ALLENDE: EL MITO ROMÁNTICO DE LA ULTRAIZQUIERDA Y LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA FRENTE A UN FRACASO POLÍTICO

Durante medio siglo, la izquierda chilena ha intentado blindar la figura de Salvador Allende bajo una absurda épica martirial. Pero la historia, cuando se la mira sin consignas ni romanticismo ideológico, muestra un desgobierno terrible que quebró la institucionalidad, que profundizó la división social y que además condujo al país a una de las peores crisis de su historia republicana.

Cuando el relato intenta reemplazar a los hechos

En Chile la izquierda ha construido un relato casi religioso en torno a Salvador Allende. Se le presenta como "un demócrata ejemplar", y como "un presidente pacífico derrocado por fuerzas oscuras que no toleraron su vocación social". Sin embargo, esta versión edulcorada choca frontalmente con los hechos documentados. La pregunta de fondo no es emocional ni simbólica, sino política e histórica: ¿fue Allende un gobernante respetuoso del Estado de Derecho o fue, por el contrario, un presidente que lo tensionó hasta quebrarlo?

Responder con honestidad obliga a incomodar mitos profundamente arraigados.

Un presidente sin mayoría y sin voluntad de consenso

El violento Allende.

Salvador Allende llegó a La Moneda en 1970 con apenas el 36,6% de los votos. Ese dato, que suele minimizarse, es clave. En una democracia fragmentada y polarizada, esa votación exigía diálogo, acuerdos amplios y respeto irrestricto por las reglas del juego. Allende eligió el camino opuesto.

Lejos de moderar su programa, se propuso avanzar hacia un proyecto socialista de inspiración marxista, incluso cuando ello implicaba forzar la legalidad vigente. No buscó ampliar su base de apoyo, sino gobernar como si hubiese recibido un mandato absoluto. La democracia, para él, fue un instrumento táctico, no un límite infranqueable.

El quiebre institucional: cuando el poder se pone por encima de la ley

Uno de los aspectos más graves del gobierno de Allende fue su siniestra relación con las instituciones republicanas. No se trata de interpretaciones ideológicas, sino de resoluciones formales del propio Estado.

La Contraloría General de la República fue desoída sistemáticamente. La Corte Suprema denunció públicamente la incapacidad del Ejecutivo para hacer cumplir la ley. Y en agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó una resolución histórica que acusaba al gobierno de infringir gravemente la Constitución y de intentar imponer un sistema totalitario.

¿Puede calificarse de demócrata a un presidente que es desconocido por dos de los tres poderes del Estado? La respuesta es incómoda para muchos, pero evidente: no.

Grupos armados y violencia política: el Estado debilitado desde dentro

Otro elemento que el relato épico suele omitir es la convivencia del gobierno con grupos armados ilegales. El MIR fue una entidad terrorista que operó con creciente impunidad, mientras el GAP —la guardia personal del presidente— funcionó como una fuerza paralela, ideologizada y armada, alojada prácticamente en dependencias del propio Palacio de La Moneda.

El monopolio de la fuerza, pilar básico de cualquier Estado moderno, fue deliberadamente erosionado. En el campo del sur chileno, las tomas de fundos se realizaron muchas veces por la vía armada, con respaldo político explícito o tácito desde el gobierno. La violencia dejó de ser una anomalía y pasó a convertirse en herramienta política para lograr objetivos concretos.

Cuando un presidente tolera —o alienta— milicias ideológicas, deja de gobernar para todos y pasa a gobernar para un bando. Y peor aún: se transforma en un peligro para el país.

La economía del colapso: inflación, escasez y empobrecimiento masivo

El balance económico del gobierno de Allende es, sencillamente, desastroso. La inflación superó el 600%, la fijación artificial de precios destruyó los incentivos a producir y el desabastecimiento se volvió parte de la vida cotidiana. Las colas, el mercado negro y la pérdida del poder adquisitivo golpearon con especial dureza a los sectores más vulnerables.

Lejos de liberar a los pobres, el espantoso experimento socialista los condenó a la precariedad. El Estado intervino sin planificación, expropió sin compensación adecuada y generó un clima de incertidumbre total que paralizó la inversión y la producción. El resultado no fue justicia social, sino miseria compartida.

¿Mártir democrático o advertencia histórica?

Reconocer el fracaso del gobierno de Allende no implica justificar todo lo que vino después, porque de que hubo excesos, los hubo. Pero una cosa no borra la otra. La historia no se construye con santos ni demonios, sino con responsabilidades.

Allende no fue un dictador clásico, pero gobernó con una lógica dictatorial que despreciaba los contrapesos, relativizaba la ley y subordinaba la democracia a un proyecto ideológico. Su legado no es el de un estadista ejemplar, sino el de una advertencia: cuando la política se cree moralmente superior a las instituciones, el desenlace siempre es el desastre.

Desmitificar a Allende no es un acto de odio ni de negacionismo, sino un ejercicio necesario de madurez histórica. Chile no necesita más vacas sagradas. Necesita aprender, de una vez por todas, que sin Estado de Derecho no hay justicia social posible.