La crisis de la democracia chilena no se resolverá cambiando nombres, coaliciones o mayorías circunstanciales. Requiere algo más profundo: instituciones capaces de seleccionar mejores liderazgos, producir gobiernos eficaces, proteger la representación ciudadana y obligar a quienes ejercen el poder a responder por las consecuencias de sus decisiones.
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| Palacio de La Moneda. |
Chile lleva años enfrentando precisamente esa dificultad. La desconfianza ciudadana hacia la política no es una impresión subjetiva ni una construcción de los medios de comunicación. La evidencia es contundente. La Encuesta CEP ha mostrado durante años que el Congreso y los partidos políticos se encuentran entre las instituciones que despiertan menor confianza. Latinobarómetro también ha situado a Chile entre los países donde la confianza en las instituciones políticas constituye uno de los grandes desafíos democráticos.
El problema, por tanto, no consiste simplemente en que determinados parlamentarios sean buenos o malos. Es posible cambiar a todos los ocupantes del Congreso y mantener intactos los incentivos que producen los mismos problemas. La discusión seria consiste en preguntarse qué características debe tener un sistema político para que quienes llegan al poder tengan mayores probabilidades de estar preparados, asumir responsabilidades, representar adecuadamente a sus electores y pensar más allá de la próxima elección.
Chile necesita una reforma política que no sea diseñada para beneficiar a una coalición determinada, sino para establecer reglas exigentes que funcionen incluso cuando gobiernen o legislen personas con las que no estamos de acuerdo.
La política no puede ser una escuela de aprendizaje pagada por los ciudadanos
Uno de los errores más extendidos consiste en confundir democracia con ausencia de requisitos. La democracia exige que el poder emane de los ciudadanos; no exige que para ejercer cualquier responsabilidad pública deban desaparecer todos los estándares de preparación.
No podemos seguir llenando el Congreso con parlamentarios que son verdaderos "alumnos en práctica", que vienen recién saliendo de la universidad (y muchos que sólo tienen cuarto medio). Actualmente, para ser diputado se exige tener 21 años y haber cursado la enseñanza media; para ser senador se requieren 35 años y las demás condiciones constitucionales correspondientes; y para la Presidencia se requieren 35 años. No existe una exigencia general de formación profesional ni de experiencia laboral previa. Esto merece una discusión mucho más seria que la habitual acusación de "elitismo".
La conducción del Estado moderno exige administrar presupuestos gigantescos, comprender sistemas tributarios, legislación laboral, seguridad pública, relaciones internacionales, regulación económica, salud, infraestructura y políticas sociales. Un parlamentario no necesita saberlo todo —nadie puede saberlo—, pero parece razonable preguntarse si debería acreditar un mínimo de formación y experiencia antes de recibir la responsabilidad de legislar sobre materias que afectan la vida de millones de personas.
Por eso, lo ideal sería exigir un título profesional y al menos diez años de experiencia laboral, contabilizados desde la fecha de titulación, como requisito para acceder a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional.
La precisión es fundamental. No se trataría simplemente de haber trabajado durante diez años en cualquier actividad antes de obtener un título, sino de acreditar diez años de experiencia laboral posteriores a la titulación profesional. La finalidad sería que quien aspire a una de las mayores responsabilidades públicas del país haya pasado previamente una etapa sustantiva de su vida profesional fuera de la política.
Esto no garantizaría automáticamente buenos gobernantes. Un título no convierte a nadie en estadista y diez años de experiencia no transforman por sí solos a una persona en un servidor público ejemplar. Pero sí establecerían un piso mínimo de preparación, madurez y contacto con la realidad laboral.
La experiencia laboral permite haber enfrentado responsabilidades, cumplir compromisos, administrar recursos, responder ante terceros, tomar decisiones bajo presión, cometer errores y hacerse cargo de sus consecuencias. En otras palabras, permite conocer algo que ningún manual de teoría política puede reemplazar completamente: el funcionamiento concreto de la sociedad.
