El neomarxismo: el lobo que aprendió a vestirse de oveja

La ultraizquierda cambió el lenguaje, abandonó buena parte de la estética revolucionaria y aprendió a moverse dentro de las instituciones democráticas. Pero para sus críticos, detrás de conceptos como emancipación, hegemonía, transformación cultural e igualdad sustantiva persiste una antigua aspiración: modificar profundamente las estructuras sobre las que se sostiene la sociedad liberal. En Chile, el Frente Amplio representa uno de los ejemplos más claros de esta nueva izquierda.

Neomarxismo.

Durante buena parte del siglo XX, reconocer al marxismo no era demasiado difícil. Tenía símbolos inconfundibles, una retórica abiertamente revolucionaria y una doctrina que hablaba de lucha de clases, revolución proletaria, abolición de la propiedad privada de los medios de producción y superación del capitalismo. Era un lobo que mostraba los colmillos. Pero los tiempos cambiaron. La caída del Muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética, el fracaso de las economías centralmente planificadas y la consolidación de las democracias liberales hicieron que aquella vieja retórica perdiera buena parte de su capacidad de seducción. El marxismo no desapareció completamente, pero algunas de sus corrientes entendieron que, para sobrevivir políticamente, debían cambiar de estrategia. El lobo aprendió entonces a vestirse de oveja.

Conviene ser precisos. El neomarxismo no es una doctrina única, homogénea ni perfectamente delimitada. Bajo esa denominación caben corrientes intelectuales muy diferentes y sería un error sostener que todo feminismo, ecologismo, progresismo o defensa de los derechos sociales constituye automáticamente una expresión neomarxista. La crítica desde la derecha debe ser más rigurosa que eso. Lo que resulta relevante es que determinadas corrientes de la izquierda contemporánea conservaron una manera de interpretar la sociedad heredada, en parte, del marxismo: identificar estructuras de poder, analizar relaciones de dominación y considerar que determinadas instituciones sociales, culturales y económicas deben ser profundamente transformadas.

Cuando el lobo dejó de mostrar los colmillos

El marxismo clásico colocó las relaciones económicas y la lucha de clases en el centro de su interpretación de la historia. Sin embargo, la revolución proletaria que debía terminar con el capitalismo nunca llegó a producirse en las democracias occidentales de la manera que Marx y algunos de sus seguidores habían previsto.

Fue entonces cuando algunos intelectuales marxistas comenzaron a ampliar el campo de batalla. Antonio Gramsci resulta fundamental para comprender este proceso. Su concepto de hegemonía puso énfasis en la manera en que una determinada concepción del mundo puede transformarse en sentido común y reproducirse a través de la sociedad civil. El poder, por tanto, no se encontraba exclusivamente en el Estado ni podía conquistarse únicamente mediante una revolución política. También había que disputar las ideas, la cultura, la educación y las instituciones.

La Escuela de Frankfurt profundizó posteriormente esta mirada. Autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse desarrollaron una teoría crítica que amplió considerablemente el campo de análisis marxista, incorporando elementos de otras tradiciones intelectuales y concentrándose en fenómenos culturales, psicológicos y sociales.

La consecuencia política de este giro fue enorme: si el capitalismo no podía ser derrotado simplemente mediante una revolución económica, entonces podía ser necesario transformar previamente —o simultáneamente— la cultura que lo sostenía.

La escuela, la universidad, los medios de comunicación, el lenguaje, las organizaciones sociales y las instituciones comenzaron a adquirir una importancia mucho mayor. El viejo lobo había descubierto que no necesitaba entrar derribando la puerta.

La batalla por el lenguaje

Uno de los cambios más importantes fue precisamente el lenguaje. La vieja izquierda hablaba de burguesía y proletariado. Las nuevas corrientes comenzaron a hablar con mayor frecuencia de género, identidad, privilegio, discriminación, colonialismo, estructuras patriarcales, hegemonía, emancipación y deconstrucción.

Esto no significa que todos esos conceptos sean marxistas ni que toda persona que utilice alguno de ellos esté suscribiendo una doctrina neomarxista. El punto es otro: determinadas corrientes los integran dentro de una visión de la sociedad donde las relaciones humanas son interpretadas fundamentalmente a partir de relaciones de poder.

La pregunta marxista clásica —quién posee, quién trabaja, quién domina y quién es dominado— adquiere así nuevas dimensiones. Ya no se limita exclusivamente a la economía. Se extiende hacia la cultura, el lenguaje, la familia, las relaciones entre hombres y mujeres, las identidades y otras estructuras sociales. Desde la perspectiva de la derecha, ahí reside precisamente la sofisticación del nuevo discurso.

El viejo marxista podía decir "hay que destruir el capitalismo". El nuevo lenguaje puede argumentar "hay que transformar las estructuras de poder". La diferencia no es meramente semántica. Puede representar una estrategia política completamente distinta para alcanzar transformaciones igualmente profundas. El lobo ya no necesita enseñar los dientes. Puede presentarse hablando de derechos, inclusión, igualdad y emancipación.

El Frente Amplio: un caso chileno

En Chile, el Frente Amplio constituye un caso particularmente interesante para analizar esta transformación de la izquierda.

El Frente Amplio no es el Partido Comunista. No tiene la misma historia, no posee la misma estructura doctrinaria y no utiliza la misma identidad política. Mientras el PC mantiene explícitamente una tradición comunista, el FA se define como socialista y ha construido una identidad política mucho más vinculada al feminismo, el ecologismo, la democracia, los derechos sociales y la transformación institucional. Pero justamente ahí está la cuestión.

Que una izquierda abandone determinada estética revolucionaria no significa necesariamente que haya abandonado su voluntad de transformar profundamente la sociedad. El propio Frente Amplio ha reivindicado públicamente su carácter socialista y ha planteado la construcción de una sociedad igualitaria y emancipada de determinadas formas de explotación y opresión. Por eso, desde una perspectiva liberal y conservadora, resulta perfectamente legítimo analizar qué entiende el FA por igualdad, emancipación, propiedad, mercado, Estado y transformación social.

No basta con observar que sus dirigentes participan en elecciones, ocupan cargos públicos y se someten formalmente a las reglas de la democracia. Eso es importante, por supuesto, pero no responde por sí solo a la pregunta fundamental: ¿qué modelo de sociedad aspira a construir una fuerza política una vez que obtiene el poder?

Porque democracia y socialismo no son conceptos necesariamente incompatibles en todos sus sentidos. Lo que corresponde discutir es qué tipo de socialismo se propone, cuánto poder se pretende entregar al Estado y cuáles serán los límites de esa intervención.

¿El Frente Amplio y el Partido Comunista son lo mismo?

No, pero se parecen. Ambas fuerzas han compartido un espacio político, gobiernos, coaliciones y numerosas posiciones legislativas. La diferencia entre ellas existe, pero la existencia de diferencias no significa necesariamente que sus proyectos de sociedad sean completamente antagónicos.

El Partido Comunista conserva una identidad marxista-leninista mucho más explícita y una tradición histórica propia. El Frente Amplio representa una izquierda más generacional, cultural e institucional, que ha sabido incorporar nuevas banderas a su discurso.

Podría decirse, desde una perspectiva crítica, que el PC conserva buena parte de los viejos colmillos mientras el FA aprendió a ocultarlos mejor, pero con una finalidad únicamente electoral.

