El impresentable negacionismo de la ultraizquierda chilena

Hay una parte de la izquierda chilena que exige a la derecha una autocrítica permanente sobre 1973, pero se niega a realizar el mismo ejercicio con su propio pasado. Niega o relativiza la violencia revolucionaria, convierte al MIR y a otras organizaciones armadas en románticos símbolos de resistencia, culpa exclusivamente a terceros por el desastre de la Unidad Popular y presenta a Salvador Allende como una víctima absolutamente ajena a la fractura institucional que terminó destruyendo la democracia chilena. Ese relato no es memoria histórica. Es negacionismo selectivo.

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Hay algo profundamente contradictorio en la manera en que la ultraizquierda chilena enfrenta la historia reciente. Exige que la derecha reconozca cada abuso, cada error y cada crimen cometido durante el régimen militar, pero cuando llega el momento de mirar hacia su propio lado aparecen las excusas, los matices, los contextos y las responsabilidades de terceros.

Para la derecha, el contexto parece no existir. Para la izquierda radical, en cambio, el contexto parece explicarlo todo. Si un agente del Estado comete un crimen, la responsabilidad es del sistema. Si un militante revolucionario coloca una bomba, asesina, secuestra o participa en una acción armada, inmediatamente aparecen las explicaciones históricas, la dictadura, la represión, la Guerra Fría o las circunstancias sociales. Ese doble estándar ya no resiste un debate serio.

Chile necesita una memoria completa. Y una memoria completa significa también hablar de aquello que durante décadas determinados sectores de la izquierda han preferido esconder, relativizar o directamente negar.

El romanticismo alrededor de la violencia revolucionaria

Uno de los ejemplos más evidentes es la manera en que gran parte de la izquierda chilena continúa hablando del MIR.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria no fue simplemente una organización juvenil idealista que soñaba con una sociedad más justa. Fue una organización terrorista revolucionaria que defendió la lucha armada como instrumento político. La propia Memoria Chilena lo identifica como el principal referente de la izquierda radical, extraparlamentaria y revolucionaria chilena. Entonces, ¿por qué cuesta tanto decirlo con todas sus letras?

¿Por qué todavía existen sectores que transforman a militantes de organizaciones armadas en héroes románticos mientras condenan sin descanso cualquier expresión de violencia proveniente de la derecha? La misma pregunta debe hacerse respecto de otros grupos abiertamente terroristas como FPMR y MAPU-Lautaro. La violencia política no se vuelve legítima porque quien la ejerce diga luchar por una sociedad socialista.

• Un asesinato sigue siendo un asesinato.
• Un secuestro sigue siendo un secuestro.
• Un atentado sigue siendo un atentado.
• Una bomba no se transforma en un instrumento democrático porque haya sido colocada en nombre de una revolución.

Y aquí la izquierda chilena tiene una deuda gigantesca con la verdad histórica. Debe abandonar la ambigüedad y reconocer que las organizaciones armadas que pretendieron conquistar objetivos políticos mediante la violencia no representan un modelo democrático que deba ser reivindicado.

El GAP tampoco puede quedar fuera de la discusión

El caso del GAP ( Grupo de Amigos Personales) también forma parte de esta historia incómoda. La izquierda suele construir alrededor de la Unidad Popular una imagen de absoluta indefensión frente a fuerzas externas, como si el gobierno hubiese sido una víctima completamente pasiva de los acontecimientos.

Pero el Chile de aquellos años estaba profundamente militarizado políticamente. Existían grupos armados, entrenamiento, estructuras de seguridad y sectores que concebían la política como una lucha de poder que podía terminar resolviéndose por las armas.

El problema no consiste en negar que existieran amenazas contra el gobierno de Salvador Allende. El problema consiste en ocultar que también existía una izquierda terrorista y revolucionaria que no confiaba precisamente en los mecanismos tradicionales de la democracia liberal.

La historia no puede ser contada como si solamente hubiera existido una democracia pacífica atacada desde afuera. La realidad fue muchísimo más brutal.

El gran argumento de la izquierda: "todo fue culpa de otros"

Existe una explicación particularmente cómoda para la tragedia de la Unidad Popular: Estados Unidos, los empresarios, los camioneros, la derecha, los medios de comunicación, el sabotaje, los mercados, la Guerra Fría y cualquier otro factor imaginable.

Algunos de esos elementos fueron reales. La intervención estadounidense existió, pero el pronunciamiento militar lo hicieron los militares chilenos con armamento y logística del Ejército de Chile. Hubo oposición empresarial, paralizaciones y acciones destinadas a desestabilizar al gobierno. La propia historiografía institucional chilena reconoce el peso de esos factores.

Pero convertirlos en explicación absoluta es otra cosa. La fijación de los precios fue del propio gobierno de Allende, lo mismo que las horrorosas políticas económicas que se tomaron en aquel entonces. 

La pregunta incómoda es mucho más sencilla: ¿y qué responsabilidad tuvo el gobierno de Salvador Allende? Porque la economía chilena no colapsó por generación espontánea. La expansión del gasto produjo un creciente déficit fiscal que fue financiado mediante emisión monetaria y contribuyó al proceso inflacionario. Al mismo tiempo existieron severos problemas de abastecimiento y una creciente confrontación política y social. Un gobierno no puede gobernar un país atribuyendo permanentemente sus fracasos a sus adversarios. Un gobierno tiene que responder por sus decisiones.

El descalabro de la Unidad Popular no fue una conspiración imaginaria

Durante los últimos años de la Unidad Popular, Chile experimentó inflación, desabastecimiento, mercado negro, enfrentamientos políticos y una sensación creciente de desgobierno. La propia Memoria Chilena registra el desabastecimiento de artículos de primera necesidad y la sensación colectiva de desgobierno existente antes del golpe. Y aquí aparece otra forma de negacionismo.

Hay sectores izquierdistas que hasta el día de hoy hablan de la Unidad Popular como si su único problema hubiera sido que la CIA, la derecha y los militares decidieron destruir un proyecto exitoso. Eso es históricamente insostenible.

La Unidad Popular enfrentó enormes obstáculos externos, como también le toca a todos los gobiernos en Chile, pero también cometió brutales errores propios. La política económica fue profundamente problemática. El conflicto entre las distintas corrientes de la propia izquierda fue evidente. Y el gobierno fue incapaz de resolver una crisis política que terminó comprometiendo las bases mismas de la convivencia nacional.

Reconocerlo no significa justificar la violencia política, ya que eso se debe repudiar venga del lado que venga. Significa reconocer que Salvador Allende también tuvo responsabilidades.

¿Era Allende realmente un demócrata sin límites?

Este es probablemente uno de los puntos que más irritan a la izquierda contemporánea. Allende llegó al poder democráticamente. Eso es cierto. Pero haber llegado democráticamente al gobierno no significa que todas las decisiones posteriores hayan sido automáticamente democráticas. No por nada, las similitudes entre Salvador Allende y Nicolás Maduro son más que evidentes.

El proyecto allendista pretendía transformar radicalmente la estructura económica y social chilena. La propia Memoria Chilena describe el programa de la Unidad Popular como un proyecto destinado a construir un Estado popular y una economía planificada de fuerte orientación estatal. Y cuando el Ejecutivo entra en conflicto permanente con el Congreso, el Poder Judicial y las normas institucionales, la democracia comienza a deteriorarse.

En agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que denunció un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. El documento exigía encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar las bases esenciales de la convivencia democrática. Eso no fue escrito cincuenta años después por historiadores de derecha. Fue dicho por el Congreso chileno en 1973.

Y existe otro dato todavía más incómodo: la crisis institucional tampoco era una invención de la oposición. La propia historiografía de la Biblioteca del Congreso Nacional registra que la violencia política se había vuelto cada vez más frecuente durante los tres años de la Unidad Popular, incluyendo enfrentamientos, tomas de fundos e industrias por la vía armada, y otras acciones violentas vinculadas a sectores revolucionarios.

Por eso resulta absurdo afirmar que la democracia chilena estaba perfectamente sana hasta las primeras horas del 11 de septiembre. La democracia ya estaba gravemente fracturada. El golpe no creó desde cero esa fractura. La profundizó, la transformó y abrió posteriormente una etapa de 17 años de régimen autoritario y graves violaciones a los derechos humanos. Pero la crisis institucional venía desde mucho antes. 

La democracia chilena no se fracturó el 11 de septiembre de 1973. Esa es otra mentira más de la izquierda negacionista chilena.

El negacionismo consiste también en borrar las responsabilidades previas

Aquí está el punto que la ultraizquierda no quiere discutir. Decir que la democracia chilena estaba fracturada antes del 11 de septiembre de 1973 no significa decir que el golpe fue democrático. No lo fue.

• Decir que el gobierno de Allende cometió graves errores no significa justificar la represión posterior. No la justifica.
• Decir que existieron organizaciones revolucionarias que utilizaron la violencia no significa desconocer los crímenes cometidos posteriormente por agentes del Estado. Tampoco los justifica.

Pero estas verdades pueden coexistir. El problema es que una parte de la izquierda necesita que solamente una de ellas exista.

Porque si se acepta que hubo responsabilidad de la Unidad Popular, que existió violencia revolucionaria, que el sistema político estaba profundamente quebrado y que la economía atravesaba una crisis extraordinaria, entonces se derrumba el relato según el cual Chile vivía una democracia ejemplar que fue súbitamente destruida por una conspiración militar.

La historia real es mucho más incómoda. La izquierda no puede exigir una autocrítica que ella misma rechaza Aquí está la cuestión de fondo.

La derecha chilena ha sido sometida durante décadas a una exigencia legítima de autocrítica. Debe reconocer los abusos cometidos durante el régimen militar. Debe reconocer que hubo torturas, ejecuciones, desapariciones y atropellos a los derechos humanos. Correcto.

Pero exactamente la misma lógica debe aplicarse al otro lado. La izquierda debe reconocer sus propios errores... y sus propios horrores.

• Debe reconocer el carácter revolucionario y armado del MIR.
• Debe condenar inequívocamente la violencia política y el terrorismo del FPMR y MAPU-Lautaro.
• Debe abandonar el romanticismo respecto de los violentistas utilizaron las armas para alcanzar objetivos políticos.
• Debe reconocer el descalabro económico y social provocado por la Unidad Popular.
• Debe reconocer que el gobierno de Allende tuvo responsabilidades concretas en la crisis institucional.
• Debe admitir que la democracia chilena no amaneció intacta el 11 de septiembre de 1973.
• Debe dejar de utilizar la intervención estadounidense como una explicación capaz de absolver automáticamente al gobierno de sus propias decisiones.

