El anacronismo y la aberración comunista en la política chilena del siglo XXI

Mientras buena parte del mundo democrático dejó atrás las experiencias más extremas del siglo XX, Chile sigue teniendo en el comunismo una fuerza política con representación parlamentaria, presencia en el Gobierno e influencia en el debate público. Para muchos, esta situación constituye una de las mayores paradojas de nuestra democracia.

Resulta, cuanto menos, insólito que en pleno siglo XXI el comunismo siga ocupando un lugar relevante en la política chilena. No se trata de negar el derecho de quienes adhieren a esta doctrina a participar en democracia —ese derecho debe ser respetado en una sociedad libre—, sino de preguntarse por qué una ideología que históricamente ha producido experiencias autoritarias, restricciones a las libertades individuales y profundas crisis económicas continúa teniendo una presencia política tan significativa en nuestro país.

El comunismo nació en un contexto histórico completamente distinto al actual. Surgió en el siglo XIX, cuando la industrialización, la explotación laboral y las enormes desigualdades sociales planteaban desafíos que hoy se enfrentan mediante instituciones democráticas, legislación laboral, políticas sociales y economías mixtas. Sin embargo, sus principales postulados económicos y su visión de la sociedad permanecen, en muchos casos, anclados en una concepción que ha demostrado enormes dificultades para convivir con la libertad económica, el pluralismo político y la propiedad privada.

La pregunta, entonces, no es solamente por qué existen comunistas en Chile. La pregunta más profunda es por qué el comunismo continúa siendo considerado, por una parte importante de la clase política y cultural, como una alternativa ideológica legítima y respetable, pese al amplio registro histórico de los resultados que ha tenido cuando ha alcanzado el poder.

La lección que dejó el siglo XX

No al comunismo.

El siglo XX fue, en buena medida, el gran laboratorio histórico de las ideologías. El fascismo fue derrotado militarmente y quedó asociado, con razón, a algunos de los episodios más oscuros de la historia contemporánea. El comunismo, en cambio, sobrevivió políticamente durante décadas pese a que los regímenes que se inspiraron en él dejaron tras de sí millones de víctimas, economías colapsadas y sociedades sometidas a sistemas de partido único.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y el derrumbe de la Unión Soviética en 1991 parecieron marcar el final de una época. El mundo había presenciado el fracaso de un modelo que prometía construir una sociedad igualitaria mediante la abolición de la propiedad privada y la concentración del poder económico y político en el Estado. Sin embargo, mientras Europa avanzaba hacia nuevas formas de integración y consolidaba democracias liberales, el comunismo no desapareció completamente del escenario político.

En Chile, de hecho, continúa siendo una fuerza organizada, disciplinada y con capacidad de influencia. Y allí aparece una de las grandes paradojas de nuestra democracia: mientras el país ha experimentado durante décadas una economía abierta, una sociedad plural y un sistema político competitivo, todavía existen sectores que reivindican una ideología cuyo historial internacional debería, al menos, obligar a una revisión crítica mucho más profunda.

Democracia sí, pero también memoria histórica

Defender la democracia implica aceptar que los comunistas tienen derecho a organizarse, competir en elecciones y expresar sus ideas. Pretender prohibir una ideología por decreto sería contradictorio con los principios de una sociedad libre.

Pero una cosa es reconocer derechos políticos y otra muy diferente es renunciar al juicio crítico. En una democracia madura, todas las ideologías deben ser examinadas por sus ideas, sus propuestas y, también, por sus resultados históricos. El comunismo no puede quedar fuera de ese escrutinio.

Chile tiene una memoria histórica especialmente compleja. La experiencia de la Unidad Popular y el quiebre institucional de 1973 siguen formando parte de una discusión que divide a la sociedad. Precisamente por eso, resulta indispensable analizar el pasado sin simplificaciones. No es serio atribuir toda la responsabilidad de la crisis de 1973 a un solo sector político, pero tampoco lo es desconocer que existieron profundas tensiones ideológicas y que algunos sectores de la izquierda chilena de entonces promovieron transformaciones que tensionaron gravemente el sistema institucional.

