- Mientras el mundo mira hacia otro lado, Ucrania sigue luchando dignamente por su libertad.
Columna de opinión | Política internacional
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| Ucrania. |
Hay guerras que se prolongan tanto que corren el riesgo de convertirse en parte del paisaje. Los titulares pierden espacio, las imágenes de destrucción dejan de provocar la misma conmoción y la opinión pública comienza a mirar hacia otros asuntos. Sin embargo, para quienes viven bajo los bombardeos, la ocupación o la amenaza permanente de la violencia, el paso del tiempo no significa que la tragedia haya terminado. Significa, simplemente, que deben aprender a sobrevivir dentro de ella.
Ucrania conoce demasiado bien esa realidad. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, el pueblo ucraniano ha debido defender su independencia frente a una potencia militar considerablemente superior. La resistencia de sus soldados y ciudadanos impidió que el Kremlin alcanzara una victoria rápida y demostrara que el Estado ucraniano no podía ser borrado del mapa por decisión de Moscú.
Pero la guerra no se libra solamente en las trincheras. También se manifiesta en las ciudades destruidas, en las familias separadas, en los hospitales que carecen de suministros y en los civiles que no pueden abandonar sus hogares. Y es precisamente allí donde la historia de Oleshky adquiere una dimensión que debería interpelar a cualquier persona que considere que la libertad, la dignidad humana y la soberanía de los pueblos son principios fundamentales.
Oleshky, una ciudad atrapada entre la ocupación y el hambre
La situación descrita en Oleshky, localidad ucraniana situada en la margen izquierda del río Dnipró y bajo ocupación rusa, retrata el rostro más cruel de esta guerra.
Según los antecedentes indagados para esta columna, antes de la invasión vivían allí unas 24.000 personas. Actualmente permanecerían alrededor de 2.000, entre ellas aproximadamente medio centenar de niños. El abastecimiento regular de alimentos se encuentra gravemente interrumpido, faltan medicamentos, existen dificultades para acceder al agua potable y los servicios básicos de electricidad y gas no funcionan con normalidad. A ello se suma el peligro de las carreteras minadas y la ausencia de una vía de evacuación organizada y segura.
La última entrega de alimentos con relativa normalidad habría ocurrido el 26 de mayo de 2026. Durante el verano, muchos habitantes dependieron de los productos cultivados en sus propios huertos. Con el final de la temporada, esas reservas comenzaron a agotarse.
Conviene detenerse un momento en esas cifras. Dos mil personas no son una estadística abstracta. Son ancianos que necesitan medicamentos, padres que intentan alimentar a sus hijos y familias que no saben si podrán conseguir agua y comida al día siguiente. Son personas que, en circunstancias normales, deberían poder vivir en sus casas sin que su supervivencia dependiera de las decisiones militares de una potencia ocupante.
De acuerdo con la denuncia presentada por el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia estaría impidiendo las condiciones necesarias para que llegue ayuda humanitaria y para que los civiles puedan abandonar la ciudad de manera segura. El canciller acusó a Moscú de utilizar a la población como escudo humano.
Estas denuncias deben investigarse y documentarse con rigor. Pero el principio fundamental es inequívoco: una población civil no puede convertirse en rehén de una estrategia militar. La ocupación de un territorio no concede a quien lo controla un derecho ilimitado sobre la vida de sus habitantes.
La responsabilidad de proteger a los civiles y facilitar la asistencia humanitaria no desaparece porque exista una guerra. Por el contrario, adquiere una urgencia todavía mayor.
La memoria del Holodomor y las lecciones que Europa no debería olvidar
Para comprender la profundidad de esta tragedia, es necesario recordar uno de los episodios más dolorosos de la historia ucraniana: el Holodomor de 1932-1933, la hambruna masiva provocada por las políticas del régimen de Iósif Stalin, que causó millones de muertes en Ucrania. La confiscación de alimentos, la represión de los campesinos y las restricciones impuestas a las comunidades afectadas formaron parte de aquel desastre, reconocido como genocidio por numerosos Estados y parlamentos.