Esto no significa que exista una identidad absoluta entre ambas organizaciones, pero se parecen bastante. Significa que la derecha debe prestar atención a sus zonas de convergencia: la crítica al capitalismo y al neoliberalismo, la expansión del papel del Estado, la redistribución del poder económico y político y la búsqueda de profundas transformaciones sociales. La pregunta interesante, por tanto, no es solamente cuánto se diferencian en sus discursos. Es hasta dónde coinciden en el destino que imaginan para Chile.

La izquierda que dice no ser comunista, pero que vota con el comunismo

Existe además una contradicción que la derecha no debería dejar pasar: hay sectores de la izquierda que se apresuran a declarar que no son comunistas, que reivindican su autonomía y que incluso marcan diferencias doctrinarias con el Partido Comunista, pero que, cuando llega la hora de las decisiones políticas concretas, terminan votando disciplinadamente junto al PC en una enorme cantidad de materias y proyectos. Es perfectamente legítimo que una fuerza política tenga acuerdos parlamentarios con otra; lo cuestionable es pretender que esas alianzas no dicen absolutamente nada sobre sus prioridades. 

Las identidades políticas también se revelan en las votaciones, no solamente en los discursos. Si una izquierda dice no compartir el proyecto comunista, pero sistemáticamente termina respaldándolo cuando están en juego las grandes reformas, el modelo económico, el papel del Estado o determinadas batallas culturales, tiene que explicar dónde están realmente sus diferencias. Porque no basta con decir "no somos comunistas" mientras, llegado el momento decisivo, se vota como si lo fueran. La ciudadanía tiene derecho a mirar los hechos y no solamente las etiquetas: si el lobo y la oveja terminan entrando juntos a la misma casa, es razonable preguntarse si realmente eran tan distintos como aseguraban.

La derecha frente al neomarxismo

Para confrontar a estas nuevas ideologías de izquierda y ultraizquierda hay que preguntar qué concepto de libertad existe detrás de cada propuesta. Qué papel se asigna al Estado. Qué espacio queda para la propiedad privada. Qué importancia se concede al mercado. Qué límites tiene el poder político. Qué entiende una determinada izquierda por igualdad. Y, sobre todo, qué instituciones pretende modificar y con qué propósito.

Las ideologías no se definen solamente por las palabras que utilizan. Se definen también por el mundo que quieren construir. La verdadera batalla está en las ideas. Una de las grandes enseñanzas de lo mostrado por Gramsci fue precisamente que el poder no consiste únicamente en controlar el Estado. También implica disputar la cultura, las ideas y aquello que una sociedad considera sentido común. La derecha debería comprenderlo.

No basta con ganar elecciones si se pierde la batalla cultural. No basta con administrar correctamente el Estado si se permite que otras corrientes definan qué significa libertad, qué significa igualdad, qué significa justicia y qué instituciones son consideradas legítimas.

Una sociedad libre necesita defender conscientemente los principios que la sostienen: la dignidad de la persona, la libertad individual, la responsabilidad personal, la propiedad privada, el pluralismo, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y una sociedad civil fuerte e independiente del Estado.

Por eso, la discusión sobre el neomarxismo no debería reducirse a caricaturas ni a teorías conspirativas. Debe ser una discusión sobre ideas. El lobo con piel de oveja es una metáfora útil precisamente porque obliga a mirar más allá de las apariencias. No todo el que viste de oveja es un lobo, pero tampoco todo lobo necesita seguir mostrando los colmillos.

El desafío para la derecha chilena consiste en mirar debajo de la piel. Preguntar qué hay detrás de las palabras. Examinar qué modelo de sociedad se propone. Y defender, sin complejos pero también sin caricaturas, las ideas que considera fundamentales para preservar una sociedad libre.

Porque quizá la gran transformación del marxismo contemporáneo no fue aprender a esconder sus ideas, sino aprender que para cambiar una sociedad primero hay que cambiar la manera en que esa sociedad piensa sobre sí misma. Y en esa batalla, el verdadero campo de disputa no está solamente en La Moneda ni en el Congreso. Está en las ideas.

Comunismo en Chile: un dinosaurio ideológico que todavía subsiste en pleno siglo XXI

Nació en el siglo XIX prometiendo una sociedad sin clases y terminó dejando tras de sí una larga historia de concentración del poder, represión y fracaso económico. Sin embargo, en Chile el comunismo continúa teniendo presencia política e institucional y, más preocupante todavía, encuentra aliados dispuestos a actuar políticamente junto a él mientras intentan presentarse como algo distinto. La democracia no debe prohibirlo, pero tampoco tiene por qué tratarlo con ingenuidad.

Comunismo.

Hay ideas que pertenecen claramente a su tiempo. Surgieron para responder a problemas concretos de una época y, cuando la realidad demostró sus limitaciones, fueron reformuladas, abandonadas o relegadas a los libros de historia. El comunismo, en cambio, posee una extraordinaria capacidad de supervivencia política.

Nació en el siglo XIX, en plena revolución industrial, como una respuesta radical a la explotación y a las enormes desigualdades sociales de aquel período. Prometió emancipación, igualdad y una sociedad sin clases. Pero cuando esa promesa abandonó los libros y se convirtió en régimen político, la historia produjo resultados muy diferentes: concentración del poder, persecución de opositores, restricción de libertades y economías incapaces, en numerosos casos, de generar prosperidad sostenida.

Y, sin embargo, el comunismo continúa existiendo en Chile. El nefasto Partido Comunista participa de elecciones, ocupa cargos públicos, integra coaliciones y forma parte del debate institucional. Tiene, por supuesto, todo el derecho a hacerlo. Precisamente porque Chile es una democracia, nadie debería ser perseguido por sus ideas políticas.

Pero existe una diferencia fundamental entre tener derecho a defender una ideología y tener derecho a quedar exento de crítica. El comunismo chileno puede participar en democracia. Lo que no puede exigir es que la democracia suspenda su capacidad de juzgarlo. Y existe además una segunda cuestión que merece ser planteada sin eufemismos: ¿qué ocurre con quienes aseguran no ser comunistas, pero sistemáticamente votan junto al Partido Comunista, forman alianzas con él y terminan respaldando sus principales proyectos políticos? Ahí la discusión deja de ser puramente semántica.

El dinosaurio que sobrevivió al siglo XX

El siglo XX fue, en buena medida, el gran laboratorio histórico del comunismo. La Unión Soviética, los regímenes comunistas de Europa del Este, la China de Mao y Camboya bajo los Jemeres Rojos constituyen experiencias diferentes entre sí y no sería serio reducirlas a una sola explicación. Pero tampoco es intelectualmente honesto ignorar que numerosos experimentos comunistas terminaron asociados con autoritarismo, represión, persecución política y una extraordinaria concentración del poder.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la Unión Soviética fueron mucho más que acontecimientos geopolíticos. Representaron también el derrumbe de una de las grandes certezas ideológicas del siglo XX: la creencia de que la planificación central y el monopolio político de un partido podían constituir el destino inevitable de las sociedades modernas. El mundo cambió. La economía mundial cambió. La tecnología cambió. Las sociedades cambiaron. Pero el comunismo, en algunos lugares, decidió quedarse.

