Pinochet y el verdadero retorno a la democracia chilena

Contrario al relato instalado por la izquierda, el proceso que devolvió la democracia a Chile no fue obra de la Concertación ni de la presión internacional, sino una consecuencia directa del itinerario institucional diseñado por la Constitución de 1980. Fue el propio general Augusto Pinochet quien, desde el poder, estableció el camino que condujo a las urnas de 1988 y al traspaso pacífico del mando en 1990.

Augusto Pinochet.

Durante décadas se ha repetido una narrativa absurda que atribuye el retorno a la democracia chilena a la “lucha del pueblo” o a la “resistencia civil”. Sin embargo, un examen serio de los hechos —y, sobre todo, de los textos constitucionales— muestra algo muy distinto. El proceso que culminó con la elección de Patricio Aylwin en 1989 no fue un accidente, ni una concesión forzada: fue el cumplimiento exacto de lo dispuesto en la Constitución de 1980, aprobada en plebiscito nacional por la mayoría de los chilenos el 11 de septiembre de ese año.

El itinerario institucional de 1980

El artículo 64 transitorio de dicha Carta Fundamental estableció un calendario político claro: un gobierno de transición de ocho años encabezado por la Junta de Gobierno, seguido por un plebiscito en que el país decidiría si quería continuidad o cambio. Ese plebiscito debía realizarse en 1988, y su resultado —fuera cual fuera— sería respetado. Así se hizo. El plebiscito del 5 de octubre de 1988, fiscalizado incluso por observadores internacionales, ratificó la voluntad popular en condiciones de orden y sin violencia.

A diferencia de otros procesos latinoamericanos, la transición chilena fue institucional, ordenada y pacífica. No hubo colapso del régimen ni golpe palaciego: hubo cumplimiento de una norma constitucional. En palabras del historiador Gonzalo Rojas Sánchez, “la democracia chilena no fue conquistada, fue programada”.

La democracia no se perdió con el 11 de septiembre

Para entender esto en su justa dimensión, es necesario recordar que la democracia chilena ya estaba gravemente erosionada antes del 11 de septiembre de 1973. La crisis del sistema político, el quiebre institucional provocado por el gobierno de la Unidad Popular y la polarización social habían llevado al país a un punto de no retorno. El Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, firmado por una amplia mayoría, declaró que el presidente Salvador Allende había “transgredido gravemente la Constitución y las leyes de la República”, creando un poder paralelo y amenazando las libertades básicas.

No fue el 11 de septiembre el día en que Chile perdió su democracia; fue, más bien, el día en que se interrumpió un proceso de autodestrucción institucional. El gobierno militar, con todos sus costos y excesos, se propuso reconstruir el orden jurídico y económico del país. La Constitución de 1980 fue el punto culminante de esa reconstrucción, y en ella se estableció el mecanismo que, años después, abriría las puertas a una democracia sólida y estable.

Un traspaso ejemplar

Cuando el “No” triunfó en 1988, el gobierno militar respetó el resultado. Se realizaron elecciones libres en 1989, se reformó la Constitución de acuerdo con los mecanismos que ella misma preveía, y el 11 de marzo de 1990, Augusto Pinochet entregó el poder al presidente Aylwin, inaugurando uno de los períodos democráticos más largos y estables de nuestra historia.

No fue una derrota para el gobierno militar, fue el cumplimiento de una hoja de ruta constitucional. Y esa hoja de ruta la había trazado el propio Augusto Pinochet.

Pinochet le dio estabilidad institucional a Chile

La historia, al ser despojada de consignas ideológicas de la ultraizquierda, nos muestra con claridad que la democracia chilena no renació contra Pinochet, sino a través de él. Su gobierno devolvió la estabilidad, creó las bases de la economía moderna y estableció el marco institucional que permitió una transición ejemplar.

Negar este hecho no sólo es desconocer la letra de la Constitución de 1980 —aprobada democráticamente por los chilenos—, sino también renunciar a una parte esencial de la verdad histórica: que fue el propio gobierno militar el que diseñó, condujo y respetó el proceso que hoy se recuerda como el retorno a la democracia.