Contribuciones: el impuesto que convierte al propietario en un simple arrendatario del Estado

No existe mayor contradicción para un Estado que dice proteger la propiedad privada que mantener un impuesto que obliga a pagar indefinidamente por una vivienda ya adquirida y que, en caso de incumplimiento, puede terminar con el remate del inmueble. Las contribuciones han dejado de ser un mecanismo de financiamiento para transformarse en uno de los símbolos más evidentes del exceso tributario.

Las contribuciones.

Una familia trabaja durante décadas para comprar su casa. Ahorra, solicita un crédito hipotecario, paga intereses durante veinte o treinta años y, finalmente, logra obtener el título de dominio que acredita que esa vivienda le pertenece. Pero esa satisfacción dura poco. Desde ese momento comienza una obligación que jamás termina: pagar contribuciones año tras año simplemente por seguir siendo dueño de la propiedad.

No importa si la vivienda ya fue pagada completamente. No importa si pertenece a un jubilado, a una viuda o a una familia cuyos ingresos apenas alcanzan para vivir. Mientras exista la propiedad, existirá una obligación permanente con el Estado.

Esa realidad plantea una interrogante incómoda: si el propietario debe seguir pagando indefinidamente para conservar su casa, ¿es realmente el dueño o simplemente quien tiene autorización para ocuparla mientras cumpla con ese pago periódico?

Un impuesto que castiga el patrimonio y no la riqueza

Las contribuciones poseen una característica difícil de justificar desde una perspectiva de justicia tributaria. No gravan una ganancia. No gravan un ingreso. No gravan una compraventa. Gravan simplemente el hecho de ser propietario.

Es decir, el Estado cobra por la mera existencia de un patrimonio, aun cuando éste no produzca rentabilidad alguna.

Desde una mirada liberal, ello representa una inversión peligrosa del principio de propiedad privada. El ciudadano deja de ser plenamente dueño de su inmueble y pasa a depender del cumplimiento permanente de una obligación tributaria para conservarlo.

El castigo resulta desproporcionado

Toda obligación tributaria debe contar con mecanismos de cobro. Nadie discute que el Estado pueda perseguir judicialmente las deudas de las personas. Lo discutible es la desproporción de la sanción.

En Chile, las deudas por contribuciones pueden ser cobradas judicialmente y, en determinadas circunstancias, culminar con el embargo y el remate del inmueble para satisfacer el crédito fiscal, conforme a las reglas del procedimiento de cobranza aplicable. Tesorería General de la República administra este proceso de cobro. Esa posibilidad está contemplada en la legislación vigente. 

Desde una perspectiva política y moral, esa consecuencia resulta profundamente injusta. No parece razonable que una deuda tributaria termine privando a una familia del bien más importante que posee: su hogar.

El principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido en el derecho moderno, exige que las sanciones guarden relación con la gravedad del incumplimiento. Sin embargo, cuesta sostener que una deuda por contribuciones justifique una consecuencia tan severa como perder la vivienda.

Existen múltiples mecanismos menos gravosos que podrían emplearse para obtener el pago: convenios obligatorios, retenciones sobre futuras devoluciones de impuestos, descuentos programados, embargos sobre otros bienes o ingresos, e incluso restricciones administrativas mientras persista la deuda. Pero llevar una casa a remate representa el máximo nivel de coerción patrimonial que puede ejercer el Estado.

Y cuando el propio Estado termina en condiciones de provocar que una familia pierda la vivienda que compró con décadas de esfuerzo, es comprensible que muchos ciudadanos perciban esa actuación como una forma de despojo legalmente habilitado.

La propiedad privada como un derecho que merece protección

El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a la propiedad y que nadie debe ser privado arbitrariamente de ella.

Asimismo, la Constitución chilena protege el derecho de propiedad y establece que la privación de un bien solo puede producirse en los casos y formas que la propia ley contempla, con las garantías correspondientes.

El debate no consiste, entonces, en negar que el Estado tenga facultades para cobrar impuestos. El verdadero debate consiste en preguntarse si esas facultades respetan el contenido esencial del derecho de propiedad cuando permiten que una deuda tributaria pueda terminar con la pérdida de la vivienda familiar. Una democracia constitucional debe preguntarse no solo si algo es legal, sino también si resulta justo.

La clase media paga las consecuencias

Las contribuciones dejaron hace años de afectar únicamente a grandes fortunas. El incremento sostenido de los avalúos fiscales ha incorporado a miles de familias de clase media, adultos mayores y pensionados que hoy deben enfrentar pagos considerablemente superiores a los de hace algunos años, sin que sus ingresos hayan crecido en la misma proporción. Muchos de ellos no son personas ricas. 

Son simplemente propietarios de una vivienda adquirida hace décadas, cuyo valor aumentó por factores completamente ajenos a su capacidad económica. Paradójicamente, mientras más se valoriza su barrio, mayor puede ser el castigo tributario.

No a las contribuciones

Desde una visión liberal, la función del Estado consiste en proteger la propiedad privada, no en convertirla en una fuente permanente de recaudación.

Un ciudadano que ya compró su vivienda, que ya pagó impuestos durante su adquisición y que ha cumplido con sus obligaciones legales no debería seguir pagando año tras año únicamente por conservar aquello que legítimamente le pertenece. Y mucho menos debería existir la posibilidad de perder esa vivienda por una deuda tributaria.

Un Estado que termina rematando la casa de un ciudadano para cobrar un impuesto transmite un mensaje inquietante: la propiedad privada nunca termina de ser realmente privada.

Las contribuciones representan precisamente esa lógica. Por eso ha llegado el momento de abrir un debate serio sobre su eliminación y reemplazarlas por mecanismos de financiamiento municipal que respeten de mejor manera el derecho de propiedad y la dignidad de quienes, con años de esfuerzo, lograron cumplir el sueño de tener una casa propia.