocracia. Durante demasiado tiempo, Chile ha tratado la inversión como si fuera sospechosa hasta demostrar lo contrario. El resultado es que proyectos que podrían producir, contratar y pagar impuestos quedan atrapados durante años en una maraña de permisos.

El Gobierno informó en su Cuenta Pública que, durante sus primeros meses, había logrado destrabar cerca de US$7.000 millones mediante el Comité de Ministros y que los tiempos de resolución se habían reducido en más de 40% en los proyectos abordados.

Esto es fundamental porque un proyecto que no se construye no crea empleos; una inversión que nunca obtiene autorización tampoco genera recaudación.

Reducir la permisología no significa eliminar las normas ambientales ni permitir cualquier cosa. Significa que un Estado moderno debe ser capaz de evaluar, decidir y fiscalizar dentro de plazos razonables.

La certeza regulatoria también tiene un valor económico. Una empresa puede aceptar impuestos relativamente altos si conoce las reglas; lo que difícilmente puede soportar es no saber cuándo podrá comenzar a operar o si las condiciones cambiarán arbitrariamente durante el camino.

La disciplina fiscal es la otra mitad de la reforma

Aquí está probablemente una de las características más importantes del programa económico de Kast: la rebaja tributaria no viene acompañada de una invitación a gastar sin límite.

El Decreto de Política Fiscal establece una reducción gradual del déficit estructural desde 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030, manteniendo además un ancla de deuda de 45% del PIB. Eso representa una diferencia conceptual importante.

La derecha económica responsable no debería defender simplemente "menos impuestos". Debe defender menos impuestos cuando sea posible, gasto público eficiente, responsabilidad fiscal y crecimiento suficiente para ampliar la base tributaria.

El Fondo Monetario Internacional, de hecho, reconoce que la administración está buscando una mejora sostenida del déficit estructural hasta 2030, manteniendo el ancla de deuda en 45% del PIB. La consolidación fiscal y el crecimiento, por tanto, no son objetivos contradictorios. Son complementarios.

El cobre ayuda, pero no puede ser la estrategia económica

Chile está recibiendo además una extraordinaria noticia desde el mercado internacional. El cobre cerró agosto en torno a US$6,59 por libra, mientras el promedio acumulado de 2026 llegó aproximadamente a US$6,05, casi un 40% por encima del promedio observado durante el mismo período de 2025. Es una enorme ventaja para Chile.

La electrificación, las redes eléctricas, la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial están aumentando las perspectivas de demanda por cobre, mientras existen restricciones importantes para aumentar rápidamente la oferta mundial. Pero precisamente por eso sería un error confiar exclusivamente en el precio del metal rojo. El cobre puede financiar parte de la recuperación; no puede reemplazar las reformas estructurales.

Si Chile utiliza un ciclo favorable del cobre para aumentar permanentemente el gasto, habrá desperdiciado una oportunidad. Si lo utiliza para estabilizar sus cuentas y simultáneamente crear mejores condiciones para la inversión privada, puede transformar un buen momento externo en crecimiento permanente.

El PIB tendencial es la cifra que realmente importa

Aquí está quizás el dato más interesante de todo este debate. Una economía puede tener un buen año producto de un shock externo, un precio excepcional del cobre o una recuperación coyuntural. Pero otra cosa muy distinta es aumentar su PIB tendencial, es decir, su capacidad de crecer de manera sostenible sin generar desequilibrios.

Las estimaciones preliminares de diversos analistas económicos apuntan a un PIB tendencial cercano al 2,7%-2,8% en 2027, mientras algunas estimaciones para el PIB no minero tendencial incluso se ubicarían entre 2,6% y 3%.

Si esas cifras se confirman oficialmente, constituirían una señal particularmente significativa: las reformas estarían comenzando a modificar no solamente la actividad de corto plazo, sino las perspectivas estructurales de la economía chilena. Y esto tiene consecuencias mucho más profundas de lo que parece.

Un crecimiento tendencial mayor significa más inversión. Más inversión significa más productividad. Más productividad permite mejores salarios. Más empleo formal aumenta las cotizaciones y reduce la dependencia de transferencias estatales. Y una economía más grande genera finalmente mayores recursos fiscales. Ese es el círculo virtuoso que Chile necesita recuperar.

