La estabilidad democrática no se construye confundiendo moderación con equidistancia. Cuando una parte del espectro político cuestiona la economía de mercado, relativiza la propiedad privada, justifica la violencia como herramienta de presión o reivindica experiencias históóricas autoritarias, el desafío no consiste en buscar una falsa neutralidad, sino en defender con convicción las instituciones de la democracia liberal.
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| No al comunismo. |
Una democracia sana necesita diálogo, acuerdos y capacidad de transacción. Pero una democracia no puede sobrevivir si transforma el consenso en un valor superior a la libertad, ni si confunde moderación con indiferencia frente a quienes pretenden utilizar las propias reglas del sistema para debilitarlas. Ese es el verdadero desafío chileno.
El problema no es que existan izquierdas y derechas. Eso es perfectamente normal en cualquier democracia. El problema aparece cuando una corriente política deja de considerar la democracia liberal como un marco que limita el ejercicio del poder y comienza a verla simplemente como una herramienta transitoria para alcanzar determinados objetivos históricos. Y ahí el comunismo y las expresiones más radicales de la izquierda chilena merecen un examen particularmente serio.
No porque todo izquierdista sea comunista, ni porque todo militante de izquierda sea enemigo de la democracia. Sería intelectualmente absurdo sostener semejante cosa. El punto es otro: las ideas también importan, y una sociedad libre tiene derecho —y obligación— de preguntarse qué concepción del Estado, de la propiedad, de la libertad y del poder político existe detrás de los proyectos que buscan gobernarla. Chile no puede darse el lujo de olvidar esa pregunta.
La democracia liberal no es una estación de tránsito
Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, dedicó buena parte de su obra a combatir las doctrinas que pretenden conocer el destino inevitable de la historia y, a partir de esa supuesta certeza, justificar la concentración del poder.
Su advertencia sigue siendo extraordinariamente vigente: el gran peligro comienza cuando una ideología cree poseer una verdad histórica definitiva y considera legítimo imponerla sobre la sociedad. Eso es precisamente lo que distingue una democracia liberal de un proyecto político de carácter totalizante.
En una democracia liberal, ningún partido es dueño de la verdad. Ningún gobierno posee una misión histórica que le permita pasar por encima de las instituciones. Ninguna mayoría tiene derecho a destruir los derechos fundamentales de las minorías. Y ningún proyecto político puede reclamar para sí el monopolio moral de la nación. La democracia consiste, precisamente, en aceptar que el poder es limitado, temporal y reversible.
Friedrich Hayek profundizó esta idea desde otra perspectiva. En Camino de servidumbre, advirtió sobre los peligros de concentrar progresivamente decisiones económicas y sociales en manos del Estado, especialmente cuando esa concentración termina subordinando la libertad individual a un proyecto político superior.
La lección no consiste en afirmar que todo Estado grande sea automáticamente totalitario. Esa sería una caricatura de Hayek. La verdadera advertencia es más profunda: cuando el poder político adquiere la capacidad de decidir prácticamente sobre todos los aspectos relevantes de la vida social, la libertad deja de ser un derecho efectivo y comienza a depender de la voluntad de quienes gobiernan. Por eso la defensa de la democracia no puede reducirse a votar cada cuatro años.
También significa defender la propiedad privada, la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión, la independencia de los poderes del Estado, la alternancia en el poder, el pluralismo político y el derecho de cada ciudadano a desarrollar su propio proyecto de vida.
El comunismo no puede ser tratado como una simple izquierda más
Chile tiene una particularidad que buena parte de Europa occidental ha preferido olvidar: el comunismo no es únicamente una referencia histórica en los libros de política. Continúa existiendo como fuerza organizada, con presencia institucional y capacidad de influir en el debate público.
Esto no significa negar su derecho a participar en democracia. Todo lo contrario: en una sociedad libre, los comunistas tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otra corriente democrática a presentar candidatos, formar partidos y defender sus ideas, siempre dentro del marco constitucional.
Pero ese derecho democrático no obliga al resto de la sociedad a renunciar al juicio crítico. Una democracia madura puede decir simultáneamente dos cosas: “usted tiene derecho a defender sus ideas” y “yo tengo derecho a considerar esas ideas equivocadas, peligrosas o incompatibles con determinados principios de la democracia liberal”. Ahí está precisamente la diferencia entre pluralismo y relativismo.
El pluralismo acepta que existen múltiples ideas. El relativismo extremo sostiene que todas ellas son igualmente defendibles y que cuestionarlas constituye una forma de intolerancia. No es así.
Raymond Aron, uno de los grandes críticos intelectuales del totalitarismo del siglo XX, comprendió que las sociedades libres no podían analizar las ideologías únicamente por sus intenciones declaradas. Había que observar también sus consecuencias, su relación con el poder y su comportamiento frente a la libertad.