La comparación con Oleshky exige rigor histórico. No corresponde afirmar que ambos episodios sean idénticos, pues pertenecen a contextos distintos y deben estudiarse a partir de sus circunstancias específicas. Sin embargo, existe una pregunta moral que conecta ambas tragedias: ¿qué ocurre cuando el acceso a los alimentos, la posibilidad de recibir ayuda y el derecho a escapar del peligro quedan subordinados al poder de quienes controlan un territorio?
En el caso de Oleshky, las autoridades ucranianas acusan a Rusia de obstaculizar deliberadamente la ayuda humanitaria y las evacuaciones. La Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania ya había advertido en junio de 2026 sobre la grave situación de los civiles atrapados en localidades ocupadas de la región de Jersón, entre ellas Oleshky. El organismo documentó escasez de alimentos, dificultades para recibir atención médica y riesgos mortales asociados a los ataques con drones y las minas. También recordó que la potencia ocupante tiene obligaciones respecto del abastecimiento de alimentos y medicamentos.
No es necesario equiparar mecánicamente el presente con el pasado para comprender la importancia de esta advertencia. La memoria histórica sirve precisamente para reconocer las consecuencias de determinadas prácticas, examinar las responsabilidades y actuar antes de que el sufrimiento alcance dimensiones irreversibles.
En Chile existe, además, un antecedente institucional relevante. El 21 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Resolución N.º 549, que expresó su respaldo a la calificación del Holodomor como genocidio y crimen atentatorio contra la dignidad humana. La votación registró 119 votos favorables, uno en contra y 16 abstenciones.
Aquella decisión parlamentaria no debería quedar reducida a una declaración sobre acontecimientos ocurridos hace casi un siglo. También invita a reflexionar sobre la responsabilidad de Chile frente a las vulneraciones contemporáneas de los derechos humanos. Recordar a las víctimas del Holodomor significa reconocer su sufrimiento, pero también defender un principio universal: ninguna población debe ser privada de las condiciones básicas para vivir con dignidad como instrumento de dominación política o militar.
La historia no se repite necesariamente de manera idéntica. Lo que puede repetirse es la indiferencia, la justificación de los abusos y la costumbre de mirar hacia otro lado cuando las víctimas pertenecen a un país que no ocupa un lugar prioritario en nuestras preocupaciones.
Drones que transportan alimentos: una imagen que debería avergonzar al siglo XXI
Hay una imagen que resume el absurdo de esta guerra. Un dron atraviesa el espacio aéreo cercano al frente, cruza el río Dnipró y transporta alimentos para personas que no pueden abastecerse de manera normal.
A finales de septiembre de 2026, las autoridades ucranianas informaron de una operación en la que se entregaron aproximadamente cuatro toneladas de alimentos mediante drones a cerca de un centenar de puntos de Oleshky. La iniciativa fue presentada como un esfuerzo para asistir a los habitantes que permanecen atrapados en la localidad ocupada.
La tecnología militar, diseñada en este conflicto para tareas de reconocimiento y combate, aparece aquí cumpliendo una función humanitaria. Cada paquete puede significar una comida para una familia, una posibilidad de resistir durante otro día o un alivio para alguien que lleva semanas viviendo entre la escasez y el miedo.
Pero sería un error convertir esta operación en una historia triunfalista. Cuatro toneladas de alimentos no resuelven por sí solas una crisis de abastecimiento que afecta a una población entera. Tampoco sustituyen los medicamentos, el agua potable, la electricidad ni la posibilidad de salir de una zona peligrosa.
El valor de esta iniciativa está en el esfuerzo por llegar hasta quienes permanecen aislados. Su dimensión más dramática reside en la necesidad de recurrir a semejantes medios para hacer llegar alimentos a civiles que deberían recibir asistencia sin obstáculos.
