El estadio imposible: la deuda eterna con la U y el absurdo antifútbol de Chile

Las palabras del Presidente José Antonio Kast abrieron una puerta que durante décadas pareció cerrada para Club Universidad de Chile. Pero detrás del anhelo azul existe un problema mucho más profundo: una permisología asfixiante, municipios que frenan proyectos estratégicos y un Estado que, en vez de facilitar infraestructura deportiva, muchas veces termina siendo su principal obstáculo.

Presidente Kast.

Hay frases que en el fútbol chileno parecen simples declaraciones protocolares, pero que en realidad pueden marcar un cambio de época. Cuando el Presidente Kast habló de la necesidad de que los grandes clubes tengan “su campo deportivo propio” y señaló que esperaba que en el futuro ya no fuera tema preguntarse “dónde está tu estadio”, en el mundo azul muchos interpretaron sus palabras como una señal política largamente esperada. Porque detrás de esa idea hay décadas de frustración, proyectos truncados, terrenos descartados, reuniones interminables y permisos que nunca llegan.

La U no es un club menor buscando un capricho inmobiliario. Es una institución con más de cuatro millones de hinchas repartidos en todo Chile, probablemente la fanaticada más transversal del país, y aun así sigue viviendo de allegado. Han pasado generaciones completas viendo cómo la Universidad de Chile arrienda cancha tras cancha mientras equipos mucho más pequeños en Sudamérica sí lograron consolidar estadios propios modernos y sustentables.

Y lo más dramático es que el principal rival del sueño azul no ha sido la falta de dinero. Ha sido la burocracia. Porque hoy existen múltiples fórmulas modernas de financiamiento privado capaces de hacer viable un estadio de primer nivel sin comprometer recursos públicos. El modelo de los naming rights, ampliamente utilizado en Norteamérica, Europa y Asia, permite que grandes empresas financien parte importante de la construcción a cambio de que el recinto lleve su nombre comercial durante un determinado período. Es decir, el problema nunca ha sido que la U no pueda encontrar inversionistas o socios estratégicos; el verdadero obstáculo ha sido un Estado lento, trabado y excesivamente restrictivo para autorizar proyectos deportivos de gran escala.

Un país que parece castigar la construcción de estadios

Chile tiene una de las permisologías más lentas y hostiles de la región para proyectos deportivos. Cada intento de levantar un nuevo estadio termina atrapado entre estudios, observaciones, juntas vecinales, cambios de uso de suelo, presiones políticas locales y concejos municipales donde muchas veces pesa más el cálculo electoral que la visión de país.

El resultado es absurdo: un puñado de vecinos puede bloquear durante años una obra que beneficiaría no solo a un club, sino también al desarrollo urbano, al empleo, al comercio y a la infraestructura deportiva nacional. Mientras en países de Norteamérica, Europa o Asia los estadios modernos son polos de desarrollo económico y cultural, en Chile todavía se discuten como si fueran amenazas públicas.

La U lo ha sufrido durante décadas. Cerrillos, La Pintana, Pudahuel, Lampa, Quilicura y otras alternativas terminaron chocando con el mismo muro: autoridades temerosas del costo político y municipios incapaces de proyectar una mirada estratégica de largo plazo. Porque seamos claros: el problema ya dejó de ser futbolístico. Es estructural.

El Estado no debe construir estadios, pero sí dejar de bloquearlos

Aquí hay una diferencia fundamental que muchas veces se manipula deliberadamente. Nadie está pidiendo que el Estado financie el estadio de la U. El modelo moderno funciona de otra manera: inversión privada, concesiones, naming rights y complejos multipropósito capaces de generar ingresos permanentes.

Así operan recintos en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Japón. Empresas privadas financian gran parte de los proyectos a cambio de derechos comerciales, explotación de eventos y visibilidad de marca. El rol del Estado no es regalar estadios. Es permitir que puedan construirse. Y ahí aparece la necesidad urgente de una reforma legal seria.

Chile necesita una ley especial de infraestructura deportiva que reduzca drásticamente la permisología para estadios y centros deportivos de gran escala. Una legislación que establezca plazos máximos para resolver proyectos y que permita apelar cuando un concejo municipal rechace iniciativas estratégicas por razones meramente políticas o electorales.

La propuesta que el fútbol chileno necesita

Mi propuesta al respecto es que se presente un proyecto de ley que establezca que si un municipio rechaza una iniciativa deportiva relevante, debería existir una instancia superior de apelación integrada por el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Bienes Nacionales. Un consejo de ministros con mirada de Estado, capaz de evaluar impacto urbano, económico y social más allá de la presión de corto plazo de cuatro concejales buscando reelección.

Porque no puede ser que la opinión de 50 o 100 vecinos pese más que el sueño legítimo de millones de hinchas. Y esto no aplica solamente para la U.

J.A. Kast.

Una legislación así podría beneficiar a clubes de regiones que llevan años intentando modernizar sus recintos, ampliar aforos o construir complejos deportivos. Equipos del norte, del sur y de ciudades grandes o  medianas podrían por fin tener herramientas reales para crecer institucionalmente.

El fútbol chileno necesita estadios modernos, seguros y sustentables. Necesita infraestructura para familias, para formación juvenil, para espectáculos y para revitalizar barrios completos. Lo contrario es seguir condenando al deporte más popular del país a la precariedad eterna.

La U merece dejar de vivir prestada

La imagen de la Universidad de Chile sin estadio ya dejó de ser una talla de redes sociales. Se transformó en el símbolo de un país incapaz de ejecutar proyectos deportivos de gran escala.

Por eso las palabras del Presidente Kast no pasaron inadvertidas. Porque por primera vez en mucho tiempo, desde La Moneda apareció al menos una señal política entendiendo que el problema no es el fútbol: es el sistema.

La U merece un estadio. No por grandeza histórica ni por romanticismo. Lo merece porque ningún club con millones de hinchas debería pasar medio siglo atrapado entre trabas burocráticas, miedo político y autoridades que parecen creer que construir infraestructura deportiva es un pecado. Y quizás llegó el momento de entender algo básico en urbanismo: un estadio no destruye una ciudad. La moderniza.