La izquierda también le debe un mea culpa a Chile

Durante décadas, buena parte de la izquierda chilena ha construido un relato histórico en el que la responsabilidad por la tragedia nacional parece comenzar y terminar el 11 de septiembre de 1973. Exige a la derecha condenas permanentes sobre el régimen militar, pero rara vez realiza una revisión equivalente sobre la Unidad Popular, la violencia revolucionaria y las organizaciones armadas que actuaron en Chile. Una democracia madura exige algo bastante más difícil: reconocer los errores propios con la misma severidad con que se juzgan los del adversario.

Imagen hecha con IA.

Chile lleva más de medio siglo discutiendo sobre los acontecimientos que marcaron su historia entre 1970 y 1990. Sin embargo, el debate público continúa atrapado en una curiosa asimetría. A la derecha se le exige una condena prácticamente ritual de Augusto Pinochet, mientras una parte importante de la izquierda sigue tratando el gobierno de Salvador Allende como una experiencia esencialmente virtuosa, interrumpida exclusivamente por fuerzas externas y por un golpe militar presentado como el origen de todos los males posteriores. Esa mirada es insuficiente.

El problema es que la discusión histórica chilena no puede seguir funcionando como una condena unilateral de un solo sector. Durante décadas, la extrema izquierda ha intentado instalar un relato en el que toda la responsabilidad por la tragedia nacional recae sobre las Fuerzas Armadas y la derecha, mientras sus propias responsabilidades políticas e ideológicas quedan convenientemente relegadas. Se omite que en Chile existieron organizaciones terroristas que promovieron abiertamente la lucha armada, que recurrieron a asesinatos, atentados, secuestros y otras formas de violencia política, y que sectores de la izquierda nunca han realizado una condena histórica suficientemente clara de esa estrategia. Tampoco se puede borrar la responsabilidad de quienes llevaron al país por una vía de creciente radicalización, extremismo, enfrentamiento social y quiebre institucional. Condenar los abusos cometidos durante el régimen militar es necesario, pero esa condena no puede convertirse en una herramienta para blanquear los errores, las responsabilidades y la violencia de la extrema izquierda chilena.

Existen principios deben ser universales y defendidos por todos, pero también resulta legítimo preguntarse por qué una parte de la izquierda chilena ha mostrado tantas dificultades para realizar una revisión igualmente severa de su propia historia. La memoria democrática no puede funcionar como un tribunal donde solamente se juzga al adversario.

El mea culpa que todavía está pendiente

La pregunta resulta incómoda, pero es necesaria: ¿cuándo veremos un verdadero mea culpa de la izquierda chilena por sus responsabilidades políticas en la tragedia de los años setenta?

No basta con reconocer genéricamente que "hubo errores". Tampoco basta con mencionar de pasada la polarización. Una revisión histórica seria debería reconocer que el gobierno de Salvador Allende terminó enfrentando una crisis económica, social e institucional de enormes proporciones, en un contexto en que la Unidad Popular carecía de una mayoría política suficiente para imponer su programa.

Allende obtuvo el 36,6% de los votos en 1970. Su posterior ratificación en el Congreso se produjo mediante un acuerdo político que exigía respetar determinadas garantías constitucionales. Sin embargo, el gobierno impulsó una transformación radical de la estructura económica chilena mediante nacionalizaciones, expropiaciones, expansión del área estatal y una creciente intervención económica.

La oposición tuvo responsabilidades, es cierto. Existieron paros, conflictos sociales y acciones destinadas a desestabilizar a la Unidad Popular. Todo eso forma parte de la historia. Pero nada de aquello elimina la responsabilidad del propio gobierno en la conducción del país. El mayor culpable del descalabro que fue el gobierno de Allende fue el propio Allende.

La inflación se disparó, el desabastecimiento se hizo cotidiano, aparecieron extensas colas para conseguir productos básicos, creció el mercado negro y la incertidumbre golpeó fuertemente la producción y la inversión. La expansión del gasto, los controles de precios, las expropiaciones y las distorsiones económicas contribuyeron a profundizar una crisis que terminó afectando precisamente a muchos de los sectores populares que la Unidad Popular decía representar.

¿Puede una izquierda que pretende gobernar Chile en el siglo XXI reconocer abiertamente que aquel proyecto tuvo graves errores económicos? Debería.

La institucionalidad tampoco puede desaparecer del relato

Existe otro aspecto particularmente incómodo para el relato romántico sobre la Unidad Popular. La crisis no fue solamente económica. También fue institucional.

La relación entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial se deterioró hasta alcanzar niveles extraordinarios. La Corte Suprema expresó públicamente sus reparos frente al incumplimiento de resoluciones judiciales y en agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en el que denunció graves infracciones al orden constitucional y legal.

Se puede discutir el significado político de aquel documento. Lo que resulta mucho más difícil de negar es que la democracia chilena se encontraba profundamente deteriorada antes del 11 de septiembre.