La democracia exige memoria, pero también exige honestidad intelectual. No se puede condenar el autoritarismo de un signo político y relativizarlo cuando aparece bajo otra bandera.

El problema de confundir igualdad con igualitarismo

Uno de los grandes atractivos históricos del comunismo ha sido su promesa de igualdad. El problema aparece cuando esa aspiración legítima termina transformándose en igualitarismo impuesto desde el Estado.

Una sociedad democrática debe preocuparse por quienes quedan atrás, combatir la pobreza y garantizar oportunidades. Pero eso no significa que todos deban recibir exactamente lo mismo ni que el Estado deba controlar cada dimensión de la vida económica y social. La experiencia internacional demuestra que las sociedades que han conseguido mayores niveles de bienestar suelen combinar mercados dinámicos, instituciones sólidas, protección social y respeto por la iniciativa privada.

La libertad económica no es enemiga de la justicia social. Al contrario, una economía capaz de generar inversión, empleo y crecimiento entrega los recursos necesarios para financiar políticas públicas sostenibles. Cuando el Estado pretende reemplazar sistemáticamente al sector privado, controlar los precios o dirigir la economía desde el poder político, el resultado puede ser precisamente el contrario al buscado: menor crecimiento, menos inversión, desempleo y finalmente más pobreza.

La paradoja de la democracia chilena

Hay una ironía difícil de ignorar. Chile es uno de los países latinoamericanos que durante las últimas décadas construyó instituciones democráticas relativamente sólidas y una economía que permitió reducir significativamente la pobreza. Sin embargo, en medio de ese proceso, el comunismo logró mantener una presencia política que contrasta con su progresiva pérdida de influencia en buena parte del mundo occidental.

Esto no significa que Chile deba excluir a los comunistas de la vida pública. Significa que la sociedad chilena tiene el derecho —y quizás también el deber— de exigirles una definición clara respecto de cuestiones fundamentales: la libertad de expresión, la propiedad privada, la democracia representativa, la alternancia en el poder y el respeto irrestricto por los derechos humanos.

No basta con declararse demócrata. Toda fuerza política que aspire a gobernar debe demostrar, en los hechos, que está dispuesta a respetar las reglas de la democracia incluso cuando pierde las elecciones, que acepta la alternancia y que reconoce la legitimidad de quienes piensan distinto.

Chile necesita mirar hacia adelante

El siglo XXI plantea desafíos completamente diferentes a los que dieron origen al comunismo. La inteligencia artificial, la revolución tecnológica, el envejecimiento demográfico, la crisis de los sistemas previsionales, la inmigración, la seguridad y la transformación del mercado laboral requieren respuestas modernas y pragmáticas.

Chile no necesita regresar a las batallas ideológicas del siglo XIX ni repetir los experimentos políticos del siglo XX. Necesita instituciones fuertes, crecimiento económico, seguridad, educación de calidad, movilidad social y un Estado eficiente que se concentre en hacer bien aquello que le corresponde.

La presencia del comunismo en la política chilena puede ser considerada, desde una perspectiva crítica, un anacronismo. Pero el verdadero desafío para la derecha no consiste simplemente en denunciarlo. Consiste en ofrecer una alternativa convincente, democrática y moderna que demuestre que la libertad, la responsabilidad individual, el emprendimiento y el respeto por la propiedad privada no son conceptos del pasado, sino herramientas indispensables para construir una sociedad más próspera y justa.

En definitiva, el comunismo seguirá existiendo mientras tenga ciudadanos que crean en él. Esa es una realidad que debe aceptarse en democracia. Pero también es perfectamente legítimo preguntarse si una doctrina concebida hace casi dos siglos, y cuyos experimentos más radicales terminaron en numerosos fracasos históricos, tiene realmente algo nuevo que ofrecerle al Chile del siglo XXI. La respuesta, para muchos, es evidente: el futuro no está en resucitar ideologías del pasado, sino en fortalecer una democracia liberal capaz de aprender de la historia sin quedar prisionera de ella.