Allende y Pinochet: la historia que Chile todavía se resiste a mirar de frente

Durante décadas, la izquierda chilena ha convertido a Salvador Allende en un símbolo casi intocable, mientras la figura de Augusto Pinochet ha quedado reducida, para buena parte del debate público, a una sola dimensión. Pero una democracia madura no puede construir su memoria sobre mitos selectivos. Chile necesita una mirada capaz de reconocer el fracaso político y económico de la Unidad Popular, condenar sin ambigüedades las violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, analizar con objetividad las profundas transformaciones que marcaron al país durante el régimen militar. 

Pinochet.

Pocos períodos de la historia chilena continúan generando tanta división como los años que rodearon el gobierno de Salvador Allende y el régimen encabezado posteriormente por Augusto Pinochet. Medio siglo después, el país sigue atrapado en una disputa donde los hechos muchas veces son desplazados por los relatos políticos y donde la memoria parece depender, con demasiada frecuencia, de quién cuenta la historia. 

Para una parte de la izquierda, Allende representa al presidente mártir, al demócrata que murió defendiendo sus convicciones y al símbolo de un proyecto socialista interrumpido por la fuerza. Para determinados sectores de la derecha, en cambio, su gobierno representa el fracaso de un experimento revolucionario que llevó a Chile a una crisis económica, social e institucional de proporciones. La realidad histórica, sin embargo, es mucho más compleja. Y precisamente por eso resulta necesario discutirla sin miedo. 

Reconocer los errores del gobierno de Allende no significa justificar las violaciones a los derechos humanos, ni mucho menos. Condenar los abusos durante el gobierno militar tampoco obliga a negar las transformaciones económicas e institucionales que se produjeron durante esos años. La historia no es un partido de fútbol en el que necesariamente hay que escoger un solo equipo.

Allende: el mito romántico frente a la responsabilidad política

Salvador Allende llegó a La Moneda en 1970 con el 36,6% de los votos, en una elección profundamente fragmentada. Su posterior ratificación en el Congreso se produjo en un escenario donde la Unidad Popular no contaba con una mayoría suficiente para imponer por sí sola su programa. Ese contexto exigía una enorme capacidad de diálogo, negociación y construcción de acuerdos. 

Sin embargo, el gobierno impulsó un programa de transformaciones radicales que buscaba modificar profundamente la estructura económica y social del país. Nacionalizaciones, expropiaciones y expansión del área estatal se sucedieron en medio de una creciente polarización política. El problema no fue solamente el contenido de esas reformas, sino la incapacidad del sistema político para procesarlas dentro de un marco de acuerdos democráticos. 

La oposición también tuvo responsabilidades y la intervención extranjera fue un factor real que contribuyó a desestabilizar el escenario. Pero reconocer esos elementos no puede llevar a ignorar la responsabilidad del propio gobierno en la conducción del país. Un presidente no solamente debe tener un programa. También debe ser capaz de gobernar respetando los límites institucionales y buscando acuerdos cuando carece de una mayoría política suficiente. 

Cuando la institucionalidad comenzó a quebrarse

La crisis de la Unidad Popular no fue únicamente económica. También fue institucional. La relación entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado se deterioró progresivamente. La Corte Suprema manifestó públicamente sus reparos frente al incumplimiento de resoluciones judiciales, mientras que la Cámara de Diputados aprobó en agosto de 1973 un acuerdo en el que acusó al gobierno de graves infracciones al orden constitucional y legal. 

El significado político de aquel documento continúa siendo objeto de debate histórico, pero existe un hecho que resulta imposible desconocer: en 1973, la democracia chilena estaba profundamente quebrada. La convivencia entre el Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial había llegado a un punto límite. La polarización política había convertido el desacuerdo en confrontación y el adversario dejó de ser visto como un rival legítimo para transformarse, cada vez más, en un enemigo. La lección debería ser evidente: ninguna democracia puede sobrevivir cuando sus actores políticos consideran que sus objetivos ideológicos están por encima de las instituciones. 

