El impresentable negacionismo de la ultraizquierda chilena

Hay una parte de la izquierda chilena que exige a la derecha una autocrítica permanente sobre 1973, pero se niega a realizar el mismo ejercicio con su propio pasado. Niega o relativiza la violencia revolucionaria, convierte al MIR y a otras organizaciones armadas en románticos símbolos de resistencia, culpa exclusivamente a terceros por el desastre de la Unidad Popular y presenta a Salvador Allende como una víctima absolutamente ajena a la fractura institucional que terminó destruyendo la democracia chilena. Ese relato no es memoria histórica. Es negacionismo selectivo.

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Hay algo profundamente contradictorio en la manera en que la ultraizquierda chilena enfrenta la historia reciente. Exige que la derecha reconozca cada abuso, cada error y cada crimen cometido durante el régimen militar, pero cuando llega el momento de mirar hacia su propio lado aparecen las excusas, los matices, los contextos y las responsabilidades de terceros.

Para la derecha, el contexto parece no existir. Para la izquierda radical, en cambio, el contexto parece explicarlo todo. Si un agente del Estado comete un crimen, la responsabilidad es del sistema. Si un militante revolucionario coloca una bomba, asesina, secuestra o participa en una acción armada, inmediatamente aparecen las explicaciones históricas, la dictadura, la represión, la Guerra Fría o las circunstancias sociales. Ese doble estándar ya no resiste un debate serio.

Chile necesita una memoria completa. Y una memoria completa significa también hablar de aquello que durante décadas determinados sectores de la izquierda han preferido esconder, relativizar o directamente negar.

El romanticismo alrededor de la violencia revolucionaria

Uno de los ejemplos más evidentes es la manera en que gran parte de la izquierda chilena continúa hablando del MIR.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria no fue simplemente una organización juvenil idealista que soñaba con una sociedad más justa. Fue una organización terrorista revolucionaria que defendió la lucha armada como instrumento político. La propia Memoria Chilena lo identifica como el principal referente de la izquierda radical, extraparlamentaria y revolucionaria chilena. Entonces, ¿por qué cuesta tanto decirlo con todas sus letras?

¿Por qué todavía existen sectores que transforman a militantes de organizaciones armadas en héroes románticos mientras condenan sin descanso cualquier expresión de violencia proveniente de la derecha? La misma pregunta debe hacerse respecto de otros grupos abiertamente terroristas como FPMR y MAPU-Lautaro. La violencia política no se vuelve legítima porque quien la ejerce diga luchar por una sociedad socialista.

• Un asesinato sigue siendo un asesinato.
• Un secuestro sigue siendo un secuestro.
• Un atentado sigue siendo un atentado.
• Una bomba no se transforma en un instrumento democrático porque haya sido colocada en nombre de una revolución.

Y aquí la izquierda chilena tiene una deuda gigantesca con la verdad histórica. Debe abandonar la ambigüedad y reconocer que las organizaciones armadas que pretendieron conquistar objetivos políticos mediante la violencia no representan un modelo democrático que deba ser reivindicado.

El GAP tampoco puede quedar fuera de la discusión

El caso del GAP ( Grupo de Amigos Personales) también forma parte de esta historia incómoda. La izquierda suele construir alrededor de la Unidad Popular una imagen de absoluta indefensión frente a fuerzas externas, como si el gobierno hubiese sido una víctima completamente pasiva de los acontecimientos.

Pero el Chile de aquellos años estaba profundamente militarizado políticamente. Existían grupos armados, entrenamiento, estructuras de seguridad y sectores que concebían la política como una lucha de poder que podía terminar resolviéndose por las armas.

El problema no consiste en negar que existieran amenazas contra el gobierno de Salvador Allende. El problema consiste en ocultar que también existía una izquierda terrorista y revolucionaria que no confiaba precisamente en los mecanismos tradicionales de la democracia liberal.

La historia no puede ser contada como si solamente hubiera existido una democracia pacífica atacada desde afuera. La realidad fue muchísimo más brutal.

El gran argumento de la izquierda: "todo fue culpa de otros"

Existe una explicación particularmente cómoda para la tragedia de la Unidad Popular: Estados Unidos, los empresarios, los camioneros, la derecha, los medios de comunicación, el sabotaje, los mercados, la Guerra Fría y cualquier otro factor imaginable.

Algunos de esos elementos fueron reales. La intervención estadounidense existió, pero el pronunciamiento militar lo hicieron los militares chilenos con armamento y logística del Ejército de Chile. Hubo oposición empresarial, paralizaciones y acciones destinadas a desestabilizar al gobierno. La propia historiografía institucional chilena reconoce el peso de esos factores.

Pero convertirlos en explicación absoluta es otra cosa. La fijación de los precios fue del propio gobierno de Allende, lo mismo que las horrorosas políticas económicas que se tomaron en aquel entonces. 

