El caso del senador Miguel Ángel Calisto reabre una discusión que Chile ha evitado durante años: cómo compatibilizar la presunción de inocencia con la necesidad de exigir mayores estándares de probidad a quienes buscan representar a los ciudadanos. Al mismo tiempo, evidencia la urgencia de fortalecer a los partidos políticos y garantizar que ningún distrito o región quede sin representación parlamentaria por la situación judicial de uno de sus legisladores.
El caso del senador Miguel Ángel Calisto vuelve a poner sobre la mesa un debate que el sistema político chileno ha preferido eludir. Más allá de lo que finalmente determinen los tribunales respecto de la investigación por presunto fraude al fisco que enfrenta el parlamentario, el episodio deja al descubierto una fragilidad institucional que afecta directamente a la democracia. No se trata únicamente de la situación de una autoridad bajo investigación, sino de las consecuencias que ello tiene para la representación política de miles de ciudadanos.
La presunción de inocencia no está en discusión
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| Senador Calisto. |
Sin embargo, reconocer ese principio no significa que la política deba conformarse con los mismos estándares que rigen para cualquier ciudadano. Quienes aspiran a administrar recursos públicos, elaborar leyes o fiscalizar al Estado deberían aceptar exigencias éticas superiores. La responsabilidad política no siempre coincide con la responsabilidad penal, y esa diferencia es esencial para comprender el debate.
La probidad también debe ser un requisito para postular
Por esa razón, Chile debiera discutir la posibilidad de establecer restricciones para que personas formalizadas o sometidas a investigaciones avanzadas por delitos graves contra la probidad pública no puedan competir por cargos de elección popular mientras su situación judicial permanezca pendiente. No se trataría de aplicar una condena anticipada ni de desconocer el debido proceso, sino de proteger la confianza ciudadana en las instituciones y evitar que el Congreso se vea permanentemente condicionado por causas judiciales que terminan desplazando el debate legislativo.
La ciudadanía exige cada vez mayor transparencia de sus autoridades. Ese estándar no puede agotarse en la ausencia de condenas. También debe considerar la necesidad de preservar el prestigio de las instituciones democráticas.
Fortalecer a los partidos y terminar con el excesivo personalismo
El caso Calisto también pone en evidencia otra debilidad del sistema político chileno. Cuando un diputado o senador es desaforado, suspendido o queda impedido de ejercer su cargo durante una investigación penal, quienes terminan perjudicados son los ciudadanos que votaron por esa representación. Un distrito o una región no deberían quedar parcialmente privados de voz en el Congreso por la situación judicial de una sola persona.
Por ello, resulta razonable avanzar hacia un sistema en que todos los candidatos al Congreso pertenezcan formalmente a un partido político o, al menos, sean independientes patrocinados por una colectividad. En la práctica, la mayoría de los electores vota por proyectos políticos, coaliciones e ideas más que por un conocimiento detallado de cada candidato. Los partidos deben asumir responsabilidad por quienes presentan ante la ciudadanía y dejar de ser simples plataformas electorales.
Cuando cae un parlamentario, la democracia no debe caer con él
Si un parlamentario pierde su escaño, es destituido o queda impedido de ejercer por un período prolongado debido a una resolución judicial, el partido que respaldó su candidatura debería tener la facultad de designar un reemplazante hasta el término del mandato. De esa forma se preservaría la representación política expresada en las urnas y se impediría que miles de ciudadanos quedaran sin una voz efectiva en el Congreso.
Una reforma de este tipo tendría además otra virtud. Al no estar en riesgo la pérdida del escaño para la colectividad, disminuirían los incentivos para las habituales defensas corporativas que hoy suelen aparecer cada vez que un parlamentario enfrenta problemas con la justicia. Los partidos tendrían mayores incentivos para colaborar con el esclarecimiento de los hechos y menos razones para transformar cada investigación en una disputa destinada únicamente a conservar cuotas de poder.
Instituciones más fuertes que las personas
Chile necesita partidos más sólidos, representantes sometidos a mayores estándares de probidad e instituciones capaces de seguir funcionando con normalidad cuando alguno de sus integrantes enfrenta problemas judiciales. Defender la presunción de inocencia no es incompatible con exigir ejemplaridad a quienes buscan ejercer funciones públicas. Al contrario, ambas ideas se complementan y fortalecen la calidad de la democracia.
Porque la responsabilidad penal siempre será individual. Pero la representación política pertenece a los ciudadanos. Y esos ciudadanos nunca deberían perder su voz en el Congreso por la situación judicial de quien circunstancialmente ocupa un escaño.