“Ley Boric”: para que Chile nunca más vuelva a tener un Presidente sin título profesional ni experiencia laboral

No basta con ganar una elección para estar preparado para gobernar. Si para ejercer una profesión se exige formación, experiencia y competencias acreditables, resulta razonable que quien aspire a conducir el Estado también deba demostrar una trayectoria suficiente antes de recibir en sus manos el poder presidencial.

Gabriel Boric.

Una democracia puede elegir libremente a sus autoridades, pero eso no significa que deba renunciar a establecer estándares mínimos para quienes aspiran a ejercer las responsabilidades más altas del Estado.

Chile ha construido durante décadas una institucionalidad en la que existen exigencias bastante precisas para desempeñar determinadas funciones. Un médico necesita formación universitaria y habilitación profesional. Un abogado debe completar su formación y cumplir los requisitos establecidos para ejercer. Un piloto necesita preparación y horas de entrenamiento. Un ingeniero debe acreditar conocimientos técnicos para asumir determinadas responsabilidades. Pero cuando se trata de dirigir el país, la vara es sorprendentemente más baja.

La Constitución establece para la Presidencia requisitos como la nacionalidad chilena, la ciudadanía con derecho a sufragio y haber cumplido 35 años. No exige, sin embargo, un título profesional ni un período determinado de experiencia laboral.

Y ahí aparece una pregunta que Chile debiera atreverse a discutir sin complejos: ¿es razonable que la persona que tendrá a su cargo la conducción política, económica, administrativa y estratégica de toda la República no tenga que acreditar ningún tipo de formación profesional ni experiencia laboral previa?

La propuesta que acá planteo podría bautizarse, simbólicamente, como la “Ley Boric”. No para convertirla en una ley contra una persona en prticular, sino precisamente para transformar la falta de experiencia laboral de en una lección institucional para las generaciones futuras.

El caso Boric como advertencia institucional

Gabriel Boric constituye un ejemplo especialmente ilustrativo para esta discusión. El exmandatario ingresó a Derecho en la Universidad de Chile en 2004 y desarrolló una intensa actividad de liderazgo estudiantil, llegando a presidir la FECh. Su trayectoria política comenzó muy temprano y posteriormente fue elegido diputado antes de llegar a la Presidencia de la República. La propia biografía oficial registra esa trayectoria universitaria y política.

Sin embargo, Boric nunca obtuvo el título de abogado. Durante la campaña presidencial de 2021 reconoció que no se había titulado y señaló que no consideraba que todo se redujera a “cartones o títulos”, poniendo el acento en los valores, convicciones y principios.

Ese argumento merece respeto en cuanto principio personal: una persona no vale más ni menos por tener un diploma. Y sería absurdo sostener que un título universitario garantiza automáticamente capacidad, honestidad o inteligencia. Pero de esa premisa no se desprende necesariamente que los cargos de mayor responsabilidad pública deban carecer de requisitos de preparación y experiencia.

Una cosa es afirmar que un título no convierte mágicamente a nadie en un buen gobernante. Otra muy distinta es sostener que, por esa razón, no importa ninguna formación profesional ni trayectoria laboral antes de asumir la conducción de un Estado.

La discusión, por lo tanto, no debiera centrarse exclusivamente en Gabriel Boric como individuo. El verdadero problema es el estándar institucional que permitió que una persona pudiera llegar a la Presidencia sin haber tenido que acreditar previamente una carrera profesional terminada ni diez años de experiencia laboral posterior a ella. Y ese estándar puede y debe ser discutido democráticamente.

Gobernar no debería ser el primer empleo de nadie

El problema de fondo es que Chile ha terminado aceptando una paradoja difícil de justificar. Para muchas profesiones se exige preparación porque las decisiones de quienes las ejercen pueden producir consecuencias importantes. Sin embargo, la Presidencia de la República concentra una responsabilidad infinitamente mayor y, pese a ello, constitucionalmente no requiere acreditar una preparación profesional determinada.

El Presidente no administra una empresa cualquiera. Dirige el gobierno y la administración del Estado, es jefe de Estado y posee atribuciones fundamentales en materias como seguridad, política exterior, presupuesto, nombramientos, administración pública y conducción general del país. Por eso resulta razonable sostener que la política no debería ser el primer empleo serio de una persona.

Quien aspire a gobernar Chile debiera haber conocido previamente el mundo real fuera de la política: haber trabajado, haber tenido responsabilidades, haber enfrentado superiores y subordinados, haber administrado recursos, haber cometido errores y tenido que responder por ellos, haber cumplido objetivos y haber experimentado las consecuencias de sus decisiones.

No porque la experiencia privada sea moralmente superior a la actividad política, sino porque gobernar exige comprender cómo funciona la sociedad más allá de los partidos, las campañas y los círculos políticos.