Es allí donde aparece la imagen del dinosaurio ideológico: una doctrina nacida en un mundo que ya no existe, que sobrevivió a buena parte de las condiciones históricas que le dieron origen y que, pese a sus fracasos, continúa presentándose como una alternativa válida para organizar la sociedad. El problema no es que exista. El problema es que todavía pretenda convencernos.

Cuando el Estado se convierte en demasiado poder

Una de las principales objeciones al comunismo no es simplemente económica. Es política. El verdadero problema aparece cuando una doctrina deposita en el Estado una capacidad extraordinaria para intervenir simultáneamente en la economía, la propiedad, el trabajo y la vida social.

Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado autoritario. Una democracia moderna necesita instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, protección social y cumplimiento de la ley. La cuestión fundamental es otra: ¿quién controla al Estado y cuáles son los límites de ese poder?

Friedrich Hayek advirtió precisamente sobre este problema: cuanto mayor sea la capacidad del poder político para determinar las condiciones económicas y sociales de los individuos, mayor será también el riesgo de que la libertad termine dependiendo de la voluntad de quienes controlan ese poder.

La democracia liberal funciona sobre un principio contrario: el Estado existe para servir a la persona, no para convertirla en dependiente de él. Por eso importan tanto la propiedad privada, la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión, la separación de poderes, la alternancia política y la autonomía de los ciudadanos.

Una persona verdaderamente libre no solamente tiene derecho a votar. También tiene derecho a construir un proyecto de vida que no dependa permanentemente de la autorización del gobernante.

Karl Popper contra los dueños del futuro

Hay otro problema todavía más profundo: la pretensión de algunas ideologías de haber descubierto las leyes inevitables de la historia. Karl Popper dedicó buena parte de su pensamiento a cuestionar precisamente esa concepción. Ningún partido puede saber con certeza cuál será el destino de la humanidad. Ningún grupo posee una fórmula científica que permita determinar quién representa el futuro y quién constituye un obstáculo para alcanzarlo.

La democracia liberal parte de una premisa mucho más humilde y, precisamente por eso, mucho más prudente: nadie posee la verdad política definitiva.

• Los gobiernos pueden equivocarse.
• Los partidos pueden equivocarse.
• Las mayorías pueden equivocarse.
• Los ciudadanos pueden cambiar de opinión.

Por eso el poder debe ser limitado, temporal y reversible. El problema comienza cuando una ideología considera que sus objetivos son tan superiores que cualquier sacrificio presente puede justificarse en nombre de un supuesto futuro mejor. Entonces el adversario deja de ser adversario. Se transforma en enemigo. Y cuando el adversario político es convertido en enemigo histórico, el pluralismo empieza a parecer un obstáculo.

La igualdad no necesita matar la libertad

Hay que reconocerle al comunismo algo que explica buena parte de su atractivo histórico: supo apropiarse de una aspiración profundamente humana. La igualdad. Nadie debería defender una sociedad en la cual el nacimiento determine para siempre el destino de una persona. La pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades son problemas reales que una sociedad civilizada debe enfrentar. Pero una cosa es combatir la pobreza y otra muy distinta es pretender eliminar las diferencias mediante la coerción estatal.

Isaiah Berlin recordó que las sociedades humanas conviven con valores que no siempre pueden maximizarse simultáneamente: libertad, igualdad, seguridad, justicia y orden. Gobernar consiste precisamente en administrar esas tensiones, no en prometer una sociedad perfecta en la que todas las contradicciones desaparezcan.

Chile puede combatir la pobreza sin abolir la propiedad privada. Puede fortalecer sus políticas sociales sin destruir el emprendimiento. Puede aumentar las oportunidades sin convertir al Estado en propietario de prácticamente todo. Puede buscar mayor igualdad sin convertir la libertad individual en la moneda de cambio. La igualdad es un objetivo legítimo. La libertad también. Una no necesita destruir a la otra.

El problema de las izquierdas que dicen no ser comunistas

Aquí es donde el debate chileno merece una dosis adicional de honestidad. Durante años, distintos sectores de izquierda han buscado marcar distancia discursiva respecto del comunismo. No se definen como comunistas, reivindican una identidad propia y sostienen que sus proyectos políticos son diferentes. Pero una ideología política no se define solamente por la etiqueta que sus partidarios utilizan para describirse. También se define por sus alianzas, sus decisiones y sus votos.

Si una fuerza política asegura no ser comunista, pero no tiene inconvenientes en formar coaliciones con el Partido Comunista; si vota sistemáticamente en bloque con sus parlamentarios; si respalda sus principales iniciativas; si comparte plataformas electorales y gobiernos con ellos; y si, ante las grandes controversias políticas, termina alineándose una y otra vez con el PC, entonces resulta perfectamente legítimo preguntar cuál es, en los hechos, la distancia ideológica que afirma existir.

No basta con decir "yo no soy comunista". La política se juzga también por lo que se hace. 

• Una cosa es tener diferencias puntuales con el Partido Comunista y otra muy distinta es convertirlo en un socio político permanente.
• Una cosa es coincidir ocasionalmente en una votación y otra es votar sistemáticamente en bloque.
• Una cosa es dialogar con un adversario y otra es construir junto a él un proyecto de poder.

Y aquí aparece una contradicción que la izquierda chilena no puede pretender que nadie señale: si el comunismo es tan distinto, tan peligroso o tan incompatible con sus propios principios como algunos aseguran, ¿por qué entonces resulta aceptable asociarse políticamente con él cuando están en juego elecciones, gobiernos o mayorías parlamentarias?

La pregunta es incómoda, pero legítima. Porque si el comunismo es solamente una izquierda más, entonces deberían explicar por qué necesitan negar constantemente que lo son. Y si realmente existe una diferencia sustancial, entonces deberían explicar por qué esa diferencia desaparece cuando llega la hora de votar.

La responsabilidad política también se mide por las alianzas

No se trata de afirmar que toda persona que vote junto a un comunista se convierte automáticamente en comunista. Eso sería intelectualmente absurdo. En un Parlamento democrático es completamente normal que partidos diferentes coincidan en determinadas materias.

El problema aparece cuando la coincidencia deja de ser circunstancial y se transforma en una asociación política permanente. 

• Cuando partidos que dicen defender un modelo distinto terminan formando parte del mismo bloque electoral.
• Cuando quienes se presentan como moderados gobiernan con comunistas.
• Cuando quienes aseguran defender la democracia liberal relativizan las diferencias fundamentales con una doctrina que históricamente ha tenido una relación problemática con ella.
• Cuando la conveniencia electoral termina pesando más que las supuestas fronteras ideológicas.

En política, las alianzas también comunican. Los votos también comunican. Los pactos también comunican. Y los ciudadanos tienen derecho a sacar sus propias conclusiones.

No corresponde atribuir automáticamente a cada aliado las responsabilidades históricas de todas las experiencias comunistas del mundo. Pero tampoco corresponde exigir que los ciudadanos ignoren las consecuencias políticas de determinadas alianzas.

Si alguien decide caminar junto al comunismo, debe aceptar que la sociedad examine hacia dónde conduce ese camino.

La violencia no tiene ideología justificatoria

Otro principio que Chile debe recuperar es todavía más elemental: la violencia política nunca se vuelve legítima simplemente porque quien la utiliza invoque una causa que considera justa.

