Reducir impuestos, entregar estabilidad jurídica, eliminar trabas burocráticas y volver a convertir la inversión en el motor del desarrollo no constituye una improvisación ideológica. Es una estrategia respaldada por una amplia tradición de pensamiento económico liberal y por numerosos economistas de prestigio internacional que, durante décadas, han sostenido que el crecimiento constituye la condición indispensable para generar empleo, aumentar los salarios y financiar un Estado social sostenible.
| Presidente Kast. |
Durante demasiados años, Chile discutió cómo repartir una riqueza que cada vez crecía menos. Mientras el debate político se concentraba casi exclusivamente en aumentar impuestos, expandir el tamaño del Estado y crear nuevas regulaciones, la inversión comenzó a desacelerarse, la productividad dejó de crecer y el país perdió el dinamismo que durante décadas lo convirtió en el principal referente económico de América Latina.
La aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social —conocida como la megarreforma económica impulsada por el Presidente José Antonio Kast— representa un giro profundo respecto de esa lógica. Su premisa central es sencilla, pero poderosa: antes de distribuir riqueza, primero hay que generarla. Ningún país ha logrado alcanzar el desarrollo permanente castigando la inversión o haciendo cada vez más difícil emprender. Por el contrario, las economías que han prosperado durante las últimas décadas han sido precisamente aquellas que ofrecieron estabilidad institucional, incentivos para producir y reglas claras para invertir.
No se trata de una idea exclusivamente política. Corresponde a una tradición intelectual desarrollada por algunos de los economistas más influyentes del último siglo y que continúa siendo defendida, con distintos matices, por numerosos especialistas contemporáneos.
El crecimiento vuelve a ser el centro de la política económica
Uno de los principales méritos de esta reforma consiste en cambiar la pregunta que ha dominado el debate chileno durante la última década.
Durante años la discusión estuvo orientada a determinar cuánto más podía recaudar el Estado. La megarreforma plantea una interrogante distinta: ¿cómo lograr que Chile vuelva a crecer sostenidamente? La diferencia parece sutil, pero cambia completamente el diseño de las políticas públicas.
Una economía estancada puede aumentar impuestos una y otra vez, pero tarde o temprano terminará repartiendo una torta cada vez más pequeña. Una economía dinámica, en cambio, genera nuevas empresas, empleos, innovación y mayores ingresos fiscales gracias a una base económica mucho más amplia.
Esta idea fue sintetizada magistralmente por el economista estadounidense Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, quien sostuvo que las sociedades prosperan cuando los individuos tienen libertad para invertir, producir y competir dentro de instituciones estables. Para Friedman, el crecimiento económico no nace desde el Estado, sino desde millones de decisiones individuales coordinadas por mercados relativamente libres. Décadas después, esa visión continúa influyendo en buena parte del debate económico internacional.
La inversión como motor del desarrollo
Uno de los pilares fundamentales de la reforma consiste en reducir gradualmente el impuesto corporativo desde 27% a 23%, reintegrar plenamente el sistema tributario y entregar invariabilidad tributaria para proyectos de gran inversión.
Sus críticos sostienen que estas medidas favorecen principalmente a las empresas. Sin embargo, desde la economía de mercado la pregunta relevante es otra: ¿quién realiza finalmente la inversión productiva?
Las fábricas, las minas, los centros tecnológicos, las plantas industriales, los puertos, los parques solares, los centros logísticos y las nuevas empresas no son construidos por el Estado. Son financiados mediante inversión privada.
Robert Solow, Premio Nobel de Economía en 1987, desarrolló uno de los modelos más influyentes sobre crecimiento económico. Su conclusión fue clara: el aumento del capital físico, acompañado por mejoras en productividad e innovación, constituye uno de los principales motores del crecimiento de largo plazo. Sin inversión simplemente no existe crecimiento sostenible.
Cada peso destinado a ampliar una empresa termina transformándose en nuevos empleos, mayor producción y mayores salarios. Esa cadena virtuosa constituye precisamente el corazón de la reforma.