Un gobernante que nunca ha trabajado fuera de la política corre el riesgo de observar el país exclusivamente desde la lógica partidista del Estado. Y Chile no está compuesto solamente por ministerios, subsecretarías, partidos y parlamentos: está compuesto por trabajadores, emprendedores, profesionales, comerciantes, agricultores, técnicos, empresarios, estudiantes y millones de personas que todos los días deben producir, pagar cuentas, contratar, ser contratadas, ahorrar, invertir y asumir las consecuencias de sus decisiones.

Diez años de experiencia después de titularse: una exigencia razonable

Por eso una eventual reforma podría establecer que para postular a la Presidencia de la República —y eventualmente a otros cargos de representación nacional— se requiera contar con un título profesional y al menos diez años de experiencia laboral efectiva posterior a la obtención de dicho título. La precisión es importante.

No deberían contabilizarse las prácticas profesionales, trabajos realizados durante la etapa universitaria ni actividades anteriores a la titulación. El objetivo sería acreditar una trayectoria profesional propiamente tal. Diez años tampoco constituyen una eternidad.

A los 25 o 26 años una persona puede perfectamente haber terminado una carrera. Diez años después de eso tendría una experiencia profesional suficientemente extensa como para haber conocido distintas etapas de la vida laboral. Podría haber trabajado en el sector público, privado, académico, empresarial, profesional o en organizaciones de la sociedad civil. La medida tampoco tendría que exigir una profesión determinada.

No tendría sentido decir que Chile necesita solamente abogados, economistas o ingenieros en La Moneda. Un país moderno necesita diversidad de conocimientos. Un médico, un profesor, un arquitecto, un periodista, un científico, un administrador, un agrónomo o un profesional de las ciencias sociales pueden aportar perspectivas diferentes.

Lo importante sería que la persona haya demostrado previamente que puede completar una formación, desenvolverse profesionalmente y asumir responsabilidades durante un período significativo. No se trata de crear una aristocracia de los títulos. Se trata de elevar el estándar de quienes aspiran a administrar el poder del Estado.

La experiencia no garantiza un buen Presidente, pero su ausencia tampoco es irrelevante Aquí aparece una objeción evidente: tener un título y diez años de experiencia no garantiza que alguien será un buen Presidente. Es verdad.

La historia está llena de profesionales brillantes que fueron malos gobernantes y de personas sin grandes credenciales académicas que demostraron extraordinarias capacidades políticas. Pero ese argumento tampoco resuelve el problema de fondo.

Los requisitos institucionales rara vez garantizan por sí solos que una persona será excelente. Lo que hacen es establecer umbrales mínimos de idoneidad.

Tener licencia de conducir no garantiza que alguien será un buen conductor. Sin embargo, la sociedad exige una licencia porque considera razonable que, antes de poner un vehículo en circulación, una persona demuestre ciertos conocimientos y habilidades. Lo mismo ocurre con innumerables profesiones.

La pregunta, entonces, no debería ser si un título garantiza un buen Presidente. Evidentemente no. La pregunta correcta es otra: ¿Por qué aceptaríamos que para ejercer responsabilidades profesionales relativamente acotadas existan exigencias de formación y experiencia, pero para administrar todo el Estado chileno no exista prácticamente ninguna exigencia equivalente?

Max Weber y la ética de la responsabilidad

La idea tampoco es una obsesión tecnocrática. Tiene una profunda raíz en la teoría política moderna. Max Weber, uno de los grandes pensadores de la sociología política, analizó la política como una actividad que exige asumir responsabilidad por las consecuencias de las decisiones. Su distinción entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad resulta especialmente pertinente: quien ejerce poder público no puede limitarse a declarar buenas intenciones; debe hacerse cargo de los efectos concretos de sus actos. Esa idea debiera estar en el centro de cualquier discusión sobre los requisitos para gobernar.

Porque las buenas intenciones no construyen hospitales por sí solas. Las consignas no equilibran presupuestos. Los discursos no reducen la delincuencia. Las declaraciones no generan inversión. Y las convicciones políticas, por respetables que sean, tampoco sustituyen automáticamente el conocimiento necesario para convertirlas en políticas públicas eficaces.

Gobernar es decidir. Y decidir implica hacerse responsable de las consecuencias. Por eso la experiencia importa. Democracia no significa ausencia de requisitos

Otra crítica habitual sería afirmar que una exigencia de título profesional y experiencia atentaría contra la democracia. Tampoco necesariamente.

La democracia no consiste en que cualquier persona pueda ocupar cualquier cargo sin cumplir ningún requisito. Las propias democracias establecen edades mínimas, requisitos de ciudadanía, incompatibilidades y otras condiciones para acceder a determinadas funciones.

De hecho, la propia Constitución chilena ya establece una edad mínima de 35 años para ejercer la Presidencia. Si aceptamos que el Estado puede exigir una edad determinada porque considera que existe una relación razonable entre madurez y responsabilidad pública, también podemos discutir legítimamente si debe exigir determinados niveles de formación y experiencia.

