El rotundo fracaso de Michelle Bachelet en la carrera por la Secretaría General de la ONU abrió una disputa política en Chile. Desde la izquierda se ha intentado responsabilizar principalmente al Presidente José Antonio Kast por retirar el respaldo chileno. Sin embargo, los antecedentes muestran una historia bastante más compleja: una candidatura anunciada por Gabriel Boric sin suficiente construcción transversal, una postulante cuyo pasado político podía generar resistencias internacionales y un proceso diplomático en el que el apoyo chileno terminó siendo insuficiente para revertir un escenario adverso.
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El 24 de septiembre de 2025, Gabriel Boric confirmó públicamente ante Naciones Unidas que Chile impulsaría a Michelle Bachelet para la Secretaría General. El problema político apareció inmediatamente. La candidatura no había sido previamente socializada con la oposición, con los candidatos presidenciales que tenía el país en ese momento, ni tampoco con las comisiones parlamentarias de Relaciones Exteriores. Según reportó La Tercera, dirigentes opositores señalaron que tampoco fueron consultados los principales candidatos presidenciales de entonces. El único adelanto formal a parlamentarios se produjo pocas horas antes del anuncio público. Aquello no era un detalle menor.
Una candidatura para dirigir Naciones Unidas (ONU) no es una designación administrativa ni una decisión que corresponda exclusivamente al gobierno de turno. El secretario general de la ONU es escogido mediante un procedimiento en el que interviene primero el Consejo de Seguridad y posteriormente la Asamblea General. Los cinco miembros permanentes del Consejo —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— poseen poder de veto. Por eso, una candidatura de esta magnitud requiere tiempo, diplomacia, negociación y, sobre todo, continuidad de Estado.
Boric, sin embargo, decidió comprometer el nombre de una expresidenta socialista cuando su propio mandato estaba próximo a terminar. El 2 de febrero de 2026, apenas poco más de un mes antes del cambio de mando, Chile formalizó junto con Brasil y México la candidatura de Bachelet. La pregunta política era inevitable: ¿qué ocurriría si el próximo gobierno no compartía esa decisión? La respuesta terminó siendo más que predecible.
El gobierno de Kast retiró el respaldo, pero no inventó el problema
El 11 de marzo de 2026 asumió José Antonio Kast y su administración decidió retirar el apoyo oficial chileno a Bachelet. Esa decisión fue utilizada posteriormente por sectores de izquierda para explicar prácticamente todo el fracaso de la candidatura. Pero reducir la historia a esa decisión resulta insuficiente.
Brasil y México mantuvieron su respaldo. A pesar de ello, Bachelet no consiguió transformar esos apoyos en una base suficiente dentro del Consejo de Seguridad. El 18 de septiembre, en la tercera consulta informal del organismo, obtuvo apenas un voto de apoyo, tres posiciones neutrales y once votos de desaliento, quedando penúltima entre ocho candidatos. Al día siguiente, el 19 de septiembre, anunció su retiro.
Es decir, incluso con el respaldo de dos de las principales potencias diplomáticas de América Latina, el problema era mucho más profundo que la posición adoptada por La Moneda. El propio desempeño de la candidatura lo demuestra. Bachelet finalmente reconoció el 3 de septiembre que sabía que probablemente no llegaría a convertirse en secretaria general. Por lo tanto, atribuir toda la derrota a Kast no explica los números de la votación ni la evolución de la candidatura.
El pasado político de Bachelet también tenía un costo internacional
Existe otro elemento que no puede ser ignorado en un análisis serio. Michelle Bachelet llegó a esta carrera con una extensa trayectoria internacional, incluyendo su paso por ONU Mujeres y como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero también llegó con un historial político que podía generar cuestionamientos entre gobiernos con posiciones muy diferentes a las de la izquierda latinoamericana.
En marzo de 2013, tras la muerte del controversial Hugo Chávez, Bachelet declaró que el mandatario venezolano había sido “un gran amigo” y “un gran colega” durante sus cuatro años como Presidenta.
En marzo de 2014, durante la crisis venezolana, sostuvo que no consideraba apropiadas las acciones violentas destinadas a desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido y anunció que su futuro gobierno ofrecería apoyo al gobierno y al pueblo venezolanos para buscar una salida democrática, en un claro apoyo al polémico Nicolás Maduro.