Las informaciones publicadas por medios internacionales recogen denuncias ucranianas sobre la interceptación de drones, la confiscación de suministros y las dificultades para evacuar a los habitantes. Rusia, por su parte, ha reconocido que la situación en Oleshky es crítica, pero atribuye la responsabilidad del problema a Ucrania. Estas versiones enfrentadas deben examinarse con pruebas independientes; lo que no admite discusión es la urgencia de garantizar el acceso humanitario y proteger a la población civil.
En cualquier circunstancia, la asistencia humanitaria debe estar orientada a salvar vidas, no a castigar a quienes la reciben ni a convertir sus necesidades en una herramienta de presión.
Putin y el error de subestimar a Ucrania
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Desde una perspectiva de derecha democrática, hay un principio que debería resultar elemental: la soberanía nacional no puede depender de la voluntad de la potencia vecina. Un país no pierde su derecho a existir porque tenga menos habitantes, menos recursos militares o una posición geográfica que despierte el interés estratégico de otro Estado.
La defensa de Ucrania tampoco exige idealizar a su Gobierno ni sostener que todas sus decisiones sean acertadas. Como cualquier Estado, Ucrania puede ser objeto de críticas, debates y exigencias de transparencia. Pero las diferencias políticas no justifican una invasión, del mismo modo que los defectos de una democracia no conceden a una dictadura extranjera el derecho a imponerle su voluntad por la fuerza.
La distinción es fundamental. Una cosa es examinar críticamente la política interna ucraniana; otra, muy distinta, es aceptar que Moscú tenga derecho a decidir el futuro de los ucranianos.
Putin subestimó la capacidad de resistencia de una sociedad que se negó a aceptar que su independencia fuera una concesión revocable. La invasión no provocó el rápido derrumbe del Estado ucraniano que muchos esperaban. Por el contrario, millones de ciudadanos participaron en la defensa de su país, mientras las Fuerzas Armadas sostuvieron una resistencia prolongada frente a un adversario con recursos considerablemente superiores.
Esa resistencia tiene un significado que trasciende el campo de batalla. Demuestra que la identidad nacional no puede medirse exclusivamente en tanques, misiles, población o presupuesto militar. También depende de la voluntad de los ciudadanos de conservar su libertad y decidir su propio destino.
Para las democracias occidentales, la consecuencia es concreta. Si se normaliza que un Estado pueda modificar las fronteras de otro mediante una invasión, la seguridad internacional queda sometida a una lógica peligrosa: los países grandes tendrían derechos que los pequeños no podrían ejercer.
Aceptar esa lógica supondría debilitar un principio que también protege a Chile y al resto de las naciones: la integridad territorial no debe quedar a merced de la superioridad militar de un vecino.
Los derechos humanos no pueden depender de quién sea el agresor
Existe una contradicción que merece atención en el debate político internacional. Las tragedias humanitarias movilizan a la opinión pública de manera desigual, y las afinidades ideológicas pueden influir en la forma en que determinados sectores interpretan los conflictos.
En Chile, la guerra de Gaza ha provocado manifestaciones, declaraciones y campañas de solidaridad. Esa preocupación por la población palestina es legítima. Los civiles que sufren bombardeos, desplazamientos, hambre o la pérdida de sus familiares merecen protección, independientemente de su nacionalidad o religión. Precisamente por eso resulta necesario mantener el mismo compromiso frente a Ucrania.
Una madre ucraniana que pierde a su hijo en un ataque no tiene menos derecho a nuestra compasión que una madre palestina que atraviesa una tragedia semejante. Un niño que crece bajo las alarmas antiaéreas no sufre menos porque su país reciba menos atención mediática. Y una familia que debe abandonar su hogar no merece menos solidaridad porque el agresor sea una potencia que algunos consideran adversaria de Estados Unidos o de Europa.
Esto no significa equiparar automáticamente todos los conflictos, ignorar sus diferencias históricas o atribuir idénticas responsabilidades a actores distintos. Significa aplicar principios universales a situaciones concretas, examinando las pruebas y las responsabilidades de cada parte.
La crítica a la invasión rusa no obliga a justificar todas las operaciones militares ucranianas. El respaldo a la población palestina tampoco exige ignorar los crímenes cometidos contra israelíes. La defensa de los derechos humanos pierde coherencia cuando se transforma en una herramienta de alineamiento político.
