Menos parlamentarios, mejores representantes: la reforma política que Chile necesita

Reducir el tamaño del Congreso, elevar las exigencias para llegar al Parlamento y fortalecer la responsabilidad de los partidos políticos son reformas indispensables para recuperar la confianza ciudadana. Chile no necesita una clase política más numerosa, sino una más preparada, eficiente y comprometida con el servicio público.

La crisis de confianza que enfrenta la política chilena no obedece únicamente a los casos de corrupción, los conflictos de interés o las permanentes disputas partidistas. También responde a una percepción cada vez más extendida de que el Congreso se volvió excesivamente grande, costoso y poco eficiente. La reforma electoral de 2015 aumentó significativamente el número de parlamentarios bajo la premisa de mejorar la representación política, pero más de una década después cuesta sostener que ese incremento se haya traducido en mejores leyes, una fiscalización más rigurosa o una mayor cercanía entre los representantes y la ciudadanía.

Por el contrario, el Parlamento aparece hoy como una institución excesivamente fragmentada, donde la proliferación de bancadas y partidos dificulta la construcción de acuerdos y ralentiza la tramitación de proyectos fundamentales para el país. La ciudadanía observa un Congreso más caro, pero no necesariamente mejor.

Si Chile aspira a recuperar la confianza en sus instituciones, resulta imprescindible modernizar su sistema político. Y esa modernización debe comenzar por el propio Congreso Nacional.

Un Congreso más pequeño, más eficiente y con mejor equilibrio territorial

Actualmente, el Congreso Nacional está compuesto por 155 diputados y 50 senadores, sumando un total de 205 parlamentarios. La propuesta plantea reducir esa cifra a 121 legisladores, es decir, 84 menos que en la actualidad, lo que representa una disminución cercana al 41% de su composición.

La nueva Cámara de Diputados estaría integrada por 85 diputados. La fórmula busca combinar descentralización y proporcionalidad demográfica. Para ello, cada una de las quince regiones distintas de la Región Metropolitana elegiría cinco diputados, mientras que la Región Metropolitana elegiría diez diputados, totalizando 85 integrantes.

En el caso del Senado, la integración se reduciría a 36 senadores. Cada una de las quince regiones distintas de la Región Metropolitana elegiría dos senadores, mientras que la Región Metropolitana elegiría seis, alcanzando un total de 36 miembros.

Congreso Nacional.

Esta distribución responde a un criterio de equilibrio territorial. Todas las regiones mantienen una representación mínima garantizada que les permite defender adecuadamente sus intereses en el Congreso, evitando que las zonas menos pobladas queden marginadas de las grandes decisiones nacionales. Al mismo tiempo, se reconoce que la Región Metropolitana concentra cerca del 40% de la población chilena y, por tanto, requiere una representación superior al promedio regional.

No obstante, esa mayor representación tiene un límite razonable. La idea no es que Santiago domine políticamente al resto del país, sino encontrar un equilibrio entre el principio de igualdad territorial y el principio democrático de representación poblacional. Es un modelo que fortalece la descentralización sin desconocer la realidad demográfica del país.

Además, un Congreso más compacto favorece un funcionamiento institucional más eficiente. Menos parlamentarios significan menos fragmentación, mayor responsabilidad individual, debates más ordenados y una mejor capacidad para construir acuerdos. También facilita el control ciudadano, pues cada legislador adquiere mayor visibilidad y resulta mucho más sencillo evaluar su trabajo, su asistencia, sus votaciones y el cumplimiento de sus compromisos.

La reducción desde 205 a 121 parlamentarios también supone una disminución importante del gasto público asociado al funcionamiento del Congreso. No solo se reducen las dietas parlamentarias, sino también las asignaciones, asesores, oficinas, personal administrativo y toda la estructura de apoyo que acompaña a cada legislador. Más que un simple ahorro fiscal, constituye una señal política de austeridad y eficiencia que la ciudadanía hace años viene demandando.

Legislar requiere experiencia, no improvisación

Actualmente, para ser diputado o senador basta con cumplir la edad mínima establecida por la Constitución, tener enseñanza media completa y no encontrarse afecto a inhabilidades legales. Es un estándar extremadamente bajo para una función que consiste en elaborar las leyes que regulan la vida de millones de personas. Por ello, la propuesta incorpora dos nuevos requisitos para acceder al Congreso.

• En primer lugar, contar con un título profesional universitario, que asegure una formación mínima en análisis, argumentación y comprensión de materias complejas.
• En segundo lugar, acreditar al menos diez años de experiencia laboral, ya sea en el sector público, privado, académico o como emprendedor. Quien legisle sobre empleo, salud, educación, seguridad, economía o empresas debería haber conocido previamente el funcionamiento del mundo laboral y las dificultades que enfrentan trabajadores, emprendedores y organizaciones.

No se trata de una medida elitista. Se trata de profesionalizar una de las funciones más importantes de la República. Así como exigimos preparación para ejercer profesiones que afectan la vida de las personas, resulta igualmente razonable exigir experiencia y formación a quienes redactan las leyes que rigen al país.

El escaño pertenece a la ciudadanía, no al parlamentario

Otro vacío institucional que requiere corrección aparece cuando un parlamentario es desaforado, condenado, renuncia o queda legalmente inhabilitado para ejercer el cargo. En esos casos, el sistema actual genera mecanismos de reemplazo que muchas veces son poco claros para la ciudadanía y debilitan la representación democrática.

La propuesta establece que todo candidato al Congreso deberá competir respaldado por un partido político, incluso cuando mantenga la condición de independiente. De esta forma, las colectividades también asumen responsabilidad por las personas que presentan ante el electorado.

Asimismo, cuando un diputado o senador pierda su cargo por causas judiciales o legales, será el partido político al que pertenece quien designe un reemplazante proveniente de la misma lista electoral para completar el período.

El principio es simple: el escaño pertenece a los ciudadanos que votaron por un determinado proyecto político, no constituye un patrimonio personal del parlamentario. Al mismo tiempo, este mecanismo incentiva a los partidos a seleccionar candidatos más preparados y con mejores antecedentes, pues también responderán políticamente por su desempeño.

Menos cantidad, más calidad

Durante años se ha instalado la idea de que una democracia mejora simplemente aumentando el número de representantes. La experiencia chilena demuestra que ello no necesariamente ocurre. La calidad institucional depende mucho más del nivel de preparación de quienes legislan, de la eficacia del Congreso y de la confianza que inspira en la ciudadanía que de la cantidad de escaños que posee.

Reducir el Parlamento a 121 integrantes, profesionalizar el acceso al Congreso y fortalecer la responsabilidad de los partidos políticos no significa debilitar la democracia. Significa hacerla más eficiente, más austera y más responsable.

Chile no necesita más políticos. Necesita mejores políticos. Y esa transformación comienza cambiando las reglas del juego para que el mérito, la experiencia y la responsabilidad vuelvan a ser los pilares de la representación democrática.