Y esa es una pregunta que Chile debería hacerse permanentemente: ¿qué ocurre cuando una ideología que promete igualdad termina justificando la restricción de libertades en nombre de esa misma igualdad?
La historia del siglo XX entrega demasiados ejemplos como para responder con ingenuidad. La violencia política no puede convertirse en argumento Otro punto que Chile no puede relativizar es la violencia.
El estallido terrorista de 2019 demostró que una democracia puede ser sometida a una presión enorme cuando la protesta legítima se mezcla con vandalismo, destrucción, saqueos y violencia organizada. Al mismo tiempo, la experiencia de La Araucanía ha demostrado durante años que existen organizaciones que utilizan la violencia para perseguir objetivos políticos y territoriales.
- No toda protesta es violencia.
- No todo manifestante es delincuente.
- No toda reivindicación social es extremista.
- Pero tampoco toda violencia puede ser rebautizada como “descontento social” para hacerla políticamente digerible.
Hannah Arendt estudió con particular profundidad la relación entre violencia y poder. Una de sus grandes advertencias fue precisamente que la violencia no debe confundirse con el poder político legítimo. Una sociedad puede soportar enormes niveles de conflicto democrático; lo que comienza a destruirla es la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de las diferencias. Ese límite debe ser intransable.
La democracia permite marchar, protestar, organizarse, criticar al gobierno, exigir reformas y derrotar electoralmente a los adversarios.
Lo que no puede aceptar es que alguien sostenga que, cuando pierde la discusión política, tiene derecho a incendiar, destruir, amenazar o paralizar al resto de la sociedad. Porque desde ese momento la política deja de ser deliberación y comienza a convertirse en coerción.
El error de creer que todo se resuelve en el centro
Aquí aparece nuevamente el espejismo del centrismo. No existe ningún problema con que una democracia tenga una derecha moderada, un centro fuerte o una izquierda reformista. De hecho, esas corrientes pueden cumplir un papel extraordinariamente valioso.
El problema aparece cuando el centro se transforma en una especie de religión política que exige repartir culpas matemáticamente entre los extremos, aun cuando no exista simetría entre las posiciones.
- No todo conflicto tiene dos culpables.
- No toda discusión tiene dos verdades equivalentes.
- Y no toda política de “acuerdos” es necesariamente una buena política.
A veces hay que negociar sobre los medios, pero no sobre los principios. Se puede discutir cuánto debe gastar el Estado. Se puede debatir qué impuestos son más eficientes. Se puede discutir la extensión de las políticas sociales. Se puede debatir el tamaño de las Fuerzas Armadas, la arquitectura institucional o la regulación económica.
Lo que no debería estar sujeto a negociación permanente es si la violencia política es aceptable, si el Estado de Derecho debe cumplirse, si la propiedad privada merece protección o si las libertades individuales pueden sacrificarse en nombre de una supuesta transformación histórica. Eso no es extremismo. Es precisamente el mínimo constitucional de una sociedad libre.
Isaiah Berlin y la imposibilidad de las utopías políticas
Isaiah Berlin, otro de los grandes pensadores liberales del siglo XX, desconfió profundamente de las utopías políticas que prometían reconciliar todos los valores humanos en una única sociedad perfecta. Su concepto de pluralismo de valores resulta especialmente útil para comprender el problema chileno.
La libertad, la igualdad, la seguridad, la justicia y el orden son valores importantes. Pero no siempre pueden maximizarse simultáneamente. Gobernar consiste muchas veces en administrar esas tensiones, no en prometer una sociedad donde todos los conflictos desaparecerán.
Las ideologías totalizantes, en cambio, suelen ofrecer precisamente lo contrario: una explicación completa del mundo y una fórmula definitiva para resolver sus contradicciones. Ahí comienza el peligro.
Cuando un movimiento político sostiene que conoce cuál es el verdadero curso de la historia, quiénes son los culpables de todos los males sociales y cuál es el modelo definitivo de sociedad que debe construirse, el pluralismo empieza a convertirse en un obstáculo. Y cuando el pluralismo se convierte en obstáculo, la tentación de restringirlo nunca está demasiado lejos.
Tocqueville y la defensa de las instituciones
Alexis de Tocqueville comprendió algo que Chile debería recordar con mucha más frecuencia: las democracias no sobreviven solamente gracias a sus constituciones. También necesitan hábitos, instituciones, responsabilidad cívica y límites al poder.
Una Constitución puede proclamar la libertad. Pero si una sociedad deja de valorar la libertad, el texto constitucional se transforma en papel.