En julio de 2017, mientras Venezuela atravesaba una de las etapas más graves de su crisis política bajo el gobierno de Nicolás Maduro, Michelle Bachelet fue consultada directamente sobre si consideraba que ese país seguía siendo una democracia. Su respuesta fue especialmente cautelosa, casi cómplice: señaló que la condición democrática de Venezuela “depende”, y recordó que Maduro había llegado al poder mediante una elección. Al mismo tiempo, Bachelet introdujo un matiz importante al afirmar que el solo hecho de ganar una elección no bastaba para definir a un país como democrático. Sus palabras fueron pronunciadas en un momento particularmente delicado: ese año Venezuela vivía protestas masivas, una fuerte confrontación entre el gobierno y la oposición y cuestionamientos internacionales a las instituciones venezolanas.
Por ello, aunque Bachelet no afirmó que el régimen de Nicolás Maduro fuera inequívocamente democrático, su negativa a dar una respuesta categórica y su énfasis inicial en el origen electoral del gobierno fueron interpretados como una posición timorata, pero demasiado complaciente frente al sanguinario régimen chavista. Con el paso del tiempo, esta declaración quedó incorporada al debate sobre su propia trayectoria internacional y sobre la distancia entre sus posiciones políticas anteriores y su posterior labor como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También mantuvo relaciones institucionales con el régimen cubano. En enero de 2018 realizó una visita oficial a Cuba y sostuvo una reunión privada con Raúl Castro. Pero en el caso de Fidel Castro resulta más compleja su postura. Bachelet mantuvo una relación política de adhesión con el dictador izquierdista.
Y ni hablar de la admiración que alguna vez expresó Michelle Bachelet sobre la despiadada dictadura de Erich Honecker, de cuando ella misma vivió en la Alemania Oriental, en tiempos de Guerra Fría. Incluso Bachelet llegó a tener cierto grado de amistad con Margot Honecker, viuda y ministra del polémico jerarca alemán.
En una elección donde participan Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, además de otros diez miembros del Consejo de Seguridad, esos antecedentes forman parte del contexto político de una candidatura. No permiten afirmar que determinado país votó contra Bachelet por una declaración específica. Pero tampoco resulta razonable fingir que su trayectoria internacional era políticamente neutra. Por esto que culpar de este punto al Presidente Kast es ridículo y absurdo.
Venezuela y los derechos humanos: una contradicción difícil de ignorar
Aquí aparece una cuestión particularmente delicada. Bachelet posteriormente ejerció como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. Desde ese cargo, su oficina documentó graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. En septiembre de 2018, por ejemplo, el discurso preparado para su primera intervención ante el Consejo de Derechos Humanos incluía referencias explícitas a las violaciones registradas en Venezuela y Nicaragua.
Ese cambio de posición o, al menos, de énfasis institucional permite una lectura más matizada de su trayectoria. No obstante, sus declaraciones anteriores respecto de Chávez y Maduro forman parte de su historial político imborrable y podían ser utilizadas por sus adversarios diplomáticos para cuestionar la consistencia de su candidatura.
Una persona puede evolucionar políticamente. Eso ocurre constantemente. Pero cuando se aspira a encabezar Naciones Unidas, el pasado político de un candidato deja de ser un asunto doméstico.
Y entonces aparece el caso Grossman
La discusión sobre la candidatura de Bachelet tiene además un antecedente que la izquierda chilena debería recordar. El 28 de julio de 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, Cancillería informó al destacado jurista Claudio Grossman que Chile no respaldaría su candidatura para integrar la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Grossman no era un desconocido. Era un profesional con importantes antecedentes en Derecho Internacional. Había sido agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en los casos relacionados con Perú y Bolivia y contaba con una extensa trayectoria académica y diplomática. En 2021, además, había sido reelegido en primera mayoría general como integrante de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas para el período 2023-2027.
La decisión de Boric provocó críticas transversales. El excanciller Heraldo Muñoz sostuvo que Chile había perdido una oportunidad importante para tener nuevamente un juez en La Haya, mientras que otros exministros de Relaciones Exteriores también cuestionaron la determinación.
La explicación oficial de La Moneda fue que una candidatura a la Corte Internacional de Justicia requería planificación anticipada, recursos y una estrategia diplomática, y que el gobierno había priorizado la candidatura chilena al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Boric, por su parte, defendió públicamente la decisión.
Por eso existe una evidente discusión de coherencia política. Cuando Boric decidió no respaldar a un jurista chileno de reconocida trayectoria internacional para un tribunal fundamental del sistema de Naciones Unidas, el argumento de que Chile debía necesariamente respaldar a todos sus compatriotas que aspiraran a cargos internacionales no parecía aplicarse.