Eso no significa negar la intervención extranjera, que ocurrió en decenas de países durante la Guerra Fría. Significa terminar con la infantilización histórica de la izquierda.

No se puede construir democracia glorificando la vía armada

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Existe además una contradicción política que debería preocupar especialmente a la izquierda democrática. ¿Cómo se puede defender hoy la democracia mientras se reivindica, relativiza o romantiza a organizaciones que pretendieron alcanzar objetivos políticos mediante la lucha armada?

La democracia implica aceptar que el adversario puede ganar. La vía armada implica exactamente lo contrario. Por eso la izquierda chilena debería cortar definitivamente el vínculo sentimental con su pasado revolucionario. 

No basta con decir que aquellos eran otros tiempos. También la extrema derecha tuvo "otros tiempos". También existió Guerra Fría. También hubo polarización. También existieron amenazas y conflictos internacionales. El contexto explica. No absuelve. Esa regla debe valer para todos.

La historia no es propiedad de la izquierda

Durante demasiado tiempo, la izquierda chilena ha pretendido ocupar una posición moral desde la cual juzga a toda la sociedad, mientras considera sus propios errores como episodios secundarios explicables por las circunstancias. Eso tiene que terminar.

La historia de Chile no pertenece al Partido Comunista. No pertenece al Frente Amplio. No pertenece a la derecha. No pertenece a quienes estuvieron en La Moneda ni a quienes estuvieron en los cuarteles. Pertenece a todos los chilenos. Y precisamente por eso nadie puede exigir que se recuerden solamente los muertos de un lado.

• Si Chile va a hablar de memoria, tiene que hablar de toda la memoria.
• Si va a hablar de víctimas, tiene que reconocer a todas las víctimas.
• Si va a hablar de terrorismo, tiene que aplicar el mismo criterio sin importar el color político.
• Si va a hablar de democracia, tiene que reconocer también cómo se fue destruyendo desde mucho antes de 1973.
• Si va a exigir mea culpa, tiene que aceptar que la izquierda también tiene una larga lista de responsabilidades que reconocer.

Basta de historia con una sola dirección

La ultraizquierda chilena no puede continuar exigiendo que la derecha se arrodille permanentemente ante su propia historia mientras ella conserva intactos sus símbolos revolucionarios.

• No puede presentar al MIR como una simple organización romántica de jóvenes idealistas.
• No puede convertir al FPMR en una especie de movimiento de resistencia desprovisto de sus acciones violentas.
• No puede borrar a MAPU-Lautaro de la historia de la violencia política.
• No puede pretender que el GAP y la estructura de seguridad de la Unidad Popular sean irrelevantes para comprender el clima político de aquellos años.
• No puede presentar la crisis económica de la Unidad Popular como una gigantesca conspiración en la que Allende y su gobierno fueron simples espectadores.
• Tampoco puede seguir presentando a Salvador Allende como un demócrata impecable al que la historia habría privado injustamente de la oportunidad de demostrarlo.

La democracia chilena no murió automáticamente el 11 de septiembre. Para entonces llevaba años enferma. La violencia política, la polarización, el enfrentamiento institucional y la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos habían creado un escenario explosivo. La Cámara de Diputados llegó a denunciar formalmente un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal.

Eso no convierte el golpe de Estado en legítimo. Pero tampoco permite borrar lo que ocurrió antes. Y esa es precisamente la verdad que la ultraizquierda sigue resistiéndose a mirar.

Chile no necesita una memoria diseñada para proteger a Allende, al MIR o a ningún otro símbolo revolucionario. Necesita una memoria capaz de juzgar a todos con la misma vara.

La derecha tiene cuentas pendientes con la historia. Pero la izquierda también. Y mientras una parte de la izquierda siga negando, relativizando o justificando sus propias responsabilidades, mientras siga culpando exclusivamente a terceros por la debacle espantosa que fue la Unidad Popular y mientras continúe romantizando la violencia terrorista revolucionaria, seguirá demostrando que su problema no es la falta de memoria.

Su problema es que quiere una memoria selectiva. Y una democracia adulta no puede construirse sobre una historia contada a medias.

La izquierda también le debe un mea culpa a Chile

Durante décadas, buena parte de la izquierda chilena ha construido un relato histórico en el que la responsabilidad por la tragedia nacional parece comenzar y terminar el 11 de septiembre de 1973. Exige a la derecha condenas permanentes sobre el régimen militar, pero rara vez realiza una revisión equivalente sobre la Unidad Popular, la violencia revolucionaria y las organizaciones armadas que actuaron en Chile. Una democracia madura exige algo bastante más difícil: reconocer los errores propios con la misma severidad con que se juzgan los del adversario.

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Chile lleva más de medio siglo discutiendo sobre los acontecimientos que marcaron su historia entre 1970 y 1990. Sin embargo, el debate público continúa atrapado en una curiosa asimetría. A la derecha se le exige una condena prácticamente ritual de Augusto Pinochet, mientras una parte importante de la izquierda sigue tratando el gobierno de Salvador Allende como una experiencia esencialmente virtuosa, interrumpida exclusivamente por fuerzas externas y por un golpe militar presentado como el origen de todos los males posteriores. Esa mirada es insuficiente.

El problema es que la discusión histórica chilena no puede seguir funcionando como una condena unilateral de un solo sector. Durante décadas, la extrema izquierda ha intentado instalar un relato en el que toda la responsabilidad por la tragedia nacional recae sobre las Fuerzas Armadas y la derecha, mientras sus propias responsabilidades políticas e ideológicas quedan convenientemente relegadas. Se omite que en Chile existieron organizaciones terroristas que promovieron abiertamente la lucha armada, que recurrieron a asesinatos, atentados, secuestros y otras formas de violencia política, y que sectores de la izquierda nunca han realizado una condena histórica suficientemente clara de esa estrategia. Tampoco se puede borrar la responsabilidad de quienes llevaron al país por una vía de creciente radicalización, extremismo, enfrentamiento social y quiebre institucional. Condenar los abusos cometidos durante el régimen militar es necesario, pero esa condena no puede convertirse en una herramienta para blanquear los errores, las responsabilidades y la violencia de la extrema izquierda chilena.

Existen principios deben ser universales y defendidos por todos, pero también resulta legítimo preguntarse por qué una parte de la izquierda chilena ha mostrado tantas dificultades para realizar una revisión igualmente severa de su propia historia. La memoria democrática no puede funcionar como un tribunal donde solamente se juzga al adversario.

El mea culpa que todavía está pendiente

La pregunta resulta incómoda, pero es necesaria: ¿cuándo veremos un verdadero mea culpa de la izquierda chilena por sus responsabilidades políticas en la tragedia de los años setenta?

No basta con reconocer genéricamente que "hubo errores". Tampoco basta con mencionar de pasada la polarización. Una revisión histórica seria debería reconocer que el gobierno de Salvador Allende terminó enfrentando una crisis económica, social e institucional de enormes proporciones, en un contexto en que la Unidad Popular carecía de una mayoría política suficiente para imponer su programa.

Allende obtuvo el 36,6% de los votos en 1970. Su posterior ratificación en el Congreso se produjo mediante un acuerdo político que exigía respetar determinadas garantías constitucionales. Sin embargo, el gobierno impulsó una transformación radical de la estructura económica chilena mediante nacionalizaciones, expropiaciones, expansión del área estatal y una creciente intervención económica.

La oposición tuvo responsabilidades, es cierto. Existieron paros, conflictos sociales y acciones destinadas a desestabilizar a la Unidad Popular. Todo eso forma parte de la historia. Pero nada de aquello elimina la responsabilidad del propio gobierno en la conducción del país. El mayor culpable del descalabro que fue el gobierno de Allende fue el propio Allende.

La inflación se disparó, el desabastecimiento se hizo cotidiano, aparecieron extensas colas para conseguir productos básicos, creció el mercado negro y la incertidumbre golpeó fuertemente la producción y la inversión. La expansión del gasto, los controles de precios, las expropiaciones y las distorsiones económicas contribuyeron a profundizar una crisis que terminó afectando precisamente a muchos de los sectores populares que la Unidad Popular decía representar.

¿Puede una izquierda que pretende gobernar Chile en el siglo XXI reconocer abiertamente que aquel proyecto tuvo graves errores económicos? Debería.

La institucionalidad tampoco puede desaparecer del relato

Existe otro aspecto particularmente incómodo para el relato romántico sobre la Unidad Popular. La crisis no fue solamente económica. También fue institucional.

La relación entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial se deterioró hasta alcanzar niveles extraordinarios. La Corte Suprema expresó públicamente sus reparos frente al incumplimiento de resoluciones judiciales y en agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en el que denunció graves infracciones al orden constitucional y legal.

Se puede discutir el significado político de aquel documento. Lo que resulta mucho más difícil de negar es que la democracia chilena se encontraba profundamente deteriorada antes del 11 de septiembre.

La convivencia política había llegado a un punto en que el adversario comenzaba a ser tratado como enemigo. La violencia política se había instalado en la vida nacional y las posiciones más radicalizadas ganaban terreno. Una democracia no puede sobrevivir indefinidamente cuando sus principales actores dejan de reconocer legitimidad a quienes piensan diferente.

La violencia revolucionaria tampoco puede ser blanqueada

Aquí aparece una de las mayores deudas históricas de determinados sectores de la izquierda chilena. Durante décadas, organizaciones terroristas como el MIR, el GAP, el FPMR y posteriormente el MAPU-Lautaro han sido presentadas por sectores de izquierda fundamentalmente como expresiones de resistencia, lucha revolucionaria o enfrentamiento contra la dictadura. Pero esa descripción omite una parte fundamental de la historia.

Fueron organizaciones terroristas armadas que recurrieron a atentados, asesinatos, secuestros, asaltos y otras formas de violencia política. El FPMR, por ejemplo, desarrolló una intensa actividad armada durante los años ochenta, incluyendo el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. El MAPU-Lautaro mantuvo posteriormente una estrategia de lucha armada que incluyó acciones violentas y delitos graves.

