Salvador Allende: el mito absurdo que la historia no puede seguir protegiendo

Allende no fue un santo: la historia que la izquierda no quiere discutir.

¿Dictador o demócrata?

Durante más de medio siglo, Salvador Allende ha ocupado un lugar excepcional en la memoria política de Chile. Para buena parte de la izquierda, y particularmente para sus sectores más radicalizados, dejó de ser simplemente un expresidente de la República para convertirse en un símbolo, un mártir y casi una figura intocable. Su muerte en La Moneda terminó de consolidar una imagen romántica que, con el paso de las décadas, ha conseguido instalarlo en determinados sectores de la sociedad como el paradigma del presidente democrático sacrificado por sus adversarios.

Pero la historia de una nación no puede construirse sobre altares. Allende puede ser recordado, estudiado e incluso admirado por quienes comparten sus ideas, pero también debe ser sometido al mismo juicio crítico que cualquier otro gobernante. Y cuando se examinan sus decisiones, sus resultados económicos, su relación con las instituciones y el proyecto político que intentó implementar, aparece una realidad bastante más incómoda que la del héroe democrático que ha construido la mitología de la izquierda.

El problema no es que alguien admire a Salvador Allende. El problema comienza cuando admirarlo significa impedir que pueda ser criticado.

Un presidente que no recibió un mandato para refundar Chile

Salvador Allende llegó a La Moneda en 1970 después de obtener apenas el 36,6% de los votos. En una democracia fragmentada, aquello no constituía un mandato plebiscitario para transformar radicalmente el sistema económico, social y político del país. Por el contrario, una votación de esas características exigía capacidad de negociación, búsqueda de acuerdos y respeto especialmente cuidadoso por los contrapesos institucionales.

Sin embargo, la Unidad Popular avanzó hacia un programa socialista de inspiración marxista que pretendía transformar profundamente la estructura económica chilena. El problema no estaba simplemente en que Allende quisiera modificar el modelo económico. Un presidente democrático tiene todo el derecho a intentar reformar el país. El problema aparece cuando un proyecto político comienza a considerar las instituciones y los límites legales como obstáculos que deben ser sorteados para alcanzar determinados objetivos.

La democracia no consiste únicamente en ganar una elección. Consiste también en aceptar que quien gana debe gobernar dentro de las reglas existentes y que la oposición, el Congreso, los tribunales y los demás órganos del Estado poseen legitimidad propia. Ese principio resulta especialmente importante cuando se analiza el gobierno de Allende.

El problema institucional

Uno de los argumentos más difíciles de conciliar con la imagen de Allende como demócrata ejemplar es precisamente su relación con las instituciones de la República.

Los textos que sirven de base a este análisis destacan los conflictos entre el Ejecutivo y organismos como la Contraloría y la Corte Suprema, además del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en agosto de 1973, que acusó al gobierno de graves infracciones constitucionales.

Estos antecedentes no deberían ser borrados de la historia porque posteriormente Allende haya adquirido la condición de mártir.

Aquí es necesario establecer una diferencia fundamental. Criticar a Allende por sus actuaciones políticas no significa afirmar que todas las responsabilidades de la crisis de 1973 recayeron exclusivamente sobre él. La situación chilena era mucho más compleja. Existían una oposición radicalizada, organizaciones armadas, conflictos sociales, una profunda polarización política, intervención extranjera y una Guerra Fría que convirtió a Chile en uno de los escenarios más sensibles de la confrontación ideológica internacional. Pero reconocer esa complejidad no obliga a convertir a Allende en inocente de todo. La responsabilidad histórica no funciona mediante absoluciones colectivas.

La economía como prueba de realidad

También existe una tendencia a separar a Allende de los resultados concretos de su política económica. Es comprensible que sus partidarios recuerden sus intenciones sociales y su propósito de construir una sociedad más igualitaria. Pero un gobierno no puede ser evaluado exclusivamente por sus intenciones. Debe ser evaluado también por sus consecuencias. Y las consecuencias económicas de la Unidad Popular fueron extraordinariamente graves. Los textos aportados describen una inflación superior al 600%, escasez, desabastecimiento, mercado negro, pérdida del poder adquisitivo y una profunda alteración de los incentivos productivos.

La expansión acelerada del control estatal, las expropiaciones, los controles de precios y la creciente intervención sobre la economía terminaron generando un escenario que golpeó precisamente a aquellos sectores populares que el proyecto socialista pretendía beneficiar. Esta debería ser una de las principales lecciones del período. Las buenas intenciones no garantizan buenos resultados.

Un gobernante puede declarar que pretende terminar con la pobreza, reducir las desigualdades y construir una sociedad más justa. Pero si las políticas utilizadas para conseguirlo destruyen la producción, generan escasez, disparan la inflación y deterioran las condiciones materiales de la población, entonces corresponde revisar esas políticas y reconocer su fracaso. La política económica no puede evaluarse por la aparente nobleza del discurso, sino también por la realidad que produce.

La violencia política tampoco puede ser romantizada

Otro aspecto que la mitología allendista suele abordar de manera selectiva es la existencia de organizaciones armadas de izquierda durante la Unidad Popular.

El MIR desarrolló una actividad política y armada que contribuyó a la radicalización del período, mientras el GAP, encargado de la seguridad presidencial, constituyó una estructura armada vinculada directamente al entorno de Allende. Los textos aportados también destacan el fenómeno de las tomas de fundos y la utilización de la presión y la violencia como mecanismos de disputa política.

Esto no significa que pueda responsabilizarse a Allende de cada acto de violencia cometido por una organización de izquierda. Esa sería una simplificación tan poco seria como responsabilizar a toda la derecha por cada crimen cometido por alguien que se identificara con ella. Pero tampoco resulta intelectualmente honesto esconder el contexto de violencia política en el que se desarrolló la Unidad Popular.