• Manifestarse es legítimo.
• Protestar es legítimo.
• Criticar al gobierno es legítimo.
• Exigir reformas es legítimo.

Pero incendiar iglesias, saquear negocios, destruir infraestructura, amenazar personas o utilizar la violencia para imponer objetivos políticos pertenece a una categoría completamente diferente. El Estado de Derecho no puede funcionar con doble estándar.

• La violencia de derecha es violencia.
• La violencia de izquierda es violencia.
• La violencia cometida en nombre de una causa supuestamente justa sigue siendo violencia.

No toda protesta es violencia y no todo manifestante es delincuente. Pero tampoco toda violencia puede ser rebautizada como "descontento social". Una democracia permite derrotar al adversario mediante elecciones. Lo que no puede aceptar es que quien pierde el debate pretenda sustituir el voto por la coerción.

La falsa moderación también puede ser un problema

Chile tampoco necesita una política basada en la falsa idea de que moderación significa repartir automáticamente las culpas. No todos los conflictos tienen dos lados moralmente equivalentes. No todas las posiciones merecen exactamente la misma valoración. Y no todos los principios pueden ser negociados.

• Podemos discutir cuánto debe gastar el Estado.
• Podemos discutir los impuestos.
• Podemos discutir el tamaño de la administración pública.
• Podemos discutir las políticas sociales.
• Podemos discutir la regulación económica.

Pero hay cuestiones mucho más fundamentales: el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la propiedad privada, la alternancia democrática y el rechazo absoluto de la violencia política. Como señala el material de base, existen asuntos sobre los cuales se puede negociar y principios que existen precisamente para impedir que todo sea negociable. La democracia necesita diálogo. Pero también necesita convicciones.

Una derecha democrática no debe pedir perdón por defender la libertad

La respuesta al comunismo tampoco puede consistir en reemplazar un extremismo por otro. Una derecha democrática no necesita perseguir comunistas.

• No necesita censurar libros.
• No necesita prohibir opiniones.
• No necesita transformar al adversario político en enemigo.

Necesita algo mucho más difícil: demostrar que sus propias ideas funcionan.

• Defender la propiedad privada no significa ser indiferente frente a la pobreza.
• Defender el crecimiento económico no significa abandonar a quienes tienen menos.
• Defender la seguridad no significa despreciar los derechos humanos.
• Defender el emprendimiento no significa negar la necesidad de políticas sociales.

La fortaleza de una derecha democrática está justamente en demostrar que es posible combinar libertad económica con responsabilidad social, autoridad con Estado de Derecho y seguridad con respeto a la dignidad humana. La mejor respuesta al comunismo no es una derecha autoritaria. Es una democracia liberal que funciona.

Diez razones para desconfiar del comunismo

1. Porque concentra demasiado poder en el Estado. La autonomía individual se vuelve vulnerable cuando el poder político controla demasiadas dimensiones de la vida económica y social.
2. Porque su historia registra demasiadas experiencias autoritarias. La Unión Soviética, Europa del Este, la China de Mao y Camboya constituyen antecedentes históricos que no pueden ser ignorados.
3. Porque ha demostrado dificultades para conciliar igualdad y libertad. La igualdad material no puede utilizarse como argumento para eliminar derechos fundamentales.
4. Porque mantiene una relación problemática con la propiedad privada. La propiedad no es solamente un mecanismo económico; también constituye un espacio de autonomía frente al poder político.
5. Porque la planificación central enfrenta enormes dificultades. Coordinar millones de decisiones económicas desde una estructura estatal centralizada presenta problemas que el mercado resuelve mediante información dispersa y decisiones descentralizadas.
6. Porque las utopías políticas pueden terminar justificando abusos. Cuando una ideología cree conocer el destino de la historia, puede llegar a considerar sacrificios presentes como necesarios para alcanzar un supuesto futuro mejor.
7. Porque existe el peligro de transformar al adversario en enemigo histórico. Una democracia necesita adversarios políticos, no enemigos que deban ser eliminados.
8. Porque la violencia nunca puede ser una herramienta legítima de transformación política. Las diferencias deben resolverse mediante instituciones, debate y elecciones.
9. Porque la libertad exige límites al poder. Separación de poderes, alternancia, libertad de expresión, propiedad, emprendimiento y pluralismo son defensas esenciales de una sociedad libre.
10. Porque la historia debe importar. No se trata de responsabilizar personalmente a cada comunista chileno por los crímenes cometidos por otros regímenes. Se trata de aprender de la experiencia histórica antes de volver a confiar ciegamente en recetas que ya demostraron sus peligros.

Chile no necesita prohibir al comunismo

Y aquí está la paradoja que algunos parecen no comprender. Prohibir al comunismo sería una mala respuesta. Si una democracia necesita censurar una ideología para derrotarla, demuestra debilidad. Una sociedad libre debe confiar suficientemente en sus propios principios como para permitir que las ideas compitan y sean sometidas al juicio ciudadano.

El Partido Comunista tiene derecho a existir políticamente mientras respete las reglas democráticas. Pero los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a cuestionarlo. La libertad que permite defender el comunismo también permite combatirlo intelectualmente. No hay contradicción alguna. De hecho, esa es precisamente la esencia del pluralismo.

La verdadera derrota de una ideología

La historia demuestra que las democracias no están garantizadas para siempre. Pueden deteriorarse cuando se normaliza la violencia, cuando se relativizan las instituciones, cuando se pretende capturar el Estado, cuando el adversario se convierte en enemigo o cuando un movimiento político cree tener una misión histórica que lo coloca por encima de las reglas. Por eso la defensa de la democracia no puede reducirse a votar cada cuatro años.

• Necesita memoria histórica.
• Necesita ciudadanos informados.
• Necesita instituciones fuertes.
• Y necesita convicciones.

Hay una regla sencilla que debería ser intransable: quien pierde una elección pierde el gobierno, pero no pierde sus derechos; quien gana una elección gana el gobierno, pero no obtiene el derecho a hacer cualquier cosa. Esa regla vale para la izquierda y también para la derecha.

El comunismo puede seguir caminando por el escenario político chileno, pero no debería hacerlo envuelto en una suerte de inmunidad histórica. Sus ideas deben ser examinadas, sus propuestas discutidas y sus antecedentes recordados. Y quienes deciden asociarse políticamente con él tampoco deberían sorprenderse cuando los ciudadanos les pregunten por qué.

• No se trata de odiar al comunista. Se trata de cuestionar al comunismo.
• No se trata de perseguir personas. Se trata de confrontar ideas.
• No se trata de censurar. Se trata de argumentar.
• No se trata de prohibir. Se trata de convencer.

Porque al final, la mayor derrota que puede sufrir una ideología en una democracia no ocurre cuando el Estado la proscribe. Ocurre cuando los ciudadanos dejan de creer en ella. Y quizá esa sea la gran paradoja de este viejo dinosaurio ideológico: después de sobrevivir al derrumbe del mundo que lo vio nacer, todavía continúa caminando por el Chile del siglo XXI.

La respuesta de una sociedad libre no debe ser sacar al dinosaurio de circulación por decreto. Debe ser mucho más contundente: ponerlo frente a la historia, frente a la evidencia, frente a sus aliados y, finalmente, frente a los ciudadanos, y dejar que las urnas decidan

Chile y el extraño caso del país donde el comunismo sigue siendo fuerte

Mientras en buena parte de América Latina el comunismo ha quedado reducido a una corriente marginal, Chile conserva un Partido Comunista con capacidad electoral, presencia institucional y vocación de poder. Pero precisamente por esa supervivencia, el anticomunismo también tiene en el país una fuerza excepcional.