No se trata de negar el contexto político en que surgieron ni de ignorar la represión que existió durante el régimen militar. Se trata de algo mucho más básico: explicar la violencia no significa justificarla... y quienes empezaron con la violencia política en Chile fueron el MIR y el GAP, bastante antes del 11 de septiembre de 1973.

La misma vara que se utiliza para condenar los crímenes de agentes del Estado o cualquier forma de violencia política debe utilizarse para juzgar la violencia revolucionaria. Si un grupo asesina, secuestra, coloca bombas o utiliza armas para imponer objetivos políticos, la etiqueta ideológica no puede transformarlo mágicamente en un movimiento democrático. Y aquí la izquierda chilena tiene una tarea pendiente. Necesita decir con claridad que la violencia revolucionaria no fue una forma legítima de hacer política.

No todo comenzó el 11 de septiembre

Uno de los problemas del relato dominante consiste en convertir el golpe de Estado en una especie de punto cero de la historia chilena contemporánea. Pero los procesos históricos no aparecen de la nada.

El 11 de septiembre de 1973 fue consecuencia de una crisis que llevaba años acumulándose. La polarización, la violencia política, el deterioro económico, la confrontación entre poderes del Estado y la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos habían llevado al país a una situación límite. Comprender ese proceso no significa justificar el golpe. Es una distinción elemental, pero frecuentemente desaparece del debate.

Explicar por qué ocurrió una tragedia no significa aprobar todo lo que ocurrió después. La izquierda debería ser capaz de aceptar esta diferencia con la misma claridad con que exige que la derecha comprenda que los errores de la Unidad Popular jamás pueden utilizarse para justificar las violaciones a los derechos humanos cometidas posteriormente.

Pinochet y la caricatura que hace la extrema izquierda

La misma honestidad intelectual debe aplicarse al general Augusto Pinochet.

Pinochet encabezó un régimen autoritario y durante su gobierno se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Eso debe ser condenado sin ambigüedades. Pero existe una diferencia entre condenar esos hechos y pretender que toda la obra histórica del período puede reducirse exclusivamente a ellos.

Durante el gobierno militar se produjo una profunda transformación económica. Chile abandonó progresivamente el modelo de fuerte intervención estatal heredado de décadas anteriores, abrió su economía al comercio internacional, redujo el peso empresarial del Estado y otorgó un papel mucho mayor a la iniciativa privada.

No todo funcionó. La crisis de 1982 produjo un enorme costo económico y social y demostró las vulnerabilidades del modelo aplicado durante la primera etapa del régimen. Pero posteriormente se produjo una recuperación y varias de las reformas estructurales implementadas durante esos años fueron mantenidas, modificadas o profundizadas por los gobiernos democráticos posteriores. Ese dato es imposible de borrar de la historia.

Si las transformaciones económicas fueron tan negativas como sostiene parte de la izquierda, entonces resulta difícil explicar por qué buena parte de ellas sobrevivió durante décadas de gobiernos de la Concertación.

La democracia chilena no demolió completamente la estructura económica heredada de 1990. En numerosos aspectos la mantuvo, la perfeccionó, la modificó y la utilizó como base para una etapa de crecimiento, apertura comercial y reducción de la pobreza. Eso no convierte a Pinochet en un ídolo, así como el ídolo que es Allende para la izquierda. Pero demuestra que la historia es bastante más compleja que una caricatura.

La izquierda pide autocrítica, pero ¿dónde está la suya?

Aquí aparece el verdadero problema. Durante años, la derecha ha sido sometida a una exigencia legítima: reconocer los crímenes y abusos cometidos durante el gobierno militar. Pero también corresponde formular exactamente la misma pregunta al otro lado del espectro político.

• ¿Dónde está el mea culpa de la izquierda por la violencia revolucionaria?
• ¿Dónde está el reconocimiento inequívoco de que el MIR fue una agrupación terrorista que defendió la lucha armada?
• ¿Dónde está una condena histórica sin ambigüedades respecto de los asesinatos, atentados y secuestros cometidos por organizaciones extremistas como el FPMR y MAPU-Lautaro?
• ¿Dónde está la autocrítica por los graves errores económicos y políticos de la Unidad Popular?
• ¿Dónde está el reconocimiento de que el gobierno de Allende también contribuyó al deterioro de la convivencia democrática? 
• ¿Dónde está el reconocimiento de que la democracia en Chile se interrumpió mucho antes del 11 de septiembre de 1973?

Y, sobre todo, ¿por qué resulta tan difícil admitir que un gobierno puede haber tenido buenas intenciones y, al mismo tiempo, haber cometido errores gravísimos? La respuesta probablemente tenga relación con la necesidad de conservar determinados símbolos políticos.

Allende continúa siendo para buena parte de la izquierda una figura fundacional, casi sagrada. Reconocer sus responsabilidades obliga a revisar un relato construido durante décadas. Y cuando la historia se convierte en identidad política, la autocrítica comienza a percibirse como una amenaza. Pero una democracia adulta no debería tener figuras intocables.

La historia no necesita santos ni demonios

El problema tampoco se soluciona reemplazando un mito por otro. Pinochet no necesita ser convertido en un santo para reconocer que durante su gobierno hubo transformaciones económicas relevantes. Del mismo modo, Allende no necesita ser convertido en un demonio para reconocer los graves errores de la Unidad Popular.

La historia puede contener contradicciones. Un gobernante puede cometer crímenes y, al mismo tiempo, impulsar transformaciones importantes. Un gobierno puede tener un programa social legítimo y, al mismo tiempo, conducir al país hacia una crisis económica e institucional. Una organización puede luchar contra una dictadura y, simultáneamente, cometer actos terroristas o criminales. Las cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Eso es precisamente lo que una visión adulta de la historia debería enseñarnos. 

Una derecha que condena los abusos y una izquierda que reconoce sus errores

La derecha chilena también tiene una responsabilidad. No puede responder a la incapacidad de determinados sectores de izquierda para realizar su mea culpa relativizando las violaciones a los derechos humanos. La tortura, las ejecuciones, las desapariciones y cualquier abuso cometido por agentes del Estado deben ser condenados siempre.

Pero esa condena no puede convertirse en una obligación unilateral. Si se exige a la derecha reconocer sus errores, la izquierda debe hacer exactamente lo mismo. Chile no puede continuar viviendo en una especie de juicio histórico permanente donde una parte de la sociedad está obligada a pedir perdón eternamente mientras la otra conserva intactos sus símbolos, sus héroes y sus organizaciones revolucionarias.

La reconciliación no consiste en olvidar. Consiste en recordar todo. Chile necesita una memoria sin doble estándar Medio siglo después, Chile debería estar en condiciones de mirar su historia de frente. Debe poder decir que la Unidad Popular cometió graves errores económicos y políticos. 

• Que la violencia revolucionaria de organizaciones armadas de izquierda no fue una forma legítima de hacer política. 
• Que el MIR, el FPMR y MAPU-Lautaro fueron grupos terroristas que protagonizaron acciones violentas, y que deben ser juzgadas con la misma severidad moral que cualquier otra forma de terrorismo o violencia política. 
• Que la crisis institucional de 1973 no comenzó la mañana del 11 de septiembre.

Pero también debe decir que el régimen militar fue autoritario, que cometió violaciones a los derechos humanos y que ninguna transformación económica puede convertir esos abusos en hechos aceptables. Y también debe poder reconocer que durante esos mismos años se realizaron transformaciones económicas profundas que posteriormente tuvieron continuidad en democracia. 

No existe contradicción. La contradicción aparece cuando se pretende que reconocer una verdad obliga necesariamente a negar otra. La izquierda chilena lleva décadas exigiendo a la derecha que mire de frente su pasado. La exigencia es legítima. Lo que no resulta legítimo es pretender que esa obligación sea unilateral.

La historia no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Tampoco pertenece a quienes ganaron una elección, escribieron un libro o construyeron un relato político. Pertenece a todos los chilenos. Y precisamente por eso llegó la hora de que la izquierda también mire de frente su propia historia. Que reconozca sus errores, condene sin eufemismos la violencia revolucionaria y deje de presentar la Unidad Popular como una experiencia impecable cuyo único problema habría sido haber sido derrocada.

Porque una democracia verdaderamente madura no es aquella donde solamente un sector pide perdón. Es aquella donde todos son capaces de reconocer aquello en lo que se equivocaron. Chile no necesita una memoria selectiva para proteger a sus héroes políticos ni una historia construida exclusivamente para condenar a sus adversarios. Necesita algo mucho más difícil: una verdad completa, incómoda y sin doble estándar. Y esa verdad comienza cuando cada sector político está dispuesto a reconocer que sus propios muertos, sus propios errores y sus propios horrores también forman parte de la historia nacional.

Salvador Allende: el mito absurdo que la historia no puede seguir protegiendo

Allende no fue un santo: la historia que la izquierda no quiere discutir.

¿Dictador o demócrata?

Durante más de medio siglo, Salvador Allende ha ocupado un lugar excepcional en la memoria política de Chile. Para buena parte de la izquierda, y particularmente para sus sectores más radicalizados, dejó de ser simplemente un expresidente de la República para convertirse en un símbolo, un mártir y casi una figura intocable. Su muerte en La Moneda terminó de consolidar una imagen romántica que, con el paso de las décadas, ha conseguido instalarlo en determinados sectores de la sociedad como el paradigma del presidente democrático sacrificado por sus adversarios.

Pero la historia de una nación no puede construirse sobre altares. Allende puede ser recordado, estudiado e incluso admirado por quienes comparten sus ideas, pero también debe ser sometido al mismo juicio crítico que cualquier otro gobernante. Y cuando se examinan sus decisiones, sus resultados económicos, su relación con las instituciones y el proyecto político que intentó implementar, aparece una realidad bastante más incómoda que la del héroe democrático que ha construido la mitología de la izquierda.

El problema no es que alguien admire a Salvador Allende. El problema comienza cuando admirarlo significa impedir que pueda ser criticado.

Un presidente que no recibió un mandato para refundar Chile

Salvador Allende llegó a La Moneda en 1970 después de obtener apenas el 36,6% de los votos. En una democracia fragmentada, aquello no constituía un mandato plebiscitario para transformar radicalmente el sistema económico, social y político del país. Por el contrario, una votación de esas características exigía capacidad de negociación, búsqueda de acuerdos y respeto especialmente cuidadoso por los contrapesos institucionales.