La convivencia política había llegado a un punto en que el adversario comenzaba a ser tratado como enemigo. La violencia política se había instalado en la vida nacional y las posiciones más radicalizadas ganaban terreno. Una democracia no puede sobrevivir indefinidamente cuando sus principales actores dejan de reconocer legitimidad a quienes piensan diferente.

La violencia revolucionaria tampoco puede ser blanqueada

Aquí aparece una de las mayores deudas históricas de determinados sectores de la izquierda chilena. Durante décadas, organizaciones terroristas como el MIR, el GAP, el FPMR y posteriormente el MAPU-Lautaro han sido presentadas por sectores de izquierda fundamentalmente como expresiones de resistencia, lucha revolucionaria o enfrentamiento contra la dictadura. Pero esa descripción omite una parte fundamental de la historia.

Fueron organizaciones terroristas armadas que recurrieron a atentados, asesinatos, secuestros, asaltos y otras formas de violencia política. El FPMR, por ejemplo, desarrolló una intensa actividad armada durante los años ochenta, incluyendo el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. El MAPU-Lautaro mantuvo posteriormente una estrategia de lucha armada que incluyó acciones violentas y delitos graves.

No se trata de negar el contexto político en que surgieron ni de ignorar la represión que existió durante el régimen militar. Se trata de algo mucho más básico: explicar la violencia no significa justificarla... y quienes empezaron con la violencia política en Chile fueron el MIR y el GAP, bastante antes del 11 de septiembre de 1973.

La misma vara que se utiliza para condenar los crímenes de agentes del Estado o cualquier forma de violencia política debe utilizarse para juzgar la violencia revolucionaria. Si un grupo asesina, secuestra, coloca bombas o utiliza armas para imponer objetivos políticos, la etiqueta ideológica no puede transformarlo mágicamente en un movimiento democrático. Y aquí la izquierda chilena tiene una tarea pendiente. Necesita decir con claridad que la violencia revolucionaria no fue una forma legítima de hacer política.

No todo comenzó el 11 de septiembre

Uno de los problemas del relato dominante consiste en convertir el golpe de Estado en una especie de punto cero de la historia chilena contemporánea. Pero los procesos históricos no aparecen de la nada.

El 11 de septiembre de 1973 fue consecuencia de una crisis que llevaba años acumulándose. La polarización, la violencia política, el deterioro económico, la confrontación entre poderes del Estado y la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos habían llevado al país a una situación límite. Comprender ese proceso no significa justificar el golpe. Es una distinción elemental, pero frecuentemente desaparece del debate.

Explicar por qué ocurrió una tragedia no significa aprobar todo lo que ocurrió después. La izquierda debería ser capaz de aceptar esta diferencia con la misma claridad con que exige que la derecha comprenda que los errores de la Unidad Popular jamás pueden utilizarse para justificar las violaciones a los derechos humanos cometidas posteriormente.

Pinochet y la caricatura que hace la extrema izquierda

La misma honestidad intelectual debe aplicarse al general Augusto Pinochet.

Pinochet encabezó un régimen autoritario y durante su gobierno se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Eso debe ser condenado sin ambigüedades. Pero existe una diferencia entre condenar esos hechos y pretender que toda la obra histórica del período puede reducirse exclusivamente a ellos.

Durante el gobierno militar se produjo una profunda transformación económica. Chile abandonó progresivamente el modelo de fuerte intervención estatal heredado de décadas anteriores, abrió su economía al comercio internacional, redujo el peso empresarial del Estado y otorgó un papel mucho mayor a la iniciativa privada.

No todo funcionó. La crisis de 1982 produjo un enorme costo económico y social y demostró las vulnerabilidades del modelo aplicado durante la primera etapa del régimen. Pero posteriormente se produjo una recuperación y varias de las reformas estructurales implementadas durante esos años fueron mantenidas, modificadas o profundizadas por los gobiernos democráticos posteriores. Ese dato es imposible de borrar de la historia.

Si las transformaciones económicas fueron tan negativas como sostiene parte de la izquierda, entonces resulta difícil explicar por qué buena parte de ellas sobrevivió durante décadas de gobiernos de la Concertación.

La democracia chilena no demolió completamente la estructura económica heredada de 1990. En numerosos aspectos la mantuvo, la perfeccionó, la modificó y la utilizó como base para una etapa de crecimiento, apertura comercial y reducción de la pobreza. Eso no convierte a Pinochet en un ídolo, así como el ídolo que es Allende para la izquierda. Pero demuestra que la historia es bastante más compleja que una caricatura.

La izquierda pide autocrítica, pero ¿dónde está la suya?

Aquí aparece el verdadero problema. Durante años, la derecha ha sido sometida a una exigencia legítima: reconocer los crímenes y abusos cometidos durante el gobierno militar. Pero también corresponde formular exactamente la misma pregunta al otro lado del espectro político.