¿Quiénes están detrás de la proyección de crecimiento?

Las estimaciones no surgen de una proyección política del Gobierno, sino del trabajo de los Comités de Expertos convocados por el Ministerio de Hacienda, cuyos integrantes entregaron el 24 de agosto sus estimaciones sobre el PIB tendencial y el precio de referencia del cobre que serán utilizados en la elaboración del Presupuesto. Precisamente, de las opiniones de estos especialistas provienen las proyecciones preliminares que sitúan el PIB tendencial de 2027 entre 2,7% y 2,8%, mientras que para el PIB no minero tendencial se anticipa un rango de entre 2,6% y 3%. 

Lo particularmente significativo es que los propios expertos vinculan esta mejora con factores como la reducción de permisos, la rebaja del impuesto corporativo, una mayor inversión y los efectos sobre la productividad de la Ley de Reconstrucción Nacional, es decir, elementos centrales de la megarreforma impulsada por el Presidente Kast. Las cifras definitivas serían oficializadas por Hacienda el 4 de septiembre, antes del ingreso del proyecto de Presupuesto al Congreso.

No basta con llegar al 2,8%: hay que apuntar más alto

También sería un error convertir el 2,8% en una cifra mágica. Incluso los expertos citados en el texto de base advierten que para superar sostenidamente el 3% de crecimiento potencial Chile todavía necesita avanzar en productividad, innovación, participación laboral y capital humano. Y ahí está el verdadero desafío de la segunda etapa.

La megarreforma puede mejorar los incentivos, reducir obstáculos y aumentar la inversión, pero ninguna ley por sí sola puede resolver todos los problemas estructurales de Chile. Se necesita además mejorar la educación, incorporar más tecnología, aumentar la participación laboral, especialmente femenina, elevar la productividad y recuperar la capacidad del país para desarrollar grandes proyectos de inversión. La reforma, por tanto, debe ser entendida como un cambio de dirección, no como el punto final.

El empleo debe volver a ser el centro de la política económica

Otro componente relevante es el incentivo al empleo formal. El proyecto contempla un crédito tributario orientado a apoyar la contratación formal, especialmente en las Pymes.

Esto apunta a una cuestión esencial: cuando contratar formalmente se vuelve demasiado caro o complejo, la economía termina generando menos puestos de trabajo o más informalidad.

Por eso, la política laboral no debería limitarse a aumentar costos o imponer nuevas obligaciones. También debe preguntarse cómo hacer que contratar a una persona sea una decisión económicamente viable para una empresa.

El objetivo final no es proteger estadísticas laborales. Es conseguir que una persona que hoy está desempleada pueda entrar a una empresa, recibir un sueldo, cotizar, adquirir experiencia y construir una trayectoria laboral.

Una oportunidad que Chile no puede desperdiciar

La megarreforma de Kast tiene, por tanto, una lógica económica coherente: menos trabas para invertir, menores impuestos al capital productivo, incentivos al empleo, mayor certeza jurídica y una trayectoria de consolidación fiscal.

Además, no se trata de un proyecto meramente tributario. Incluye medidas para la reconstrucción, vivienda, empleo, inversión y modernización regulatoria. El proyecto considera, entre otras medidas, IVA transitoriamente en 0% para viviendas nuevas, reducción del impuesto corporativo al 23%, incentivos al empleo formal y simplificación de permisos.

Chile necesita volver a discutir la economía desde una pregunta distinta. No cómo repartir mejor un crecimiento mediocre, sino cómo volver a producir crecimiento suficiente para que todos tengan más oportunidades.

El precio del cobre ofrece hoy una ventana extraordinaria. La reforma puede mejorar los incentivos internos. La disciplina fiscal puede impedir que el Estado vuelva a gastar como si los recursos fueran infinitos. Y una reducción efectiva de la burocracia puede devolverle al sector privado un papel que durante demasiado tiempo ha sido injustamente cuestionado: el de motor de la inversión y del empleo.

El gran éxito de la megarreforma no debería medirse por cuántos artículos logre aprobar en el Congreso. Debería medirse por cuántos proyectos comiencen a construirse, cuántas personas vuelvan a encontrar trabajo, cuánto aumente la inversión y cuánto logre crecer Chile durante los próximos diez años. Porque el verdadero cambio que Chile necesita no es simplemente recaudar más o gastar más.