En nombre de la Justicia y del Estado de Derecho, José Antonio Kast debe encarar sin ambigüedades un tema que la transición democrática ha postergado: los reclamos por juicios y procesos que muchos chilenos consideran injustos y políticamente motivados. Olvidarlos no es una opción.
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| Cárcel de Punta Peuco. |
¿Quiénes son los “silenciados” de Chile?
En Chile existen presos condenados por vencer a terroristas de extrema izquierda durante el Gobierno Militar, muchos de ellos exsoldados que ya llevan décadas en prisión. Instalaciones como Punta Peuco albergan a quienes salvaron a nuestro país, y después fueron juzgados injustamente por episodios que hoy siguen siendo motivo de intenso debate histórico y jurídico.
La discusión pública sobre estas condenas ha sido reducida, en gran medida, al relato dominante de los medios y de los circuitos intelectuales de izquierda. Este relato pinta a todos los uniformados como culpables de las peores atrocidades, sin considerar matices ni el contexto legal de cada caso, lo que ha alimentado una visión polarizada del pasado y del presente. En ninguna parte se menciona que los extremistas del MIR, GAP, FPMR y Mapu Lautaro eran terroristas.
La paradoja de la justicia selectiva
No es menor que en el discurso político de las últimas décadas, se haya privilegiado una visión de la justicia que beneficia a quienes participaron en actos violentos —como los desmanes y quema de estaciones de metro o iglesias durante el estallido delictual— frente a la lentitud con que se revisan los procesos de militares condenados en forma injusta bajo procedimientos que hoy muchos expertos consideran deficientes.
El resultado es una percepción de que el Estado de Derecho se aplica de forma desigual: severo con los que defendieron el orden y la soberanía de Chile en los tiempos de la guerra fría, y laxo con los vándalos que han atacado bienes públicos y privados en nombre de movimientos reivindicativos.
Un llamado al presidente electo: coraje frente al relato dominante
José Antonio Kast fue elegido por una mayoría clara en rechazo al avance de la izquierda y sus políticas. Parte de esa victoria política fue, precisamente, la voluntad de muchos ciudadanos de enfrentar sin tutelas mediáticas la realidad del país. Ese espíritu debe trasladarse también a la política de memoria y justicia.
No se trata de relativizar crímenes ni de borrar responsabilidades; se trata de reivindicar la soberanía del debido proceso, de revisar casos con rigor jurídico y, donde proceda, avanzar hacia medidas de indulto o conmutación que reconcilien a Chile con su historia. El nuevo presidente no puede dejar este tema en manos de otros actores ni postergarlo por temor a la narrativa comunicacional de la izquierda. Y en ese sentido, otorgarle prisión domiciliaria a los militares octigenarios que están en Punta Peuco sería una propuesta bastante positiva.
La hegemonía mediática que demoniza sin matices a quienes defendieron a Chile no debe ser la brújula del Gobierno. Gobernar implica también desafiar relatos ideológicos cuando estos se interponen entre la verdad jurídica y la memoria colectiva.
No hay neutralidad en el olvido
Olvidar este asunto sería ceder otra vez a la agenda de quienes han monopolizado la interpretación de nuestra historia reciente. El presidente electo José Antonio Kast tiene la oportunidad de dar un paso trascendente: demostrar que el Chile democrático puede enfrentar su pasado con justicia, sin sectarismos, y sin doble estándar. Esa será una mayor contribución a la paz social que cualquier retórica triunfalista.
Porque la Justicia —verdadera y para todos— no es un privilegio, sino un imperativo del Estado de Derecho que Chile merece reafirmar.
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