viernes, 13 de febrero de 2026

El nuevo Congreso y la urgencia de una reforma política con estándares de responsabilidad

Con los parlamentarios que asumirán el 11 de marzo, Chile enfrenta una oportunidad histórica para corregir las distorsiones de su sistema político y elevar la calidad de su liderazgo. No se trata de ideología, sino de sentido común institucional.


Palacio de La Moneda.
El próximo Congreso no solo heredará un país cansado de la improvisación política, sino también una ciudadanía que desconfía profundamente de sus representantes. La crisis de legitimidad no nació de la nada: es consecuencia directa de un sistema que permite llegar al poder sin preparación suficiente, con mayorías frágiles y con ciclos presidenciales cortos que fomentan el cortoplacismo. Si el nuevo Parlamento (que asume este 11 de marzo) quiere marcar una diferencia real, debe atreverse a impulsar reformas estructurales que dignifiquen la función pública y devuelvan seriedad a la política chilena.

Más que una refundación ideológica, Chile necesita reglas claras, exigentes y estables. Tres reformas concretas podrían ser el punto de partida para reconstruir la credibilidad institucional.


Profesionalizar la política: gobernar no es un hobby

Exigir que presidentes y parlamentarios cuenten con un título profesional y al menos diez años de experiencia laboral desde la fecha de su titulación no es elitismo, es responsabilidad. Nadie aceptaría que un cirujano sin trayectoria opere un corazón; sin embargo, hoy se tolera que personas sin formación ni experiencia administren presupuestos millonarios y tomen decisiones que afectan a millones de chilenos.

La política debe dejar de ser un experimento social o una plataforma de activismo adolescente. La experiencia laboral no garantiza virtudes morales, pero sí entrega herramientas mínimas para comprender cómo funciona el Estado, la economía y el mundo real. Esta exigencia elevaría el estándar del debate público y reduciría la tentación del populismo improvisado.


Segunda vuelta municipal: legitimidad y gobernabilidad local

La elección de alcaldes con menos del 40% de los votos es una anomalía democrática que Chile ha normalizado. Gobernar una comuna con el respaldo de apenas un tercio del electorado genera autoridades débiles, conflictos permanentes y una sensación de imposición más que de representación.

Incorporar una segunda vuelta en elecciones municipales permitiría que los ciudadanos elijan con mayor convicción y no por descarte. Se acabaría la lógica del “mal menor” y se fortalecería la legitimidad de los alcaldes electos. Comunas con liderazgos claros y respaldos amplios son más estables, más eficientes y menos propensas a la polarización.


Seis años para gobernar: estabilidad frente al cortoplacismo

Volver a períodos presidenciales de seis años sin reelección inmediata no es nostalgia institucional, es una corrección necesaria. El actual ciclo de cuatro años empuja a los gobiernos a vivir en campaña permanente, sacrificando reformas profundas por medidas simbólicas y rápidas.

Un mandato más largo permite planificación, ejecución y evaluación real de políticas públicas. Además, elimina la tentación del uso electoral del aparato estatal. La figura presidencial recuperaría su carácter de jefe de Estado y no de candidato perpetuo.

Chile ya conoció este sistema y funcionó con mayor estabilidad política. En tiempos de incertidumbre, recuperar estructuras probadas no es retroceso, es prudencia.


Un Congreso ante el desafío de cambiar la historia

El Parlamento que asumirá el 11 de marzo tendrá una disyuntiva clara: administrar la crisis o enfrentarla con reformas de fondo. Estas propuestas no buscan favorecer a un sector político, sino fortalecer la institucionalidad y dignificar el servicio público.

La verdadera modernización no pasa por discursos grandilocuentes ni por nuevas constituciones, sino por reglas simples y exigentes que obliguen a la política a estar a la altura del país. Si el nuevo Congreso entiende esta responsabilidad, podría iniciar una etapa de madurez democrática largamente postergada. Si no lo hace, seguirá alimentando la distancia entre ciudadanos y poder, un lujo que Chile ya no puede darse.

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