Sin embargo, la Unidad Popular avanzó hacia un programa socialista de inspiración marxista que pretendía transformar profundamente la estructura económica chilena. El problema no estaba simplemente en que Allende quisiera modificar el modelo económico. Un presidente democrático tiene todo el derecho a intentar reformar el país. El problema aparece cuando un proyecto político comienza a considerar las instituciones y los límites legales como obstáculos que deben ser sorteados para alcanzar determinados objetivos.

La democracia no consiste únicamente en ganar una elección. Consiste también en aceptar que quien gana debe gobernar dentro de las reglas existentes y que la oposición, el Congreso, los tribunales y los demás órganos del Estado poseen legitimidad propia. Ese principio resulta especialmente importante cuando se analiza el gobierno de Allende.

El problema institucional

Uno de los argumentos más difíciles de conciliar con la imagen de Allende como demócrata ejemplar es precisamente su relación con las instituciones de la República.

Los textos que sirven de base a este análisis destacan los conflictos entre el Ejecutivo y organismos como la Contraloría y la Corte Suprema, además del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en agosto de 1973, que acusó al gobierno de graves infracciones constitucionales.

Estos antecedentes no deberían ser borrados de la historia porque posteriormente Allende haya adquirido la condición de mártir.

Aquí es necesario establecer una diferencia fundamental. Criticar a Allende por sus actuaciones políticas no significa afirmar que todas las responsabilidades de la crisis de 1973 recayeron exclusivamente sobre él. La situación chilena era mucho más compleja. Existían una oposición radicalizada, organizaciones armadas, conflictos sociales, una profunda polarización política, intervención extranjera y una Guerra Fría que convirtió a Chile en uno de los escenarios más sensibles de la confrontación ideológica internacional. Pero reconocer esa complejidad no obliga a convertir a Allende en inocente de todo. La responsabilidad histórica no funciona mediante absoluciones colectivas.

La economía como prueba de realidad

También existe una tendencia a separar a Allende de los resultados concretos de su política económica. Es comprensible que sus partidarios recuerden sus intenciones sociales y su propósito de construir una sociedad más igualitaria. Pero un gobierno no puede ser evaluado exclusivamente por sus intenciones. Debe ser evaluado también por sus consecuencias. Y las consecuencias económicas de la Unidad Popular fueron extraordinariamente graves. Los textos aportados describen una inflación superior al 600%, escasez, desabastecimiento, mercado negro, pérdida del poder adquisitivo y una profunda alteración de los incentivos productivos.

La expansión acelerada del control estatal, las expropiaciones, los controles de precios y la creciente intervención sobre la economía terminaron generando un escenario que golpeó precisamente a aquellos sectores populares que el proyecto socialista pretendía beneficiar. Esta debería ser una de las principales lecciones del período. Las buenas intenciones no garantizan buenos resultados.

Un gobernante puede declarar que pretende terminar con la pobreza, reducir las desigualdades y construir una sociedad más justa. Pero si las políticas utilizadas para conseguirlo destruyen la producción, generan escasez, disparan la inflación y deterioran las condiciones materiales de la población, entonces corresponde revisar esas políticas y reconocer su fracaso. La política económica no puede evaluarse por la aparente nobleza del discurso, sino también por la realidad que produce.

La violencia política tampoco puede ser romantizada

Otro aspecto que la mitología allendista suele abordar de manera selectiva es la existencia de organizaciones armadas de izquierda durante la Unidad Popular.

El MIR desarrolló una actividad política y armada que contribuyó a la radicalización del período, mientras el GAP, encargado de la seguridad presidencial, constituyó una estructura armada vinculada directamente al entorno de Allende. Los textos aportados también destacan el fenómeno de las tomas de fundos y la utilización de la presión y la violencia como mecanismos de disputa política.

Esto no significa que pueda responsabilizarse a Allende de cada acto de violencia cometido por una organización de izquierda. Esa sería una simplificación tan poco seria como responsabilizar a toda la derecha por cada crimen cometido por alguien que se identificara con ella. Pero tampoco resulta intelectualmente honesto esconder el contexto de violencia política en el que se desarrolló la Unidad Popular.

La democracia requiere que el Estado mantenga el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando grupos políticos comienzan a considerar la violencia como una herramienta aceptable para conseguir objetivos revolucionarios, la democracia comienza a deteriorarse. Y eso ocurrió en el Chile de Allende.

El mito del mártir

La muerte de Allende en La Moneda produjo un fenómeno político que modificó profundamente la manera en que posteriormente fue interpretado.

El presidente derrotado políticamente terminó transformándose en el mártir de una causa. Su muerte permitió que su figura quedara asociada a una épica de resistencia, sacrificio y dignidad frente a sus adversarios. Con el tiempo, esa imagen terminó adquiriendo una enorme fuerza simbólica.

Pero existe una diferencia entre ser un mártir político y haber sido un buen gobernante. Una muerte dramática no transforma automáticamente las decisiones anteriores en decisiones acertadas. Un político puede morir heroicamente y, al mismo tiempo, haber cometido graves errores políticos. Puede ser víctima de un proceso histórico y haber contribuido también a crear las condiciones que condujeron hacia ese desenlace. Puede haber tenido buenas intenciones y haber implementado muy malas políticas. Las categorías históricas no son mutuamente excluyentes.

La izquierda trata de convertir a Allende en un santo

El problema más profundo aparece cuando la figura histórica de Allende se vuelve prácticamente inmune a la crítica. El texto sobre el culto político al allendismo describe precisamente esta transformación de un personaje histórico en una suerte de figura sagrada para determinados sectores de la izquierda chilena.

Cuando ocurre eso, cualquier cuestionamiento puede ser presentado como odio, fascismo, negacionismo o intento de borrar la memoria. Pero preguntar no es negar. Criticar no es perseguir. Investigar no es borrar. Desmitificar no significa desconocer la tragedia. Por el contrario, significa devolverle a la historia aquello que la propaganda política intenta quitarle: la posibilidad de ser examinada desde diferentes perspectivas.

Chile no necesita reemplazar una mitología de izquierda por una mitología de derecha. No necesita convertir a Pinochet en un santo para dejar de considerar a Allende un héroe. Tampoco necesita negar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar para reconocer que la Unidad Popular cometió errores políticos de enorme magnitud. Una sociedad madura puede sostener simultáneamente varias verdades históricas incómodas.

Allende y Pinochet no tienen que convertirse en una elección moral obligatoria

Aquí existe una de las trampas más frecuentes de la discusión chilena. Se pretende instalar la idea de que criticar a Allende equivale necesariamente a defender a Pinochet. No es así.

• Se puede sostener que el gobierno de Allende fue políticamente desastroso y, simultáneamente, condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
• Se puede reconocer la responsabilidad de la Unidad Popular en la crisis institucional y, al mismo tiempo, considerar injustificables determinados crímenes cometidos posteriormente por agentes del Estado.

La historia no obliga a escoger entre dos absoluciones. Precisamente por eso resulta necesario rechazar el pensamiento político infantil según el cual cada personaje debe ser completamente bueno o completamente malo.

La madurez histórica comienza cuando somos capaces de reconocer errores incluso en aquellos que pertenecen a nuestro propio sector y aciertos incluso en aquellos que consideramos adversarios.

El verdadero legado de Allende

Quizás el legado más importante de Salvador Allende no sea el que sus admiradores quieren transmitir. Su gobierno debería ser recordado como una advertencia sobre los peligros de llevar la polarización ideológica hasta sus últimas consecuencias.

Chile demostró durante esos años que una democracia puede deteriorarse rápidamente cuando las fuerzas políticas dejan de verse como adversarios legítimos y comienzan a considerarse enemigos irreconciliables. También demostró que la economía no puede ser sometida indefinidamente a un experimento ideológico sin considerar sus consecuencias concretas. Y demostró algo todavía más importante: ningún proyecto político, por noble que diga ser, está por encima de la institucionalidad. Ese debería ser el verdadero aprendizaje de la Unidad Popular.

Contra el culto político

Salvador Allende pertenece a la historia de Chile, no a una religión política. Puede ser homenajeado por quienes lo admiran. Puede ser reivindicado por quienes comparten su ideología. Puede incluso ser considerado por algunos como uno de los grandes personajes de la historia nacional.

Pero también puede ser criticado. Y debe serlo. Porque una democracia que permite cuestionar a todos sus gobernantes, excepto a uno, no está haciendo historia. Está construyendo un mito.

Allende no fue un dictador clásico, pero sería históricamente incorrecto tratar de catalogarlo como un demócrata ejemplar. Su administración tuvo evidentes signos dictatoriales, lo que contrasta con esa imagen idealizada, épica y casi romántica que siempre ha tratado de darle la izquierda chilena. Su gobierno enfrentó graves conflictos institucionales, impulsó un proyecto económico que terminó en un desastre y gobernó un país que terminó profundamente dividido. Los propios textos aportados sostienen que su mandato debe ser comprendido como una advertencia sobre lo que sucede cuando un proyecto político subordina las instituciones a una determinada concepción ideológica.

La izquierda chilena tiene todo el derecho a reivindicar a Salvador Allende. Lo que no tiene derecho a exigir es que el resto de Chile lo venere. Porque los presidentes no son santos. Los gobiernos no son religiones. Y la historia no es un altar.

Salvador Allende debe permanecer donde corresponde: en el terreno de la historia, donde sus decisiones, sus éxitos, sus errores y sus responsabilidades puedan ser examinados sin miedo, sin consignas y sin la obligación de arrodillarse ante ningún mito.

Allendismo llevado al extremo: El insólito fanatismo casi religioso de la ultraizquierda chilena

La ultraizquierda chilena funciona tal como si fuese una religión: Allende es su dios, y la historia torcida es su dogma.

Boric y Allende.

La extrema izquierda chilena es atea.  No cree en Dios, pero una parte de ella parece haber construido una religión propia en base al fanatismo ideológico de sus miembros. Tiene un dios, santos, obispos, sacerdotes, acólitos, templos, libros sagrados y hasta una liturgia basada en la memoria. Su credo fundamental no se discute: se venera. Y su figura central tiene nombre y apellido: Salvador Allende.

Hay algo profundamente paradójico en la ultraizquierda chilena. Se declara materialista, atea y enemiga de toda forma de trascendencia religiosa. Sin embargo, cuando se observa la manera en que algunos de sus sectores se relacionan con su historia, sus símbolos y sus figuras políticas, aparece una estructura que se parece extraordinariamente a la fe de una religión.

