Chile no llegó al 9,4% de desempleo de un día para otro. Detrás de las cifras existe una economía que durante cuatro años enfrentó bajo crecimiento, inversión debilitada y un aumento sostenido del costo de contratar. Las 40 horas, el alza del salario mínimo, la reforma previsional y una creciente carga regulatoria fueron decisiones del gobierno anterior cuyos efectos continúan golpeando al mercado laboral. Pretender responsabilizar al Presidente José Antonio Kast por una cesantía que recibió como herencia es confundir el diagnóstico con la propaganda.
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| Gabriel Boric. |
Chile llegó a 2026 con una tasa de desempleo de 9,4% y con 37 meses consecutivos de desocupación superior al 8%. La informalidad, además, se situó en torno al 27% de los ocupados. Son cifras demasiado importantes como para despacharlas con una consigna partidista o con el simplismo de afirmar que todo comenzó con el cambio de gobierno.
El problema de fondo es otro: el mercado laboral necesita crecimiento para crear puestos de trabajo, y necesita condiciones adecuadas para que las empresas estén dispuestas a contratar. Cuando durante varios años se incrementan los costos laborales mientras la economía crece poco, el resultado inevitablemente termina siendo una menor capacidad de generación de empleo formal. Y eso es, precisamente, lo que el Gobierno de Kast heredó.
Boric y sus cuatro años de demagogia
El gran problema de la política laboral del gobierno de Boric no fue necesariamente que sus objetivos fueran ilegítimos. ¿Quién podría oponerse a que un trabajador tenga mejores condiciones, una jornada razonable, mejores remuneraciones o protección frente al acoso. El problema fue creer que los beneficios laborales pueden multiplicarse por ley sin considerar suficientemente quién paga la cuenta y qué ocurre cuando el costo de contratar aumenta más rápido que la productividad.
Una empresa no contrata porque una autoridad determine que debe hacerlo. Contrata cuando necesita trabajadores y cuando espera que la actividad económica que desarrollará permita financiar ese puesto de trabajo. Esa es una realidad que puede resultar políticamente incómoda, pero que ninguna legislación puede abolir.
El Gobierno de Boric avanzó simultáneamente en varias políticas que elevaron los costos asociados al empleo. La reducción progresiva de la jornada laboral hacia las 40 horas, los fuertes incrementos del salario mínimo, la reforma previsional con mayores cotizaciones de cargo del empleador y un aumento de las obligaciones regulatorias configuraron un escenario especialmente complejo para las empresas de menor tamaño.
No se trata de decir que cada una de esas medidas, por separado, destruye empleo. La discusión seria consiste en observar el efecto acumulativo. Y ese efecto acumulativo importa.
Las 40 horas: trabajar menos horas no significa contratar gratis
La reducción de la jornada laboral fue presentada como un avance civilizatorio. Pero existe una dimensión económica que no puede ser ignorada. Si un trabajador mantiene su remuneración mientras disminuye la cantidad de horas trabajadas, el costo laboral por hora aumenta.
Para una empresa altamente productiva, esto puede ser absorbido mediante mejoras de productividad, reorganización de turnos, tecnología o mayores márgenes. Pero Chile no está compuesto exclusivamente por grandes corporaciones.
Existe una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas para las cuales cada hora de trabajo y cada punto adicional de costo importan. Una pyme que tiene dificultades para financiar sus actuales puestos de trabajo no puede simplemente aumentar sus costos indefinidamente. Puede reducir horas, automatizar determinadas funciones, postergar contrataciones, recurrir a trabajadores informales o, en el peor de los casos, cerrar.
El propio Banco Central ha advertido sobre el impacto que los mayores costos laborales asociados a la reducción de jornada y al aumento del salario mínimo pueden tener sobre la creación de empleo.
Por eso, el debate nunca debió plantearse como una falsa disyuntiva entre trabajadores y empresarios. Una empresa rentable puede pagar mejores salarios. Una empresa que desaparece no puede pagar ninguno.