Anticomunismo.

Hay una paradoja que define buena parte de la política chilena contemporánea: Chile es uno de los países latinoamericanos donde el comunismo posee mayor presencia política y, al mismo tiempo, uno de los lugares donde esa misma palabra provoca mayores niveles de rechazo. No es una contradicción. Es, precisamente, el resultado de la historia.

Mientras en otros países de América Latina el nefasto comunismo terminó convertido en una corriente testimonial, absorbida por la socialdemocracia o confinada a pequeños grupos ideológicos, en Chile el Partido Comunista consiguió sobrevivir durante décadas como una organización política relevante, disciplinada y electoralmente competitiva. Ha tenido parlamentarios, ministros, alcaldes, dirigentes sindicales y, finalmente, una candidata presidencial que llegó a la segunda vuelta.

Pero esa fortaleza tiene un reverso: cada vez que el comunismo chileno se aproxima al poder, también despierta una reacción anticomunista particularmente intensa. Y allí está una de las características más singulares de Chile frente al resto de América Latina.

El comunismo chileno no desapareció

La primera diferencia con buena parte de América Latina es histórica. El comunismo chileno no es un fenómeno reciente ni una importación política del siglo XXI. Tiene una trayectoria de más de un siglo y logró construir una estructura partidaria extraordinariamente resistente. Incluso después de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe de la Unión Soviética, el Partido Comunista de Chile no desapareció ni experimentó la transformación ideológica que sí vivieron numerosos partidos comunistas europeos. Siguió existiendo. Y no solamente existiendo: siguió disputando el poder dentro de la democracia.

Esa capacidad constituye una particularidad chilena. El comunismo dejó de ser solamente una doctrina revolucionaria para transformarse también en una maquinaria electoral, sindical, cultural y parlamentaria.

La llegada de militantes comunistas al gobierno de Gabriel Boric profundizó todavía más esa presencia. Y la elección presidencial de 2025 llevó esta característica hasta un punto inédito: Jeannette Jara, militante comunista y exministra de Boric, obtuvo el 26,85% en la primera vuelta y pasó al balotaje.

El resultado final fue contundente: José Antonio Kast obtuvo el 58,16% frente al 41,84% de Jara. Pero sería un error interpretar aquello simplemente como una victoria electoral de la derecha. Fue también una demostración de hasta dónde puede llegar la reacción contra la posibilidad de que el Partido Comunista conduzca el Estado chileno.

El caso chileno es distinto al de Argentina, Paraguay o El Salvador

Argentina, Paraguay y El Salvador poseen hoy importantes corrientes políticas de derecha y fuertes sectores sociales contrarios al socialismo. Argentina vive, probablemente, el fenómeno más radical de rechazo ideológico al socialismo, impulsado por el liberalismo libertario de Javier Milei. El Salvador posee una enorme reacción popular contra la izquierda tradicional, especialmente después del fracaso del FMLN y del ascenso de Nayib Bukele. Paraguay conserva, por razones históricas, una cultura política particularmente conservadora. Pero Chile presenta una particularidad adicional.

Aquí el comunismo no es simplemente un recuerdo del siglo XX. Está sentado en el Congreso, participa de gobiernos, administra municipios, influye en sindicatos y compite por la Presidencia de la República. Por eso el anticomunismo chileno tampoco es meramente histórico. Es contemporáneo. Es político. Y, sobre todo, es electoral.

La elección de 2025 constituye la mejor demostración. Jara no fue una candidata testimonial. Llegó a la segunda vuelta y consiguió más de cinco millones de votos. Pero tampoco logró convertirse en Presidenta. El país que había permitido que una militante comunista llegara a disputar La Moneda terminó entregándole el poder a un candidato de derecha por una diferencia superior a 16 puntos.

Chile abrió la puerta al comunismo electoral, pero también demostró que existe una enorme cantidad de chilenos dispuestos a cerrársela cuando perciben que esa alternativa puede llegar al poder.

La paradoja chilena: cuanto más fuerte es el comunismo, más fuerte puede ser su adversario

Hay una explicación histórica para esto. Chile experimentó el horroroso gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973, período en el que el Partido Comunista tuvo un papel central dentro de la coalición que llevó a Salvador Allende a la Presidencia. No se puede comprender la cultura política chilena sin comprender ese período.

Pero tampoco se puede comprender el Chile actual reduciendo toda la discusión política a 1973. Han pasado más de cinco décadas. La sociedad chilena cambió. Nacieron nuevas generaciones. Aparecieron nuevas preocupaciones. La economía se transformó. La democracia volvió. Sin embargo, el debate sobre el comunismo nunca desapareció completamente.

Y eso tiene una razón profunda: Chile tuvo la experiencia de intentar construir el socialismo desde las instituciones democráticas y posteriormente experimentó un régimen militar que surgió de esa crisis política. El resultado fue una memoria histórica extraordinariamente polarizada.

Para la izquierda, la experiencia de Allende representa un proyecto democrático interrumpido violentamente. Para la derecha, representa la advertencia histórica de lo que ocurre cuando un proyecto ideológico pretende transformar radicalmente las estructuras económicas, sociales e institucionales de una nación. Ambas memorias siguen coexistiendo, yesa disputa explica buena parte de la intensidad del anticomunismo chileno.

Popper y la advertencia contra las utopías políticas

El filósofo Karl Popper resulta especialmente útil para comprender este fenómeno.

Popper fue un crítico feroz del marxismo y del historicismo, pero su crítica no consistía simplemente en afirmar que Marx era un malvado. De hecho, Popper reconocía explícitamente la sinceridad de Marx y su preocupación por los sectores oprimidos. Su problema estaba en otra parte: en la pretensión de convertir una determinada interpretación de la historia en una verdad política capaz de justificar la transformación completa de la sociedad.

En La sociedad abierta y sus enemigos, Popper sostuvo que el marxismo científico había muerto como teoría y que lo que debía sobrevivir era su preocupación por la libertad y la responsabilidad humana. Esa distinción es fundamental.

El problema de fondo del anticomunismo democrático no debería ser odiar a quienes se consideran comunistas.

Debe ser rechazar la idea de que una doctrina posee una verdad histórica superior que autoriza a someter la libertad individual a un proyecto colectivo. Por eso la defensa de la democracia liberal no necesita convertirse en una caricatura del adversario.

Puede reconocer que detrás de muchas reivindicaciones socialistas existen preocupaciones legítimas por la pobreza, la desigualdad o la dignidad de las personas y, al mismo tiempo, rechazar las soluciones que destruyen la libertad económica, la propiedad privada, el pluralismo y los contrapesos institucionales.

Hayek: cuando el Estado pretende organizarlo todo

Friedrich Hayek planteó una crítica complementaria.

Para Hayek, el problema del socialismo no consistía únicamente en que el Estado administrara una parte demasiado grande de la economía. El problema era epistemológico y político: ninguna autoridad central puede disponer de todo el conocimiento disperso que utilizan millones de individuos para tomar decisiones económicas y sociales.