No es una religión sobrenatural, por supuesto. Es una religión política, basada en una devoción ideológica: una construcción ideológica que transforma personajes históricos en símbolos intocables, determinados episodios en dogmas, ciertos lugares en espacios de peregrinación y determinados documentos en textos cuya interpretación parece estar reservada a una suerte de sacerdocio autorizado. Y en el centro de ese sistema de creencias aparece Salvador Allende.

En política, las cosas hay que decirlas por su nombre: ese allendismo casi religioso de parte de la ultraizquierda chilena, bien podría ser digno de un profundo estudio psiquiátrico.

El dios de una religión política

Para buena parte de la izquierda radical chilena, Salvador Allende dejó hace mucho tiempo de ser simplemente un expresidente de la República. Se convirtió en un símbolo. En el mártir fundador. En la figura cuya imagen sobrevive al fracaso de su proyecto político. La crítica histórica hacia dicho personaje queda entonces subordinada a la veneración. Pero la historia no funciona así.

Allende llegó a La Moneda en 1970 con el 36,6% de los votos. No recibió un mandato plebiscitario para transformar completamente el sistema político y económico chileno. En una democracia fragmentada, aquello exigía necesariamente diálogo, negociación y búsqueda de acuerdos.

Sin embargo, su gobierno avanzó hacia un proyecto socialista de inspiración marxista que generó una creciente confrontación con otros poderes del Estado y con una parte considerable de la sociedad. De hecho, Allende gobernó de la mano con agrupaciones terroristas como el MIR y el GAP, y eso para la ultraizquierda chilena es más un plus que un problema.

La Contraloría cuestionó actuaciones del Ejecutivo. La Corte Suprema manifestó públicamente su preocupación por el incumplimiento de resoluciones judiciales. Y en agosto de 1973, la Cámara de Diputados acusó al gobierno de graves infracciones constitucionales.

Estos hechos no desaparecen porque Allende haya muerto en La Moneda. Tampoco desaparecen porque posteriormente haya sido convertido en mártir para su sector ideológico. La muerte puede convertir a un político en símbolo, pero no puede convertir sus decisiones en aciertos históricos.

Decir que Salvdor Allende se transformó en una especie de semidiós para una parte importante de la izquierda chilena, no es una exageración. El nivel de culto y veneración absoluta hacia este personaje es realmente enfermizo e inexplicable.

Los "santos" no tan santos

Y, por supuesto, tal como la religión católica tiene santos, la ultraizquierda chilena también los tiene, aunque algunos de sus altares resulten bastante más oscuros que los de cualquier tradición religiosa. Allí aparecen figuras bastante perversas y cuestionables como Ernesto “Che” Guevara, convertido en ícono romántico de la revolución pese a su defensa de la violencia revolucionaria; Fidel Castro, transformado durante décadas en símbolo de resistencia y revolución a pesar de haber encabezado una dictadura que restringió severamente las libertades políticas en Cuba; y el sanguinario Erich Honecker, el dirigente de la República Democrática Alemana que gobernó un régimen comunista represivo detrás del Muro de Berlín. 

Estos tres personajes históricos son los “santos” de una tradición política que, paradójicamente, puede condenar los autoritarismos de derecha mientras relativiza o idealiza los cometidos en nombre de la revolución socialista. Sus rostros aparecen en poleras, murales, afiches, redes sociales y pancartas como si fueran estampitas revolucionarias. Y allí surge una pregunta inevitable: ¿qué clase de ideología política necesita beatificar a hombres que defendieron sistemas donde la libertad individual, el pluralismo político y los derechos fundamentales fueron severamente restringidos?

Sus obispos y sacerdotes: malvados e influyentes

Toda religión necesita una jerarquía. En esta particular religión política, los obispos podrían ser aquellos grandes referentes de la izquierda que mantienen vivo el culto y administran su interpretación histórica: Gabriel Boric, Camila Vallejo y Michelle Bachelet, cada uno desde su propia trayectoria y con diferencias políticas evidentes, pero todos vinculados a una tradición que reivindica determinados símbolos de la izquierda chilena.

Más abajo aparecen los sacerdotes: dirigentes como Giorgio Jackson, Karol Cariola, Jeannette Jara o Daniel Manouchehri, encargados de llevar el discurso izquierdista al terreno cotidiano de la política, defender los relatos establecidos y transmitirlos a nuevas generaciones.

Y después vienen los acólitos. Aquí la metáfora se vuelve especialmente incómoda. Son aquellos sectores que durante determinadas protestas políticas terminaron confundiendo movilización ideológica con destrucción, protesta con violencia y reivindicación con vandalismo. Los encapuchados que quemaron, destruyeron y atacaron bienes públicos y privados; los grupos de terroristas que utilizaron piedras, barricadas e incendios como instrumentos de presión política por la vía de la fuerza bruta.

Pero incluso aquí hay que hacer una distinción fundamental: una cosa es la protesta social legítima y otra muy distinta es la violencia política. No todo manifestante es delincuente, ni toda movilización pertenece a una organización política. La democracia protege la protesta pacífica precisamente porque protege la libertad. Pero también la democracia debe de oponerse con toda la fuerza a aquellas revueltas vandálicas de lapidan la paz y la libertad del resto de los ciudadanos.

Es deber de todo gobierno democrático hacerse respetar: lo que debe rechazarse siempre es convertir la violencia en una herramienta legítima de acción política.

Los templos de la memoria: herramientas de adoctrinamiento

Toda religión tiene lugares sagrados. En esta religión laica aparecen determinados espacios cargados de una enorme significación simbólica: la tumba de Allende, la estatua de Allende y sitios asociados a la memoria de adoctrinamiento político masivo, como Villa Grimaldi o el Museo de la Memoria.

La extrema izquierda chilena suele usar estos sitios como una herramienta de adoctrinamiento ideologico, transformándolos en un instrumento para clausurar el debate histórico.

La historia de Chile merece ser contada, pero desde ambas perspectivas... y eso es justamente lo que no hacen ni la izquierda ni menos la extrema izquierda.

Los libros sagrados: dogmas totalmente irrefutables

Toda religión tiene escrituras sagradas. En esta analogía, los informes Rettig y Valech ocupan un lugar central dentro del relato memorial de la izquierda chilena.

El Informe Rettig y el Informe Valech son documentos hechos por la izquierda y para la izquierda, cuyo contenido aparece como una "verdad" que es absolutamente irrefutable para dichos sectores políticos.

Un informe histórico debe ser estudiado, contextualizado y sometido al análisis crítico propio de cualquier documento. La democracia no puede funcionar sobre la base de textos que se convierten en escrituras intocables cuya sola invocación clausura cualquier discusión sobre hechos históricos que alguna vez ocurrieron en nuestro país.

El pecado original: cuestionar a Allende

Toda religión tiene pecados. En esta religión política, uno de los mayores parece ser cuestionar el mito fundacional. Decir que el gobierno de Salvador Allende fue un fracaso político puede provocar una reacción casi religiosa de parte de los sectores más fanáticos de la izquierda chilena.

El gobierno de Allende tuvo graves responsabilidades políticas en la crisis que desembocó en el quiebre institucional de 1973. El gobierno militrar tuvo, a su vez, responsabilidades gravísimas por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el mandato del general Augusto Pinochet. 

En esto último está uno de los puntos centrales de mi crítica: la ultraizquierda no le reconoce nada a Pinochet, le critica todo... y, en estricto rigor, Pinochet hizo cosas malas pero también hizo cosas muy buenas por nuestro país. La madurez histórica comienza precisamente cuando dejamos de necesitar héroes perfectos y villanos absolutos.

La economía también forma parte del juicio histórico

El culto a Allende suele separar al personaje de los resultados de su gobierno. Pero gobernar significa hacerse responsable de los resultados. La economía chilena experimentó durante la Unidad Popular una inflación extraordinariamente elevada (superior al 600%), escasez, desabastecimiento, mercado negro y una profunda desorganización productiva. El intento de avanzar hacia una economía socialista mediante expropiaciones, controles de precios y una expansión estatal acelerada terminó agravando la crisis.

La intención declarada podía ser construir una sociedad más justa. El resultado fue muy diferente. Y esta es precisamente una de las grandes lecciones que la derecha democrática debería defender: las buenas intenciones no sustituyen a las buenas políticas públicas. Una política económica debe ser juzgada también por sus consecuencias concretas sobre la vida de las personas.

El marxismo que cambió de lenguaje

La religión política de la ultraizquierda tampoco permanece idéntica. El viejo marxismo hablaba abiertamente de lucha de clases, revolución proletaria y transformación de las estructuras económicas. Con el paso del tiempo, buena parte de la izquierda comenzó a utilizar un lenguaje diferente: emancipación, hegemonía, privilegios, dominación, identidades, estructuras y deconstrucción.

Ahora cambió el vocabulario. La pregunta para la derecha democrática es cuánto de aquella antigua concepción del poder permanece detrás del nuevo lenguaje.

El comunismo, como se ha señalado, es una suerte de fósil político que sobrevivió al mundo que lo vio nacer. Pero también aprendió a adaptarse: el viejo lobo descubrió que podía vestirse de oveja. Por eso la batalla política contemporánea no se libra solamente en el Congreso ni en La Moneda.

• Se libra en la cultura.
• Se libra en las universidades.
• Se libra en los medios.
• Se libra en el lenguaje.

Y se libra, sobre todo, en la capacidad de una sociedad para determinar qué considera normal, aceptable y verdadero.

La derecha no necesita crear su propia religión

Aquí existe una advertencia importante para la derecha. La respuesta a una religión política no puede ser construir otra. La derecha no necesita santos, mártires ni dogmas. Necesita ideas. En política no hay que defender ni a políticos ni a personajes históricos: hay que defender ideas.

La derecha debe defender la libertad individual, la propiedad privada, el emprendimiento, la seguridad, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Y debe hacerlo sin complejos, pero también sin convertir a sus adversarios en enemigos personales.

El comunismo no necesita ser prohibido. Necesita ser derrotado intelectualmente. Una democracia suficientemente segura de sí misma no necesita censurar una ideología para combatirla. Puede permitir que sus defensores hablen y, al mismo tiempo, someter sus propuestas a la crítica. La libertad que permite defender el comunismo es exactamente la misma libertad que permite combatirlo.

La verdadera batalla es contra la idolatría política

Quizás el problema más profundo de esta religión laica de extrema izquierda no es que una persona admire a Allende. Eso forma parte de la libertad política. El problema comienza cuando la admiración se transforma en idolatría.