El salario mínimo y el costo que nadie quiso mirar
Algo similar ocurrió con el salario mínimo. Entre marzo de 2022 y julio de 2023 pasó de $350.000 a $500.000, un incremento considerable en un período relativamente corto. Para un trabajador, recibir un salario mayor representa evidentemente una mejora. Pero desde la perspectiva del empleador, especialmente de una pequeña empresa, el salario no es el único costo.
Hay cotizaciones, seguros, indemnizaciones, vacaciones, licencias, capacitación, infraestructura y una serie de obligaciones asociadas a cada trabajador contratado formalmente. Por eso, cuando aumenta el salario mínimo, el costo total de incorporar a una persona también aumenta.
Las grandes compañías pueden tener mayor capacidad para absorber ese incremento. Una pyme familiar, un pequeño comercio, un restaurante, una empresa de servicios o un emprendimiento con márgenes estrechos enfrenta una realidad completamente distinta.
La pregunta que debió hacerse el legislador no era únicamente cuánto debía ganar un trabajador. También debió preguntarse: "¿Cuántos trabajadores podrá contratar una empresa después de asumir ese nuevo costo?". Porque un salario mínimo elevado puede beneficiar a quienes ya tienen empleo y, simultáneamente, dificultar el acceso al mercado laboral de quienes todavía están intentando entrar. Y los primeros en pagar esa factura suelen ser los jóvenes, los trabajadores con menor calificación y quienes buscan su primer empleo formal.
El error de confundir protección con generación de empleo
La Ley Karin constituye otro ejemplo de un problema más amplio. Combatir el acoso laboral es un objetivo legítimo y necesario. Una sociedad moderna debe proteger a los trabajadores frente a abusos y conductas indebidas. Pero una buena intención no garantiza automáticamente una buena política pública.
Toda regulación genera incentivos y costos. Y esos costos son particularmente relevantes para las pequeñas empresas, que no cuentan con grandes departamentos jurídicos ni con estructuras administrativas capaces de absorber fácilmente nuevas obligaciones. Por eso, la discusión razonable no consiste en defender el acoso laboral para criticar la Ley Karin. Eso sería absurdo.
La discusión consiste en determinar si el diseño de una regulación consigue proteger efectivamente al trabajador sin generar incentivos perversos o cargas desproporcionadas que terminen dificultando la contratación.
Es evidente que la Ley Karin influyo en aumentar el desempleo femenino o que explique completamente la brecha entre hombres y mujeres. Además, es legítimo advertir sobre sus eventuales efectos regulatorios y preguntarse si Chile está construyendo un mercado laboral donde contratar se vuelve progresivamente más complejo, costoso y jurídicamente incierto.
La reforma previsional también tiene un costo laboral
La reforma previsional puede defenderse desde múltiples argumentos sociales. El problema aparece cuando se pretende esconder su costo económico. Cuando una mayor cotización es financiada por el empleador, también aumenta el costo de contratar.
Puede discutirse quién debe financiar las pensiones, cuál debe ser el diseño del sistema y cuánto corresponde aportar a cada actor. Pero lo que no puede hacerse es pretender que una mayor cotización patronal sea económicamente gratuita.
En una economía de bajo crecimiento, con productividad insuficiente y desempleo elevado, cada aumento estructural del costo laboral debe analizarse cuidadosamente. Porque al final existe una ecuación bastante sencilla: si producir y contratar resulta más caro, algunas empresas contratarán menos.
No siempre ocurre de inmediato. No necesariamente genera despidos masivos. Muchas veces el efecto aparece lentamente: una vacante que no se abre, una expansión que se posterga, un emprendimiento que no contrata a su segundo trabajador o una empresa que decide automatizar una función. Son empleos que nunca aparecen en las estadísticas de despidos porque, sencillamente, nunca llegaron a existir.
