Mientras en Brasil se habla de “intento de golpe” por daños acotados a unos pocos millones de dólares, en Chile se romantizó una insurrección que costó más de 15 mil millones y que arrasó con la infraestructura del país.
El 8 de enero de 2023 en Brasilia, una turba irrumpió en el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. El resultado: destrucción simbólicamente grave, pero económicamente acotada. Los informes oficiales hablan de 26,6 millones de reales en daños (unos 5–7 millones de dólares). El episodio duró unas pocas horas y los responsables fueron rápidamente detenidos y procesados bajo la tipificación de “intento de golpe de Estado”.
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| Estallido delictual en Chile. |
El estallido antisocial en Chile no tuvo comparación
La diferencia es brutal: Chile sufrió daños 2.000 veces superiores a los de Brasil. Sin embargo, allá se habla sin ambigüedades de “golpismo”, mientras que aquí todavía algunos insisten en describir lo ocurrido con tintes poéticos, como si se tratara de una tiernucha protesta juvenil espontánea.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta benevolencia para calificar el desastre ocurrido en Chile? La violencia de octubre (estallido delictual) no sólo destruyó bienes materiales, sino que además buscó arrasar con instituciones, forzar cambios constitucionales y alterar el orden democrático. En términos de objetivos y resultados, fue mucho más cercano a una insurrección que a una simple protesta.
Diferentes criterios para calificar la violencia
El contraste muestra la incoherencia de buena parte de nuestra mediocre clase política y mediática: cuando la violencia proviene de sectores que simpatizan con la izquierda, se la suaviza con palabras como “descontento social”. Pero cuando proviene de la derecha, se le aplica de inmediato la etiqueta de “golpe de Estado”.
La realidad es que la democracia no se mide según la ideología del agresor, sino por los hechos: en Brasil hubo un ataque puntual y costoso en lo simbólico; en Chile, una destrucción económica y social sin precedentes en tiempos de paz, y muchísimo más grave que lo ocurrido en la capital carioca. Sin embargo, seguimos atrapados en un doble estándar que impide llamar las cosas por su nombre.

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