La propuesta tampoco debería favorecer exclusivamente determinadas profesiones. Un médico, un ingeniero, un profesor, un abogado, un periodista, un arquitecto, un administrador o cualquier otro profesional puede aportar una mirada distinta a la vida pública. El punto no es uniformar a los políticos, sino elevar el estándar mínimo para ejercer el poder.
Max Weber, al reflexionar sobre la política como vocación, distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Para Weber, quien ejerce política no puede evaluar sus actos solamente por sus intenciones: debe considerar también las consecuencias previsibles de aquello que hace.
Esa debería ser una de las reglas de oro de la política moderna: no basta con querer hacer el bien; hay que saber qué efectos tendrá aquello que se pretende hacer.
Menos parlamentarios, más responsabilidad
La discusión sobre la calidad del Congreso también debe incluir una pregunta incómoda: ¿necesita Chile un Parlamento tan numeroso?
Actualmente, la Cámara de Diputadas y Diputados está integrada por 155 miembros y el Senado por 50, para un total de 205 parlamentarios. Una reforma responsable podría reducir ese número sin sacrificar la representación territorial.
Una alternativa razonable sería establecer 85 diputados y 36 senadores: 121 parlamentarios en total. La Cámara podría contemplar cinco diputados por cada una de las quince regiones y diez para la Región Metropolitana; el Senado, dos senadores por cada región y seis para la Metropolitana.
La idea no es simplemente ahorrar dinero. El ahorro sería secundario. El objetivo central debería ser elevar el peso político, la responsabilidad individual y la visibilidad de cada representante. Un Congreso más pequeño puede favorecer debates más identificables, mayor escrutinio ciudadano y partidos menos dependientes de candidaturas puramente testimoniales.
Eso sí: reducir parlamentarios debe ir acompañado de mejores mecanismos de representación, transparencia, rendición de cuentas y disciplina partidaria. Reducir por reducir sería tan superficial como aumentar por aumentar. La política necesita menos lógica de "cupo electoral" y más lógica de responsabilidad.
La segunda vuelta municipal: que gobernar no dependa de una minoría fragmentada
Otro cambio necesario apunta a la elección de alcaldes. En un sistema político altamente fragmentado, obtener la primera mayoría no significa necesariamente contar con un respaldo ciudadano amplio. Un candidato puede imponerse gracias a la dispersión de sus adversarios y comenzar a gobernar una comuna con una proporción relativamente reducida del electorado. La segunda vuelta permitiría resolver esa dificultad.
Su finalidad no sería convertir todas las elecciones en plebiscitos artificiales, sino garantizar que el alcalde finalmente electo tenga un respaldo mayoritario entre las dos principales alternativas. La ciudadanía podría escoger directamente entre dos proyectos y no simplemente aceptar que gobierne quien obtuvo la primera mayoría relativa. Hay una razón institucional detrás de esto: la legitimidad no consiste solamente en ganar; también importa con qué respaldo se gana.
Una segunda vuelta municipal podría, además, obligar a los candidatos a ampliar sus coaliciones, moderar posiciones y buscar votantes más allá de su núcleo electoral. El candidato que sabe que necesitará conquistar a quienes votaron por otra alternativa tiene incentivos diferentes del candidato que puede ganar simplemente movilizando a su grupo más fiel.
No resolvería todos los problemas de la política municipal, pero modificaría los incentivos electorales en una dirección saludable.
Seis años para gobernar y no cuatro para hacer campaña
Chile también debería reconsiderar la duración del período presidencial. La Constitución vigente establece un mandato de cuatro años sin reelección inmediata. La discusión sobre modificarlo no debería plantearse como un mecanismo para favorecer a un determinado Presidente, sino como una cuestión de diseño institucional.
Cuatro años pueden parecer suficientes sobre el papel, pero en la práctica existe una dificultad evidente: el primer año suele estar condicionado por la instalación; el segundo y tercero concentran buena parte de la ejecución; y cuando comienza a aproximarse la siguiente elección, los incentivos electorales vuelven a dominar la agenda. El resultado puede ser una política cada vez más cortoplacista.