En Camino de servidumbre, Hayek advirtió sobre el peligro de sustituir el mecanismo descentralizado de la competencia por una dirección consciente de las fuerzas sociales. Su argumento no era que el Estado no tuviera ninguna función —de hecho, Hayek reconocía funciones importantes para el Estado—, sino que la planificación integral termina concentrando un poder extraordinario en la autoridad política. Ese punto conserva enorme actualidad.

Porque el debate moderno ya no consiste necesariamente en elegir entre capitalismo puro y comunismo clásico. La discusión real es mucho más sofisticada: 

• ¿Cuánto poder debe tener el Estado sobre nuestras vidas? 
• ¿Hasta dónde puede llegar la planificación? 
• ¿Cuánto puede regular? 
• ¿Cuánto puede confiscar 
• ¿Cuánto puede decidir?
• ¿Y qué espacio queda para el individuo, la familia, la empresa, la sociedad civil y la propiedad privada?

Desde una perspectiva liberal-conservadora, allí comienza el verdadero anticomunismo del siglo XXI.

Chile aprendió a desconfiar del Estado omnipotente

Esta discusión adquiere particular importancia en Chile porque el país ha conocido las consecuencias de dos proyectos políticos completamente diferentes.

Primero, experimentó una transformación socialista radical durante la Unidad Popular. Después, vivió un régimen militar autoritario que, entre otras cosas, aplicó una profunda transformación económica e institucional.

La democracia posterior heredó ambas experiencias y construyó un modelo que, con todos sus defectos y desigualdades, produjo durante décadas crecimiento, reducción de la pobreza y una expansión considerable de las oportunidades materiales. Ese modelo comenzó a ser cuestionado con fuerza durante la década de 2010.

La reforma tributaria de 2014, el estallido social de 2019, los procesos constitucionales y el gobierno de Boric volvieron a colocar en el centro del debate cuestiones que parecían parcialmente superadas: propiedad, mercado, Estado, seguridad, orden público y el papel del socialismo. Y nuevamente apareció el Partido Comunista, pero no como pieza de museo: como protagonista.

El anticomunismo chileno tampoco es patrimonio exclusivo de la derecha

Aquí existe otro error frecuente. La izquierda suele presentar el anticomunismo como una expresión exclusiva de la derecha política. Históricamente, eso es falso.

El anticomunismo latinoamericano ha tenido expresiones liberales, conservadoras, socialdemócratas, democratacristianas, cristianas y republicanas. Hay personas que rechazan el comunismo porque defienden la propiedad privada. Otras porque consideran que la libertad individual está por encima de cualquier proyecto colectivo. Otras porque rechazan el ateísmo de determinados movimientos revolucionarios. Otras porque recuerdan Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y otras simplemente porque consideran que ningún partido debería concentrar suficiente poder como para transformar completamente la sociedad.

Por eso anticomunismo no debería equivaler automáticamente a ultraderecha. Un liberal clásico puede ser anticomunista. Un demócrata cristiano puede ser anticomunista. Un conservador puede ser anticomunista. Un socialdemócrata puede ser anticomunista. Incluso un socialista democrático puede ser profundamente anticomunista.

El punto común es otro: la convicción de que ningún proyecto político está por encima de la libertad humana y de las instituciones democráticas.

El factor Cuba, Venezuela y Nicaragua

Hay además una razón contemporánea que explica por qué el comunismo despierta rechazo en Chile. Ya no es necesario discutir exclusivamente sobre Marx, Lenin o la Unión Soviética. América Latina tiene ejemplos actuales.

• Cuba.
• Venezuela.
• Nicaragua.

Durante décadas, el debate podía presentarse como una discusión abstracta entre capitalismo y socialismo. Hoy resulta mucho más difícil hacerlo.

El ciudadano latinoamericano puede observar directamente qué ocurre cuando el poder político destruye progresivamente los contrapesos institucionales, concentra el poder económico y político, restringe la oposición y limita las libertades. Eso ha cambiado la conversación.

El comunismo ya no necesita ser imaginado, tiene ejemplos contemporáneos. Y Chile, por su posición geográfica, su historia política y su elevado nivel de politización, observa esos ejemplos con especial atención.

La paradoja final

Chile, entonces, ocupa un lugar excepcional dentro de América Latina. No es el país donde el comunismo sea necesariamente más popular. Tampoco es el país donde la derecha sea permanentemente hegemónica. Es algo más complejo: es uno de los pocos países donde el comunismo consiguió conservar suficiente fuerza como para disputar realmente el poder y, precisamente por eso, consiguió generar también una reacción anticomunista de enorme magnitud. Esa es la paradoja.

Argentina tiene a Milei. El Salvador tiene a Bukele. Paraguay conserva una tradición conservadora profundamente arraigada. Colombia sólo ha tenido un gobierno de izquierda dura (Petro). Perú posee una memoria especialmente traumática del terrorismo de inspiración marxista. Pero Chile tiene algo diferente: una confrontación histórica directa entre comunismo y anticomunismo que continúa proyectándose sobre la política del presente. La elección de 2025 lo volvió a demostrar.

Una militante comunista en Chile llegó a la segunda vuelta presidencial y obtuvo más de cinco millones de votos. Pero, al mismo tiempo, más de siete millones de chilenos votaron por Kast en el balotaje. No todos esos votos fueron necesariamente votos ideológicos contra el comunismo. Hubo votos por seguridad, inmigración, economía, orden, cansancio con el gobierno anterior y muchas otras razones. Pero sería ingenuo negar que la posibilidad de un gobierno encabezado por una militante del Partido Comunista movilizó también un poderoso voto de rechazo. Y allí está la gran lección.

El anticomunismo chileno no existe porque el comunismo sea débil. Existe, en buena medida, porque el comunismo chileno nunca desapareció. Y mientras siga siendo una fuerza política capaz de llegar a La Moneda, continuará provocando una pregunta fundamental en la sociedad chilena: ¿hasta dónde debe llegar el Estado y dónde comienza la libertad del individuo? La respuesta de una derecha democrática, liberal y conservadora debería ser inequívoca.

Como escribió Popper, una sociedad abierta debe estar permanentemente preparada para resistir la tiranía. Y como advirtió Hayek, la libertad política difícilmente puede separarse indefinidamente de la libertad económica cuando el poder estatal pretende dirigir la totalidad de la vida social.

El anticomunismo del siglo XXI, por tanto, no debería ser una nostalgia de la Guerra Fría. Debe ser una defensa contemporánea de la libertad, de la propiedad, del pluralismo, de la democracia y de la dignidad de la persona frente a cualquier ideología que pretenda subordinar al individuo a una utopía colectiva.

Y quizás precisamente por eso Chile seguirá siendo uno de los grandes campos de batalla ideológica de América Latina: porque aquí el comunismo todavía tiene fuerza suficiente para disputar el poder, pero también existe una sociedad que, cada vez que percibe que ese proyecto puede cruzar las puertas de La Moneda, demuestra que su rechazo puede ser igualmente poderoso.

Comunismo: El dinosaurio ideológico que Chile se niega a extinguir

Una doctrina nacida en el siglo XIX, desacreditada por la experiencia de numerosos regímenes durante el siglo XX y desplazada en gran parte del mundo democrático, el comunismo todavía conserva en Chile una influencia política que resulta excepcional dentro de las democracias occidentales.