La economía del desastre: inflación, escasez y pérdida del poder adquisitivo

El balance económico de los últimos años de la Unidad Popular fue desastroso. La inflación alcanzó niveles extraordinarios, el desabastecimiento se hizo cotidiano y las colas para conseguir productos básicos se transformaron en una imagen habitual de aquellos años. La economía informal y el mercado negro adquirieron una dimensión creciente, mientras la incertidumbre golpeaba la producción y la inversión. Es cierto que existieron factores externos, pero el mayor culpable de todo ese desastre fue el propio desgobierno de la UP. Los paros y la conflictividad social también tuvieron consecuencias importantes. Pero atribuir toda la crisis a factores externos resulta igualmente insuficiente. 

Las políticas de control de precios, la acelerada expansión del gasto, las expropiaciones y la creciente intervención estatal generaron fuertes distorsiones económicas. La confianza se desplomó y la producción terminó siendo incapaz de responder adecuadamente a las necesidades de la población. El resultado fue una crisis que afectó especialmente a los sectores populares que el proyecto de la Unidad Popular pretendía beneficiar. La paradoja fue brutal: un gobierno que llegó al poder prometiendo construir una sociedad más justa terminó enfrentando una situación de escasez, inflación y deterioro de las condiciones de vida que profundizó la angustia de millones de chilenos. 

La violencia política y el fracaso de la convivencia 

Otro elemento que suele quedar relegado en determinadas interpretaciones del período es la creciente violencia política. Chile vivió durante esos años una radicalización que involucró a sectores de izquierda y de derecha. Organizaciones terroristas armadas como el MIR y el GAP desarrollaron una estrategia revolucionaria y existieron grupos que defendían abiertamente la vía insurreccional. También hubo violencia política desde otros sectores, atentados y acciones destinadas a desestabilizar al gobierno. 

El problema fue que la política chilena comenzó a abandonar progresivamente el terreno de la deliberación democrática para ingresar en una lógica de confrontación permanente. En ese contexto, el Estado perdió capacidad para ejercer autoridad y garantizar el orden público. La violencia dejó de ser un fenómeno marginal y comenzó a formar parte de la dinámica cotidiana de un país cada vez más dividido. La responsabilidad histórica de ese deterioro no corresponde exclusivamente a un sector político. Pero tampoco puede ser negada por quienes pretenden presentar aquellos años como una simple lucha entre demócratas y golpistas. 

El fracaso del gobierno de Allende y la crisis que precedió al golpe de Estado son elementos fundamentales para comprender el 11 de septiembre de 1973. Pero comprender no significa justificar. El pronunciamiento militar no significó el término de la democracia, porque la democracia ya estaba quebrada desde antes. Lo que sí hay que decir es que durante 17 años sí se produjeron violaciones a los derechos humanos, que deben ser condenadas de manera categórica. 

No existe ninguna contradicción entre afirmar que el gobierno de Allende cometió brutales graves errores políticos y económicos y sostener, al mismo tiempo, que esos errores no justifican la tortura, las ejecuciones, las desapariciones forzadas ni ningún otro abuso contra la dignidad humana. Una sociedad democrática debe ser capaz de sostener ambas verdades. Los errores y atrocidades del marxismo de unos no convierten en legítimos los crímenes de otros. 

Pinochet: más allá de la caricatura 

Augusto Pinochet.

Augusto Pinochet sigue siendo una de las figuras más controversiales de la historia contemporánea de Chile. Para sus detractores, representa exclusivamente la dictadura y las violaciones de los derechos humanos. Para sus defensores, es el militar que recibió un país en ruinas y sentó las bases de la transformación que permitió a Chile convertirse posteriormente en una de las economías más estables de América Latina. Ninguna de estas visiones, por sí sola, explica toda la historia. 

Pinochet encabezó un régimen autoritario y durante su gobierno se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Eso forma parte de la historia y no puede ser relativizado. Pero también es cierto que durante su administración se produjo una profunda transformación económica. La apertura comercial, la liberalización de mercados, la reducción del peso empresarial del Estado y la promoción de la iniciativa privada modificaron radicalmente la estructura económica del país. No todo fue éxito.

La crisis económica de 1982 provocó un enorme costo social y demostró que el modelo tenía vulnerabilidades importantes, aunque también hay que decir que se logró cambiar el rumbo justo a tiempo. Las reformas implementadas durante el gobierno militar fueron posteriormente mantenidas, modificadas o profundizadas por los gobiernos democráticos.

