El escaño no es del parlamentario acusado: una reforma urgente al sistema de desafueros

El reciente desafuero del diputado Joaquín Lavín León vuelve a poner sobre la mesa una anomalía democrática: cuando un parlamentario cae, también cae —injustamente— la representación de miles de electores que confiaron en ese político como su representante en el Congreso Nacional.

Congreso Nacional.

Cada cierto tiempo, la política chilena se ve sacudida por la misma escena: un parlamentario es desaforado, la justicia inicia su curso y el Congreso queda con un asiento vacío. Entonces comienzan los discursos solemnes sobre la probidad, los comunicados defensivos de los partidos y el ruido mediático que confunde castigo penal con castigo electoral.

El reciente desafuero del diputado Joaquín Lavín León (UDI) no es solo un caso judicial. Es, sobre todo, un espejo incómodo de una falla estructural: el sistema también castiga a los votantes por las conductas de un individuo. Y eso no es justicia; es una distorsión democrática.

I. El mandato popular no se suspende con una investigación

En una democracia representativa, el escaño no pertenece a la persona: pertenece a los ciudadanos que votaron por una opción política. Cuando un parlamentario es desaforado y queda fuera del Congreso, esa comunidad queda huérfana de una voz que los represente en el Parlamento.

No es menor. El votante no eligió solo un nombre; eligió un proyecto, una visión de país, una posición ideológica. Al dejar vacío ese cupo, se rompe el equilibrio político que surgió de las urnas. Es una forma silenciosa de alterar el resultado electoral sin que nadie vuelva a votar.

Permitir que el partido reemplace al parlamentario desaforado no es un privilegio corporativo: es una defensa del principio básico de representación. La justicia debe investigar al individuo, pero la democracia debe proteger al electorado.

II. El incentivo perverso: cuando el partido se vuelve abogado

El segundo problema es más sutil, pero igual de dañino. Cuando un partido sabe que perderá un escaño si su parlamentario es desaforado, aparece un incentivo perverso: defenderlo políticamente, incluso antes de que se aclaren los hechos.

Así, lo que debería ser una distancia prudente se convierte en un cierre de filas. No por convicción moral, sino por cálculo parlamentario. El partido deja de preocuparse por la verdad y comienza a preocuparse por la aritmética, con calculadora en manos.

Si el escaño pudiera ser reemplazado automáticamente por alguien del mismo partido o lista, se terminaría ese reflejo corporativo. La colectividad no tendría que transformarse en escudo humano de un acusado. Podría decir con tranquilidad: “Que la justicia investigue; nosotros seguimos representando a nuestros votantes”.

III. Justicia sin espectáculo, política sin chantaje

Hoy, el desafuero funciona como un espectáculo público que mezcla tribunales con tribunas. El parlamentario se victimiza, el partido se incomoda, y la ciudadanía asiste a una pelea que parece más un juicio político que uno judicial.

Un sistema de reemplazo claro devolvería sobriedad al proceso:

• La justicia hace su trabajo.
• El Congreso sigue funcionando completo.
• El partido político respectivo no queda atrapado en la defensa de lo indefendible.
• Los votantes no pierden su voz.

No se trata de suavizar las consecuencias penales. Al contrario: se trata de separar con nitidez la responsabilidad individual de la representación política.

IV. Una derecha coherente con la institucionalidad

Desde una mirada de derecha, este debate no es incómodo: es necesario. Si creemos en el orden institucional, en la responsabilidad personal y en el respeto al mandato ciudadano, entonces debemos impulsar una reforma que permita el reemplazo del parlamentario desaforado por alguien de su misma colectividad.

Eso fortalece la democracia, descomprime la presión política sobre los casos judiciales y evita que cada proceso penal se transforme en una guerra partidaria.

El desafuero del diputado Lavín León no debe ser leído solo como un episodio policial, sino como una oportunidad para modernizar nuestras reglas. La pregunta no es si debe investigarse a un parlamentario acusado de delito —eso es obvio—. La verdadera pregunta es por qué seguimos castigando a miles de ciudadanos por la conducta de uno solo.

El escaño no es propiedad privada del diputado. Es un mandato prestado por la ciudadanía. Y ese mandato no puede desaparecer por un error individual. Reemplazar al desaforado no es impunidad. Es respeto por la democracia.