Anticomunismo.

Hay ideologías que evolucionan con el paso del tiempo, que reconocen sus errores y que son capaces de adaptarse a las nuevas realidades. El comunismo, en cambio, parece haberse convertido en una suerte de dinosaurio ideológico: una doctrina nacida en el siglo XIX que, pese al paso de las décadas y a las profundas transformaciones experimentadas por el mundo, continúa aferrada a buena parte de sus viejas categorías y consignas.

Su historia está marcada por una promesa tan atractiva como peligrosa: construir una sociedad completamente igualitaria mediante la eliminación de las clases sociales y de la propiedad privada. Sin embargo, cuando estas ideas fueron llevadas a la práctica en distintos países, los resultados estuvieron muy lejos de aquella sociedad ideal. La concentración del poder político y económico, la restricción de las libertades individuales, la persecución de opositores y la ausencia de pluralismo fueron características recurrentes de numerosos regímenes comunistas.

Por eso, la crítica al comunismo no puede reducirse a una discusión puramente académica. Es necesario evaluar la ideología por sus resultados concretos y por las consecuencias que tuvo allí donde consiguió controlar completamente el poder. Y bajo esa perspectiva, su balance histórico resulta profundamente negativo.

El fracaso de una utopía

La Unión Soviética y los regímenes comunistas de Europa Oriental desaparecieron con el fin de la Guerra Fría. El Muro de Berlín cayó y, poco después, la propia Unión Soviética dejó de existir. Aquel proceso representó mucho más que el derrumbe de una potencia mundial: significó también el fracaso de un modelo político y económico que durante décadas pretendió presentarse como el futuro inevitable de la humanidad.

La experiencia histórica demostró que las economías completamente planificadas tienen enormes dificultades para generar innovación, crecimiento sostenido y prosperidad. Cuando el Estado concentra las decisiones económicas y reduce drásticamente el espacio para la iniciativa privada, la competencia y la libertad de emprender, aparecen inevitablemente problemas de eficiencia y asignación de recursos.

Por supuesto, las economías de mercado tampoco son perfectas. Necesitan instituciones sólidas, competencia, regulación y políticas sociales que permitan enfrentar las desigualdades y proteger a quienes se encuentran en una situación vulnerable. Pero la solución a los problemas del capitalismo no parece estar en regresar a un modelo económico que la historia ya sometió a una prueba demasiado dura.

Un dinosaurio político en pleno siglo XXI

El mundo actual es radicalmente diferente al que existía cuando Marx escribió sus principales obras. La economía digital, la inteligencia artificial, la globalización, la revolución tecnológica y la transformación de las relaciones laborales han creado desafíos que difícilmente pueden ser explicados mediante las categorías políticas y económicas del siglo XIX.

Sin embargo, el comunismo continúa apelando a conceptos que parecen pertenecer a otra época. La lucha de clases sigue ocupando un lugar central en su discurso y la propiedad privada continúa siendo vista, en muchos casos, como una fuente estructural de desigualdad.

La paradoja es evidente. Mientras el mundo ha avanzado hacia sociedades más complejas, abiertas y tecnológicamente desarrolladas, el comunismo continúa ofreciendo una interpretación de la realidad basada en categorías concebidas hace más de 150 años.

Por eso es legítimo preguntarse si esta ideología tiene realmente algo nuevo que ofrecer o si simplemente representa la persistencia de una tradición política que se resiste a desaparecer.

La excepcionalidad del caso chileno

Es necesario hacer una precisión. Chile no es el único país democrático donde existe un Partido Comunista. En diversas democracias europeas existen partidos comunistas o fuerzas políticas provenientes de esa tradición. Por lo tanto, la simple existencia de comunistas participando en elecciones no convierte a Chile en una anomalía mundial. La verdadera particularidad chilena se encuentra en el nivel de influencia que esta corriente política ha logrado conservar.

En nuestro país, el Partido Comunista no constituye una fuerza meramente testimonial. Ha mantenido representación parlamentaria, ha formado parte de coaliciones de gobierno, ha ocupado ministerios y ha tenido una participación relevante en la conducción política nacional. Su presencia institucional ha sido considerablemente mayor que la que conservan muchos partidos comunistas tradicionales en otras democracias occidentales.

Esta situación convierte al caso chileno en un fenómeno político particularmente llamativo. Mientras en buena parte de Europa los antiguos partidos comunistas debieron transformarse, moderarse o perdieron considerablemente su influencia después del colapso de la Unión Soviética, en Chile el comunismo tradicional continúa siendo un actor político relevante.

En ese sentido, Chile constituye una verdadera excepcionalidad dentro del mundo democrático occidental. No porque permita legalmente la existencia de un partido comunista, sino porque una fuerza política de esa tradición mantiene una capacidad de influencia institucional que resulta poco frecuente en otras democracias consolidadas.

La democracia permite al comunismo existir

Una democracia liberal no debería temerle a las ideas. Precisamente una de sus principales virtudes es permitir que distintas corrientes políticas puedan competir por el poder mediante elecciones libres, siempre que respeten las reglas institucionales y los derechos fundamentales. Eso incluye al comunismo.

Pero permitir que una ideología participe en democracia no significa que la sociedad esté obligada a aceptar sus postulados ni mucho menos a olvidar su historia. La libertad de expresión protege al comunista que defiende sus ideas, pero también protege a quienes cuestionan esas ideas y recuerdan los resultados que tuvieron cuando fueron aplicadas desde el poder.

Una democracia madura no necesita prohibir aquello que considera equivocado. Necesita debatirlo, confrontarlo y, eventualmente, derrotarlo en el terreno de las ideas y de las urnas.

Chile debe mirar hacia adelante

El verdadero desafío para quienes defienden la democracia liberal y la economía social de mercado no consiste en perseguir al comunismo. Consiste en demostrar que existen alternativas mejores para construir una sociedad más próspera, libre y justa.

Una sociedad puede buscar mayor igualdad sin eliminar la propiedad privada. Puede proteger a los trabajadores sin destruir la iniciativa empresarial. Puede desarrollar políticas sociales sin convertir al Estado en dueño de la economía. Y puede combatir la pobreza mediante crecimiento, inversión, educación y oportunidades, en lugar de recurrir a fórmulas que históricamente terminaron restringiendo las libertades.

Chile tiene todo el derecho de mantener un Partido Comunista dentro de su sistema democrático. Esa posibilidad forma parte precisamente de las libertades que una democracia debe proteger. Pero también tiene el derecho de preguntarse por qué una ideología con un historial tan controvertido conserva todavía una influencia política tan importante.

El comunismo puede seguir existiendo porque la democracia lo permite. Lo que no debería ocurrir es que, por temor a la corrección política o por una idealización ingenua de sus promesas, se deje de discutir críticamente su historia, sus ideas y sus consecuencias.

El dinosaurio ideológico todavía camina entre nosotros. No corresponde extinguirlo por la fuerza, porque eso sería negar los principios de la sociedad libre. Corresponde, en cambio, enfrentarlo con argumentos, con memoria histórica y con la convicción de que el futuro no se construye resucitando las utopías fallidas del pasado.

Chile debería mirar hacia adelante. Y, en ese camino, tiene la oportunidad de demostrar que la libertad, la democracia, la iniciativa individual y la economía social de mercado pueden ofrecer un horizonte mucho más prometedor que una ideología que, después de más de un siglo, todavía sigue intentando convencer al mundo de que sus fracasos fueron simplemente un malentendido de la historia.