• Cuando el personaje reemplaza a la historia.
• Cuando el símbolo reemplaza al análisis.
• Cuando la memoria reemplaza a la investigación.
• Cuando la consigna reemplaza al argumento.
• Cuando cuestionar al líder se convierte en una forma de herejía, y es tildado de inmediato como "negacionismo".

Boric y Allende.

Salvador Allende puede ser estudiado, admirado, criticado o rechazado. Lo que no puede ser es convertido en una figura inmune al juicio histórico. Eso es puro fanatismo ideológico.

Chile tampoco puede vivir eternamente alrededor de sus muertos. Debe aprender de ellos. Debe recordar a las víctimas de la violencia política y de las violaciones de los derechos humanos hacia aquellas personas que hayan sido inocentes. Debe estudiar el fracaso de la Unidad Popular. Debe comprender la radicalización ideológica de aquellos años. Debe analizar las responsabilidades civiles y militares en tiempos de Guerra Fría. Debe examinar el contexto internacional. Y debe preguntarse cómo una democracia consolidada terminó quebrándose, que de paso ya estaba más que quebrantada para el 11 de septiembre de 1973. Eso no es revisionismo. Eso es historia.

Ultraizquierda chilena: Una religión sin Dios

La paradoja final es extraordinaria, y merece ser recalcada. Una izquierda que históricamente se declaró materialista terminó construyendo, en algunos de sus sectores, una suerte de religión secular.

• Tiene un dios político: Salvador Allende.
• Tiene obispos y jerarcas que custodian el relato: Gabriel Boric, Camila Vallejo, Michelle Bachelet.
• Tiene sacerdotes que lo transmiten: Jeannette Jara, Giorgio Jackson, Daniel Manouchehri, entre otros.
• Tiene santos que son intocables: "Che" Guevara y Fidel Castro.
• Tiene acólitos que lo reproducen en las calles: los vándalos encapuchados y los terroristas tirapiedras.
• Tiene templos de memoria: la tumba de Allende, la estatua de Allende, el Museo de la Memoria y Villa Grimaldi.
• Tiene libros fundamentales: los informes Rettig y Valech.
• Tiene mártires: los detenidos desaparecidos.
• Tiene pecados: criticar el gobierno de la Unidad Popular.
• Tiene herejías: cuestionar el legado de Salvador Allende o justificar el pronunciaminto militar del 11 de septiembre de 1973.
• Tiene una doctrina que exige creer antes de discutir. 

Pero una democracia liberal no funciona mediante dogmas. Funciona mediante preguntas. Por eso la derecha chilena no debería tener miedo de formularlas, sobre todo frente a los hechos sucedidos en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular (UP).

• ¿Fue realmente sostenible el proyecto económico de Allende?
• ¿Respetó siempre los límites institucionales?
• ¿Buscó efectivamente acuerdos con una oposición que representaba a una parte sustancial del país?
• ¿Qué responsabilidad tuvieron los grupos armados de izquierda en la violencia política?
• ¿Qué responsabilidad tuvieron las distintas fuerzas políticas en la destrucción de la convivencia democrática?
• ¿Y qué lecciones podemos extraer de todo aquello para que jamás volvamos a repetirlo?

Al respecto, la gente de derecha tenemos que responder con convicción frente a las críticas de parte de la extrema izquierda.

• Preguntar no es odiar.
• Poner en dudas no es negar.
• Criticar no es perseguir.
• Desmitificar no significa borrar la memoria. Significa devolverle a la historia aquello que toda religión política intenta quitarle: la posibilidad de ser discutida.

Chile no necesita más santos políticos.

• Necesita ciudadanos.
• No necesita dogmas.
• Necesita argumentos.
• No necesita una religión de izquierda ni una religión de derecha.
• Necesita una democracia lo suficientemente fuerte como para mirar de frente su pasado, reconocer sus tragedias, asumir responsabilidades y aprender de ellas.

Porque cuando una sociedad convierte a sus políticos en dioses, tarde o temprano termina convirtiendo a quienes los cuestionan en herejes. Y una democracia que llama hereje al que pregunta ya ha comenzado a olvidar para qué sirve la libertad.

Allende y Pinochet: la historia que Chile todavía se resiste a mirar de frente

Durante décadas, la izquierda chilena ha convertido a Salvador Allende en un símbolo casi intocable, mientras la figura de Augusto Pinochet ha quedado reducida, para buena parte del debate público, a una sola dimensión. Pero una democracia madura no puede construir su memoria sobre mitos selectivos. Chile necesita una mirada capaz de reconocer el fracaso político y económico de la Unidad Popular, condenar sin ambigüedades las violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, analizar con objetividad las profundas transformaciones que marcaron al país durante el régimen militar. 

Pinochet.

Pocos períodos de la historia chilena continúan generando tanta división como los años que rodearon el gobierno de Salvador Allende y el régimen encabezado posteriormente por Augusto Pinochet. Medio siglo después, el país sigue atrapado en una disputa donde los hechos muchas veces son desplazados por los relatos políticos y donde la memoria parece depender, con demasiada frecuencia, de quién cuenta la historia. 

Para una parte de la izquierda, Allende representa al presidente mártir, al demócrata que murió defendiendo sus convicciones y al símbolo de un proyecto socialista interrumpido por la fuerza. Para determinados sectores de la derecha, en cambio, su gobierno representa el fracaso de un experimento revolucionario que llevó a Chile a una crisis económica, social e institucional de proporciones. La realidad histórica, sin embargo, es mucho más compleja. Y precisamente por eso resulta necesario discutirla sin miedo. 

Reconocer los errores del gobierno de Allende no significa justificar las violaciones a los derechos humanos, ni mucho menos. Condenar los abusos durante el gobierno militar tampoco obliga a negar las transformaciones económicas e institucionales que se produjeron durante esos años. La historia no es un partido de fútbol en el que necesariamente hay que escoger un solo equipo.

Allende: el mito romántico frente a la responsabilidad política

Salvador Allende llegó a La Moneda en 1970 con el 36,6% de los votos, en una elección profundamente fragmentada. Su posterior ratificación en el Congreso se produjo en un escenario donde la Unidad Popular no contaba con una mayoría suficiente para imponer por sí sola su programa. Ese contexto exigía una enorme capacidad de diálogo, negociación y construcción de acuerdos. 

Sin embargo, el gobierno impulsó un programa de transformaciones radicales que buscaba modificar profundamente la estructura económica y social del país. Nacionalizaciones, expropiaciones y expansión del área estatal se sucedieron en medio de una creciente polarización política. El problema no fue solamente el contenido de esas reformas, sino la incapacidad del sistema político para procesarlas dentro de un marco de acuerdos democráticos. 

La oposición también tuvo responsabilidades y la intervención extranjera fue un factor real que contribuyó a desestabilizar el escenario. Pero reconocer esos elementos no puede llevar a ignorar la responsabilidad del propio gobierno en la conducción del país. Un presidente no solamente debe tener un programa. También debe ser capaz de gobernar respetando los límites institucionales y buscando acuerdos cuando carece de una mayoría política suficiente. 

Cuando la institucionalidad comenzó a quebrarse

La crisis de la Unidad Popular no fue únicamente económica. También fue institucional. La relación entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado se deterioró progresivamente. La Corte Suprema manifestó públicamente sus reparos frente al incumplimiento de resoluciones judiciales, mientras que la Cámara de Diputados aprobó en agosto de 1973 un acuerdo en el que acusó al gobierno de graves infracciones al orden constitucional y legal. 

El significado político de aquel documento continúa siendo objeto de debate histórico, pero existe un hecho que resulta imposible desconocer: en 1973, la democracia chilena estaba profundamente quebrada. La convivencia entre el Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial había llegado a un punto límite. La polarización política había convertido el desacuerdo en confrontación y el adversario dejó de ser visto como un rival legítimo para transformarse, cada vez más, en un enemigo. La lección debería ser evidente: ninguna democracia puede sobrevivir cuando sus actores políticos consideran que sus objetivos ideológicos están por encima de las instituciones. 

La economía del desastre: inflación, escasez y pérdida del poder adquisitivo

El balance económico de los últimos años de la Unidad Popular fue desastroso. La inflación alcanzó niveles extraordinarios, el desabastecimiento se hizo cotidiano y las colas para conseguir productos básicos se transformaron en una imagen habitual de aquellos años. La economía informal y el mercado negro adquirieron una dimensión creciente, mientras la incertidumbre golpeaba la producción y la inversión. Es cierto que existieron factores externos, pero el mayor culpable de todo ese desastre fue el propio desgobierno de la UP. Los paros y la conflictividad social también tuvieron consecuencias importantes. Pero atribuir toda la crisis a factores externos resulta igualmente insuficiente. 

Las políticas de control de precios, la acelerada expansión del gasto, las expropiaciones y la creciente intervención estatal generaron fuertes distorsiones económicas. La confianza se desplomó y la producción terminó siendo incapaz de responder adecuadamente a las necesidades de la población. El resultado fue una crisis que afectó especialmente a los sectores populares que el proyecto de la Unidad Popular pretendía beneficiar. La paradoja fue brutal: un gobierno que llegó al poder prometiendo construir una sociedad más justa terminó enfrentando una situación de escasez, inflación y deterioro de las condiciones de vida que profundizó la angustia de millones de chilenos. 

La violencia política y el fracaso de la convivencia 

Otro elemento que suele quedar relegado en determinadas interpretaciones del período es la creciente violencia política. Chile vivió durante esos años una radicalización que involucró a sectores de izquierda y de derecha. Organizaciones terroristas armadas como el MIR y el GAP desarrollaron una estrategia revolucionaria y existieron grupos que defendían abiertamente la vía insurreccional. También hubo violencia política desde otros sectores, atentados y acciones destinadas a desestabilizar al gobierno. 

El problema fue que la política chilena comenzó a abandonar progresivamente el terreno de la deliberación democrática para ingresar en una lógica de confrontación permanente. En ese contexto, el Estado perdió capacidad para ejercer autoridad y garantizar el orden público. La violencia dejó de ser un fenómeno marginal y comenzó a formar parte de la dinámica cotidiana de un país cada vez más dividido. La responsabilidad histórica de ese deterioro no corresponde exclusivamente a un sector político. Pero tampoco puede ser negada por quienes pretenden presentar aquellos años como una simple lucha entre demócratas y golpistas. 

