Convicciones políticas para hacer de Chile un país mejor

Cinco principios desde la derecha para recuperar la libertad, el orden y la dignidad de la República.

Chile.

Las sociedades prosperan cuando la libertad económica convive con instituciones sólidas, el Estado hace cumplir la ley sin complejos y el esfuerzo individual es premiado en lugar de castigado. Estas cinco convicciones buscan contribuir al debate sobre el futuro de Chile desde una perspectiva liberal, democrática y profundamente republicana.

En política existen dos formas de actuar: gobernar según la contingencia o hacerlo sobre la base de convicciones. La primera suele producir popularidad pasajera; la segunda permite construir proyectos nacionales duraderos. Chile necesita recuperar precisamente eso: un conjunto de principios estables que devuelvan certezas a una ciudadanía cansada de la inseguridad, del estancamiento económico y de una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Durante las últimas décadas se ha instalado la idea de que la libertad económica sería incompatible con la justicia social, que el orden constituye una amenaza para la democracia y que el éxito individual representa un privilegio sospechoso. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las naciones más libres, más prósperas y más estables han sido precisamente aquellas que han logrado equilibrar mercados abiertos, instituciones fuertes, respeto irrestricto por la propiedad privada y un Estado limitado, pero eficaz.

No se trata de defender un modelo por razones ideológicas, sino porque la evidencia histórica muestra que ciertas instituciones funcionan mejor que otras. Como escribió Friedrich Hayek, "la libertad individual constituye la condición esencial para el progreso de la civilización". Del mismo modo, Karl Popper advertía que las sociedades abiertas sobreviven únicamente cuando son capaces de defenderse de quienes pretenden destruirlas desde dentro utilizando los mecanismos de la propia democracia.

Desde esa convicción nacen estos cinco principios.

1. No más contribuciones: cuando el Estado convierte la propiedad en un arriendo perpetuo

La propiedad privada constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad libre. Mucho antes de que existieran las constituciones modernas, John Locke sostenía que el derecho a la propiedad derivaba directamente del trabajo humano: cada persona es dueña de aquello que produce legítimamente mediante su esfuerzo.

Desde esa perspectiva, las contribuciones sobre los bienes raíces plantean una interrogante de fondo: ¿es realmente plena una propiedad por la cual el dueño debe pagar indefinidamente para conservarla?

Quien compra una vivienda ya paga impuestos durante su construcción, en la adquisición de materiales, mediante el IVA incorporado en múltiples etapas y, muchas veces, durante décadas de créditos hipotecarios. Sin embargo, una vez cancelada completamente, el propietario continúa pagando al Estado simplemente por mantener aquello que ya le pertenece. Cuando el incumplimiento incluso puede terminar en el remate del inmueble, resulta legítimo preguntarse si la propiedad sigue siendo plenamente del ciudadano o pasa a estar condicionada por una obligación permanente frente al Estado.

Desde una visión liberal, eliminar las contribuciones sobre la primera vivienda representa una forma de fortalecer el ahorro familiar, proteger a la clase media y reafirmar el principio de que la propiedad debe ser un derecho efectivo y no una concesión renovable.

Ello no implica abandonar el financiamiento municipal. Existen alternativas como fortalecer los ingresos provenientes de patentes comerciales, mejorar la eficiencia del gasto público, combatir el despilfarro estatal y revisar mecanismos de financiamiento local que no castiguen el patrimonio familiar.

Como señalaba Milton Friedman, ningún gasto público es gratuito: siempre termina siendo financiado por los ciudadanos. La discusión, entonces, consiste en determinar cuáles impuestos son compatibles con una sociedad libre y cuáles terminan desincentivando el esfuerzo y la inversión.

2. Rechazar el comunismo: aprender de la historia para no repetirla

Pocas ideologías han generado debates tan intensos como el comunismo. Sus partidarios suelen destacar sus ideales igualitarios; sus críticos enfatizan los resultados observados en numerosos países donde regímenes inspirados en el marxismo concentraron poder político, restringieron libertades civiles y registraron graves crisis económicas y humanitarias.

El economista Ludwig von Mises sostuvo que una economía sin precios libres carece de un mecanismo eficiente para asignar recursos, mientras que Friedrich Hayek, en Camino de servidumbre, argumentó que la planificación central tiende a concentrar poder de manera creciente, con riesgos para las libertades individuales.