Uno de los mayores debates pendientes en Chile consiste en determinar cuánto del desarrollo posterior del país se explica por las reformas implementadas durante el régimen militar y cuánto corresponde a las políticas desarrolladas después de 1990. La respuesta seria no puede ser ideológica. 

Chile experimentó durante las décadas posteriores al pronunciamiento militar una fuerte reducción de la pobreza, un crecimiento sostenido y una creciente integración a la economía mundial, lo que se mantuvo hasta principios del siglo XXI. Ese proceso fue impulsado tanto por las bases económicas heredadas del régimen como por las políticas aplicadas durante los gobiernos democráticos. 

Por eso resulta históricamente incorrecto atribuir todos los éxitos económicos exclusivamente a Pinochet. Pero también es intelectualmente deshonesto negar cualquier vínculo entre las reformas implementadas durante su gobierno y el posterior desarrollo del país. La democracia no destruyó completamente el modelo económico heredado. Lo modificó y, en varios aspectos, lo profundizó. Ese hecho debería ser suficiente para superar las simplificaciones. 

La Constitución de 1980 y una transición que cambió la historia 

La Constitución de 1980 es otro de los elementos que generan una profunda controversia. Su origen estuvo ligado al régimen militar y su legitimidad inicial ha sido objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos. Sin embargo, también es cierto que fue reformada durante la democracia y que permaneció vigente durante décadas. 

El plebiscito de 1988 marcó un punto de inflexión histórico. Pinochet perdió y el proceso de transición democrática se puso en marcha. En marzo de 1990, el poder fue entregado a un gobierno democráticamente elegido. Ese proceso no borra la naturaleza autoritaria del gobierno militar ni sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Pero tampoco puede ser ignorado al momento de evaluar históricamente el período. Chile logró recuperar la plena democracia sin una guerra civil, sin una revolución y sin un nuevo golpe de Estado. La transición fue imperfecta y estuvo condicionada por múltiples factores, pero finalmente permitió que el país retornara a la institucionalidad democrática. 

El doble estándar que Chile debe superar 

El verdadero problema de la discusión histórica chilena aparece cuando se pretende juzgar a unos con una vara y a otros con una completamente distinta. No resulta razonable exigir que la derecha condene permanentemente todos los aspectos del régimen militar mientras se considera una ofensa cuestionar el legado político de Salvador Allende. Tampoco resulta razonable que sectores de derecha reconozcan las transformaciones económicas del régimen militar pero relativicen las violaciones de los derechos humanos. Una mirada adulta exige ambas cosas. 

La izquierda debe ser capaz de reconocer los impresentables errores políticos y económicos de la Unidad Popular. La derecha debe ser capaz de reconocer sin ambigüedades los crímenes cometidos durante el gobierno militar. Eso no es relativismo. Es honestidad histórica. Chile necesita una historia completa, no una historia conveniente. 

Salvador Allende no fue el héroe que algunos sectores de izquierda quieren construir. Augusto Pinochet no fue esa especie de semidiós providencial que algunos de sus admiradores más fanáticos reivindican, pero tampoco puede ser reducido a una sola dimensión histórica. Ambos períodos dejaron consecuencias profundas y contradictorias. 

La Unidad Popular mostró los peligros de intentar imponer transformaciones radicales sin una mayoría política suficiente y en medio de una institucionalidad cada vez más debilitada. El régimen militar demostró que un país puede experimentar profundas transformaciones económicas mientras, al mismo tiempo, sufrir graves retrocesos en materia de libertades y derechos humanos. 

Chile no necesita nuevos mitos. Necesita una historia completa. Una historia donde se pueda reconocer que Allende tuvo responsabilidades evidentes en el fracaso de su gobierno. Una historia donde se puedan reconocer los avances económicos asociados a las reformas del gobierno militar sin negar sus crímenes. Una historia donde la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos sean principios universales y no armas utilizadas selectivamente contra el adversario. 

Porque la verdadera lección de nuestra historia reciente no es que un sector tuvo toda la razón y el otro estuvo completamente equivocado. La verdadera lección es mucho más incómoda: cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar, cuando la ideología se transforma en una verdad absoluta y cuando las instituciones dejan de ser respetadas, la democracia entera queda en peligro. Y Chile, medio siglo después, todavía tiene la obligación de aprenderlo.