Desde una posición de derecha democrática, esta cuestión tiene especial importancia. La libertad individual, la dignidad humana, el respeto a la propiedad y la defensa de la soberanía no deberían convertirse en principios selectivos, aplicables únicamente cuando favorecen a nuestros aliados.
La misma vara debe servir para examinar a Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Israel y cualquier otro Estado. Las circunstancias pueden ser diferentes, pero la evaluación debe considerar los hechos, el derecho internacional y la responsabilidad de quienes toman las decisiones. El sufrimiento de un civil inocente no tiene ideología.
Rusia no es Putin: distinguir a un pueblo de su régimen
La condena de la invasión rusa tampoco debe transformarse en hostilidad indiscriminada contra los ciudadanos de Rusia.
Rusia posee una historia extraordinaria, una tradición cultural de enorme riqueza y una población cuya diversidad de opiniones no puede reducirse a las decisiones del Kremlin. No todos los rusos apoyan la guerra, y no corresponde atribuir responsabilidad colectiva a una sociedad entera por las decisiones de sus gobernantes.
La responsabilidad política y militar debe examinarse en función de las acciones concretas de quienes ordenan, ejecutan y sostienen la invasión. Putin y las estructuras estatales que dirigen la guerra deben responder por sus decisiones, sin que ello justifique discriminar a una persona por su nacionalidad.
Esta distinción es importante porque la defensa de Ucrania no consiste en sustituir una forma de hostilidad colectiva por otra. Consiste en defender el derecho de los ucranianos a vivir libres de una dominación impuesta desde el exterior.
Tampoco debería confundirse la oposición al Kremlin con una adhesión automática a todas las decisiones de Occidente. Las democracias tienen intereses, contradicciones y errores propios. Precisamente por eso necesitan principios que trasciendan las conveniencias del momento.
Una política exterior responsable puede defender la soberanía ucraniana, exigir que se investiguen las violaciones del derecho internacional y, al mismo tiempo, mantener abiertos los canales diplomáticos necesarios para poner fin a la guerra.
La paz es indispensable. Pero una paz duradera no puede reducirse a exigir que el país invadido acepte cualquier condición con tal de silenciar las armas. Debe contemplar la seguridad de Ucrania, sus derechos soberanos y garantías que reduzcan el riesgo de una nueva agresión.
¿Qué debería hacer Chile ante la tragedia ucraniana?
Chile no tiene la capacidad militar ni la influencia de las grandes potencias, pero eso no significa que carezca de responsabilidades.
Nuestro país puede defender consistentemente los principios de soberanía, integridad territorial y solución pacífica de las controversias. Puede respaldar las iniciativas humanitarias, contribuir a la asistencia de las víctimas mediante los mecanismos disponibles y apoyar los esfuerzos diplomáticos dirigidos a conseguir evacuaciones seguras y acceso efectivo a alimentos, agua y medicamentos.
También puede exigir que las denuncias de violaciones del derecho internacional sean investigadas con independencia y que sus responsables rindan cuentas cuando corresponda.
El antecedente parlamentario del Holodomor demuestra que Chile ha reconocido la importancia de la tragedia histórica del pueblo ucraniano. Esa memoria debería acompañarse de una preocupación sostenida por la situación de sus habitantes en el presente.
No se trata de convertir la política exterior chilena en una extensión de las disputas entre las grandes potencias. Se trata, precisamente, de evitar que nuestros principios dependan de ellas.
Un país de tamaño intermedio, situado lejos de los principales escenarios de confrontación, tiene razones suficientes para defender un orden internacional en el que las fronteras no se modifiquen mediante la fuerza. Ese principio protege a Ucrania, pero también resguarda los intereses de Chile y de todas las naciones que necesitan que las reglas internacionales sean respetadas.
La solidaridad tampoco debería limitarse a los momentos en que un conflicto ocupa las primeras páginas. Las crisis prolongadas necesitan atención diplomática, recursos humanitarios y mecanismos de protección incluso cuando dejan de generar grandes titulares.