El fracaso del gobierno de Allende y la crisis que precedió al golpe de Estado son elementos fundamentales para comprender el 11 de septiembre de 1973. Pero comprender no significa justificar. El pronunciamiento militar no significó el término de la democracia, porque la democracia ya estaba quebrada desde antes. Lo que sí hay que decir es que durante 17 años sí se produjeron violaciones a los derechos humanos, que deben ser condenadas de manera categórica. 

No existe ninguna contradicción entre afirmar que el gobierno de Allende cometió brutales graves errores políticos y económicos y sostener, al mismo tiempo, que esos errores no justifican la tortura, las ejecuciones, las desapariciones forzadas ni ningún otro abuso contra la dignidad humana. Una sociedad democrática debe ser capaz de sostener ambas verdades. Los errores y atrocidades del marxismo de unos no convierten en legítimos los crímenes de otros. 

Pinochet: más allá de la caricatura 

Augusto Pinochet.

Augusto Pinochet sigue siendo una de las figuras más controversiales de la historia contemporánea de Chile. Para sus detractores, representa exclusivamente la dictadura y las violaciones de los derechos humanos. Para sus defensores, es el militar que recibió un país en ruinas y sentó las bases de la transformación que permitió a Chile convertirse posteriormente en una de las economías más estables de América Latina. Ninguna de estas visiones, por sí sola, explica toda la historia. 

Pinochet encabezó un régimen autoritario y durante su gobierno se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Eso forma parte de la historia y no puede ser relativizado. Pero también es cierto que durante su administración se produjo una profunda transformación económica. La apertura comercial, la liberalización de mercados, la reducción del peso empresarial del Estado y la promoción de la iniciativa privada modificaron radicalmente la estructura económica del país. No todo fue éxito.

La crisis económica de 1982 provocó un enorme costo social y demostró que el modelo tenía vulnerabilidades importantes, aunque también hay que decir que se logró cambiar el rumbo justo a tiempo. Las reformas implementadas durante el gobierno militar fueron posteriormente mantenidas, modificadas o profundizadas por los gobiernos democráticos.

Uno de los mayores debates pendientes en Chile consiste en determinar cuánto del desarrollo posterior del país se explica por las reformas implementadas durante el régimen militar y cuánto corresponde a las políticas desarrolladas después de 1990. La respuesta seria no puede ser ideológica. 

Chile experimentó durante las décadas posteriores al pronunciamiento militar una fuerte reducción de la pobreza, un crecimiento sostenido y una creciente integración a la economía mundial, lo que se mantuvo hasta principios del siglo XXI. Ese proceso fue impulsado tanto por las bases económicas heredadas del régimen como por las políticas aplicadas durante los gobiernos democráticos. 

Por eso resulta históricamente incorrecto atribuir todos los éxitos económicos exclusivamente a Pinochet. Pero también es intelectualmente deshonesto negar cualquier vínculo entre las reformas implementadas durante su gobierno y el posterior desarrollo del país. La democracia no destruyó completamente el modelo económico heredado. Lo modificó y, en varios aspectos, lo profundizó. Ese hecho debería ser suficiente para superar las simplificaciones. 

La Constitución de 1980 y una transición que cambió la historia 

La Constitución de 1980 es otro de los elementos que generan una profunda controversia. Su origen estuvo ligado al régimen militar y su legitimidad inicial ha sido objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos. Sin embargo, también es cierto que fue reformada durante la democracia y que permaneció vigente durante décadas. 

El plebiscito de 1988 marcó un punto de inflexión histórico. Pinochet perdió y el proceso de transición democrática se puso en marcha. En marzo de 1990, el poder fue entregado a un gobierno democráticamente elegido. Ese proceso no borra la naturaleza autoritaria del gobierno militar ni sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Pero tampoco puede ser ignorado al momento de evaluar históricamente el período. Chile logró recuperar la plena democracia sin una guerra civil, sin una revolución y sin un nuevo golpe de Estado. La transición fue imperfecta y estuvo condicionada por múltiples factores, pero finalmente permitió que el país retornara a la institucionalidad democrática. 

El doble estándar que Chile debe superar 

El verdadero problema de la discusión histórica chilena aparece cuando se pretende juzgar a unos con una vara y a otros con una completamente distinta. No resulta razonable exigir que la derecha condene permanentemente todos los aspectos del régimen militar mientras se considera una ofensa cuestionar el legado político de Salvador Allende. Tampoco resulta razonable que sectores de derecha reconozcan las transformaciones económicas del régimen militar pero relativicen las violaciones de los derechos humanos. Una mirada adulta exige ambas cosas. 

La izquierda debe ser capaz de reconocer los impresentables errores políticos y económicos de la Unidad Popular. La derecha debe ser capaz de reconocer sin ambigüedades los crímenes cometidos durante el gobierno militar. Eso no es relativismo. Es honestidad histórica. Chile necesita una historia completa, no una historia conveniente. 

Salvador Allende no fue el héroe que algunos sectores de izquierda quieren construir. Augusto Pinochet no fue esa especie de semidiós providencial que algunos de sus admiradores más fanáticos reivindican, pero tampoco puede ser reducido a una sola dimensión histórica. Ambos períodos dejaron consecuencias profundas y contradictorias. 

La Unidad Popular mostró los peligros de intentar imponer transformaciones radicales sin una mayoría política suficiente y en medio de una institucionalidad cada vez más debilitada. El régimen militar demostró que un país puede experimentar profundas transformaciones económicas mientras, al mismo tiempo, sufrir graves retrocesos en materia de libertades y derechos humanos. 

Chile no necesita nuevos mitos. Necesita una historia completa. Una historia donde se pueda reconocer que Allende tuvo responsabilidades evidentes en el fracaso de su gobierno. Una historia donde se puedan reconocer los avances económicos asociados a las reformas del gobierno militar sin negar sus crímenes. Una historia donde la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos sean principios universales y no armas utilizadas selectivamente contra el adversario. 

Porque la verdadera lección de nuestra historia reciente no es que un sector tuvo toda la razón y el otro estuvo completamente equivocado. La verdadera lección es mucho más incómoda: cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar, cuando la ideología se transforma en una verdad absoluta y cuando las instituciones dejan de ser respetadas, la democracia entera queda en peligro. Y Chile, medio siglo después, todavía tiene la obligación de aprenderlo.

Otra debacle más del socialismo demagógico: Maduro y Allende, dos rostros de un mismo fracaso

Más allá de las diferencias históricas y personales, la caída de Nicolás Maduro reactiva una comparación incómoda para la izquierda: la del experimento socialista que, en Chile y Venezuela, terminó en crisis, polarización y colapso institucional.

Allende y Maduro.

La captura y enjuiciamiento del tirano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no sólo marca el final político del demagogo caudillo caribeño, sino que vuelve a poner sobre la mesa una discusión que la izquierda latinoamericana ha intentado esquivar por décadas: la reiteración de un mismo patrón ideológico que, bajo la promesa de justicia social, conduce una y otra vez al desastre. No es casual que el propio Maduro haya invocado reiteradamente la figura de Salvador Allende, viéndose a sí mismo como víctima de una conspiración similar. La comparación, lejos de ser un exceso retórico, revela similitudes profundas que vale la pena examinar sin romanticismos ni consignas.

La erosión del Estado de Derecho: cuando la ley se vuelve un obstáculo

Uno de los puntos de contacto más evidentes entre el Chile de 1973 y la Venezuela del chavismo ultrón es la relación conflictiva con la institucionalidad. En ambos casos, la Constitución dejó de ser un marco a respetar y pasó a convertirse en un estorbo para la “revolución”. El acuerdo de la Cámara de Diputados chilena de agosto de 1973 fue explícito al denunciar el quebrantamiento del orden constitucional durante el gobierno de Allende. Décadas después, la Asamblea Nacional venezolana describía un escenario inquietantemente similar bajo Maduro: poderes cooptados, derechos fundamentales vulnerados y un Estado de Derecho reducido a una formalidad vacía.

La lógica fue idéntica: concentrar poder en nombre del pueblo, aun cuando eso implicara vaciar de contenido la democracia misma.

Cuba como faro ideológico y operador político

Otro paralelo ineludible es la relación con la dictadura cubana. Allende admiró abiertamente a Fidel Castro y permitió una injerencia política y simbólica inédita para un país con tradición republicana como Chile. Maduro llevó ese vínculo aún más lejos. En Venezuela, la influencia cubana no fue sólo ideológica, sino operativa: seguridad, inteligencia y estructuras clave del Estado quedaron bajo asesoría directa de La Habana.

En ambos casos, Cuba actuó como matriz revolucionaria y como sostén de proyectos que, sin ese respaldo, difícilmente habrían resistido el desgaste interno.

El enemigo externo como coartada permanente

Allende y Maduro compartieron también un recurso discursivo clásico: la demonización de Estados Unidos. El “imperialismo” fue el culpable perfecto para explicar el fracaso económico, la escasez y el descontento social. Esta narrativa no sólo justificó errores, sino que sirvió para cohesionar a las bases más radicalizadas y deslegitimar cualquier crítica interna, tratándola como traición o sabotaje.

La consecuencia fue predecible: sociedades cada vez más polarizadas y gobiernos incapaces de corregir el rumbo, atrapados en su propio relato épico.

Del caos acelerado al colapso prolongado

Si existe una diferencia clave entre Allende y Maduro, es el tiempo. El experimento chileno duró poco más de mil días; el venezolano se extendió por más de dos décadas. Pero el resultado fue sorprendentemente parecido: desabastecimiento, inflación descontrolada, persecución política, crisis económica absoluta y fractura social. Venezuela vivió una catástrofe en cámara lenta; Chile, un derrumbe vertiginoso. Ambos demostraron que cuando la ideología izquierdista se impone sobre la economía y la realidad, el final puede variar en forma, pero no en fondo.

Una advertencia que trasciende fronteras

La estrepitosa caída de Nicolás Maduro no debería ser leída como un simple ajuste de cuentas personal de Donald Trump en contra del dictador caribeño, sino como el cierre de un ciclo ideológico profundamente dañino. Su autoproclamado parentesco político con Salvador Allende no engrandece al chileno ni redime al venezolano; más bien desnuda la persistencia de una izquierda que se niega a aprender de sus propios fracasos.