Cuando posteriormente decidió comprometer al Estado chileno con la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, la lógica fue distinta, y la izquierda chilena no actuó igual que cuando Boric le retiró el apoyo a Grossman.
No existe una obligación jurídica de apoyar a todos los candidatos chilenos. Eso sería absurdo. Pero sí existe una discusión legítima sobre los criterios con los que un gobierno selecciona qué candidaturas considera prioritarias y cuáles descarta.
El verdadero problema fue convertir una decisión de gobierno en una supuesta política de Estado
La mayor debilidad de la candidatura Bachelet estuvo probablemente en su origen político.
Boric anunció la candidatura cuando aún gobernaba, pero sabía que dejaría La Moneda el 11 de marzo de 2026. Por lo tanto, necesitaba construir desde el comienzo un acuerdo político mucho más amplio. No lo hizo de manera suficiente.
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El 2 de febrero de 2026, Boric presentó formalmente a Bachelet junto a Brasil y México. Poco más de un mes después, Chile tenía un nuevo Presidente y una nueva política exterior. Una candidatura que pretendía proyectarse hacia 2027 nació políticamente asociada al gobierno que terminaba en 2026. Ese fue un error de diseño político.
Kast fue parte del desenlace, pero provocó el fracaso
La decisión de Kast de retirar el respaldo chileno puede ser discutida políticamente. Sus críticos tienen derecho a considerar que Chile debió mantener el apoyo a una expresidenta del país.
Pero otra cosa muy distinta es afirmar que Kast fue responsable del fracaso de la candidatura. Los hechos disponibles no permiten sostener esa conclusión como explicación suficiente. Bachelet contaba con el respaldo de Brasil y México. Sin embargo, en la tercera consulta del Consejo de Seguridad obtuvo sólo un voto favorable y once desfavorables. Ese resultado indica que la candidatura tenía problemas mucho antes de que pudiera atribuirse todo al retiro del respaldo chileno.
Además, el proceso de selección de secretario general no depende exclusivamente del país de origen del candidato. La decisión pasa por un Consejo de Seguridad donde cinco potencias poseen derecho de veto y donde los intereses geopolíticos son determinantes.
De hecho, reportes internacionales señalaron posibles obstáculos relacionados con Estados Unidos y China, incluyendo diferencias respecto de la trayectoria de Bachelet y de su trabajo previo en materia de derechos humanos. En otras palabras, la candidatura no cayó exclusivamente en Santiago. Cayó también en Nueva York.
Una derrota que deja una lección política
Michelle Bachelet terminó retirando su candidatura el 19 de septiembre de 2026, después de una campaña que pretendía convertirla en la primera mujer y en la segunda persona latinoamericana en dirigir Naciones Unidas. Su derrota no puede explicarse mediante una sola causa.
Hubo una decisión inicial de Boric que careció de la transversalidad necesaria. Hubo un cambio de gobierno que modificó el respaldo oficial chileno. Hubo un historial político de Bachelet que podía generar resistencias en determinados gobiernos. Hubo una competencia internacional con otros candidatos latinoamericanos y de otras regiones. Y, finalmente, hubo una señal inequívoca del Consejo de Seguridad: once de sus quince integrantes expresaron desaliento en la tercera consulta informal. Ese último dato es particularmente difícil de esquivar.
La política chilena puede seguir discutiendo quién tiene mayor responsabilidad. La izquierda puede responsabilizar a Kast y la derecha puede responsabilizar a Boric. Pero la diplomacia internacional funciona con votos, alianzas y vetos, no con consignas partidarias. Y los votos que recibió Bachelet fueron insuficientes.
La lección para Chile es más amplia que el nombre de una expresidenta. Las grandes candidaturas internacionales necesitan preparación, continuidad, diplomacia profesional y acuerdos políticos que sobrevivan a los cambios de gobierno.
Boric apostó por Bachelet cuando su gobierno estaba a semanas de terminar: eso es ser irresponsable. Kast decidió posteriormente no continuar la apuesta de Bachelet, que finalmente quedó fuera de carrera.
Tratar de transformar todo ese proceso en la simple historia de un Presidente que “no apoyó a una política chilena” es demasiado cómodo, e intelectualmente flojo. La historia completa es bastante más incómoda: una candidatura internacional de largo alcance fue lanzada por un gobierno saliente sin suficiente consenso interno, terminó dependiendo de apoyos extranjeros que no alcanzaron y llegó a su desenlace con una votación internacional que mostró, de manera contundente, la magnitud de sus dificultades.
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