Boric heredó problemas, pero también dejó problemas
Quienes defienden al gobierno anterior tienen un argumento atendible: la economía chilena también estuvo afectada por factores externos. La pandemia dejó secuelas, las tasas de interés internacionales fueron elevadas, hubo incertidumbre global, estuvo el estallido delictual que le costó al país miles de millones de dólares, y además Chile enfrentó un escenario internacional complejo. Todo eso es cierto.
Pero precisamente por eso el argumento oficialista pierde fuerza cuando pretende utilizar el contexto internacional como explicación suficiente para todos los problemas internos.
Los gobiernos no controlan el precio del petróleo, las tasas de la Reserva Federal ni el crecimiento de China. Pero sí deciden qué señales entregan a los inversionistas, cuánto cuesta contratar, cuánto cuesta producir, cuánta burocracia enfrenta una empresa y qué tan predecible es el marco regulatorio. Y en esas materias sí existe responsabilidad política.
Durante el gobierno de Boric, Chile experimentó un crecimiento menos que mediocre y una inversión que no consiguió despegar con la fuerza necesaria. La economía terminó enfrentando un problema particularmente grave: no solamente faltaba crecimiento; también faltaba capacidad para transformar crecimiento en empleo formal suficiente.
El resultado fue una combinación preocupante: desempleo elevado, informalidad importante y empresas pequeñas sometidas a una presión creciente.
La verdadera herencia: un mercado laboral rígido y caro
Aquí está el punto central. La herencia del gobierno anterior no puede medirse únicamente por una cifra de desempleo. Debe medirse por las condiciones que recibió el nuevo gobierno para intentar revertirla.
El Presidente Kast recibió un mercado laboral donde contratar cuesta más que antes, donde existen mayores obligaciones para los empleadores, donde las empresas enfrentan incertidumbre regulatoria y donde el crecimiento económico no es suficientemente robusto para absorber rápidamente a todos quienes buscan trabajo.
Por eso resulta intelectualmente deshonesto observar una tasa de desempleo elevada al comienzo de una nueva administración y concluir automáticamente que el responsable es quien acaba de asumir. El desempleo tiene inercia.
Las decisiones de contratación empresarial responden a las expectativas sobre varios meses y años. Una empresa que durante mucho tiempo ha observado bajo crecimiento, incertidumbre y mayores costos no vuelve a contratar masivamente simplemente porque cambió el Presidente. La confianza tarda en reconstruirse. La inversión tarda en recuperarse. Y el empleo tarda todavía más.
Kast recibió el freno puesto
La administración de José Antonio Kast enfrenta, por tanto, una tarea mucho más difícil que simplemente anunciar programas de empleo. Tiene que destrabar la economía.
Eso significa recuperar la inversión, reducir incertidumbres, acelerar permisos, mejorar la productividad, entregar certezas jurídicas, facilitar la creación de empresas y revisar aquellas regulaciones que, sin aportar beneficios proporcionales, terminan convirtiéndose en barreras para contratar.
El objetivo debería ser recuperar la generación de empleo con condiciones laborales dignas. Para esto se debe apuntar hacia algo bastante más sensato: construir un mercado laboral donde proteger al trabajador y crear empleo no sean objetivos contradictorios. Porque la mejor política laboral no es aquella que acumula más obligaciones sobre el empleador. Es aquella que consigue que más personas tengan un contrato formal.
El empleo no se decreta: se crea
Existe una ilusión profundamente arraigada la izquierda chilena: creer que basta con aprobar una ley para modificar la realidad económica. Pero el Estado puede establecer un salario mínimo; no puede obligar indefinidamente a una empresa que pierde dinero a contratar.
- Puede reducir la jornada; no puede decretar que la productividad aumente al mismo ritmo.
- Puede imponer nuevas cotizaciones; no puede eliminar el costo económico que estas representan.
