Cuando un parlamentario cae, la democracia no debería caer con él

El desafuero y la prisión preventiva de legisladores generan un problema que suele pasar inadvertido: miles de ciudadanos quedan sin representación efectiva en el Congreso. Permitir que los partidos reemplacen temporalmente a esos parlamentarios fortalecería la institucionalidad y reduciría los incentivos para las defensas corporativas que tanto daño hacen a la política.

Congreso Nacional.

Cada vez que un diputado o senador es desaforado, formalizado o incluso enviado a prisión preventiva por la presunta comisión de delitos graves, el debate público se concentra —con razón— en las responsabilidades penales del involucrado. Sin embargo, existe una consecuencia política que rara vez ocupa los titulares: los ciudadanos que lo eligieron quedan, en la práctica, sin voz ni voto en el Parlamento. En una democracia representativa, esa situación debería preocuparnos tanto como la investigación judicial misma.

Chile ha avanzado en transparencia y en estándares de probidad para las autoridades públicas. Pero aún mantiene una contradicción institucional evidente: cuando un parlamentario queda impedido de ejercer sus funciones, el escaño permanece vacío o con una representación disminuida, afectando el equilibrio político que surgió de las urnas. Es momento de discutir una reforma que permita a los partidos reemplazar temporalmente a esos legisladores mientras se resuelve su situación judicial.

Los votantes son los principales perjudicados

La primera víctima de estos procesos no es el partido político ni el parlamentario investigado. Son los ciudadanos.

Miles de personas depositaron su voto para que determinadas ideas, principios y propuestas estuvieran representadas en el Congreso. Cuando el legislador deja de ejercer su cargo por razones judiciales, esa representación se debilita o desaparece. Los electores no tienen ninguna responsabilidad en las conductas que eventualmente cometió quien resultó electo, pero terminan pagando el costo político de esa situación.

La democracia no consiste únicamente en castigar a quienes infringen la ley. También implica garantizar que la voluntad popular siga estando presente en las instituciones. Un escaño vacío representa una anomalía democrática que debería corregirse.

En las elecciones parlamentarias se vota más por proyectos que por personas

Existe además una realidad que muchos prefieren ignorar. Salvo contadas excepciones, la inmensa mayoría de los ciudadanos vota por afinidades ideológicas, coaliciones políticas o proyectos de país más que por un conocimiento profundo de cada candidato.

Pocos electores conocen en detalle la trayectoria personal, profesional o incluso biográfica de todos los parlamentarios por los que votan. Lo que suelen respaldar es una visión política determinada, representada por un partido o una lista electoral.

Si eso es así, resulta razonable que, cuando un legislador queda imposibilitado de ejercer, sea su propio partido quien designe un reemplazante. De esa forma se mantiene el equilibrio político expresado en las urnas y se respeta la voluntad original de los votantes.

Quienes sostienen que el escaño pertenece exclusivamente a la persona elegida parecen olvidar que ningún parlamentario llega al Congreso en solitario. Detrás de cada candidatura existe una estructura partidaria, una plataforma programática y un electorado que se identifica con determinadas ideas más que con nombres específicos.

Menos defensas corporativas, más respeto por la justicia

Hay un tercer argumento que resulta especialmente relevante en tiempos de creciente desconfianza hacia la política.

Cuando un parlamentario acusado de delitos graves enfrenta una eventual suspensión o pérdida de su cargo, sus compañeros de partido suelen reaccionar con reflejos corporativos. No pocas veces la preocupación principal deja de ser el esclarecimiento de los hechos y pasa a ser la conservación del escaño.

El temor a perder representación parlamentaria empuja a dirigentes y legisladores a cerrar filas en torno al acusado, incluso antes de que existan antecedentes suficientes para hacerlo. La defensa de la institución termina confundida con la defensa de una persona.

Si el partido tuviera garantizada la posibilidad de reemplazar temporalmente al parlamentario investigado, esa presión disminuiría considerablemente. La justicia podría actuar con mayor independencia y los partidos tendrían menos incentivos para convertir casos judiciales en batallas políticas destinadas únicamente a proteger cuotas de poder.

Una reforma simple para fortalecer la democracia

Las democracias modernas deben encontrar un equilibrio entre la presunción de inocencia y la continuidad institucional. Permitir reemplazos temporales no implica condenar anticipadamente a nadie ni vulnerar derechos fundamentales. Significa, simplemente, reconocer que el funcionamiento del Congreso y la representación ciudadana no pueden quedar suspendidos por los problemas judiciales de una persona.

La política chilena necesita instituciones más fuertes y menos dependientes de individuos. Cuando un parlamentario enfrenta a la justicia, debe responder ante los tribunales como cualquier ciudadano. Pero el Congreso debe seguir funcionando con normalidad y los electores deben conservar la representación que les corresponde.

Porque en una democracia madura, la responsabilidad penal es individual, pero la representación política pertenece a los ciudadanos. Y esos ciudadanos no deberían quedarse sin voz cada vez que uno de sus representantes cae en desgracia.