Un período presidencial de seis años, sin reelección inmediata, permitiría recuperar una dimensión de largo plazo. No significa entregar un cheque en blanco al Presidente. Al contrario: un mandato más extenso debería acompañarse de mayores mecanismos de fiscalización, transparencia y evaluación de resultados.
Además, no sería una extravagancia institucional para Chile. La Constitución de 1925 estableció un período presidencial de seis años sin reelección inmediata. El país, por tanto, ya tiene un antecedente histórico de esta fórmula.
La lección no es que todo lo antiguo sea necesariamente mejor. Es que Chile ya experimentó con un presidencialismo de seis años y que la propuesta tiene antecedentes institucionales propios. El objetivo debería ser sencillo: que un Presidente tenga tiempo para diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas públicas sin vivir permanentemente pendiente de la próxima elección, ni culpando de todo al gobierno anterior.
El escaño no pertenece al parlamentario: una reforma urgente al desafuero
Existe, sin embargo, otra dimensión de la responsabilidad política que suele quedar fuera de las grandes reformas electorales: qué ocurre con la representación de los ciudadanos cuando un parlamentario es desaforado.
El desafuero tiene una finalidad perfectamente legítima: permitir que la justicia pueda actuar frente a un parlamentario que enfrenta una investigación penal, levantando la protección procesal que la Constitución contempla para los miembros del Congreso. Pero una cosa es la responsabilidad jurídica de la persona investigada y otra muy distinta es la representación política de miles de ciudadanos.
Aquí aparece una anomalía que merece ser discutida. El escaño no es propiedad privada del parlamentario. Es un mandato político otorgado por los electores. Cuando un parlamentario es desaforado y deja de ejercer sus funciones, existe el riesgo de que los ciudadanos que votaron por una determinada opción política queden sin una representación equivalente en el Congreso. La justicia debe investigar al individuo, pero el sistema democrático también debe preocuparse de que la comunidad electoral no desaparezca institucionalmente junto con él.
No se trata de afirmar que un desaforado sea culpable. Precisamente porque rige la presunción de inocencia, una acusación o investigación no puede convertirse automáticamente en una condena moral o penal. Pero tampoco parece razonable que la eventual responsabilidad individual de un parlamentario termine produciendo una pérdida de representación para miles de ciudadanos.
Por eso debería estudiarse una reforma que establezca un mecanismo claro de reemplazo del parlamentario desaforado, entregando el escaño a un representante de la misma colectividad política o lista, conforme a reglas previamente establecidas por la ley electoral.
La fórmula concreta debe ser cuidadosamente diseñada para respetar el resultado de las urnas y evitar que los partidos utilicen el mecanismo arbitrariamente. Pero el principio debería ser claro: la investigación judicial afecta a una persona; no debería borrar la representación política de sus electores.
La representación política no puede quedar rehén de una causa judicial
El problema adquiere una segunda dimensión cuando se observan los incentivos que genera el sistema. Si un partido sabe que el desafuero de uno de sus parlamentarios significa perder un escaño y modificar la correlación de fuerzas del Congreso, puede surgir una presión política adicional para cerrar filas en torno al acusado.
Entonces aparece un incentivo perverso: la defensa del parlamentario puede dejar de responder exclusivamente a una convicción jurídica o política y comenzar a estar condicionada por la aritmética parlamentaria. La colectividad puede terminar pensando menos en la persona y más en el asiento que está en juego.
Un sistema de reemplazo previamente establecido permitiría separar ambas cuestiones. El partido podría decir: "Que la justicia investigue; nosotros seguiremos representando a nuestros electores". Esa separación sería saludable tanto para la justicia como para la política.
El parlamentario tendría que responder personalmente ante los tribunales. El partido tendría que responder políticamente ante sus electores. Y el Congreso podría mantener su composición representativa.
Justicia sin espectáculo, política sin chantaje
El desafuero suele convertirse en un espectáculo público donde se mezclan tribunales, Congreso, partidos, medios de comunicación y redes sociales.