¿"Error político"?: La siniestra moral utilitaria del comunismo chileno

 Cuando la violencia importa… solo si afecta la estrategia

Lautaro Carmona.

En política, las palabras importan, pero también —y sobre todo— las motivaciones que las sostienen. Las recientes declaraciones de Lautaro Carmona (presidente del Partido Comunista) tras la agresión sufrida por la ministra Ximena Lincolao no solo revelan una postura, sino una lógica profunda: la del cálculo frío y perverso, donde la condena a la violencia no nace de principios, sino de conveniencia y de la fría estrategia ideológica. Y ahí radica el verdadero problema.

Carmona calificó el ataque como un “error político”. No como un acto cobarde. No como una agresión inaceptable. No como una amenaza a la convivencia democrática. Para él fue solo un “error político”.

La diferencia no es menor. Porque al reducir la violencia a un problema táctico —a algo que “cambió el eje de la agenda”— lo que se está diciendo, en el fondo, es que el problema no es la agresión en sí, sino su efecto comunicacional.

Esta es la perversa lógica del fin que justifica los medios, pero con una salvedad: los medios solo se condenan cuando perjudican la causa. Si hubiesen servido para presionar, tensionar o avanzar en el relato, probablemente el juicio habría sido distinto o, al menos, mucho más tibio por parte de este personaje.

No es casualidad el cruento análisis de Carmona. El discurso de Partido Comunista de Chile ha convivido históricamente con una ambigüedad peligrosa frente a la violencia política.

Se la condena cuando incomoda, pero se la relativiza cuando se alinea con sus objetivos. Se le pone matices, contexto, explicaciones sociológicas. Nunca una condena clara, sin apellidos, sin excusas.

Lo de Lautaro Carmona encaja perfectamente en ese patrón: el problema no es el ataque, es el momento del ataque. No es la víctima, es la oportunidad perdida. No es la ética, es la estrategia.

La instrumentalización del debate público

El propio dirigente comunista lo dice sin pudor: la agresión “cambió el eje” y "dejó de hablarse de los errores del actual Gobierno". Esa frase es reveladora.

Porque deja en evidencia que, para el comunismo chileno, el debate público no es un espacio de principios, sino un tablero de ajedrez. Y en ese tablero, incluso hechos graves como una agresión física son evaluados según su utilidad narrativa.

La víctima desaparece. La gravedad del acto se diluye. Todo queda subordinado al relato.

Más preocupante aún es el mensaje implícito: si la violencia no hubiese tenido ese efecto contraproducente, ¿habría sido igualmente condenada con la misma claridad?

Cuando la defensa de la democracia depende de si conviene o no conviene, deja de ser defensa. Se transforma en oportunismo. Y ese oportunismo erosiona las bases mismas de la convivencia democrática, porque instala la idea de que hay violencias más tolerables que otras.

El verdadero “error político”

Carmona habla de error. Pero no el que realmente importa.

El verdadero error político no es que la agresión haya cambiado la agenda. El verdadero error político es que en Chile siga teniendo influencia como lo es el Partido Comunista, una colectividad que relativiza la violencia según su conveniencia... una agrupación ideológica que, en vez de defender principios universales, los administra según sus propios cálculos.

Porque, al final del día, lo ocurrido no deja dudas: aquí no hubo una condena por convicción ni por empatía hacia Ximena Lincolao. Hubo una reacción táctica, una evaluación de daños, un ajuste discursivo.

Y por lo mismo, conviene decirlo sin rodeos: el único error político de fondo es que en Chile exista y tenga poder el nefasto Partido Comunista de Chile.

La democracia bajo amenaza antes de empezar

Cuando una mayoría pide respeto institucional y la ultraizquierda responde con advertencias de calle, no estamos ante protesta social: estamos frente a un intento de condicionamiento político.

Delincuentes.

Chile acaba de elegir democráticamente a su próximo Presidente. José Antonio Kast aún no asume su cargo, no ha firmado un solo decreto, no ha enviado una ley al Congreso y, sin embargo, ya enfrenta amenazas explícitas de “movilización” por parte de sectores de la ultraizquierda. No se trata de reaccionar a hechos concretos, sino de impugnar de antemano la voluntad popular. Esa diferencia no es menor: marca la frontera entre democracia y pulsión autoritaria por medio de la fuerza bruta.

La encuesta Black & White es contundente. Un 72% de los chilenos rechaza estas alertas de movilización previa porque entiende algo básico: protestar contra quien gobierna sin que haya gobernado es una falta de espíritu democrático. La ciudadanía lo percibe con rabia, impotencia y desconfianza. No es miedo irracional; es hastío frente a un guion que ya conocemos demasiado bien, pues el estallido terrorista del 2019 dejó recuerdos imborrables en la memoria colectiva de nuestros compatriotas.

Movilizar antes de gobernar: la lógica del veto

Cuando los ultrones del Partido Comunista hablan de “hitos de movilización amplia” antes incluso del 11 de marzo, no están ejerciendo un derecho ciudadano clásico. Están anunciando una estrategia de presión permanente y por la vía del vandalismo, un veto callejero anticipado al resultado electoral. El mensaje que quieren imprimir es claro: si no gobiernan ellos, el país se vuelve ingobernable.

Ese libreto no es nuevo. Fue tolerado, cuando no justificado, durante el estallido delictual, y normalizado durante el actual gobierno. La diferencia es que hoy la ciudadanía parece haber aprendido la lección. Reaccionar no a políticas, sino a una persona electa, es negar el principio básico de alternancia democrática en el poder.

La calle como amenaza, no como expresión

La primera manifestación tras la elección, convocada por los antisociales del Movimiento Ukamau, se presenta como una demanda específica. Pero el contexto importa. Cuando se instala un clima de agitación antes del inicio del mandato, cada protesta deja de ser un acto aislado y pasa a formar parte de una estrategia de desgaste político.

No es casual que las sensaciones predominantes en la encuesta sean rabia e impotencia. Los chilenos han visto cómo la violencia y el desorden terminan siempre golpeando a los mismos: a los barrios populares, a los trabajadores, a los que no pueden pagar seguridad privada ni mudarse de comuna. La “movilización permanente” no es épica; es irresponsable.

Una mayoría silenciosa que exige orden y respeto

Mientras la ultraizquierda cavernaria amenaza con la calle, los datos muestran otra realidad. La principal preocupación del país sigue siendo la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Y la evaluación del gobierno saliente de Gabriel Boric en esta materia cae semana a semana. Hay una mayoría que quiere orden, reglas claras y que se respete el mandato popular.

Esa mayoría entiende que la democracia no consiste en gritar más fuerte, ni en tirar piedras, ni en quemar iglesias, ni tampoco en paralizar ciudades, sino en aceptar los resultados electorales, fiscalizar con argumentos y oponerse dentro de la ley. Todo lo demás es un atajo peligroso.

Chile no necesita advertencias de vandalismo ni ensayos de ingobernabilidad. Necesita que quienes perdieron la elección asuman que, en democracia, a veces toca ser oposición. Y que la calle no puede seguir siendo utilizada como arma política para torcer lo que las urnas ya decidieron, y por amplia mayoría.