La pregunta incómoda es mucho más sencilla: ¿y qué responsabilidad tuvo el gobierno de Salvador Allende? Porque la economía chilena no colapsó por generación espontánea. La expansión del gasto produjo un creciente déficit fiscal que fue financiado mediante emisión monetaria y contribuyó al proceso inflacionario. Al mismo tiempo existieron severos problemas de abastecimiento y una creciente confrontación política y social. Un gobierno no puede gobernar un país atribuyendo permanentemente sus fracasos a sus adversarios. Un gobierno tiene que responder por sus decisiones.

El descalabro de la Unidad Popular no fue una conspiración imaginaria

Durante los últimos años de la Unidad Popular, Chile experimentó inflación, desabastecimiento, mercado negro, enfrentamientos políticos y una sensación creciente de desgobierno. La propia Memoria Chilena registra el desabastecimiento de artículos de primera necesidad y la sensación colectiva de desgobierno existente antes del golpe. Y aquí aparece otra forma de negacionismo.

Hay sectores izquierdistas que hasta el día de hoy hablan de la Unidad Popular como si su único problema hubiera sido que la CIA, la derecha y los militares decidieron destruir un proyecto exitoso. Eso es históricamente insostenible.

La Unidad Popular enfrentó enormes obstáculos externos, como también le toca a todos los gobiernos en Chile, pero también cometió brutales errores propios. La política económica fue profundamente problemática. El conflicto entre las distintas corrientes de la propia izquierda fue evidente. Y el gobierno fue incapaz de resolver una crisis política que terminó comprometiendo las bases mismas de la convivencia nacional.

Reconocerlo no significa justificar la violencia política, ya que eso se debe repudiar venga del lado que venga. Significa reconocer que Salvador Allende también tuvo responsabilidades.

¿Era Allende realmente un demócrata sin límites?

Este es probablemente uno de los puntos que más irritan a la izquierda contemporánea. Allende llegó al poder democráticamente. Eso es cierto. Pero haber llegado democráticamente al gobierno no significa que todas las decisiones posteriores hayan sido automáticamente democráticas. No por nada, las similitudes entre Salvador Allende y Nicolás Maduro son más que evidentes.

El proyecto allendista pretendía transformar radicalmente la estructura económica y social chilena. La propia Memoria Chilena describe el programa de la Unidad Popular como un proyecto destinado a construir un Estado popular y una economía planificada de fuerte orientación estatal. Y cuando el Ejecutivo entra en conflicto permanente con el Congreso, el Poder Judicial y las normas institucionales, la democracia comienza a deteriorarse.

En agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que denunció un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. El documento exigía encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar las bases esenciales de la convivencia democrática. Eso no fue escrito cincuenta años después por historiadores de derecha. Fue dicho por el Congreso chileno en 1973.

Y existe otro dato todavía más incómodo: la crisis institucional tampoco era una invención de la oposición. La propia historiografía de la Biblioteca del Congreso Nacional registra que la violencia política se había vuelto cada vez más frecuente durante los tres años de la Unidad Popular, incluyendo enfrentamientos, tomas de fundos e industrias por la vía armada, y otras acciones violentas vinculadas a sectores revolucionarios.

Por eso resulta absurdo afirmar que la democracia chilena estaba perfectamente sana hasta las primeras horas del 11 de septiembre. La democracia ya estaba gravemente fracturada. El golpe no creó desde cero esa fractura. La profundizó, la transformó y abrió posteriormente una etapa de 17 años de régimen autoritario y graves violaciones a los derechos humanos. Pero la crisis institucional venía desde mucho antes. 

La democracia chilena no se fracturó el 11 de septiembre de 1973. Esa es otra mentira más de la izquierda negacionista chilena.

El negacionismo consiste también en borrar las responsabilidades previas

Aquí está el punto que la ultraizquierda no quiere discutir. Decir que la democracia chilena estaba fracturada antes del 11 de septiembre de 1973 no significa decir que el golpe fue democrático. No lo fue.

• Decir que el gobierno de Allende cometió graves errores no significa justificar la represión posterior. No la justifica.
• Decir que existieron organizaciones revolucionarias que utilizaron la violencia no significa desconocer los crímenes cometidos posteriormente por agentes del Estado. Tampoco los justifica.

Pero estas verdades pueden coexistir. El problema es que una parte de la izquierda necesita que solamente una de ellas exista.

Porque si se acepta que hubo responsabilidad de la Unidad Popular, que existió violencia revolucionaria, que el sistema político estaba profundamente quebrado y que la economía atravesaba una crisis extraordinaria, entonces se derrumba el relato según el cual Chile vivía una democracia ejemplar que fue súbitamente destruida por una conspiración militar.

La historia real es mucho más incómoda. La izquierda no puede exigir una autocrítica que ella misma rechaza Aquí está la cuestión de fondo.

La derecha chilena ha sido sometida durante décadas a una exigencia legítima de autocrítica. Debe reconocer los abusos cometidos durante el régimen militar. Debe reconocer que hubo torturas, ejecuciones, desapariciones y atropellos a los derechos humanos. Correcto.

