Cuando una mayoría pide respeto institucional y la ultraizquierda responde con advertencias de calle, no estamos ante protesta social: estamos frente a un intento de condicionamiento político.
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| Delincuentes. |
La encuesta Black & White es contundente. Un 72% de los chilenos rechaza estas alertas de movilización previa porque entiende algo básico: protestar contra quien gobierna sin que haya gobernado es una falta de espíritu democrático. La ciudadanía lo percibe con rabia, impotencia y desconfianza. No es miedo irracional; es hastío frente a un guion que ya conocemos demasiado bien, pues el estallido terrorista del 2019 dejó recuerdos imborrables en la memoria colectiva de nuestros compatriotas.
Movilizar antes de gobernar: la lógica del veto
Cuando los ultrones del Partido Comunista hablan de “hitos de movilización amplia” antes incluso del 11 de marzo, no están ejerciendo un derecho ciudadano clásico. Están anunciando una estrategia de presión permanente y por la vía del vandalismo, un veto callejero anticipado al resultado electoral. El mensaje que quieren imprimir es claro: si no gobiernan ellos, el país se vuelve ingobernable.
Ese libreto no es nuevo. Fue tolerado, cuando no justificado, durante el estallido delictual, y normalizado durante el actual gobierno. La diferencia es que hoy la ciudadanía parece haber aprendido la lección. Reaccionar no a políticas, sino a una persona electa, es negar el principio básico de alternancia democrática en el poder.
La calle como amenaza, no como expresión
La primera manifestación tras la elección, convocada por los antisociales del Movimiento Ukamau, se presenta como una demanda específica. Pero el contexto importa. Cuando se instala un clima de agitación antes del inicio del mandato, cada protesta deja de ser un acto aislado y pasa a formar parte de una estrategia de desgaste político.
No es casual que las sensaciones predominantes en la encuesta sean rabia e impotencia. Los chilenos han visto cómo la violencia y el desorden terminan siempre golpeando a los mismos: a los barrios populares, a los trabajadores, a los que no pueden pagar seguridad privada ni mudarse de comuna. La “movilización permanente” no es épica; es irresponsable.
Una mayoría silenciosa que exige orden y respeto
Mientras la ultraizquierda cavernaria amenaza con la calle, los datos muestran otra realidad. La principal preocupación del país sigue siendo la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Y la evaluación del gobierno saliente de Gabriel Boric en esta materia cae semana a semana. Hay una mayoría que quiere orden, reglas claras y que se respete el mandato popular.
Esa mayoría entiende que la democracia no consiste en gritar más fuerte, ni en tirar piedras, ni en quemar iglesias, ni tampoco en paralizar ciudades, sino en aceptar los resultados electorales, fiscalizar con argumentos y oponerse dentro de la ley. Todo lo demás es un atajo peligroso.
Chile no necesita advertencias de vandalismo ni ensayos de ingobernabilidad. Necesita que quienes perdieron la elección asuman que, en democracia, a veces toca ser oposición. Y que la calle no puede seguir siendo utilizada como arma política para torcer lo que las urnas ya decidieron, y por amplia mayoría.

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