Arthur Laffer y el debate tributario
Quizás ninguna idea ha sido tan debatida como la denominada Curva de Laffer. Arthur Laffer sostuvo que existe un punto a partir del cual aumentar los impuestos deja de incrementar la recaudación y comienza, por el contrario, a reducirla al desincentivar la inversión, la contratación y el emprendimiento.
Aunque la magnitud de ese efecto depende del contexto y es objeto de debate entre economistas, la idea de que existen costos económicos asociados a cargas tributarias excesivas ha influido en numerosas reformas tributarias alrededor del mundo.
La lógica detrás de la rebaja tributaria impulsada por Kast apunta precisamente en esa dirección: recuperar competitividad frente a países que hoy ofrecen mejores condiciones para atraer capitales internacionales.
El propio caso chileno suele ser citado por quienes defienden este tipo de reformas. Durante las décadas de 1980, 1990 y buena parte de los años 2000, cuando el país mantenía una carga tributaria corporativa inferior a la actual, reglas relativamente estables y un clima ampliamente favorable a la inversión, Chile registró algunos de los mayores ritmos de crecimiento de su historia, consolidándose como el llamado "jaguar de Latinoamérica". Ese dinamismo permitió reducir significativamente la pobreza, atraer inversión extranjera y elevar los ingresos de millones de familias. A juicio de los partidarios de la actual megarreforma, ese ciclo comenzó a deteriorarse tras la nefasta reforma tributaria impulsada en 2014 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, bajo el liderazgo del entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que elevó gradualmente el impuesto de primera categoría hasta el 27% e introdujo cambios estructurales al sistema tributario.
Si bien economistas mantienen opiniones distintas sobre el peso específico que esa reforma tuvo frente a otros factores internos y externos, sus críticos sostienen que aumentó la incertidumbre regulatoria, debilitó los incentivos a la inversión y marcó el inicio de un período prolongado de menor crecimiento económico. Desde esa perspectiva, la rebaja del impuesto corporativo desde el 27% al 23% busca recuperar parte de las condiciones que, según sus impulsores, hicieron de Chile la economía más dinámica de la región y sentaron las bases del progreso que distinguió al país durante varias décadas.
La estabilidad institucional también genera crecimiento
Uno de los aspectos más innovadores de la reforma es la invariabilidad tributaria para grandes proyectos. Aquí aparece otra de las contribuciones más importantes de la ciencia económica moderna.
Douglass North, Premio Nobel de Economía en 1993, revolucionó el estudio del desarrollo al demostrar que las instituciones importan tanto como las políticas económicas.
Los países prosperan cuando ofrecen reglas previsibles, respeto a los contratos y estabilidad jurídica. Ningún inversionista compromete miles de millones de dólares en proyectos que recuperarán su inversión en veinte o treinta años si desconoce cuáles serán las reglas dentro de cuatro años.
La certeza jurídica no constituye un privilegio para los inversionistas; constituye una condición para que exista inversión.
La permisología: cuando el Estado deja de facilitar y comienza a impedir
Durante la última década, Chile desarrolló una burocracia cada vez más extensa. Muchos proyectos permanecieron años esperando permisos administrativos, múltiples informes sectoriales, autorizaciones ambientales y procesos judiciales que, en algunos casos, terminaron paralizando completamente inversiones de enorme magnitud.
La simplificación regulatoria propuesta por la reforma no implica eliminar estándares ambientales ni reducir controles esenciales. Significa que el Estado vuelva a cumplir una función facilitadora y no obstructiva.
El destacado economista peruano Hernando de Soto (Instituto Libertad y Democracia) ha insistido durante décadas en que la excesiva burocracia constituye uno de los principales enemigos del desarrollo, porque transforma la formalidad en un privilegio reservado para quienes poseen tiempo, recursos y capacidad para enfrentar procesos interminables.
Cuando obtener un permiso demora años, el costo económico también lo pagan los trabajadores que nunca consiguen ese empleo y las familias que dejan de beneficiarse de nuevas inversiones.