Pero exactamente la misma lógica debe aplicarse al otro lado. La izquierda debe reconocer sus propios errores... y sus propios horrores.

• Debe reconocer el carácter revolucionario y armado del MIR.
• Debe condenar inequívocamente la violencia política y el terrorismo del FPMR y MAPU-Lautaro.
• Debe abandonar el romanticismo respecto de los violentistas utilizaron las armas para alcanzar objetivos políticos.
• Debe reconocer el descalabro económico y social provocado por la Unidad Popular.
• Debe reconocer que el gobierno de Allende tuvo responsabilidades concretas en la crisis institucional.
• Debe admitir que la democracia chilena no amaneció intacta el 11 de septiembre de 1973.
• Debe dejar de utilizar la intervención estadounidense como una explicación capaz de absolver automáticamente al gobierno de sus propias decisiones.

Eso no significa negar la intervención extranjera, que ocurrió en decenas de países durante la Guerra Fría. Significa terminar con la infantilización histórica de la izquierda.

No se puede construir democracia glorificando la vía armada

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Existe además una contradicción política que debería preocupar especialmente a la izquierda democrática. ¿Cómo se puede defender hoy la democracia mientras se reivindica, relativiza o romantiza a organizaciones que pretendieron alcanzar objetivos políticos mediante la lucha armada?

La democracia implica aceptar que el adversario puede ganar. La vía armada implica exactamente lo contrario. Por eso la izquierda chilena debería cortar definitivamente el vínculo sentimental con su pasado revolucionario. 

No basta con decir que aquellos eran otros tiempos. También la extrema derecha tuvo "otros tiempos". También existió Guerra Fría. También hubo polarización. También existieron amenazas y conflictos internacionales. El contexto explica. No absuelve. Esa regla debe valer para todos.

La historia no es propiedad de la izquierda

Durante demasiado tiempo, la izquierda chilena ha pretendido ocupar una posición moral desde la cual juzga a toda la sociedad, mientras considera sus propios errores como episodios secundarios explicables por las circunstancias. Eso tiene que terminar.

La historia de Chile no pertenece al Partido Comunista. No pertenece al Frente Amplio. No pertenece a la derecha. No pertenece a quienes estuvieron en La Moneda ni a quienes estuvieron en los cuarteles. Pertenece a todos los chilenos. Y precisamente por eso nadie puede exigir que se recuerden solamente los muertos de un lado.

• Si Chile va a hablar de memoria, tiene que hablar de toda la memoria.
• Si va a hablar de víctimas, tiene que reconocer a todas las víctimas.
• Si va a hablar de terrorismo, tiene que aplicar el mismo criterio sin importar el color político.
• Si va a hablar de democracia, tiene que reconocer también cómo se fue destruyendo desde mucho antes de 1973.
• Si va a exigir mea culpa, tiene que aceptar que la izquierda también tiene una larga lista de responsabilidades que reconocer.

Basta de historia con una sola dirección

La ultraizquierda chilena no puede continuar exigiendo que la derecha se arrodille permanentemente ante su propia historia mientras ella conserva intactos sus símbolos revolucionarios.

• No puede presentar al MIR como una simple organización romántica de jóvenes idealistas.
• No puede convertir al FPMR en una especie de movimiento de resistencia desprovisto de sus acciones violentas.
• No puede borrar a MAPU-Lautaro de la historia de la violencia política.
• No puede pretender que el GAP y la estructura de seguridad de la Unidad Popular sean irrelevantes para comprender el clima político de aquellos años.
• No puede presentar la crisis económica de la Unidad Popular como una gigantesca conspiración en la que Allende y su gobierno fueron simples espectadores.
• Tampoco puede seguir presentando a Salvador Allende como un demócrata impecable al que la historia habría privado injustamente de la oportunidad de demostrarlo.

La democracia chilena no murió automáticamente el 11 de septiembre. Para entonces llevaba años enferma. La violencia política, la polarización, el enfrentamiento institucional y la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos habían creado un escenario explosivo. La Cámara de Diputados llegó a denunciar formalmente un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal.

Eso no convierte el golpe de Estado en legítimo. Pero tampoco permite borrar lo que ocurrió antes. Y esa es precisamente la verdad que la ultraizquierda sigue resistiéndose a mirar.

Chile no necesita una memoria diseñada para proteger a Allende, al MIR o a ningún otro símbolo revolucionario. Necesita una memoria capaz de juzgar a todos con la misma vara.

La derecha tiene cuentas pendientes con la historia. Pero la izquierda también. Y mientras una parte de la izquierda siga negando, relativizando o justificando sus propias responsabilidades, mientras siga culpando exclusivamente a terceros por la debacle espantosa que fue la Unidad Popular y mientras continúe romantizando la violencia terrorista revolucionaria, seguirá demostrando que su problema no es la falta de memoria.

Su problema es que quiere una memoria selectiva. Y una democracia adulta no puede construirse sobre una historia contada a medias.