• ¿Dónde está el mea culpa de la izquierda por la violencia revolucionaria?
• ¿Dónde está el reconocimiento inequívoco de que el MIR fue una agrupación terrorista que defendió la lucha armada?
• ¿Dónde está una condena histórica sin ambigüedades respecto de los asesinatos, atentados y secuestros cometidos por organizaciones extremistas como el FPMR y MAPU-Lautaro?
• ¿Dónde está la autocrítica por los graves errores económicos y políticos de la Unidad Popular?
• ¿Dónde está el reconocimiento de que el gobierno de Allende también contribuyó al deterioro de la convivencia democrática? 
• ¿Dónde está el reconocimiento de que la democracia en Chile se interrumpió mucho antes del 11 de septiembre de 1973?

Y, sobre todo, ¿por qué resulta tan difícil admitir que un gobierno puede haber tenido buenas intenciones y, al mismo tiempo, haber cometido errores gravísimos? La respuesta probablemente tenga relación con la necesidad de conservar determinados símbolos políticos.

Allende continúa siendo para buena parte de la izquierda una figura fundacional, casi sagrada. Reconocer sus responsabilidades obliga a revisar un relato construido durante décadas. Y cuando la historia se convierte en identidad política, la autocrítica comienza a percibirse como una amenaza. Pero una democracia adulta no debería tener figuras intocables.

La historia no necesita santos ni demonios

El problema tampoco se soluciona reemplazando un mito por otro. Pinochet no necesita ser convertido en un santo para reconocer que durante su gobierno hubo transformaciones económicas relevantes. Del mismo modo, Allende no necesita ser convertido en un demonio para reconocer los graves errores de la Unidad Popular.

La historia puede contener contradicciones. Un gobernante puede cometer crímenes y, al mismo tiempo, impulsar transformaciones importantes. Un gobierno puede tener un programa social legítimo y, al mismo tiempo, conducir al país hacia una crisis económica e institucional. Una organización puede luchar contra una dictadura y, simultáneamente, cometer actos terroristas o criminales. Las cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Eso es precisamente lo que una visión adulta de la historia debería enseñarnos. 

Una derecha que condena los abusos y una izquierda que reconoce sus errores

La derecha chilena también tiene una responsabilidad. No puede responder a la incapacidad de determinados sectores de izquierda para realizar su mea culpa relativizando las violaciones a los derechos humanos. La tortura, las ejecuciones, las desapariciones y cualquier abuso cometido por agentes del Estado deben ser condenados siempre.

Pero esa condena no puede convertirse en una obligación unilateral. Si se exige a la derecha reconocer sus errores, la izquierda debe hacer exactamente lo mismo. Chile no puede continuar viviendo en una especie de juicio histórico permanente donde una parte de la sociedad está obligada a pedir perdón eternamente mientras la otra conserva intactos sus símbolos, sus héroes y sus organizaciones revolucionarias.

La reconciliación no consiste en olvidar. Consiste en recordar todo. Chile necesita una memoria sin doble estándar Medio siglo después, Chile debería estar en condiciones de mirar su historia de frente. Debe poder decir que la Unidad Popular cometió graves errores económicos y políticos. 

• Que la violencia revolucionaria de organizaciones armadas de izquierda no fue una forma legítima de hacer política. 
• Que el MIR, el FPMR y MAPU-Lautaro fueron grupos terroristas que protagonizaron acciones violentas, y que deben ser juzgadas con la misma severidad moral que cualquier otra forma de terrorismo o violencia política. 
• Que la crisis institucional de 1973 no comenzó la mañana del 11 de septiembre.

Pero también debe decir que el régimen militar fue autoritario, que cometió violaciones a los derechos humanos y que ninguna transformación económica puede convertir esos abusos en hechos aceptables. Y también debe poder reconocer que durante esos mismos años se realizaron transformaciones económicas profundas que posteriormente tuvieron continuidad en democracia. 

No existe contradicción. La contradicción aparece cuando se pretende que reconocer una verdad obliga necesariamente a negar otra. La izquierda chilena lleva décadas exigiendo a la derecha que mire de frente su pasado. La exigencia es legítima. Lo que no resulta legítimo es pretender que esa obligación sea unilateral.

La historia no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Tampoco pertenece a quienes ganaron una elección, escribieron un libro o construyeron un relato político. Pertenece a todos los chilenos. Y precisamente por eso llegó la hora de que la izquierda también mire de frente su propia historia. Que reconozca sus errores, condene sin eufemismos la violencia revolucionaria y deje de presentar la Unidad Popular como una experiencia impecable cuyo único problema habría sido haber sido derrocada.

Porque una democracia verdaderamente madura no es aquella donde solamente un sector pide perdón. Es aquella donde todos son capaces de reconocer aquello en lo que se equivocaron. Chile no necesita una memoria selectiva para proteger a sus héroes políticos ni una historia construida exclusivamente para condenar a sus adversarios. Necesita algo mucho más difícil: una verdad completa, incómoda y sin doble estándar. Y esa verdad comienza cuando cada sector político está dispuesto a reconocer que sus propios muertos, sus propios errores y sus propios horrores también forman parte de la historia nacional.