La democracia requiere que el Estado mantenga el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando grupos políticos comienzan a considerar la violencia como una herramienta aceptable para conseguir objetivos revolucionarios, la democracia comienza a deteriorarse. Y eso ocurrió en el Chile de Allende.

El mito del mártir

La muerte de Allende en La Moneda produjo un fenómeno político que modificó profundamente la manera en que posteriormente fue interpretado.

El presidente derrotado políticamente terminó transformándose en el mártir de una causa. Su muerte permitió que su figura quedara asociada a una épica de resistencia, sacrificio y dignidad frente a sus adversarios. Con el tiempo, esa imagen terminó adquiriendo una enorme fuerza simbólica.

Pero existe una diferencia entre ser un mártir político y haber sido un buen gobernante. Una muerte dramática no transforma automáticamente las decisiones anteriores en decisiones acertadas. Un político puede morir heroicamente y, al mismo tiempo, haber cometido graves errores políticos. Puede ser víctima de un proceso histórico y haber contribuido también a crear las condiciones que condujeron hacia ese desenlace. Puede haber tenido buenas intenciones y haber implementado muy malas políticas. Las categorías históricas no son mutuamente excluyentes.

La izquierda trata de convertir a Allende en un santo

El problema más profundo aparece cuando la figura histórica de Allende se vuelve prácticamente inmune a la crítica. El texto sobre el culto político al allendismo describe precisamente esta transformación de un personaje histórico en una suerte de figura sagrada para determinados sectores de la izquierda chilena.

Cuando ocurre eso, cualquier cuestionamiento puede ser presentado como odio, fascismo, negacionismo o intento de borrar la memoria. Pero preguntar no es negar. Criticar no es perseguir. Investigar no es borrar. Desmitificar no significa desconocer la tragedia. Por el contrario, significa devolverle a la historia aquello que la propaganda política intenta quitarle: la posibilidad de ser examinada desde diferentes perspectivas.

Chile no necesita reemplazar una mitología de izquierda por una mitología de derecha. No necesita convertir a Pinochet en un santo para dejar de considerar a Allende un héroe. Tampoco necesita negar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar para reconocer que la Unidad Popular cometió errores políticos de enorme magnitud. Una sociedad madura puede sostener simultáneamente varias verdades históricas incómodas.

Allende y Pinochet no tienen que convertirse en una elección moral obligatoria

Aquí existe una de las trampas más frecuentes de la discusión chilena. Se pretende instalar la idea de que criticar a Allende equivale necesariamente a defender a Pinochet. No es así.

• Se puede sostener que el gobierno de Allende fue políticamente desastroso y, simultáneamente, condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
• Se puede reconocer la responsabilidad de la Unidad Popular en la crisis institucional y, al mismo tiempo, considerar injustificables determinados crímenes cometidos posteriormente por agentes del Estado.

La historia no obliga a escoger entre dos absoluciones. Precisamente por eso resulta necesario rechazar el pensamiento político infantil según el cual cada personaje debe ser completamente bueno o completamente malo.

La madurez histórica comienza cuando somos capaces de reconocer errores incluso en aquellos que pertenecen a nuestro propio sector y aciertos incluso en aquellos que consideramos adversarios.

El verdadero legado de Allende

Quizás el legado más importante de Salvador Allende no sea el que sus admiradores quieren transmitir. Su gobierno debería ser recordado como una advertencia sobre los peligros de llevar la polarización ideológica hasta sus últimas consecuencias.

Chile demostró durante esos años que una democracia puede deteriorarse rápidamente cuando las fuerzas políticas dejan de verse como adversarios legítimos y comienzan a considerarse enemigos irreconciliables. También demostró que la economía no puede ser sometida indefinidamente a un experimento ideológico sin considerar sus consecuencias concretas. Y demostró algo todavía más importante: ningún proyecto político, por noble que diga ser, está por encima de la institucionalidad. Ese debería ser el verdadero aprendizaje de la Unidad Popular.

Contra el culto político

Salvador Allende pertenece a la historia de Chile, no a una religión política. Puede ser homenajeado por quienes lo admiran. Puede ser reivindicado por quienes comparten su ideología. Puede incluso ser considerado por algunos como uno de los grandes personajes de la historia nacional.

Pero también puede ser criticado. Y debe serlo. Porque una democracia que permite cuestionar a todos sus gobernantes, excepto a uno, no está haciendo historia. Está construyendo un mito.

Allende no fue un dictador clásico, pero sería históricamente incorrecto tratar de catalogarlo como un demócrata ejemplar. Su administración tuvo evidentes signos dictatoriales, lo que contrasta con esa imagen idealizada, épica y casi romántica que siempre ha tratado de darle la izquierda chilena. Su gobierno enfrentó graves conflictos institucionales, impulsó un proyecto económico que terminó en un desastre y gobernó un país que terminó profundamente dividido. Los propios textos aportados sostienen que su mandato debe ser comprendido como una advertencia sobre lo que sucede cuando un proyecto político subordina las instituciones a una determinada concepción ideológica.

La izquierda chilena tiene todo el derecho a reivindicar a Salvador Allende. Lo que no tiene derecho a exigir es que el resto de Chile lo venere. Porque los presidentes no son santos. Los gobiernos no son religiones. Y la historia no es un altar.

Salvador Allende debe permanecer donde corresponde: en el terreno de la historia, donde sus decisiones, sus éxitos, sus errores y sus responsabilidades puedan ser examinados sin miedo, sin consignas y sin la obligación de arrodillarse ante ningún mito.