El parlamentario puede presentarse como víctima antes de que exista una sentencia. Sus adversarios pueden tratarlo como culpable antes de que concluya el proceso. El partido puede verse obligado a defenderlo por razones políticas. Y la ciudadanía termina observando una disputa donde se confunden responsabilidad penal, responsabilidad política y responsabilidad electoral. Una reforma bien diseñada permitiría ordenar cada ámbito:
- La justicia investiga y juzga.
- El parlamentario responde personalmente por sus actos.
- El Congreso mantiene su funcionamiento institucional.
- El partido conserva la responsabilidad de representar a sus electores.
- Los ciudadanos no pierden innecesariamente su representación política.
Esto no significa suavizar las consecuencias penales en caso de que ese personaje sea declarado culpable de un delito. Al contrario: significa separar con mayor nitidez la responsabilidad individual de la representación política.
Y existe una segunda razón para hacerlo: si posteriormente el parlamentario es absuelto, la democracia no debería haber quedado estructuralmente alterada por una acusación que finalmente no prosperó.
La presunción de inocencia y la continuidad de la representación no son conceptos contradictorios. Pueden coexistir perfectamente dentro de un sistema institucional bien diseñado.
Una derecha coherente con la responsabilidad individual
Desde una perspectiva de derecha, con la cual me identifico, este debate no debería resultar incómodo. Debería ser precisamente lo contrario.
Una derecha que cree en el Estado de Derecho debe defender que los tribunales investiguen sin interferencias políticas. Una derecha que cree en la responsabilidad individual debe sostener que cada persona responda por sus propios actos. Una derecha que cree en la representación democrática debe preocuparse de que los electores no pierdan su voz por las actuaciones de un representante.
La solución no puede ser proteger al parlamentario de la justicia. Tampoco puede ser convertir el desafuero en una condena anticipada. La solución es separar al individuo de la institución.
El parlamentario acusado debe responder ante la justicia. El partido debe responder ante sus electores. Y el escaño debe continuar representando a quienes lo otorgaron mediante el voto.
La política no puede funcionar bajo la lógica de que el partido debe defender a uno de sus miembros porque, de lo contrario, perderá poder parlamentario.
Si el reemplazo estuviera regulado de antemano, desaparecería buena parte de ese incentivo. El partido podría actuar con mayor independencia frente a su propio parlamentario, porque su responsabilidad electoral no desaparecería junto con él. En ese sentido, el desafuero puede transformarse en una oportunidad para fortalecer simultáneamente el Estado de Derecho y la democracia representativa.
Los partidos también necesitan responsabilidad
Ninguna reforma política estará completa si se limita a modificar cargos y períodos. El problema chileno también es partidario. La proliferación de partidos no ha producido necesariamente una representación más sólida. Chile ha llegado a tener numerosos partidos y, simultáneamente, niveles extraordinariamente bajos de identificación y confianza en esas organizaciones. Eso demuestra una paradoja: más partidos no necesariamente significa más representación.
Los partidos deberían recuperar su función clásica: formar cuadros, elaborar programas, seleccionar candidatos, disciplinar a sus representantes y responder políticamente por quienes llevan al Congreso.
Un parlamentario no debería ser solamente una marca personal estampada en una papeleta. Debe existir una relación de responsabilidad entre candidato, partido y electorado. Esto implica también fortalecer las exigencias para constituir y mantener partidos, elevar los estándares de democracia interna y establecer consecuencias políticas reales cuando una colectividad abandona sistemáticamente sus compromisos programáticos.
La democracia representativa necesita intermediarios fuertes. Cuando los partidos desaparecen como instituciones y son sustituidos por personalidades individuales, movimientos improvisados o candidaturas construidas exclusivamente en redes sociales, la política pierde estructura y aumenta la volatilidad.
La advertencia de Madison: el poder necesita contrapesos
La tradición liberal entendió hace siglos que el problema político fundamental no es encontrar gobernantes perfectos, sino diseñar instituciones que funcionen incluso cuando quienes ejercen el poder no lo sean.