Puede existir separación de poderes, pero si la ciudadanía acepta que el gobierno puede presionar a los tribunales, controlar los medios de comunicación o utilizar las instituciones para perseguir adversarios, la arquitectura democrática comienza a vaciarse desde dentro. Por eso el desafío de Chile no consiste solamente en elegir buenos gobiernos.
Consiste en construir una cultura política que comprenda que hay derrotas electorales que deben aceptarse, límites institucionales que deben respetarse y libertades que ningún gobierno tiene derecho a destruir.
Chile no necesita una política sin convicciones
Durante demasiado tiempo, una parte del debate público chileno ha presentado la moderación como ausencia de convicciones.
- Como si defender con fuerza la seguridad fuera ser autoritario.
- Como si defender la propiedad privada fuera ser insensible.
- Como si defender el crecimiento económico fuera despreciar a los pobres.
- Como si defender la libertad individual fuera ser indiferente frente a la desigualdad.
- Como si defender a las policías fuera necesariamente estar contra los derechos humanos.
Esa lógica debe ser rechazada de raíz.
Una derecha democrática no necesita pedir disculpas por creer en la libertad, en el mérito, en la propiedad, en el emprendimiento, en el orden público y en la responsabilidad individual. Pero tampoco necesita convertirse en una caricatura de sí misma.
La verdadera fortaleza de una derecha democrática consiste precisamente en combinar autoridad con Estado de Derecho, libertad económica con preocupación social, seguridad con respeto irrestricto a la dignidad humana y patriotismo con instituciones republicanas. No se trata de reemplazar un extremismo por otro. Se trata de impedir que el extremismo determine los límites de lo políticamente posible.
El desafío de fondo: impedir que el miedo gobierne
Chile tampoco puede vivir eternamente bajo la amenaza de que cualquier crisis social terminará inevitablemente en violencia. Eso sería otra forma de derrota.
La democracia debe ser suficientemente fuerte para permitir que un gobierno de derecha sea reemplazado por uno de izquierda y que, posteriormente, uno de izquierda sea reemplazado nuevamente por uno de derecha, sin que ninguna de esas alternancias implique una crisis existencial para la República. Ese es el verdadero test democrático.
Pero para que eso ocurra, todos los sectores deben aceptar una regla fundamental: quien pierde una elección pierde el gobierno, no pierde sus derechos; y quien gana una elección gana el gobierno, no obtiene el derecho a hacer cualquier cosa. Ese principio vale para la derecha tanto como para la izquierda.
La diferencia es que la derecha democrática debe tener la claridad suficiente para reconocer que el adversario político no siempre es simplemente un adversario electoral. Cuando existen proyectos ideológicos que cuestionan elementos esenciales de la sociedad abierta, corresponde enfrentarlos intelectualmente, políticamente y democráticamente.
- Sin violencia.
- Sin persecución.
- Sin censura.
- Pero también sin complejos.
La batalla de las ideas también es una batalla por Chile
La mayor ingenuidad de nuestro tiempo sería pensar que las democracias mueren solamente cuando aparecen tanques en las calles. También pueden deteriorarse lentamente: cuando se normaliza la violencia, cuando se relativiza la propiedad, cuando se desprecia el emprendimiento, cuando se intenta colonizar las instituciones, cuando se transforma al adversario en enemigo moral y cuando una ideología comienza a considerarse legitimada para gobernar sin límites porque cree representar una verdad histórica superior.
Por eso la defensa de la democracia liberal no puede ser meramente administrativa.
- Necesita convicciones.
- Necesita memoria histórica.
- Necesita educación política.
- Y, sobre todo, necesita ciudadanos capaces de reconocer que la libertad no está garantizada para siempre.
Chile no necesita convertirse en Alemania, Francia ni en ninguna otra nación para encontrar su propio camino. Tampoco necesita importar artificialmente un supuesto “centro ilustrado” para solucionar sus problemas.
Necesita algo mucho más elemental y, al mismo tiempo, mucho más difícil: una República segura de sí misma, con instituciones fuertes, ciudadanos libres, economía abierta, Estado de Derecho y capacidad para enfrentar democráticamente a quienes pretenden reemplazar la sociedad abierta por un proyecto ideológico de poder.
El comunismo y la ultraizquierda tienen derecho a existir políticamente mientras respeten las reglas democráticas. Pero la democracia chilena también tiene derecho a defenderse intelectualmente de sus ideas.
Porque la tolerancia no significa tolerar la intolerancia. El pluralismo no significa renunciar a los principios. Y el diálogo no significa negociar aquello que constituye el fundamento mismo de la libertad. Chile no necesita una política sin convicciones.Necesita convicciones democráticas suficientemente fuertes como para no tener miedo de defenderlas.
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