Oleshky constituye una advertencia concreta. Si miles de civiles permanecen atrapados sin abastecimiento suficiente, la respuesta internacional debe concentrarse en conseguir acceso humanitario efectivo, facilitar evacuaciones seguras y proteger a quienes no participan en las hostilidades. La urgencia no admite excusas ideológicas.
Ucrania no puede desaparecer de nuestra conciencia
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La tecnología puede llevar harina, cereales y otros productos hasta una zona aislada. Puede ayudar a superar determinados obstáculos y demostrar la capacidad de adaptación de quienes intentan salvar vidas. Pero ningún avance tecnológico puede sustituir una solución política y humanitaria que permita a las personas vivir con seguridad.
Detrás de cada entrega hay una necesidad que debería haberse atendido por medios normales. Detrás de cada familia atrapada hay una vida que no puede quedar subordinada indefinidamente a los cálculos de una guerra.
Imaginemos a un niño de Oleshky que pregunta cuándo podrá volver a jugar sin miedo, a una anciana que espera sus medicamentos o a unos padres que intentan conseguir alimentos para sus hijos. Ninguno de ellos necesita conocer los argumentos geopolíticos del Kremlin para comprender lo que significa la ocupación. Basta con que falte la comida, que el agua no llegue o que abandonar la ciudad resulte demasiado peligroso.
A miles de kilómetros, en Chile, podemos continuar con nuestras preocupaciones cotidianas. Podemos discrepar sobre impuestos, crecimiento económico, seguridad pública o el tamaño del Estado. Esas discusiones forman parte de la vida democrática. Pero no deberían impedirnos reconocer una tragedia que afecta a personas cuya única responsabilidad es vivir en medio de una guerra que no eligieron.
La indiferencia no detiene los conflictos. Tampoco los resuelve el olvido. Ucrania necesita que el mundo mantenga la atención sobre su situación, que la ayuda humanitaria llegue a quienes la requieren y que las negociaciones para terminar la guerra no conviertan la soberanía de un país en una moneda de cambio sin límites.
La paz debe ser un objetivo, pero también importa cómo se construye. Una solución estable necesita atender las condiciones de seguridad, los derechos de la población y las consecuencias de la ocupación, sin perder de vista que cualquier acuerdo debe contribuir a impedir que la agresión vuelva a repetirse.
La historia del Holodomor nos recuerda el precio de la indiferencia frente al sufrimiento de un pueblo. La tragedia de Oleshky nos enfrenta a una responsabilidad presente. Hoy conocemos las denuncias, sabemos que hay civiles atrapados y contamos con testimonios e informes sobre la gravedad de la situación. Lo que corresponde es exigir protección efectiva para esas personas y una respuesta humanitaria a la altura de sus necesidades.
Ucrania no es solamente un territorio en disputa. Es una nación cuyos ciudadanos tienen derecho a decidir su futuro, defender su independencia y vivir sin que una potencia extranjera determine su destino. Y Oleshky no debería ser una noticia pasajera. Debería recordarnos que, mientras las negociaciones continúan y los ejércitos combaten, hay seres humanos para quienes la guerra se resume en una pregunta elemental: si mañana tendrán algo para comer.
Ante esa realidad, la posición de una democracia debería ser clara en sus principios, rigurosa en sus juicios y firme en su compromiso humanitario. Defender a Ucrania no exige cerrar los ojos ante ninguna otra tragedia. Exige comprender que la libertad, la dignidad humana y el derecho de los pueblos a existir no pueden depender de la conveniencia política de quienes observan desde lejos.
Porque cuando una nación es invadida, cuando sus habitantes quedan atrapados y cuando la supervivencia depende de la llegada de un paquete de alimentos, la indiferencia deja de ser una postura distante. Se convierte en una oportunidad perdida para defender aquello que decimos considerar esencial. Y esa es una lección que Chile, por su propia historia y por sus compromisos internacionales, no debería olvidar.



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