La herencia laboral de Boric y Jara: cuando la ideología terminó encareciendo el empleo

Durante cuatro años, el gobierno de Gabriel Boric sostuvo que el trabajo debía ser "más digno". La promesa sonaba atractiva: jornadas más cortas, mejores salarios, mayores beneficios y nuevas regulaciones para proteger a los trabajadores. El problema fue que casi nunca se habló de la otra cara de la moneda: cuánto costaría contratar.

Desempleo.

Hoy, con la administración ya concluida, las cifras permiten hacer un balance menos ideológico y más objetivo. Chile enfrenta una tasa de desempleo de 9,4%, la más alta en cinco años, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, el país acumula 37 meses consecutivos con una desocupación superior al 8%, mientras la informalidad laboral alcanza el 27% de los ocupados. Son números difíciles de compatibilizar con el discurso de que las reformas laborales fortalecerían el empleo.

Desde una mirada liberal y de derecha, el problema nunca fue mejorar las condiciones laborales. El problema fue creer que esas mejoras podían imponerse por decreto sin considerar la productividad, el crecimiento económico y la capacidad real de las empresas para absorber mayores costos.

La Ley de 40 Horas es probablemente el mejor ejemplo. Su objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores es legítimo. Sin embargo, reducir la jornada manteniendo las remuneraciones significa elevar el costo por hora trabajada. El propio Banco Central advirtió que el aumento de los costos laborales —asociado tanto a la reducción de jornada como al incremento del salario mínimo— ha incidido negativamente en la creación de empleo y contribuirá a mantener tasas de desempleo superiores a los promedios históricos.

A ello se sumó una política de incrementos acelerados del salario mínimo. Para las grandes empresas, el impacto pudo ser absorbido con mayor facilidad. Pero para miles de pequeñas y medianas empresas, especialmente en comercio, servicios y gastronomía, significó enfrentar un escenario mucho más complejo. Cuando contratar se vuelve más caro, muchas veces la decisión empresarial no es subir precios, sino simplemente contratar menos.

El resultado aparece reflejado en el mercado laboral. Mientras la fuerza de trabajo siguió creciendo, la creación de empleo formal perdió dinamismo y una parte importante de los nuevos trabajadores terminó incorporándose a la economía informal. No se trata únicamente de una percepción política; el propio INE muestra que la informalidad alcanza hoy al 27% de los ocupados.

Algo similar ocurrió con la reforma previsional. Independientemente del debate sobre pensiones, aumentar las cotizaciones con cargo al empleador implica elevar nuevamente el costo de contratar. En economías con bajo crecimiento y productividad estancada, esas decisiones rara vez son neutras.

Un capítulo aparte merece la Ley Karin. Nadie razonable puede oponerse a combatir el acoso laboral. El objetivo es compartido transversalmente. Sin embargo, toda regulación genera incentivos. Cuando los procedimientos administrativos y judiciales se vuelven más complejos y costosos, especialmente para pequeñas empresas sin departamentos jurídicos especializados, aparecen efectos secundarios que muchas veces el legislador no anticipa. Es legítimo discutir si el diseño de la ley incorporó suficientes resguardos para evitar cargas desproporcionadas sobre los empleadores, pero atribuir directamente las diferencias en empleo femenino exclusivamente a esa normativa requiere evidencia específica que hoy no existe.

Todo esto ocurrió, además, en un contexto de crecimiento económico extremadamente débil. El Banco Central redujo recientemente su proyección de expansión del PIB para 2026 a un rango de entre 1% y 1,75%, reflejando una economía que perdió dinamismo y cuya inversión continúa mostrando fragilidad.

En materia fiscal, el gobierno saliente dejó una deuda bruta equivalente al 41,7% del PIB, muy superior a los niveles que Chile exhibía hace poco más de una década. Aunque durante 2025 se estabilizó el crecimiento de la deuda, el margen de maniobra para futuras crisis es considerablemente menor que el que existía en el pasado.

Los defensores del gobierno argumentarán —con razón— que parte de las dificultades obedecieron al complejo escenario internacional, marcado por menor crecimiento global, altas tasas de interés y desaceleración de las principales economías. Ese factor existe y no debe ignorarse. Pero también es cierto que las políticas públicas pueden amortiguar o profundizar esos efectos. En Chile, la apuesta fue aumentar sistemáticamente los costos del empleo formal en un momento particularmente delicado para la inversión.

El desafío que enfrenta hoy el gobierno del Presidente José Antonio Kast consiste precisamente en revertir esa lógica. La recuperación del empleo no pasa únicamente por subsidios o programas públicos. Requiere volver a hacer atractivo invertir, reducir incertidumbres regulatorias, fortalecer la productividad y comprender una verdad básica de cualquier economía de mercado: los empleos sostenibles no los crea el Estado, sino las empresas cuando existen condiciones para crecer.

La principal lección que deja el ciclo Boric-Jara es que las buenas intenciones no bastan. Cuando las políticas públicas desconocen los incentivos económicos, las consecuencias terminan golpeando precisamente a quienes pretendían proteger: los trabajadores, los jóvenes que buscan su primer empleo y las pequeñas empresas que sostienen buena parte de la economía chilena.