- Mientras en Sudamérica se levantan arenas modernas en 2 o 3 años, en Chile construir un estadio es una carrera de obstáculos que puede durar décadas.
- El caso de Universidad de Chile, 40 años sin poder tener casa propia, no es una anécdota: es el síntoma de un sistema que castiga la inversión deportiva.
- Se requiere un proyecto de ley que saque la decisión final del cálculo electoral municipal.
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| Estadio moderno. |
En Chile, la permisología para construir un estadio de más de 20 mil personas es probablemente una de las más gravosas del planeta. No por exigencias técnicas, que son razonables, sino por la dispersión de permisos, la discrecionalidad política y la ausencia de una segunda instancia técnica. El caso más obsceno es el de Universidad de Chile. Desde 1985, hace más de 40 años, el club intenta construir su estadio. Ha presentado más de 30 terrenos posibles. Todos han sido bloqueados por decisiones de concejos municipales.
¿Existe otro caso en el mundo profesional donde un equipo dos veces semifinalista de Copa Libertadores no pueda tener estadio por cuatro décadas por trabas administrativas? No. Es un récord mundial vergonzoso.
El problema de fondo: el concejo municipal no puede ser juez y parte
Hoy, según la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los Planes Reguladores Comunales, la construcción de un recinto de alto impacto como un estadio depende en lo esencial de la Dirección de Obras Municipales y del Concejo Municipal para el cambio de uso de suelo y la aprobación.
El problema de la falta de reductos deportivos en Chile es estructural: el concejal vota pensando en la próxima elección municipal, no en la política deportiva nacional de los próximos 30 años. Un estadio genera ruido, taco y miedo en los vecinos. Para un alcalde es mucho más rentable decir que no, aunque el proyecto cumpla con todas las mitigaciones viales y ambientales posibles. El costo político lo asume él, el perjuicio deportivo lo recibe todo el país. Así, el incentivo está perverso. Hemos confundido participación ciudadana con veto permanente.
Debido a este motivo es que un proyecto de ley en esta materia no es un capricho. Tiene sustento constitucional y legal:
a) Artículo 19 N°10 inciso 6 de la Constitución: El Estado debe promover el deporte. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que promover el deporte no es solo financiar talleres para que los vecinos bailen zumba o tomen clases de yoga. También se deben generar las condiciones materiales para su ejercicio. Sin estadios, no hay promoción real, ni tampoco hay desarrollo del deporte de alto rendimiento, que es el que al final mejora la imagen país de una nación.
b) Principio de igualdad ante las cargas públicas: No es razonable que un inversionista de un mall tenga un procedimiento más expedito y claro que quien quiere levantar un estadio. Hoy construir un strip center en la periferia es muchísimo más fácil que un estadio para 40, 50 o 60 mil personas.
c) Ley N°21.719 de permisología sectorial: Chile está sobre-tramitado. Si se está agilizando por la vía política la inversión en desaladoras, centrales energéticas o complejos mineros, ¿por qué la infraestructura deportiva mayor queda fuera? Chile se está quedando atrás y eso nos pasará la cuenta. La falta de estadios ya nos dejó sin Mundial 2030, ni habrá otro más adelante, tampoco habrán conciertos de primer nivel, ni final de Libertadores en nuestro país.
La propuesta: crear una segunda instancia técnica y nacional
Lo que se propone no es eliminar a los municipios en esta decisión tan crucial para la población. Pero sí se pretende crear un procedimiento especial para Infraestructura Deportiva de Interés Nacional, que sea válido para recintos sobre 20 mil espectadores. El proyecto de ley que propongo debería contemplar tres ejes:
1. Ventanilla única y plazos fatales: Un solo expediente electrónico, con informes de todos los servicios, y con silencio administrativo positivo si el Estado no responde en 120 días.
2. El Consejo de Ministros como segunda instancia: Si el Concejo Municipal rechaza el anteproyecto por razones de uso de suelo o impacto urbano, el titular podrá apelar ante un Comité Interministerial compuesto por el Ministerio del Deporte, que lo integrrían el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y además el Ministerio de Deportes. Este consejo resolverá con criterios técnicos, no electorales, y con una Evaluación de Impacto Urbano objetiva.
3. Estándares claros de mitigación: En vez de la negociación caso a caso, una norma que establezca qué debe compensar un estadio en transporte, seguridad y medio ambiente. Si cumple, se aprueba.
Con esto no se le quita poder a nadie. Se le da racionalidad al sistema. El municipio sigue siendo la primera puerta, pero si esa puerta se cierra por cálculo político y electoral de los concejales y del alcalde, existe una segunda puerta técnica para poder levantar nuevos reductos en Chile.
La inversión en estadios no es un lujo. Es seguridad, porque saca a los hinchas de recintos obsoletos, y además busca que se puedan trasladar a recintos no tan periféricos dentro de las ciudades. Es desarrollo económico, porque cada estadio genera 800 empleos directos en construcción y cientos de pymes a su alrededor. Y es justicia: ningún hincha debería esperar 40 años para ver a su equipo en su propia casa. Chile no necesita más estadios chicos. Necesita una ley que permita, por fin, construir estadios grandes, acorde a los estándares FIFA actuales.
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