Más allá de las discusiones teóricas, el siglo XX dejó una abundante evidencia histórica sobre las dificultades que enfrentaron diversos regímenes comunistas para compatibilizar planificación económica, pluralismo político y prosperidad sostenida.

En Chile, la defensa de la democracia liberal exige mantener una posición crítica frente a cualquier proyecto político que relativice la independencia de los poderes del Estado, la libertad de expresión, el derecho de propiedad o el pluralismo democrático.

Como advertía Karl Popper, la paradoja de la tolerancia consiste precisamente en que una sociedad abierta no puede ser indiferente frente a ideologías que buscan eliminar las libertades que hacen posible esa misma sociedad.

3. Seguridad pública: sin orden no existe libertad

La primera obligación del Estado consiste en garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Esta idea no pertenece exclusivamente al pensamiento conservador. Thomas Hobbes, en Leviatán, sostenía que el Estado surge precisamente para impedir que la sociedad caiga en una situación donde predominen la violencia y el miedo.

Cuando el crimen organizado controla barrios completos, el narcotráfico reemplaza al Estado y el terrorismo desafía la soberanía nacional, la libertad deja de ser una realidad cotidiana para transformarse en una aspiración teórica.

Por ello, fortalecer a las policías, mejorar los sistemas de inteligencia, modernizar la persecución penal y asegurar sanciones efectivas frente a delitos graves no constituye una renuncia a la democracia, sino una condición indispensable para preservarla.

Como afirmaba Margaret Thatcher, "primero viene el deber del Estado de mantener la ley y el orden". Sin esa base, los demás derechos terminan debilitándose.

La compasión hacia las víctimas debe prevalecer sobre la indulgencia frente a quienes hacen de la violencia un modo de vida.

4. No a la xenofobia: firmeza en la ley, humanidad en el trato

Defender las fronteras de un país no significa levantar muros contra las personas. Una derecha verdaderamente democrática debe ser capaz de distinguir entre inmigración ilegal y migración legítima; entre delincuentes y trabajadores; entre el deber de proteger la soberanía nacional y la obligación moral de reconocer la dignidad de todo ser humano.

Uno de los errores más frecuentes del debate público consiste en reducir el fenómeno migratorio a una falsa disyuntiva: abrir completamente las fronteras o rechazar indiscriminadamente a los extranjeros. Ninguna de esas posiciones ofrece una solución responsable. Un Estado serio tiene el derecho —y el deber— de controlar sus fronteras, impedir el ingreso irregular, expulsar a quienes delinquen y exigir el cumplimiento de sus leyes. Pero ese mismo Estado debe actuar con respeto, justicia y humanidad hacia quienes llegan honestamente buscando una oportunidad de trabajo o una vida mejor.

Esta visión encuentra respaldo en el pensamiento conservador clásico. Edmund Burke, considerado el padre del conservadurismo moderno, sostenía que el primer deber de un gobierno es preservar el orden y proteger la comunidad política que representa. Sin instituciones fuertes y sin respeto por las leyes, la libertad termina debilitándose. Defender las fronteras, por tanto, no es un acto de hostilidad, sino una expresión legítima de la responsabilidad que tiene el Estado hacia sus propios ciudadanos.

Al mismo tiempo, la tradición cristiana recuerda que toda persona posee una dignidad intrínseca que no depende de su nacionalidad. San Juan Pablo II, en numerosos mensajes dedicados a las migraciones, insistía en que los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios conforme al bien común, pero también el deber moral de tratar a cada migrante con respeto y humanidad. En una de sus reflexiones afirmaba que "la Iglesia reconoce el derecho de los Estados a regular la inmigración teniendo en cuenta el bien común, pero recuerda igualmente el deber de acoger al extranjero respetando siempre su dignidad humana". Esa síntesis resume adecuadamente una visión equilibrada: firmeza jurídica y humanidad no son conceptos incompatibles.

Incluso Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, advertía que el fenómeno migratorio debía abordarse conjugando dos exigencias inseparables: la solidaridad y la responsabilidad. Ningún país puede ignorar el drama humano que muchas veces existe detrás de una migración, pero tampoco puede renunciar a ordenar ese proceso ni permitir que el crimen organizado aproveche la ausencia de control estatal.

