Chile y la fractura que el tiempo no ha logrado cerrar

 Más allá de los cambios políticos e institucionales que desencadenó la crisis de 2019, el daño más profundo fue otro: la ruptura del consenso democrático que había permitido a Chile convivir con estabilidad durante décadas. Mientras esa fractura no sea enfrentada con honestidad, el país seguirá atrapado en una polarización que amenaza su desarrollo.

Estallido delictual.

Los problemas económicos pueden corregirse. La delincuencia puede combatirse con mejores leyes y mayor decisión política. Incluso las crisis institucionales pueden superarse mediante reformas. Sin embargo, cuando una sociedad se fractura ideológicamente y pierde un marco común de convivencia, el proceso de reconstrucción puede tomar generaciones. Ese es, precisamente, el problema de fondo que enfrenta Chile desde octubre de 2019.

Desde una mirada de derecha, con la cual me identifico, el mayor daño de aquella crisis no fue únicamente la millonaria destrucción de infraestructura, las pérdidas económicas o el deterioro del orden público. Lo más grave fue la legitimación de la violencia como mecanismo de presión política por parte de sectores que, en vez de condenarla sin ambigüedades, optaron por relativizarla, justificarla o interpretarla como una respuesta inevitable. Ese precedente alteró profundamente la cultura política del país.

La violencia dejó de ser un límite infranqueable

Toda democracia sólida descansa sobre un principio básico: los conflictos se resuelven mediante las instituciones y el Estado de Derecho, nunca mediante la fuerza. Sin embargo, durante la crisis de 2019 ese principio dejó de ser compartido por amplios sectores del debate público.

Mientras miles de pequeños comerciantes veían destruidos sus negocios, estaciones del Metro eran incendiadas y el espacio público era devastado, parte del mundo político y académico insistía en explicar esos hechos antes que condenarlos. El mensaje implícito fue especialmente peligroso: si existe una causa considerada suficientemente justa, la violencia puede transformarse en una herramienta políticamente aceptable... y eso fue justamente lo que ocurrió durante el estallido delictual, o tiernamente llamado "estallido social".

Ese cambio cultural probablemente constituye una de las consecuencias más graves de la crisis, porque erosionó uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: el rechazo inequívoco a la violencia política.

Dos países con relatos irreconciliables

A partir de entonces, Chile dejó de discutir únicamente políticas públicas para comenzar a disputar el significado mismo de los acontecimientos recientes. Se consolidaron dos visiones prácticamente incompatibles entre sí.

Para un sector, octubre de 2019 representó una legítima explosión social que abrió la puerta a transformaciones necesarias. Para otro, significó la mayor crisis de orden público de la historia del país y el momento en que se intentó doblegar a las instituciones mediante la violencia.

Mientras ambas interpretaciones continúen siendo irreconciliables, será extremadamente difícil reconstruir un proyecto nacional compartido. No puede existir cohesión cuando una parte importante del país considera heroicos hechos que otra entiende como un grave ataque al Estado de Derecho.

La polarización sigue profundizándose

Quienes pensaban que el paso del tiempo cerraría esa herida se equivocaron. La polarización no solo permanece, sino que parece agravarse con cada proceso electoral, cada discusión legislativa y cada controversia nacional.

Las redes sociales han contribuido a consolidar verdaderas comunidades ideológicas cerradas, donde el adversario político ya no es visto como alguien con quien se puede debatir, sino como un enemigo al que hay que derrotar moralmente. Esa lógica ha debilitado el diálogo democrático y ha convertido la política en una confrontación permanente.

Al mismo tiempo, la confianza ciudadana en el Congreso, los partidos, el sistema judicial y otras instituciones continúa deteriorándose. Sin confianza institucional resulta prácticamente imposible impulsar políticas públicas estables o construir acuerdos de largo plazo.

La reconstrucción social será mucho más lenta que la recuperación económica

Es probable que Chile vuelva a crecer con fuerza. También es posible recuperar el empleo, atraer inversiones y fortalecer la seguridad pública mediante buenas políticas de Estado. Pero ninguna de esas mejoras resolverá por sí sola la fractura cultural que quedó instalada en la sociedad chilena.

La experiencia internacional demuestra que las divisiones profundas tardan décadas en cicatrizar, especialmente cuando persisten discursos que justifican la violencia política o que buscan reescribir los hechos desde una lógica puramente ideológica. La reconciliación solo puede construirse sobre la base de una condena clara de la violencia, del respeto irrestricto al Estado de Derecho y del reconocimiento de que ninguna causa política justifica destruir la convivencia democrática.

Chile necesita recuperar un consenso democrático básico

La gran tarea del país no consiste únicamente en mejorar sus indicadores económicos o fortalecer la seguridad. El verdadero desafío será reconstruir el consenso democrático que permitió a Chile transformarse durante décadas en uno de los países más estables y prósperos de América Latina.

Mientras existan sectores que continúen relativizando la violencia política cuando favorece sus propios objetivos ideológicos, la fractura seguirá abierta. Una democracia no puede sostenerse sobre la base de dobles estándares. El respeto por la ley, las instituciones y las libertades individuales debe ser incondicional o deja de ser un principio para convertirse en una simple herramienta de conveniencia.

Chile podrá recuperar el crecimiento, controlar la delincuencia y modernizar el Estado. Pero mientras no recupere una cultura política donde el Estado de Derecho sea un límite infranqueable para todos, la herida abierta en 2019 continuará condicionando su presente y su futuro. Porque las calles pueden reconstruirse en pocos años; la confianza entre los ciudadanos y el consenso democrático, en cambio, suelen tardar generaciones.