La clave está en que esos requisitos sean generales, objetivos y aplicables a todos, independientemente de su partido, ideología, origen social o posición económica. No sería una norma contra la izquierda ni contra la derecha. Sería una norma contra la improvisación. Y debería aplicarse a todos. Precisamente por eso, es que Chile necesita con urgencia una legislación similar a esta “Ley Boric”.

No tendría sentido crearla pensando en impedir que un sector político determinado llegue al poder y después relativizarla cuando el candidato provenga del propio sector. Si mañana apareciera un candidato de derecha sin título profesional y sin experiencia laboral suficiente, la misma regla tendría que aplicarse. Si apareciera un candidato de izquierda con idénticas características, también.

La reforma solamente tendría legitimidad si establece una vara común para todos. Porque el problema no es la ideología del candidato. El problema es si quien aspira a dirigir el país ha demostrado previamente condiciones suficientes para asumir semejante responsabilidad. La política necesita volver a encontrarse con el mérito. Existe, además, una cuestión cultural detrás de esta discusión.

Durante demasiado tiempo, la política chilena ha tendido a convertirse en una carrera profesional en sí misma. Jóvenes que ingresan a organizaciones partidarias, pasan por dirigencias estudiantiles, luego por asesorías, concejos municipales, parlamentos y finalmente por cargos ejecutivos pueden construir toda su trayectoria dentro del aparato político sin haber tenido una experiencia prolongada en el mundo laboral ordinario.

Eso genera un riesgo evidente: que la política termine transformándose en un ecosistema separado de la sociedad que pretende representar. El mérito, por el contrario, exige resultados.

Una persona que ha trabajado diez años en una profesión ha tenido que demostrar algo más que capacidad para ganar elecciones: ha debido cumplir objetivos, responder ante terceros, enfrentar evaluaciones y construir una reputación. Eso no la convierte automáticamente en mejor persona ni en mejor gobernante. Pero sí entrega información relevante sobre su trayectoria. Y cuando se trata de escoger a quien tendrá en sus manos el destino institucional y económico de millones de personas, la experiencia previa debiera importar.

La verdadera “Ley Boric”

La llamada “Ley Boric” no debería ser entendida, entonces, como una simple artimaña política contra Gabriel Boric en particular. Sería mucho más interesante que eso.

Debería ser una reforma institucional nacida de una pregunta incómoda que la experiencia de Boric ayudó a poner sobre la mesa: ¿estamos exigiendo lo suficiente a quienes aspiran a gobernarnos?

Boric pudo llegar a La Moneda porque cumplía las condiciones constitucionales existentes. Eso fue perfectamente legítimo desde el punto de vista jurídico y democrático. Precisamente por eso el debate debe mirar hacia adelante y no hacia atrás.

Las leyes no deberían escribirse para castigar retrospectivamente a una persona. Deberían construirse para evitar que las instituciones dependan demasiado de las características particulares de quien circunstancialmente ocupa un cargo. Una buena Constitución debe pensar incluso en el peor escenario posible.

Y eso significa preguntarse qué ocurriría si mañana llegara a la Presidencia alguien todavía menos preparado que el propio Boric, con escasa experiencia profesional, sin conocimientos suficientes y rodeado de un equipo igualmente inexperto. Acá, la idea de fondo es no volver a tener nunca más un Presidente que sólo tenga cuarto medio.

Chile merece una vara más alta

Elevar los requisitos para llegar a La Moneda no significa desconfiar de la democracia. Significa confiar lo suficiente en ella como para exigirle mejores estándares.

El voto popular debe seguir siendo el mecanismo mediante el cual los ciudadanos deciden quién gobierna. Pero entre todos los candidatos que cumplen las condiciones democráticas básicas, es perfectamente legítimo establecer que quien aspire a la máxima magistratura de la República deba acreditar una trayectoria mínima de preparación y experiencia. Porque el Presidente no está haciendo una práctica profesional. No está aprendiendo a gobernar mientras gobierna. No dispone de cuatro años para descubrir cómo funciona el Estado.

Cuando el Presidente llega a La Moneda, las decisiones comienzan inmediatamente y sus consecuencias afectan a todo Chile. Por eso la discusión de fondo no debería ser si Gabriel Boric fue demasiado joven, si tuvo o no tuvo título, ni siquiera si su gobierno fue bueno o malo.

La pregunta verdaderamente importante es mucho más profunda: ¿Queremos que la Presidencia de Chile siga siendo un cargo para el que basta cumplir los requisitos mínimos de ciudadanía, edad y elegibilidad, o queremos comenzar a exigir también preparación, experiencia y trayectoria?

Si la respuesta es que Chile merece lo segundo, entonces la experiencia del ciclo político que representó Boric puede transformarse en una lección institucional. No para prohibirle a alguien llegar a La Moneda. Sino para que, en el futuro, quien llegue a ella haya demostrado antes que está preparado para hacerlo. Porque gobernar una nación no debiera ser el primer gran trabajo de una persona. Debiera ser la culminación de una trayectoria que demuestre que está a la altura de la responsabilidad.