El histórico político estandounidense James Madison lo expresó en una de las ideas centrales de The Federalist Papers: como los hombres no son ángeles, las instituciones deben estar diseñadas para que el poder controle al poder.
En el célebre Federalist No. 51, Madison defendió precisamente un sistema en que los distintos órganos del Estado tuvieran mecanismos para controlar y limitar a los demás.
La lección es particularmente importante para Chile. Una buena institucionalidad no debe depender de que llegue al Gobierno una generación de políticos virtuosos. Debe producir incentivos para que incluso políticos mediocres tengan dificultades para hacer demasiado daño y para que políticos competentes tengan espacio suficiente para hacer su trabajo.
Por eso una reforma política seria debe preocuparse menos de quién ocupará el poder mañana y más de qué reglas gobernarán a todos durante las próximas décadas.
Ese es precisamente uno de los principios fundamentales de una visión conservadora de las instituciones: no diseñar las reglas pensando en el gobernante que uno desea, sino también pensando en el gobernante que eventualmente podría no gustarnos.
El verdadero objetivo: reconstruir autoridad sin destruir la democracia
Chile no necesita menos democracia. Necesita una democracia más exigente consigo misma. La desconfianza ciudadana no se combate con campañas de publicidad institucional ni con discursos sobre la importancia de la política. Se combate demostrando que las instituciones funcionan.
Si la ciudadanía percibe que cualquiera puede llegar a una posición de enorme responsabilidad sin acreditar preparación; que un alcalde puede gobernar con una minoría fragmentada; que un Presidente apenas dispone de cuatro años para ejecutar su programa; que el Congreso puede crecer indefinidamente; que los partidos pueden multiplicarse sin representar realmente a nadie; o que miles de ciudadanos pueden quedar sin una representación equivalente cuando su parlamentario es desaforado, la desconfianza será perfectamente comprensible.
La reforma política debe invertir esta lógica:
- Título profesional y diez años de experiencia laboral desde la fecha de titulación.
- Un Congreso más pequeño, con 85 diputados y 36 senadores.
- Segunda vuelta para las elecciones municipales.
- Un período presidencial de seis años, sin reelección inmediata.
- Partidos políticos más fuertes, responsables y transparentes.
- Un sistema de reemplazo para los parlamentarios desaforados que proteja la representación de sus electores sin interferir en la acción de la justicia.
No se trata de crear una democracia de expertos ni de restringir el derecho de los ciudadanos a elegir. Se trata de reconocer una verdad elemental: el voto popular entrega legitimidad, pero la legitimidad por sí sola no garantiza capacidad.
Tampoco se trata de otorgar privilegios a los partidos ni de crear una vía de escape para parlamentarios investigados. Todo lo contrario. El objetivo es que la responsabilidad sea individual y que la representación sea colectiva: quien comete un eventual delito debe responder personalmente ante la justicia, mientras los ciudadanos que lo eligieron no deberían perder automáticamente su voz en el Parlamento.
Max Weber entendió que la política exige vocación, pero también responsabilidad frente a las consecuencias. Madison comprendió que las instituciones deben asumir que quienes ejercen el poder no son ángeles. Ambas ideas convergen en una conclusión que Chile necesita recuperar: las buenas instituciones no dependen de la virtud excepcional de quienes las ocupan; están diseñadas para limitar el daño de los malos gobernantes y potenciar el trabajo de los buenos.
Chile no necesita políticos perfectos. Necesita instituciones que premien la preparación, castiguen la irresponsabilidad, favorezcan la estabilidad, protejan la representación ciudadana y hagan imposible esconder los errores detrás de la multitud.
La democracia no se fortalece haciendo que gobernar sea más fácil. Se fortalece haciendo que gobernar bien sea una obligación y gobernar mal tenga un costo político real.
La reforma política que Chile necesita no debería diseñarse pensando en el próximo Gobierno, el próximo Congreso ni la próxima elección. Debe pensarse para las próximas décadas. Porque una democracia madura no es aquella que confía ciegamente en sus gobernantes. Es aquella que construye instituciones capaces de funcionar incluso cuando sus gobernantes fallan.
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