Combatir la xenofobia, entonces, no significa relativizar el problema migratorio. Significa rechazar la lógica de la culpabilidad colectiva. La delincuencia no tiene una nacionalidad determinada; responde a decisiones individuales. Generalizar solo alimenta el odio y termina perjudicando también a miles de inmigrantes que trabajan, pagan impuestos, respetan las leyes y contribuyen al desarrollo del país.

Una nación verdaderamente fuerte no necesita odiar al extranjero para proteger sus fronteras. Le basta con hacer cumplir la ley con firmeza, aplicar justicia sin privilegios y recordar que el respeto por la dignidad humana constituye uno de los pilares esenciales de la civilización occidental.

5. Libertad económica: el crecimiento como condición para el progreso social

Pocas ideas han sido tan incomprendidas como el llamado neoliberalismo.

Más que una doctrina única, constituye un conjunto de principios que privilegian mercados abiertos, competencia, estabilidad institucional, respeto por la propiedad privada y un Estado que interviene cuando corresponde, pero sin reemplazar la iniciativa de las personas.

En Chile, las reformas económicas implementadas desde fines de los años setenta y profundizadas durante los gobiernos democráticos posteriores coincidieron con un prolongado período de crecimiento económico y una significativa reducción de la pobreza, aunque también persisten debates sobre cómo distribuir mejor los beneficios del desarrollo y abordar desigualdades.

Como sostenía Milton Friedman, una sociedad que prioriza la igualdad por sobre la libertad corre el riesgo de perder ambas; mientras que aquella que protege la libertad crea condiciones para generar prosperidad, la cual luego puede traducirse en mayores oportunidades para todos.

El desafío no consiste en destruir el modelo de economía social de mercado, sino en corregir sus imperfecciones: aumentar la competencia, combatir monopolios y colusiones, reducir la burocracia, fortalecer la transparencia institucional y focalizar adecuadamente el gasto social.

No existe justicia social sostenible sin crecimiento económico. Y no existe crecimiento duradero cuando el Estado desincentiva la inversión, castiga el emprendimiento o transforma al sector privado en un adversario permanente. Como suele decirse en economía, la mejor política social sigue siendo un empleo estable y bien remunerado, porque entrega autonomía, dignidad y oportunidades reales de progreso.

Como afirmaba Margaret Thatcher, "no existe dinero público; solo existe el dinero de los contribuyentes". Esa frase recuerda una verdad elemental: todo gasto estatal proviene, en última instancia, del trabajo de millones de ciudadanos.

Una derecha con convicciones, no con complejos

Chile enfrenta una decisión histórica. Puede continuar transitando por un camino donde el Estado crece mientras la economía se debilita, donde el delito desafía a las instituciones y donde el mérito pierde valor frente al asistencialismo permanente. O puede recuperar una visión que ponga nuevamente en el centro la libertad responsable, el respeto por la ley, la propiedad privada y el esfuerzo como motores del progreso.

Estas cinco convicciones no pretenden ofrecer soluciones mágicas. Aspiran a recordar principios que han demostrado su relevancia en numerosas democracias liberales: proteger la propiedad, defender la libertad frente a proyectos autoritarios, garantizar la seguridad, aplicar la ley sin discriminación y promover una economía abierta capaz de generar oportunidades.

Como escribió Alexis de Tocqueville, "la libertad no puede establecerse sin moralidad, ni la moralidad sin fe". Más allá de la interpretación específica de esa frase, su mensaje sigue siendo vigente: ninguna nación se sostiene únicamente sobre leyes o cifras económicas. También necesita convicciones firmes, instituciones sólidas y ciudadanos dispuestos a defender la libertad, incluso cuando hacerlo resulta políticamente incómodo.

Chile fue capaz de construir un camino de progreso cuando creyó en esos principios. La tarea pendiente consiste en actualizarlos para el siglo XXI sin renunciar a aquello que hizo posible el desarrollo: la libertad, la responsabilidad individual, el Estado de Derecho y la confianza en que el esfuerzo honesto sigue siendo el principal motor del bienestar de una nación.