- Puede multiplicar las regulaciones; no puede garantizar que ellas no modifiquen los incentivos de quienes toman las decisiones de inversión y contratación.
Por eso la discusión laboral debe abandonar el voluntarismo. Los empleos sostenibles no nacen de una oficina ministerial. Nacen cuando una empresa decide invertir, producir y contratar porque las condiciones económicas hacen viable esa decisión. Y ese principio no es una defensa de los empresarios contra los trabajadores. Es precisamente lo contrario: es reconocer que detrás de cada puesto de trabajo existe una empresa que debe ser capaz de sostenerlo.
La factura política de la herencia Boric-Jara
El balance del período anterior debe hacerse con una mirada menos emocional y más económica. Boric y Jara promovieron una agenda laboral que buscó aumentar derechos, remuneraciones y protecciones, pero al final quedó al debe en varios de esos puntos. El problema es que la economía no funciona solamente a partir de deseos políticos. Cuando esas reformas se implementan en un país con crecimiento débil, productividad insuficiente y empresas pequeñas financieramente vulnerables, los efectos secundarios pueden ser importantes.
El resultado no necesariamente aparece como una catástrofe inmediata, pero sí es un panorama complicado. A veces aparece como una vacante que no se publica:
- Como un joven que no consigue su primer trabajo.
- Como una pyme que decide no expandirse.
- Como un trabajador que termina en la informalidad.
- Como una empresa que reemplaza personas por tecnología antes de lo que originalmente tenía previsto.
- Como un emprendimiento que simplemente decide no abrir.
Esa es la parte invisible de la crisis laboral. Y es precisamente por eso que culpar a Kast por el desempleo que recibió resulta tan conveniente políticamente como equivocado económicamente.
El desafío de la nueva administración
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast no puede modificar retrospectivamente las decisiones tomadas durante la administración anterior. Tampoco puede resolver en pocos meses todos los problemas acumulados durante años. Pero sí puede cambiar la dirección.
Puede demostrar que una política laboral favorable a los trabajadores no tiene por qué ser una política enemiga de la inversión.
- Puede comprender que las pymes necesitan oxígeno.
- Puede apostar por crecimiento, inversión y productividad.
- Puede revisar la burocracia que impide emprender.
- Puede entregar certezas a quienes arriesgan capital.
Y puede entender que el mejor programa contra la cesantía es una economía capaz de crecer sostenidamente. Eso no significa desconocer la responsabilidad del actual gobierno sobre sus propias decisiones. Si Kast adopta medidas equivocadas, tendrá que responder por ellas. Pero juzgarlo por una tasa de desempleo que se incubó durante el período anterior supone desconocer cómo funciona el mercado laboral.
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| Gabriel Boric. |
Una lección que Chile no debería olvidar
La principal enseñanza del ciclo Boric-Jara debería ser que la política laboral no puede construirse ignorando la economía real. Mejorar las condiciones de los trabajadores es deseable. Aumentar las remuneraciones puede ser positivo. Reducir jornadas puede mejorar la calidad de vida. Combatir el acoso es indispensable. Mejorar las pensiones es una obligación moral y social. Pero ninguna de esas metas existe en un vacío económico. Todo tiene un costo. Y cuando el costo de contratar aumenta persistentemente mientras la economía crece poco, quienes terminan pagando una parte de la cuenta pueden ser precisamente aquellos que no tienen trabajo.
Esa es la paradoja que la izquierda se resiste a reconocer: en nombre de proteger al trabajador que ya está dentro del mercado laboral, puede terminar dificultando la entrada de quien todavía está afuera.
Chile no necesita escoger entre dignidad laboral y crecimiento. Necesita comprender que ambos deben avanzar juntos. Y esa es precisamente la pesada herencia que recibió José Antonio Kast: no un mercado laboral en expansión que luego haya destruido, sino una economía que llegó al cambio de mando con el freno puesto. Ahora corresponde sacarlo.
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