Los economistas contemporáneos también miran hacia el crecimiento
Quienes intentan presentar estas ideas como teorías propias del siglo pasado desconocen que numerosos economistas contemporáneos continúan defendiendo principios similares.
El profesor John H. Cochrane, de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, ha sostenido reiteradamente que la estabilidad regulatoria, la responsabilidad fiscal y un sistema tributario competitivo resultan esenciales para sostener el crecimiento de largo plazo.
El economista Tyler Cowen, de la Universidad George Mason, ha insistido en que el aumento de la productividad constituye el verdadero desafío de las economías desarrolladas y emergentes, mucho más que la redisución permanente del ingreso.
Asimismo, Niall Ferguson —historiador económico de la Universidad de Stanford— ha argumentado que las naciones exitosas se caracterizan por instituciones sólidas, apertura económica y respeto por la iniciativa privada.
Incluso Daron Acemoglu (MIT), Premio Nobel de Economía 2024 junto con Simon Johnson y James A. Robinson, pese a mantener posiciones distintas respecto de varios aspectos de la política tributaria, ha defendido una tesis que dialoga con uno de los pilares de esta reforma: el desarrollo económico requiere instituciones inclusivas, seguridad jurídica y reglas previsibles que permitan la inversión y la innovación. Su trabajo demuestra que el crecimiento depende tanto de los incentivos económicos como de la calidad institucional.
La experiencia internacional
Los países que durante las últimas décadas lideraron los índices de crecimiento comparten características similares.
- Irlanda redujo significativamente su carga tributaria corporativa y se convirtió en uno de los principales receptores de inversión tecnológica del mundo.
- Singapur construyó uno de los ambientes regulatorios más competitivos del planeta.
- Estonia simplificó radicalmente su sistema tributario y digitalizó prácticamente toda la administración pública.
- Nueva Zelanda impulsó profundas reformas orientadas a aumentar la libertad económica y la eficiencia del Estado.
Cada uno siguió caminos distintos, pero todos comprendieron una misma realidad: el crecimiento no aparece por decreto. Requiere confianza, inversión, estabilidad y productividad.
Una economía fuerte también fortalece la política social
Los críticos suelen presentar una falsa dicotomía entre crecimiento económico y protección social. La evidencia internacional muestra exactamente lo contrario.
Los países que poseen mejores sistemas de salud, mejores pensiones, educación de mayor calidad y redes de protección social más robustas suelen ser precisamente aquellos que primero alcanzaron elevados niveles de crecimiento económico. Sin riqueza no existe política social sostenible.
Reducir impuestos para estimular la inversión no implica abandonar las políticas públicas; implica generar las condiciones para financiarlas de manera permanente.
Una oportunidad histórica
La megarreforma económica impulsada por el Presidente José Antonio Kast no garantiza automáticamente que Chile volverá a crecer al 5% anual. Ninguna reforma puede prometer resultados inevitables, porque el desempeño económico también depende del contexto internacional, de la disciplina fiscal, de la confianza empresarial y de una implementación eficaz.
Sin embargo, sí representa un cambio de dirección coherente con una larga tradición del pensamiento económico liberal y con experiencias internacionales que han privilegiado la inversión, la estabilidad institucional y la libertad para emprender como motores del desarrollo.
Después de más de una década marcada por bajo crecimiento, producto de la nefasta reforma tributaria aplicada por Michelle Bachelet en el año 2014, incertidumbre regulatoria y pérdida de competitividad, Chile parece haber decidido volver a mirar hacia aquellas ideas que durante años le permitieron convertirse en una de las economías más dinámicas de América Latina.
El verdadero debate, entonces, no consiste únicamente en cuánto debe recaudar el Estado, sino en cómo construir una economía capaz de generar más riqueza, más empleos, mejores salarios y mayores oportunidades para todos. Desde esa perspectiva, la megarreforma económica representa una apuesta decidida por recuperar el crecimiento como prioridad nacional, convencida de que un país no progresa castigando a quienes invierten, sino creando las condiciones para que la inversión florezca, la productividad aumente y el desarrollo vuelva a convertirse en una meta alcanzable para Chile.
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