“Ley Boric”: para aumentar las exigencias a los futuros presidentes

Si para ejercer cualquier profesión se exige preparación y trayectoria, resulta razonable que quienes aspiren a gobernar el país también deban acreditar formación y experiencia real en el mundo laboral.

Gabriel Boric.

Chile ha aprendido a lo largo de su historia que las instituciones importan. Pero también que quienes las conducen deben estar a la altura de su responsabilidad. Gobernar un país no es un ejercicio de entusiasmo ni un experimento generacional. Es una tarea compleja, que exige conocimiento, criterio y una comprensión profunda de cómo funciona el Estado y la sociedad.

Por eso no parece descabellado pensar que, cuando asuma el próximo Congreso el 11 de marzo, sus integrantes debieran discutir una reforma que bien podría llamarse “Ley Boric”: una propuesta destinada a impedir que Chile vuelva a tener un Presidente que llegue a La Moneda teniendo únicamente cuarto medio, estableciendo como requisito para postular a cargos públicos un título profesional y al menos diez años de experiencia laboral efectiva posterior a esa titulación.

Gobernar requiere preparación

En prácticamente todas las áreas relevantes de la sociedad existen requisitos claros. Un médico no puede ejercer sin título. Un ingeniero no puede firmar un proyecto sin acreditación. Un piloto no despega un avión sin años de formación y entrenamiento.

Sin embargo, paradójicamente, para aspirar a conducir el Estado —la tarea más compleja de todas— la legislación chilena exige muy poco en términos de preparación profesional o experiencia laboral.

La política contemporánea ha confundido representación con preparación. Representar a la ciudadanía es esencial en una democracia, pero gobernarla exige algo más que carisma, consignas o popularidad momentánea. Requiere formación y trayectoria en el mundo real.

Cuando esa preparación no existe, lo que suele aparecer es la improvisación: decisiones erráticas, diagnósticos débiles y una permanente incapacidad para anticipar las consecuencias de las políticas públicas. Y tampoco queremos parlamentarios recién titulados que lleguen al Congreso a hacer su “práctica profesional”, aprendiendo sobre la marcha en un lugar donde se toman decisiones que afectan a todo el país, pero eso ya sería parte de otro proyecto.

Diez años de experiencia real

Una reforma razonable podría establecer que quienes aspiren a cargos públicos deban contar con un título profesional y al menos diez años de experiencia laboral efectiva posterior a esa titulación.

Es decir, que esos diez años se cuenten desde la fecha en que la persona obtiene su título profesional en adelante, y no incluyan trabajos previos, prácticas estudiantiles ni actividades realizadas antes de completar su formación.

La lógica es simple. Antes de dirigir el país, sería saludable haber trabajado durante un tiempo significativo en el mundo profesional, enfrentando responsabilidades reales, gestionando proyectos, lidiando con resultados y comprendiendo cómo las decisiones afectan a otras personas. La idea es que antes de ser Presidente, esa persona haya tenido que cumplir horarios, tenido un jefe, y que sepa lo que es empezar desde abajo en una profesión, tal como a diario le toca a millones de chilenos.

La política no debería ser el primer empleo serio de nadie, sino que debería de ser una labor reservada solo para aquellos profesionales que a lo largo de su vida han sabido hacer bien las cosas, y que de una u otra forma han logrado sobresalir gracias a sus méritos propios.

Una lección institucional

Quizás esta etapa política termine dejando una enseñanza para el futuro. Una advertencia sobre los riesgos de convertir la conducción del país en un espacio donde la preparación y la experiencia resultan secundarias.

Más que una crítica personal, la idea de una “Ley Boric” podría transformarse en una oportunidad institucional para elevar los estándares de la política chilena.

Porque cuando la conducción del Estado queda en manos de la improvisación, los errores no se pagan en un aula ni en una discusión académica. Los paga todo el país.