Impuestos que asfixian, crecimiento que se apaga: la apuesta tributaria de Kast

La propuesta de rebajar el impuesto corporativo vuelve al centro del debate, no como una consigna ideológica, sino como una respuesta concreta al estancamiento económico, la baja inversión y la crisis de empleo que enfrenta Chile.

José Antonio Kast.

En medio de un escenario marcado por la desaceleración y la incertidumbre, la propuesta tributaria del Presidente José Antonio Kast reabre una discusión incómoda, pero necesaria: cuánto está dispuesto a sacrificar el país en crecimiento y empleo por sostener un esquema impositivo que ha demostrado ser cada vez menos competitivo. Lejos de los eslóganes, el debate exige distinguir entre recaudación inmediata y desarrollo sostenido, entre consignas redistributivas y generación efectiva de oportunidades.

Menos ideología, más evidencia

Existe una amplia base empírica —desde estudios de la OCDE hasta análisis locales como los de la Comisión Marfán— que confirma una relación inversa entre la carga tributaria y la inversión. No se trata de una intuición política, sino de un hecho económico: a medida que aumentan los impuestos corporativos, se reducen los incentivos para invertir, se ralentiza la acumulación de capital y, en consecuencia, se limita el crecimiento.

En el caso chileno, donde la tasa de Primera Categoría alcanza el 27%, el país se ubica por sobre el promedio de economías comparables, erosionando su competitividad en un contexto global cada vez más exigente. La propuesta de Kast, en ese sentido, no irrumpe como una anomalía, sino como la continuidad de una discusión que incluso sectores del oficialismo han debido reconocer: sin inversión, simplemente no hay crecimiento sostenible.

El verdadero peso de las empresas en Chile

Reducir el debate a una caricatura —como si esto fuera un beneficio exclusivo para “los más ricos”— desconoce la estructura real de la economía chilena. Las empresas no son entes abstractos: son la base material sobre la cual se sostiene el empleo y la actividad productiva.

En Chile, las MiPymes representan cerca del 98% del total de las empresas, generan aproximadamente el 43% del empleo nacional, y aportan en torno a un 30% del PIB. Son, por tanto, el tejido productivo cotidiano del país: comercio, servicios, emprendimientos y redes locales que dan sustento a millones de familias.

Por otro lado, las grandes empresas —aunque representan menos del 2% del total— concentran una parte sustantiva de la actividad económica, explicando cerca de un 70% del PIB nacional, además de liderar la inversión, la productividad y los encadenamientos productivos que sostienen a miles de proveedores más pequeños.

Dicho de otro modo: cuando se afecta a las empresas, no se afecta a una élite abstracta, sino a un ecosistema completo que incluye trabajadores, proveedores, emprendedores y familias. Cuando estas enfrentan mayores costos, la expansión se frena, la contratación se posterga y la economía en su conjunto se resiente.

El costo de no hacer nada

El verdadero dilema no está en cuánto dejaría de recaudar el Estado en el corto plazo, sino en cuánto pierde el país al mantener un sistema que desalienta la inversión. Con niveles de desempleo elevados y millones de personas en la informalidad, la pregunta clave es cuántas oportunidades laborales se están sacrificando por sostener una estructura tributaria poco competitiva.

El estancamiento no es neutro: tiene costos concretos en salarios, en movilidad social y en expectativas de futuro. Persistir en un esquema que inhibe la inversión equivale, en la práctica, a aceptar una economía que crece poco y distribuye aún menos.

Ahora bien, reconocer el efecto positivo de una rebaja tributaria sobre la inversión no implica desconocer sus desafíos fiscales. Es evidente que menores tasas no se traducen automáticamente en mayor recaudación en el corto plazo. Por ello, la propuesta exige ser acompañada de una política seria de contención del gasto público y eficiencia estatal. 

La experiencia reciente es elocuente: los aumentos de impuestos no han logrado corregir los déficits fiscales, en gran medida porque el gasto ha crecido a un ritmo aún mayor. En ese contexto, insistir en la misma receta parece más un acto de fe testaruda que una decisión basada en evidencia.

Crecer para distribuir mejor

Finalmente, el debate tributario no puede quedar atrapado en una lógica exclusivamente redistributiva. La evidencia sugiere que los mecanismos de gasto focalizado son más eficaces a largo plazo para reducir desigualdades que una carga impositiva excesiva sobre el capital.

La propuesta del Presidente Kast apunta, en esencia, a cambiar el eje de la discusión: desde cómo repartir un crecimiento escaso, hacia cómo volver a generarlo. En un país donde el empleo formal escasea y la inversión se retrae, insistir en la caricatura absurda de que "se favorece solo a los más ricos" puede resultar políticamente rentable, pero económicamente irresponsable. Sin crecimiento, cualquier promesa de bienestar termina siendo —más temprano que tarde— insostenible.