Reconstruir Chile o administrar el estancamiento

La “megarreforma” del gobierno de Kast abre un debate de fondo: si Chile quiere volver a crecer o resignarse a la mediocridad económica. Mientras el oficialismo apuesta por inversión, empleo y certeza jurídica, la oposición parece atrapada en la lógica del bloqueo ideológico y el miedo al desarrollo.

Presidente Kast.

Durante más de una década, Chile pasó de ser un ejemplo de estabilidad y crecimiento en América Latina a convertirse en un país atrapado en la incertidumbre, el bajo dinamismo económico y la desconfianza hacia quienes producen, emprenden e invierten. El resultado está a la vista: menor inversión, empleos más precarios, salarios estancados y una ciudadanía agotada de promesas refundacionales que jamás llegaron a mejorar su calidad de vida.

En ese contexto, el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast representa mucho más que una reforma económica. Es, probablemente, el primer intento serio en años por devolverle a Chile una hoja de ruta basada en crecimiento, competitividad y responsabilidad fiscal. Y justamente por eso ha despertado una resistencia feroz desde sectores que parecen más interesados en impedir el éxito del gobierno que en discutir honestamente el futuro del país.

El crecimiento no es un pecado

La izquierda chilena lleva años instalando la idea de que hablar de crecimiento económico es una especie de obsesión neoliberal desconectada de las personas. Pero la evidencia internacional demuestra exactamente lo contrario: no existe desarrollo social sostenible sin expansión económica, inversión y productividad.

El economista Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976, sostenía que “la sociedad que pone la igualdad antes que la libertad terminará sin ninguna de las dos”. Su tesis apuntaba a algo fundamental: cuando el Estado asfixia la iniciativa privada y convierte la regulación en una trinchera ideológica, termina destruyendo las condiciones que permiten generar riqueza y empleo.

Décadas después, Robert Lucas Jr., Premio Nobel de Economía en 1995, explicó que las diferencias entre países ricos y pobres se explican, principalmente, por su capacidad de acumular capital, incentivar la inversión y generar productividad. No por el tamaño de su burocracia ni por la cantidad de slogans políticos.

Incluso economistas más moderados, como Paul Romer, ganador del Premio Nobel de Economía en 2018, han insistido en que el crecimiento depende de reglas claras, innovación y marcos institucionales que incentiven la actividad privada. Precisamente los pilares que busca fortalecer la llamada “megarreforma”.

Reducir trabas regulatorias, otorgar certeza jurídica y avanzar hacia una competitividad tributaria razonable no es “favorecer a los ricos”, como caricaturiza la ultraizquierda. Es crear condiciones para que las empresas inviertan, contraten y arriesguen capital en Chile en vez de llevarlo a otros países.

El legado del estancamiento y la política del bloqueo

Chile no llegó por casualidad a esta década perdida de bajo crecimiento, incertidumbre y deterioro de la inversión. El punto de inflexión fue la nefasta reforma tributaria impulsada por Michelle Bachelet en 2014, presentada en su momento como un acto de “justicia social”, pero que terminó convirtiéndose en uno de los golpes más duros a la competitividad y la confianza económica del país en las últimas décadas.

Aquella reforma elevó la carga tributaria, complejizó el sistema hasta niveles absurdos y envió una señal política devastadora: en Chile, invertir y generar utilidades comenzaba a ser visto con sospecha. Desde entonces, el país entró en un ciclo de crecimiento mediocre, caída sostenida de la productividad y fuga progresiva de capitales hacia economías más estables y amigables con la inversión.

Distintos economistas advirtieron en su momento sobre sus efectos. Sebastián Edwards señaló que el clima antiempresa terminaría afectando la capacidad de crecimiento del país, mientras José De Gregorio reconoció años después que Chile enfrentaba un serio problema de baja productividad y debilitamiento de la inversión. La realidad terminó imponiéndose sobre el afiebrado relato político.

Sin embargo, en lugar de hacer una autocrítica, buena parte de la oposición y la ultraizquierda optaron por profundizar el mismo camino. Vinieron los retiros previsionales, la incertidumbre constitucional y una expansión descontrolada de la permisología que terminó paralizando proyectos estratégicos. Cada intento de corregir el rumbo económico fue enfrentado con consignas ideológicas y caricaturas simplistas.

Por eso resulta tan reveladora la reacción frente a la “megarreforma” del gobierno de José Antonio Kast. Más que discutir técnicamente sus medidas, muchos sectores parecen decididos a impedir cualquier éxito económico del Ejecutivo, aunque eso implique prolongar el estancamiento que ellos mismos ayudaron a construir. Es la política del bloqueo permanente: oponerse no para mejorar las reformas, sino para evitar que Chile vuelva a crecer bajo un gobierno de derecha.

Reconstrucción económica y reconstrucción moral

La reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío también revela otra diferencia de visión. Para algunos sectores, el Estado debe transformarse en un administrador eterno de subsidios y dependencia. Para otros, entre ellos el gobierno, la verdadera reconstrucción implica devolver oportunidades, inversión y actividad económica a territorios golpeados por la tragedia.

El desafío de Chile no es únicamente económico. También es cultural y político. Durante demasiado tiempo se instaló la sospecha permanente hacia el mérito, el emprendimiento y el éxito. Se demonizó al empresario, se castigó al inversionista y se confundió justicia social con estatismo.

La historia demuestra que los países que prosperan son aquellos que entienden algo elemental: el crecimiento no garantiza automáticamente el desarrollo, pero sin crecimiento el desarrollo simplemente no existe.

La “megarreforma” del gobierno de Kast no es perfecta. Ningún proyecto de esta magnitud lo es. Pero al menos propone una dirección clara: volver a crecer, recuperar la inversión, ordenar las cuentas fiscales y reconstruir la confianza perdida.

Chile enfrenta una decisión crucial. Puede seguir atrapado en el inmovilismo ideológico de quienes convierten cada reforma pro crecimiento en una batalla doctrinaria, o puede volver a apostar por la estabilidad, la iniciativa privada y el trabajo como motores de progreso.

Porque al final, las naciones no se hunden solamente por malas políticas económicas. También se hunden cuando una parte de su clase política pierde la capacidad de distinguir entre oponerse a un gobierno y oponerse al progreso de su propio país.