La historia, cuando se repite, no lo hace como homenaje, sino como advertencia. Y la lección es clara: no hay justicia social posible sin libertad, sin instituciones fuertes y sin respeto por la economía real. Todo lo demás es relato. Y los relatos, tarde o temprano, se derrumban.

La estrepitosa caída de Nicolás Maduro, el "Allende del Caribe"

El derrumbe de un proyecto ideológico fracasado que, bajo la excusa de la justicia social, dejó miseria, autoritarismo en Venezuela, y también una amenaza permanente para la estabilidad regional.

Nicolás Maduro.

La captura de Nicolás Maduro por parte de las tropas estadounidenses marca un punto de quiebre histórico para Venezuela y para toda América Latina. No se trata sólo del final de un hombre atrincherado en el poder, sino del colapso de un modelo político ultraizquierdista que durante años confundió soberanía con impunidad, pueblo con masa cautiva y justicia social con destrucción económica. Maduro, heredero directo del chavismo, e inspirado en el allendismo, encarnó hasta el extremo una visión ideológica fracasada, cuyas consecuencias ya no afectan solamente a los venezolanos, sino que se proyectan como una advertencia para el mundo entero.

Tal como ocurrió en Chile a comienzos de los años 70, la promesa de un socialismo redentor terminó derivando en escasez, polarización y quiebre institucional. Las similitudes con la experiencia de Salvador Allende no son antojadizas: ambas historias muestran cómo una ideología mal entendida, aplicada con dogmatismo y desprecio absoluto por la realidad económica, puede arrastrar a un país completo al abismo.

Maduro: del relato épico al llamado a la violencia

En sus últimos días en el poder, Nicolás Maduro optó por el libreto clásico del autoritarismo socialista en retirada: inventar enemigos, denunciar agresiones imaginarias y llamar a la movilización armada para sostener un régimen agotado. La declaración de “conmoción exterior” y su retórica belicista no fueron un acto de defensa nacional, sino una maniobra desesperada para justificar la represión interna y cerrar cualquier resquicio de disidencia.

Maduro no sólo gobernó mal: gobernó contra su propio pueblo, destruyó a su propio país. Una cosa es ser un gobernante inepto, y otra aún peor es ser un gobernante inepto y a la vez perverso. Hiperinflación, destrucción del aparato productivo, colapso de los servicios básicos y una migración forzada de millones de personas son su verdadero legado. Su figura terminó siendo tóxica no sólo para Venezuela, sino para toda la región, al convertirse en un polo aberrante de inestabilidad, crimen organizado y penetración de intereses extrahemisféricos hostiles a Occidente.

Chávez, el arquitecto del desastre

Sería un error —y una cómoda simplificación— atribuir toda la tragedia venezolana únicamente al inepto de Nicolás Maduro. Hugo Chávez es una pieza central y fundamental de este fracaso histórico. Fue él quien sentó las bases del colapso: la demolición sistemática de las instituciones, la politización de las Fuerzas Armadas, la destrucción de la independencia judicial y la transformación del Estado en un botín ideológico.

Chávez aprovechó una coyuntura excepcional de altos precios del petróleo para consolidar un proyecto personalista, sustituyendo inversión por gasto, producción por subsidio y ciudadanía por clientelismo. En lugar de fortalecer al país, lo volvió dependiente, frágil y absolutamente vulnerable. Maduro no hizo más que profundizar un camino ya trazado: sin contrapesos, sin reglas y sin respeto por la economía real.

El chavismo, en su esencia, fue una fábrica de pobreza con discurso épico. Maduro fue su operario más burdo, pero Chávez fue el ingeniero del sistema.

El espejo de Allende: ideología, fracaso y advertencia

Las comparaciones con Salvador Allende no buscan igualar contextos, sino advertir sobre patrones. En ambos casos, la obsesión enfermiza por imponer un modelo socialista ignoró señales evidentes: desabastecimiento, inflación, fuga de capitales y creciente confrontación social. Allende creyó que la voluntad política podía sustituir a la economía; Maduro creyó que la propaganda podía reemplazar a la realidad. Ambos son parte de lo mismo: un completo y absoluto desastre ideológico motivado por las premisas irracionales de la extrema izquierda.

El resultado de Allende y de Maduro fue similar: crisis profunda, instituciones debilitadas y una sociedad fracturada. Sin embargo, Venezuela llevó ese experimento a una escala mucho mayor y por mucho más tiempo, con consecuencias humanitarias sin precedentes en la región, y en ese sentido fue aún peor que el caso chileno. Recapitulando, la gran diferencia entre ambos personajes es que Allende duró mucho menos que Maduro (afortunadamente para Chile).

Una caída que cierra un ciclo

La caída de Nicolás Maduro, capturado y esposado mientras es llevado por los soldados norteamericanos, no es una victoria ideológica de un bando sobre otro, sino la confirmación de que los proyectos políticos construidos sobre el resentimiento, el estatismo extremo y el desprecio por la libertad terminan siempre igual de mal. Venezuela paga hoy el precio de décadas de populismo, pero también abre la posibilidad —difícil, lenta y compleja— de reconstruirse.

El mensaje es claro y trasciende fronteras: no hay atajos ideológicos hacia la prosperidad. Cuando el poder se concentra, la economía se asfixia y la verdad se persigue, el funesto final puede tardar, pero llega. Y cuando llega, como en este caso, deja al descubierto que el verdadero enemigo nunca fue externo, sino una tozudez ideológica muy mal aplicada y sostenida ridículamente a costa de todo.

ALLENDE: EL MITO ROMÁNTICO DE LA ULTRAIZQUIERDA Y LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA FRENTE A UN FRACASO POLÍTICO

Durante medio siglo, la izquierda chilena ha intentado blindar la figura de Salvador Allende bajo una absurda épica martirial. Pero la historia, cuando se la mira sin consignas ni romanticismo ideológico, muestra un desgobierno terrible que quebró la institucionalidad, que profundizó la división social y que además condujo al país a una de las peores crisis de su historia republicana.

Cuando el relato intenta reemplazar a los hechos

En Chile la izquierda ha construido un relato casi religioso en torno a Salvador Allende. Se le presenta como "un demócrata ejemplar", y como "un presidente pacífico derrocado por fuerzas oscuras que no toleraron su vocación social". Sin embargo, esta versión edulcorada choca frontalmente con los hechos documentados. La pregunta de fondo no es emocional ni simbólica, sino política e histórica: ¿fue Allende un gobernante respetuoso del Estado de Derecho o fue, por el contrario, un presidente que lo tensionó hasta quebrarlo?

Responder con honestidad obliga a incomodar mitos profundamente arraigados.

Un presidente sin mayoría y sin voluntad de consenso

El violento Allende.

Salvador Allende llegó a La Moneda en 1970 con apenas el 36,6% de los votos. Ese dato, que suele minimizarse, es clave. En una democracia fragmentada y polarizada, esa votación exigía diálogo, acuerdos amplios y respeto irrestricto por las reglas del juego. Allende eligió el camino opuesto.

Lejos de moderar su programa, se propuso avanzar hacia un proyecto socialista de inspiración marxista, incluso cuando ello implicaba forzar la legalidad vigente. No buscó ampliar su base de apoyo, sino gobernar como si hubiese recibido un mandato absoluto. La democracia, para él, fue un instrumento táctico, no un límite infranqueable.

El quiebre institucional: cuando el poder se pone por encima de la ley

Uno de los aspectos más graves del gobierno de Allende fue su siniestra relación con las instituciones republicanas. No se trata de interpretaciones ideológicas, sino de resoluciones formales del propio Estado.

La Contraloría General de la República fue desoída sistemáticamente. La Corte Suprema denunció públicamente la incapacidad del Ejecutivo para hacer cumplir la ley. Y en agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó una resolución histórica que acusaba al gobierno de infringir gravemente la Constitución y de intentar imponer un sistema totalitario.

¿Puede calificarse de demócrata a un presidente que es desconocido por dos de los tres poderes del Estado? La respuesta es incómoda para muchos, pero evidente: no.

Grupos armados y violencia política: el Estado debilitado desde dentro

Otro elemento que el relato épico suele omitir es la convivencia del gobierno con grupos armados ilegales. El MIR fue una entidad terrorista que operó con creciente impunidad, mientras el GAP —la guardia personal del presidente— funcionó como una fuerza paralela, ideologizada y armada, alojada prácticamente en dependencias del propio Palacio de La Moneda.

El monopolio de la fuerza, pilar básico de cualquier Estado moderno, fue deliberadamente erosionado. En el campo del sur chileno, las tomas de fundos se realizaron muchas veces por la vía armada, con respaldo político explícito o tácito desde el gobierno. La violencia dejó de ser una anomalía y pasó a convertirse en herramienta política para lograr objetivos concretos.

Cuando un presidente tolera —o alienta— milicias ideológicas, deja de gobernar para todos y pasa a gobernar para un bando. Y peor aún: se transforma en un peligro para el país.

La economía del colapso: inflación, escasez y empobrecimiento masivo

El balance económico del gobierno de Allende es, sencillamente, desastroso. La inflación superó el 600%, la fijación artificial de precios destruyó los incentivos a producir y el desabastecimiento se volvió parte de la vida cotidiana. Las colas, el mercado negro y la pérdida del poder adquisitivo golpearon con especial dureza a los sectores más vulnerables.

Lejos de liberar a los pobres, el espantoso experimento socialista los condenó a la precariedad. El Estado intervino sin planificación, expropió sin compensación adecuada y generó un clima de incertidumbre total que paralizó la inversión y la producción. El resultado no fue justicia social, sino miseria compartida.

¿Mártir democrático o advertencia histórica?

Reconocer el fracaso del gobierno de Allende no implica justificar todo lo que vino después, porque de que hubo excesos, los hubo. Pero una cosa no borra la otra. La historia no se construye con santos ni demonios, sino con responsabilidades.

Allende no fue un dictador clásico, pero gobernó con una lógica dictatorial que despreciaba los contrapesos, relativizaba la ley y subordinaba la democracia a un proyecto ideológico. Su legado no es el de un estadista ejemplar, sino el de una advertencia: cuando la política se cree moralmente superior a las instituciones, el desenlace siempre es el desastre.

Desmitificar a Allende no es un acto de odio ni de negacionismo, sino un ejercicio necesario de madurez histórica. Chile no necesita más vacas sagradas. Necesita aprender, de una vez por todas, que sin Estado de Derecho no hay justicia social posible.